LA LIBERTAD DE REUNIÓN PACÍFICA Y LA COVID-19: UNA INSTANTÁNEA DE LAS MANIFESTACIONES Y RESTRICCIONES

El CIVICUS Monitor está elaborando una investigación periódica sobre el estado de las libertades civiles durante la pandemia de COVID-19. Esta es la cuarta entrega, en la que se presenta un resumen de las tendencias y los estudios de casos relacionados con el derecho a la libertad de reunión pacífica.

El derecho de reunión pacífica es fundamental y las manifestaciones son un medio extremadamente potente y eficaz para reivindicar y defender otros derechos vitales. El poder de este derecho se demostró durante la pandemia ya que la gente continuo tomando las calles para protestar con cientos de demostraciones documentadas. Aunque la pandemia de COVID-19 puso en entredicho y comprometió aún más el derecho de reunión pacífica, la gente siguió saliendo a las calles para expresar sus preocupaciones relacionadas con la COVID-19 y para exigir otros derechos relevantes.

Desde la declaración de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, los gobiernos de todo el mundo impusieron confinamientos estrictos y prohibieron o limitaron las reuniones públicas. La legislación internacional en materia de derechos humanos deja claro que, aunque resulte admisible limitar ciertos derechos durante una emergencia sanitaria, estas restricciones han de ser necesarias, proporcionales, no discriminatorias y estar vigentes durante un periodo de tiempo limitado. Sin embargo, tal y como se destaca en el informe de CIVICUS El poder ciudadano bajo ataque 2020, algunos gobiernos han ido más allá y han usado la pandemia como pretexto para restringir aún más las libertades cívicas. El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación Clement Voule advirtió que la pandemia no debe utilizarse como pretexto para suprimir derechos en general, ni el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación en particular.

Al principio, la restricción de reuniones públicas durante la pandemia paralizó algunos movimientos de protesta multitudinarios. Este fenómeno se produjo en diversos países, como en Chile, República Checa, India y el Líbano. En algunos países, como Hungría, Italia, Palestina y Singapur, los movimientos se adaptaron y la población comenzó a organizar manifestaciones individuales y respetando la distanciación física, mientras que otras personas se manifestaron desde sus balcones, a través de plataformas digitales y en las redes sociales. No obstante, al cabo de un tiempo, muchos manifestantes regresaron a las calles para protestar, movidos, en ocasiones, por preocupaciones relacionadas directamente con la pandemia y, a menudo, también para comunicar exigencias urgentes relacionadas con derechos fundamentales.

La pandemia puso al descubierto y agravó todavía más las desigualdades mundiales. En consecuencia, muchas de las manifestaciones que tuvieron lugar durante la pandemia y que documentó CIVICUS Monitor pusieron de manifiesto la persistencia de las desigualdades sociales y económicas.

Este reporte cubre los sucesos acaecidos en el espacio cívico relacionados con el derecho a la libertad de reunión pacífica durante la pandemia de COVID-19 desde febrero de 2020 hasta enero de 2021. Este documento se ha redactado a partir de los datos de nuestras actualizaciones sobre distintos espacios cívicos, la cuales han sido elaboradas por activistas y organizaciones socias sobre el terreno. Aquí se examinan los tipos de manifestaciones que se desarrollaron durante la pandemia y las restricciones al derecho a la libertad de reunión pacífica. 

Manifestaciones durante la pandemia de COVID-19

Motivos

Durante este periodo, la gente organizó manifestaciones por diversas razones, en particular contra los confinamientos y para pedir el fin de las restricciones sanitarias debido al hambre, la pobreza y el desempleo que conllevaron. También se convocaron manifestaciones contra la injusticia racial, la violencia de género, la brutalidad policial y la falta de liderazgo político.

En todos los rincones del mundo se produjeron manifestaciones contra la brutalidad policial durante las cuales se denunció el racismo, la discriminación y el colonialismo arraigados. Las mujeres salieron a las calles debido al aumento de la incidencia de la violencia doméstica durante la pandemia y para pedir a sus gobiernos que mantuvieran los mecanismos de protección que contribuyen a prevenir la violencia contra las mujeres. También convocaron manifestaciones a favor del aborto. Por su parte, las personas LGBTQI+ protestaron contra los gobiernos de extrema derecha que adoptaron leyes contra ellas que socavan sus derechos. La gente también organizó manifestaciones antigubernamentales y para exigir reformas constitucionales y electorales, así como cambios en el liderazgo político.

Las manifestaciones contra la injusticia racial y la brutalidad policial ocuparon un lugar destacado durante la pandemia. El asesinato de George Floyd, un hombre negro, a manos de la policía de Minneapolis el 25 de mayo de 2020 provocó manifestaciones multitudinarias contra la brutalidad policial en Estados Unidos bajo el lema Black Lives Matter. Estas manifestaciones se extendieron por todo el mundo y fueron emuladas en Bélgica, Brasil, Canadá, Cuba, República Dominicana, Gambia, Ghana, Sri Lanka y Reino Unido.

En numerosos países se desarrollaron manifestaciones centradas en la justicia de género, la igualdad y los derechos reproductivos, como en Afghanistán, Bangladesh, República Democrática del Congo, Liberia, México, Polania, Singapur y Turquía. La población se manifestó para reclamar medidas en materia de salud sexual y de derechos reproductivos, para acabar con la violencia de género y a favor de los derechos del colectivo LGBTQI+.

Se produjeron manifestaciones relacionadas con las elecciones, la gobernanza y la evolución política y legislativa en Camerún, Costa de Marfil, Guinea, Haití, Irak, Libano, Malí, Nepal, Níger, Perú, Filipinas, Sudáfrica, Síria, Tayikistán, Turkmenistán, Uganda, Zambia y Zimbabue, entre otros. Durante estas movilizaciones, los manifestantes exigieron servicios básicos y denunciaron la corrupción, la mala gobernanza y un liderazgo deficiente.

Manifestaciones relacionadas con la COVID-19

Durante la pandemia la gente también salió a las calles para protestar por acontecimientos relacionados con la COVID-19 que fueron desde la gestión gubernamental de la pandemia, pasando por los confinamientos y la falta de ayudas económicas, hasta las inquietudes por los derechos laborales.

Se documentaron manifestaciones sectoriales o por derechos laborales en 42 países. Las condiciones del personal sanitario estuvieron en el punto de mira durante la pandemia y muchos hospitales tuvieron dificultades para hacer frente al aumento de casos de COVID-19. En Francia, Kosovo, Lesoto, Malasia, México, Pakistán y en otros países, tanto enfermeras como médicos y trabajadores sanitarios convocaron manifestaciones con distanciamiento físico para exigir mejores condiciones laborales, más equipos de protección individual (EPI) y mejores horarios y salarios. En España, los trabajadores preguntaron «¿quién cuidará de las personas que los cuidan?» para de esta manera poner de manifiesto las difíciles condiciones de trabajo del sector.

Otros sectores, como el de la restauración, el cual incluye cafés, bares y restaurantes, también organizaron manifestaciones en Bulgaria, Italia, Kosovo, México, Montenegro y en otros países. Algunos miembros de este sector convocaron manifestaciones por la falta de apoyo financiero de los gobiernos durante la pandemia, mientras que otros pidieron la reapertura de su sector.

Los trabajadores de la industria tecnológica y de la confección, de la logística, del transporte, de la construcción y la minería también se manifestaron en países como Camboya, Laos, Maldivas, Países Bajos, Panamá, Perú, Taiwán y Tayikistán. Estas manifestaciones se organizaron por diversas cuestiones, como el impago de salarios, la falta de medidas de protección contra la COVID-19 en el lugar de trabajo, las condiciones de trabajo inhumanas y la falta de empleo durante la pandemia, entre otras.

Los comerciantes informales y las pequeñas empresas, los cuales se vieron especialmente afectados durante la pandemia, pidieron ayudas urgentes a sus gobiernos en países como Croacia, México y Uganda. Unas de las principales cuestiones que se plantearon durante las manifestaciones en materia de derechos laborales fueron la falta de empleo y el aumento de las tasas de desempleo debido a la pandemia.

En 33 países se desarrollaron manifestaciones por otros derechos económicos, sociales y culturales. Algunos progenitores, profesores y estudiantes pidieron el cierre de las escuelas durante la pandemia, mejoras en la enseñanza en línea y en materia de seguridad; mientras que otros pidieron la reapertura de escuelas y universidades. Estas manifestaciones se llevaron a cabo en países como Albania, Azerbaiyán, Bulgaria, Grecia, Japón y Serbia.

Hubo manifestaciones contra la inseguridad alimentaria, la pobreza y el desempleo en Afganistán, Chile, Honduras, India, Kazajistán, Macedonia del Norte, Sudáfrica, Venezuela y en otros países. En una manifestación en Colombia, los manifestantes denunciaron que «el hambre no había ido de cuarentena», destacando así las duras consecuencias económicas que sufrieron muchas personas durante la pandemia, en particular los grupos excluidos.

Asimismo, en países como Bolivia, Camboya y Uganda, la población protestó por la agravación de la crisis económica provocada por la pandemia, así como por la falta de políticas y ayudas durante la pandemia, como la atribución de prestaciones sociales.

También se documentaron manifestaciones centradas en otras demandas en 19 países. Durante la pandemia, la población también exigió que se protegieran y respetaran los derechos de grupos excluidos, como los inmigrantes, los refugiados y las personas privadas de libertad. En países como Egipto, Irán, Italia, Maldivas, Marruecos y Nicaragua, los manifestantes pidieron la liberación de personas privadas de libertad, quienes estaban expuestos a un mayor riesgo de contraer la COVID-19 debido a las malas condiciones de las instalaciones penitenciarias, donde el distanciamiento físico es casi imposible.

La protección de los derechos de inmigrantes y refugiados durante los confinamientos también fue una de las principales reivindicaciones que se formularon durante algunas manifestaciones en México, Nepal, Ruanda y Estados Unidos, así como en otros países. La brutalidad policial para aplicar las medidas de confinamiento también provocó manifestaciones en países como Kenia y México.

En países como Brasil, República Checa, Guatemala, Malasia, México y Eslovenia, se organizaron manifestaciones contra el gobierno para pedir cuentas a los gobernantes o para exigir que dimitieran de sus cargos debido a la deficiente respuesta a la pandemia.

Se documentaron Argentina, Irak, Malawi y en otros países, la población protestó contra las profundas repercusiones de los confinamientos en sus medios de subsistencia. Estas movilizaciones pusieron de manifiesto las profundas desigualdades que sufrió la población durante la pandemia, la cuales se agravaron debido a la ineficacia de la acción gubernamental para aliviar las cargas económicas de sus ciudadanos.

En algunos casos, la gente protestó contra la aplicación de las medidas para combatir la COVID-19, como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y la administración de vacunas. Durante algunas de estas manifestaciones se difundieron informaciones tendenciosas y teorías conspirativas sobre el virus y la pandemia. Estas movilizaciones tuvieron lugar en países como Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Alemania y Estados Unidos.

Restricciones a las manifestaciones

Las violaciones del derecho a la libertad de reunión pacífica pueden adoptar muchas formas, como la prohibición de manifestaciones, la imposición de leyes restrictivas, la aplicación de restricciones temporales y territoriales, el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y la detención y el asesinato de manifestantes.

Las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones en 79 países, entre ellos Brasil, Bangladesh, Ecuador, Francia, Indonesia, Kenia, Montenegro y Túnez. Para aplicar las medidas de emergencia, las autoridades solo han de emplear la fuerza cuando sea estrictamente necesario, en la medida en que lo requiera el cumplimiento de su deber y tan solo cuando otras medidas menos perjudiciales hayan resultado claramente infructuosas. En todo momento, incluso durante el estado de emergencia, las autoridades deben cumplir con las normas y estándares internacionales pertinentes.

En el Líbano, tras la explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, miles de personas salieron a las calles para exigir responsabilidades políticas y para protestar contra la degradación de la economía. En varios vídeos se ve a las fuerzas de seguridad disparar gases lacrimógenos contra los manifestantes que se habían congregado frente al Parlamento el 6 de agosto de 2020, dos días después de la explosión. La policía antidisturbios disparó gases lacrimógenos y balas reales y de goma contra manifestantes pacíficos el 8 y el 9 de agosto de 2020. Durante estas movilizaciones resultaron heridos 728 manifestantes.

En ocasiones el uso excesivo de la fuerza estuvo acompañado del empleo medios letales que desembocó en el asesinato de manifestantes; este fenómeno se documentó en 28 países. Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego de las Naciones Unidas establecen que el empleo de medios letales solo está permitido cuando se busque preservar vidas y, en esos casos, su uso ha de ser proporcional a los delitos perpetrados.

En Nigeria, las fuerzas de seguridad emplearon munición real contra los manifestantes del movimiento #ENDSars en Lagos y asesinaron a 12 personas. Antes del tiroteo, los manifestantes habían estado manifestándose durante dos semanas contra la brutalidad policial y para exigir la disolución de la tristemente célebre Brigada Especial Antirrobo de la Policía nigeriana (SARS, por sus siglas en inglés), la cual ha sido acusada con frecuencia de torturas, malos tratos, extorsión y ejecuciones extrajudiciales por grupos de derechos humanos. Estas manifestaciones estuvieron acompañadas de un uso intensivo de las redes sociales y también sirvieron para formular diversas quejas por la mala gobernanza y por la ausencia de rendición de cuentas en el Nigeria. Entre los países en los que se constató el uso de medios letales se encuentran Afganistán, Bielorrusia, Guinea, Irak, Uganda, the Estados Unidos y Venezuela.

Las fuerzas del orden detuvieron a manifestantes en un centenar de países, a menudo por no respetar las medidas para combatir la COVID-19 u otras leyes relacionadas con las reuniones pacíficas. En Tailandia, durante 2020, el movimiento de protesta prodemocracia liderado por jóvenes exigió cada vez más reformas de la monarquía. Sin embargo, desde principios de 2020 y en virtud de una serie de leyes represivas, las autoridades detuvieron y encausaron a 173 personas por sus actividades contestatarias. También se detuvo a manifestantes en países como Azerbaiyan, Bolivia, China, Grecia, Libano y Zimbabue.

RECOMENDACIONES

Para que se respete la libertad de reunión pacífica, los gobiernos deben:

• Garantizar que todas las leyes y reglamentos que limitan las reuniones públicas por motivos de salud pública son necesarios y proporcionales habida cuenta de las circunstancias. La emergencia de salud pública que provocó la COVID-19 no debe utilizarse como pretexto para suprimir derechos en general, ni el derecho a la libertad de reunión pacífica en particular.

• Asegurar el cumplimiento de los marcos internacionales que rigen las libertades en internet absteniéndose de imponer restricciones en dicho espacio, incluidas las restricciones de internet durante las manifestaciones, y permitiendo que los manifestantes accedan a la información en todo momento.

• Garantizar que se eliminen todas las limitaciones impuestas y que se restablezca el pleno disfrute del derecho a la libertad de reunión pacífica cuando finalice la emergencia de salud pública provocada por la COVID-19.

• Condenar públicamente y desde las más altas instancias todos los casos de detenciones arbitrarias y de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad como respuesta a las manifestaciones.

• Investigar de forma inmediata e imparcial todos los casos de detenciones arbitrarias y de uso excesivo de la fuerza perpetrados por las fuerzas de seguridad en el marco de las manifestaciones.

• Retirar los cargos y liberar a todos los manifestantes y defensores de los derechos humanos procesados por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, y revisar sus casos para evitar que sigan sufriendo actos de acoso.

• Ofrecer la posibilidad de presentar recursos para la revisión judicial y la reparación efectiva, incluida la indemnización, en los casos de denegación ilegal del derecho a la libertad de reunión pacífica y de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades estatales.

• Revisar y, si fuera necesario, actualizar la formación de la policía y de las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos con la ayuda de expertos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil independientes para, de esta manera, fomentar una aplicación más coherente de las normas internacionales sobre los derechos humanos, incluidos los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego de las Naciones Unidas.