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Feministas ocupan la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Feministas ocupan la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Manifestación en Ciudad de México por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro el 28 de septiembre.

Reunión pacífica

Manifestaciones contra la violencia de género

El 16 de agosto de 2020 se llevaron a cabo manifestaciones en Ciudad de México para protestar contra la violencia que sufren mujeres y niñas en todo el país. Según los medios de comunicación, las fuerzas policiales superaron en número a las manifestantes, aun así la marcha fue mayoritariamente pacífica y solo se señaló un enfrentamiento entre manifestantes y la policía. Días antes las autoridades de Quintana Roo detuvieron a doce personas acusadas de trata con fines sexuales y estudiantes y militantes se manifestaron en nombre de las víctimas frente a los juzgados de Cancún y de Playa del Carmen, a la vez que coreaban: "¡Queremos justicia!" y "¡No más impunidad!".

A principios de septiembre de 2020 el asesinatos de dos mujeres transgénero en dos sucesos sin relación provocaron varias manifestaciones en Ciudad Juárez. El 13 de septiembre de 2020 fue detenido un sospechoso por el asesinato de la militante Mireya Rodríguez Lemus, miembro de la Unión de Mujeres Trans de Chihuahua y promotora de la prevención del VIH. El presunto asesino fue acusado de homicidio agravado por razones de género.

A principios de septiembre grupos feministas ocuparon el edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Ciudad de México. Las militantes afirmaron que transformarían el edificio en un refugio para las víctimas hasta que el gobierno tome medidas decisivas para combatir la violencia contra las mujeres. "Estamos aquí para que todo el mundo sepa que en México se asesina a mujeres y nadie hace nada al respecto", expresó Yesenia Zamudio, quien aún sigue reclamando justicia por el asesinato de su hija. También hubo manifestaciones en delegaciones locales de los derechos humanos en ciudades de todo el país, entre ellas Puebla, San Cristóbal, Villahermosa y Tampico. En Ciudad de México, la ocupación que comenzó el 5 de septiembre de 2020 cumplió un mes.

El 28 de septiembre de 2020 la policía de la Ciudad de México hizo un uso excesivo de la fuerza contra las manifestantes del grupo feminista Atenas que reclamaban la legalización del aborto. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional afirmó que la policía recurrió a un uso excesivo de fuerza y a detenciones arbitrarias, así como al uso de gases lacrimógenos y al acorralamiento de manifestantes a las que se les impidió partir durante varias horas. Según informaciones publicadas en la prensa, los agentes rodearon a las manifestantes y utilizaron armas subletales contra aquellas que intentaban continuar o abandonar la marcha.

Asesinan a una mujer después de participar en una manifestación

Agricultores y otros residentes del estado fronterizo norteño de Chihuahua bloquearon vías ferroviarias y quemaron vehículos del gobierno en señal de protesta por el trasvase de agua hacia Estados Unidos; argumentan que no hay suficiente agua para sus propios cultivos. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, los manifestantes se han movilizado desde principios de 2020 contra estos trasvases. En virtud de un tratado de 1944 que regula el uso compartido transfronterizo del agua, México todavía debe a Estados Unidos unos 380 millones de metros cúbicos de agua; cantidad necesaria para cumplir con su cuota quinquenal.

La manifestante Yessica Silva fue presuntamente asesinada a tiros por la policía en Chihuahua el 8 de septiembre de 2020, fecha en la que las manifestaciones se habrían vuelvo violentas. Ese mismo día los agricultores tomaron el control de la presa La Boquilla. Aunque la Guardia Nacional afirmó que civiles armados habían atacado un contingente policial que trasportaba manifestantes detenidos y provocado un tiroteo; el esposo de Silva relató que miembros de la Guardia los habían atacado a él y a su esposa cuando regresaban a su domicilio después de la manifestación.

Los disturbios en la región se sucedieron a lo largo de todo el mes de septiembre de 2020 y la población local también se manifestó para exigir justicia para Yessica.

Otras manifestaciones

El 31 de agosto de 2020 con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se llevaron a cabo manifestaciones en al menos catorce ciudades para protestar por el fracaso gubernamental a la hora de combatir y resolver el problema de las desapariciones forzadas en todo el país. Las familias de las víctimas de secuestro y sus aliados se reunieron frente a edificios del gobierno local, catedrales, cementerios y plazas para exigir justicia para los miles de desaparecidos del país. En Irapuato, Guanajuato, los activistas expusieron cien placas con los nombres de las personas desaparecidas junto a las palabras "Te seguimos buscando".

Asimismo, profesores y estudiantes siguen manifestándose por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de formación de docente Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Cientos de manifestantes marcharon en Ciudad de México el 26 de septiembre de 2020 para conmemorar los seis años de la desaparición de los estudiantes. Se señalaron enfrentamientos entre manifestantes y agentes de policía en las inmediaciones de edificios federales. Las manifestaciones en Guerrero se tornaron violentas a principios de esa semana, cuando los manifestantes arrojaron piedras a las ventanas e incendiaron las oficinas del Palacio de Justicia de Iguala. Durante una rueda de prensa el presidente López Obrador afirmó que se habían emitido órdenes de detención contra de 25 miembros de las fuerzas del orden por la desaparición de los estudiantes.

Por otro lado, miles de manifestantes se reunieron en Ciudad de México y en otras ciudades a fines de julio de 2020 para exigir la renuncia del presidente López Obrador, a quien culpan de la corrupción, la crisis económica y la escasez de medicamentos y equipos de protección para combatir la pandemia. Estas manifestaciones fueron organizadas por FRENA, un grupo nacional opuesto a las políticas del presidente. Numerosos actos de protestas tomaron la forma de caravanas de vehículos desde cuyo interior los manifestantes ondearon banderas mexicanas. Hubo manifestaciones en Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Yucatán. Tal y como informamos en el CIVICUS Monitor, en mayo y junio de 2020 se llevaron a cabo actos de protesta similares.

En junio de 2020 la detención de un médico desencadenó múltiples manifestaciones para exigir su liberación. El facultativo se encargaba de tratar a pacientes con COVID-19 y presuntamente habría solicitado un pago por sus cuidados médicos en un hospital público de Chiapas. Según información publicada en la prensa, la hija de un paciente que falleció acusó al doctor de abuso de la autoridad y de solicitar a la familia la compra de medicamentos y de equipos de protección a cambio de atención médica. Decenas de personas, incluida la familia del médico detenido y personal sanitario, se manifestaron frente al Palacio de Justicia durante una audiencia y afirmaron que Grajales Yuca era víctima de falsas acusaciones. También se notificó la escasez generalizada de medicamentos y de equipos de protección en numerosos establecimientos sanitarios de México, entre ellos la falta de un medicamento contra el cáncer que condujo a los padres de niños hospitalizados a bloquear el Circuito Interior frente al Centro Médico Nacional La Raza en Ciudad de México el 3 de septiembre de 2020.

Asociación

El 1 de octubre de 2020 las organizaciones de la sociedad civil del colectivo Espacio OSC lanzaron una campaña contra una propuesta legislativa que aboliría un fideicomiso utilizado para financiar el Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Esta propuesta forma parte de una iniciativa del partido gobernante para abolir más de cien fideicomisos federales con el fin de liberar fondos gubernamentales para programas relacionados con la pandemia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos del país también se pronunció en contra de la extinción del fideicomiso y pidió al Congreso Nacional que rechace la iniciativa legislativa.

Las personas defensoras de la prensa también condenaron la iniciativa y destacaron que México ha sido considerado como el país más peligroso para los periodistas fuera de las zonas de guerra. Scott Griffen, subdirector del International Press Institute, afirmó:

«Esta decisión transmite un mensaje muy negativo y sugiere que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no toma en serio la crisis de seguridad periodística que ya dura quince años. Los legisladores deben retirar su decisión o encontrar una forma alternativa y adecuada de financiar el mecanismo».

Expresión

Asesinan a dos periodistas

El 10 de septiembre de 2020 fueron hallados cerca de Tezonapa, estado de Veracruz, los restos mortales del periodista Julio Valdivia Rodríguez. Valdivia trabajaba come corresponsal regional para el periódico El Mundo y había informado sobre una amplia variedad de temas, como el crimen y la seguridad, entre otros. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la víspera el periodista había comunicado a un compañero que saldría de su domicilio para cubrir una noticia en Tezonapa. El cuerpo de Valdivia fue hallado sin vida y decapitado cerca de las vías del tren en la localidad de Motzorongo. Los medios de comunicación locales informaron que la policía había descartado que pudiera tratarse de un accidente.

El 2 de agosto de 2020 el editor del portal de noticias PM Noticias y su escolta policial fueron asesinados a tiros mientras comían en un restaurante de Iguala, estado de Guerrero. Hace poco Pablo Morrugares había cubierto noticias sobre grupos criminales locales y se hallaba bajo protección federal desde que él y su esposa sobrevivieran a un ataque en 2016. "Las autoridades mexicanas deben realizar una investigación pronta y convincente sobre el asesinato del periodista Pablo Morrugares y enjuiciar a los autores", urgió Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ para México.

Dos días después atacantes armados dispararon varias ráfagas contra las oficinas de un periódico en Iguala, la misma localidad donde murió Morrugares. Sin embargo, nadie resultó herido en el atentado contra el Diario de Iguala, ya que el personal estaba trabajando en otro lugar debido al coronavirus.

Detienen a periodistas

Article 19 informó el 7 de agosto de 2020 que un periodista de E-Consulta fue detenido de forma arbitraria por miembros de la policía de Acatlán y de la Guardia Nacional por estar presuntamente en estado de ebriedad en la vía pública. César Carbajal, quien había sido acosado por fiscales locales para revelar sus fuentes confidenciales en un caso de homicidio, logró transmitir su detención en vivo en las redes sociales y un grupo de vigilancia de periodistas contribuyó a su liberación.

La policía de San Martín Texmeculan detuvo el 16 de julio de 2020 a un periodista de El Sol de Puebla mientras realizaba una transmisión en vivo desde una vía pública. Dicho periodista habría sido agredido por los agentes. Pedro Alonso relató que estaba grabando a los agentes de policía mientras trataban con los vendedores ambulantes locales cuando los agentes lo rodearon y agredieron. Según Article 19, un agente reconoció al periodista, pero aun así lo detuvieron y lo trasladaron a la Comandancia Municipal. Según la misma fuente, los agentes pusieron en libertad a Pedro Alonso, no sin antes advertirle: "Dile a tus compañeros que dejen de estar chingando" (sic).

Aprueban una reforma restrictiva de los derechos de autor

El Congreso de México aprobó el 1 de julio de 2020 varias reformas a las leyes de derechos de autor en el marco de un paquete de medidas legales para cumplir con sus obligaciones en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La nueva legislación estableció un mecanismo privado de censura de Internet conocido como "notificación y retirada", el cual requiere que los proveedores de servicios en línea eliminen contenido si se les notifican denuncias de violaciones de derechos de autor. Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión rechazaron la nueva legislación y afirmaron que no requiere que se aporten pruebas de la violación ni que intervenga una autoridad judicial para asegurar el respeto de las garantías del debido proceso. Los críticos afirman que estas reformas fueron aprobadas de forma apresurada, sin debate e "imponen cargas indebidas a las empresas mexicanas y al pueblo mexicano, confiriendo una ventaja comercial permanente a las naciones más ricas y desarrolladas de los EE.UU. y Canadá, al tiempo que socavan los derechos fundamentales de los mexicanos garantizados por la Constitución mexicana".

Una coalición de la sociedad civil respondió con la campaña "Ni censura ni candados", mediante la cual solicitan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que interponga recursos de inconstitucionalidad contra estas reformas. Dicha comisión presentó el 3 de agosto de 2020 un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.