ES.Watchlist March 2024
MARZO LISTA DE VIGILANCIA 2024
Última actualización: 5 de marzo de 2024 -La nueva lista de vigilancia del CIVICUS Monitor pone de manifiesto profundas preocupaciones por el ejercicio de las libertades cívicas en Kirguistán, Palestina, Pakistán y Venezuela.
La lista de vigilancia destaca los países en los que se ha producido un deterioro grave y rápido del espacio cívico, según la evaluación de CIVICUS Monitor y de personas asociadas de investigación con el asesoramiento de personas defensoras de derechos humanos y activistas.
En las próximas semanas y meses, el CIVICUS Monitor seguirá de cerca los acontecimientos en cada uno de estos países en el marco de los esfuerzos necesarios para aumentar la presión sobre los Gobiernos. CIVICUS hace un llamamiento a estos Gobiernos para que hagan todo cuanto esté en sus manos para poner fin, de inmediato, a las medidas represivas en curso y para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos.
A continuación, encontrará una descripción de las violaciones del espacio cívico que se producen en cada país. Si desea hacernos llegar información sobre el espacio cívico de alguno de estos países, por favor, escribanos a monitor@civicus.org.
En un país otrora considerado un oasis para la sociedad civil y la libertad de prensa en Asia Central, la disidencia kirguís se enfrenta hoy a una represión gubernamental sin precedentes.
Dos proyectos de ley represivos están siendo tramitados en el Parlamento. Uno de ellos es una ley sobre “agentes extranjeros” al estilo ruso que, de aprobarse, obligaría a las organizaciones no gubernamentales financiadas desde el extranjero a inscribirse como “representantes extranjeros" y las sometería a una supervisión y a una injerencia gubernamental invasivas. El otro proyecto legislativo concierne los “medios de comunicación de masas", el cual impondría duras normas sobre la inscripción de los medios y los contenidos. También extendería estas restricciones a blogs y páginas web, limitando aún más la libertad en Internet en un país en el que sigue aumentando el número de blogueros y de usuarios de redes sociales que son llevados antes los tribunales por publicaciones críticas.
Mientras se debaten ambas leyes, las autoridades han redoblado sus esfuerzos para coartar la libertad de expresión, esgrimiendo justificaciones legales endebles con el fin acabar con la labor de los medios de comunicación independientes. En enero de 2024, la policía y los servicios de seguridad allanaron las oficinas de dos destacados medios de comunicación, 24.KG y Temirov Live. Once profesionales del periodismo fueron detenidos durante la redada y están a la espera de juicio. La incursión se produjo después de que la policía solicitara a peritos lingüistas un análisis de sus publicaciones y descubrieran “llamamientos a la desobediencia y a disturbios masivos”. En febrero, un tribunal ordenó la liquidación de Kloop Media, la organización sin ánimo de lucro detrás del portal de investigación Kloop, presuntamente por problemas con sus estatutos, pero claramente en represalia por su labor periodística. Durante la audiencia, expertos del Gobierno declararon que la cobertura “meramente negativa” de Kloop y sus “duras críticas” a las autoridades estaban provocando enfermedades mentales, depravación sexual y drogadicción entre la población.
Numerosos activistas, periodistas y personalidades públicas que fueron detenidos en octubre de 2022 por protestar contra un polémico intercambio de tierras por el que se cedía a Uzbekistán el control del embalse de Kempir-Abad permanecen en prisión mientras se les juzga por “fomentar disturbios masivos” e “intentar tomar el poder por la fuerza”. Tanto la instrucción como el resto del proceso judicial han estado rodeados de secretismo desde el principio y se han producido numerosas violaciones procesales que ponen en cuestión la equidad e imparcialidad de la causa.
El periodo previo a las elecciones del 8 de febrero de 2024 se vio ensombrecido por una represión generalizada de la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.
Cientos de simpatizantes del partido de oposición Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) del ex primer ministro Imran Khan fueron detenidos en el marco de protestas y muchos fueron acusados en virtud de leyes ambiguas y excesivamente extensas. Decenas de personas fueron juzgadas por tribunales militares, en violación del derecho internacional. Además, la comisión electoral rechazó la candidatura de los líderes nacionales y provinciales del PTI. También prohibió a los medios de comunicación pakistaníes transmitir por televisión los discursos o mítines de Khan, y la Autoridad Reguladora de los Medios Digitales de Pakistán (PEMRA) ordenó a todas las cadenas de televisión no dar tiempo de antena a periodistas próximos a Khan y a personas acusadas de criticar al Ejército o al Gobierno.
Se documentaron cortes de Internet tanto antes como después de las elecciones. Las autoridades ralentizaron las conexiones a Internet y bloquearon el acceso a las principales redes sociales durante los actos en línea del PTI. El día de las elecciones volvieron a registrarse cortes generalizados de Internet y de la red de telefonía móvil.
En Pakistán, tanto periodistas como las personas defensoras de los derechos humanos siguen corriendo peligro por hacer su trabajo. En enero de 2023, agentes de policía allanaron el domicilio de la defensora de los derechos humanos Hooran Baloch en Quetta, Baluchistán. En febrero, individuos armados no identificados asesinaron a tiros al activista político sindi Hidayatullah Lohar.
Las autoridades también reprimieron las protestas de la comunidad baluchi por violaciones pasadas y presentes, como las desapariciones forzadas o involuntarias, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y los actos de tortura. Por otro lado, líderes del Movimiento Pastún Tahaffuz (PTM) también han sido sometidos a detenciones, agresiones y procesos judiciales. En los últimos años, esta red de activistas se ha venido movilizando en todo el país contra la discriminación sistemática y las violaciones de los derechos humanos.
El país permanece en la lista de vigilancia del CIVICUS Monitor debido a la intensificación de las violaciones del espacio cívico y de las tensiones políticas desde que el presidente saliente Macky Sall anunciase el aplazamiento de las elecciones presidenciales.
El presidente anunció el 3 de febrero de 2024 que las elecciones presidenciales, previstas para el 25 de febrero de 2024, se celebrarían más tarde, sin precisar en qué fecha. Macky Sall aseguró que el retraso se debía a un conflicto entre la Asamblea Nacional y el Consejo Constitucional sobre la lista de candidatos. El 5 de febrero de 2024, la Asamblea Nacional de Senegal votó a favor de celebrar las elecciones el 15 de diciembre de 2024. La medida fue aprobada durante una sesión caótica en la que los legisladores de la oposición intentaron bloquear el procedimiento legislativo y las fuerzas de seguridad acabaron por expulsarlos de la tribuna.
El aplazamiento lectoral desencadenó protestas que fueron sofocadas por las fuerzas de seguridad mediante un uso excesivo de la fuerza, que incluyó el uso de gases lacrimógenos y de munición real, que provocó por lo menos tres muertos y decenas de heridos. También se detuvo a manifestantes, se restringió el acceso al Internet móvil, se cerró un medio de comunicación y periodistas fueron detenidos y sufrieron agresiones físicas, entre otras violaciones del espacio cívico.
El 15 de febrero, el Tribunal Constitucional invalidó y declaró inconstitucional el decreto de aplazamiento de los comicios. Tras el fallo, el presidente Macky Sall anunció que convocaría elecciones presidenciales “lo antes posible”. Para intentar aplacar las tensiones políticas, se autorizaron las protestas de la sociedad civil y se liberaron a cientos de presos políticos —miembros de la oposición, periodistas y activistas— a partir del 15 de febrero de 2024. Aún queda por ver si la futura celebración de elecciones imparciales y transparentes contribuirá a calmar las tensiones.
Senegal fue inscrito por primera vez en la lista de vigilancia del CIVICUS Monitor en septiembre de 2023 debido al deterioro del espacio cívico antes de las elecciones presidenciales. Entre las violaciones del espacio cívico que se han producido, podemos citar la detención arbitraria de periodistas, manifestantes y activistas; la represión de las protestas de la oposición; la suspensión de medios de comunicación; la disolución del partido de la oposición PASTEF, y las restricciones al acceso a Internet. En diciembre de 2023, el espacio cívico de Senegal dejó de ser considerado como obstruido y pasó a ser calificado como represivo, debido al deterioro considerable del estado del espacio cívico.
En diciembre de 2023, a raíz de los ataques constantes contra las libertades cívicas, el CIVICUS Monitor rebajó la calificación del espacio cívico de Venezuela, que pasó de ser considerado como represivo a ser calificado como cerrado —la peor calificación—. En los últimos meses, las autoridades han intensificado las restricciones represivas contra la sociedad civil antes las elecciones presidenciales previstas para 2024. Se han documentado detenciones arbitrarias de personas defensoras de los derechos humanos, se han aprobado enmiendas legislativas restrictivas que afectan a las organizaciones de la sociedad civil y se han proferido discursos difamatorios contra estas organizaciones.
En un contexto marcado por una situación de emergencia humanitaria compleja y por la exacerbación de la tensión política, se han puesto en marcha varios mecanismos de censura en el marco de una estrategia para perseguir a los defensores de los derechos humanos (DDH) y limitar las críticas contra el Gobierno. El 9 de febrero de 2024, la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel y cinco de sus familiares fueron detenidos de manera arbitraria por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. El 15 de febrero, las autoridades venezolanas declararon que San Miguel se encontraba bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el centro de detención El Helicoide, en Caracas, por cargos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, en virtud de una orden del Tribunal Segundo contra el Terrorismo. Durante ese periodo, ha permanecido detenida en régimen de incomunicación.
El 14 de febrero, el fiscal general Tarek William Saab declaró que quienes denuncian la desaparición forzada de San Miguel están cometiendo un delito, y que las personas defensoras de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil están trabajando activamente contra el Gobierno. Además, después de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresara su preocupación por la detención de San Miguel el 15 de febrero, el Gobierno venezolano acusó al organismo de promover la oposición y anunció que suspendía las actividades del organismo y que daba 72 horas a su personal para abandonar el país.
El 12 de enero de 2024, la Asamblea Nacional reanudó el debate de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, la cual, de promulgarse, erigiría serios obstáculos para la libertad de asociación.
El 7 de octubre de 2023, las fuerzas de Hamás lanzaron un ataque sin precedentes contra Israel, al que siguió una devastadora y brutal ofensiva militar israelí contra Gaza que dura hasta hoy. Desde entonces, han perdido la vida más de 1200 israelíes y extranjeros en Israel, y más de 28 000 palestinos de Gaza, la mayoría civiles. Hasta febrero de este año, se habían registrado 67 600 heridos palestinos. Actualmente, Gaza se encuentra sumida en una catástrofe humanitaria masiva, con un alarmante 75 % de su población —alrededor 1,7 millones de personas— desplazada por la fuerza de sus hogares. La Organización Mundial de la Salud alertó de que la población se está muriendo de hambre.
A pesar de la grave situación humanitaria, la suspensión de la financiación a varias organizaciones de la sociedad civil y a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) amenaza con paralizar las iniciativas humanitarias, exacerbando el riesgo de inanición y hambruna, y la falta de servicios esenciales. A pesar de la respuesta inmediata a las acusaciones de que algunos empleados de la agencia estuvieron implicados en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, por lo menos dieciocho países han suspendido la entrega de fondos a la UNRWA, que provee de una ayuda vital a millones de refugiados palestinos.
Por otra parte, las organizaciones humanitarias que intentan proporcionar la ayuda que tanto necesita la población civil gazatí se enfrentan a importantes dificultades para lograrlo. Entre el 1 de enero de 2024 y el 12 de febrero de 2024, las organizaciones humanitarias programaron 77 misiones para proporcionar ayuda y evaluar la situación al norte del río Habesor. De estas, las autoridades israelíes han facilitado por completo 12 y parcialmente 3, han obstaculizado 14 y han denegado el acceso a 39. A estas se suman las 9 misiones aplazadas por las propias organizaciones. Asimismo, ciudadanos israelíes se han concentrado para impedir que camiones con ayuda lleguen a Gaza.
El personal humanitario afronta con valentía los riesgos que implica hallarse en la primera línea y están pagando con su vida por hacer su trabajo; todo ello para poder atender a millones de palestinos desplazados. Desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 5 de febrero de 2024, 158 miembros del personal de la ONU han sido asesinados en Gaza. Nunca habían sido asesinados tantos trabajadores humanitarios de esta organización en un solo conflicto.
Periodistas y personal de los medios de comunicación se están llevando la peor parte, ya muchos siguen pagando con su vida por su valiente labor que los sitúa en la primera línea del conflicto. El 13 de febrero de 2024, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) informó que 85 periodistas y miembros de los medios de comunicación habían sido asesinados desde el 7 de octubre de 2023. Asimismo, 16 periodistas resultaron heridos, 4 desaparecieron y 25 fueron detenidos.
En la franja de Gaza, los cortes recurrentes de las telecomunicaciones también han puesto en peligro la seguridad de civiles, periodistas y personal humanitario al impedir el acceso a información crítica y vital, además de perjudicar las operaciones de ayuda humanitaria.
Por último, las oficinas de las OSC, incluidas las organizaciones humanitarias, se enfrentan a una destrucción indiscriminada y a veces deliberada. Médicos del Mundo condenó lo que calificó como la destrucción deliberada de sus oficinas en Gaza, mientras que la organización Medical Aid for Palestine (MAP) y el Comité Internacional de Rescate informaron de incidentes que afectaron a sus oficinas como consecuencia de la destrucción indiscriminada de infraestructuras en Gaza por parte de Israel. Hasta el 15 de febrero de 2024, la UNRWA había señalado 321 incidentes que afectaron a sus instalaciones.