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Last updated on 30.10.2018 at 12:41

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Dos miembros del cuerpo de bomberos detenidos por un video satírico

Dos miembros del cuerpo de bomberos detenidos por un video satírico

El 27 de septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que expresa su profunda preocupación por las violaciones de los derechos humanos en el país.

El 27 de septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que expresa su profunda preocupación por las violaciones de los derechos humanos en el país e "insta al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos". Las organizaciones de derechos humanos acogieron con satisfacción la "primera resolución del Consejo en concentrar la atención en Venezuela, un estado que ha hecho grandes esfuerzos a lo largo de los años para evitar el escrutinio a nivel internacional, mientras buscaba activamente debilitar los mecanismos de derechos humanos de la ONU". Human Rights Watch declaró:

"La adopción, con amplio apoyo, de esta resolución permitirá que el Consejo de Derechos Humanos preste atención a la trágica situación en Venezuela y presione al gobierno de Maduro para que aborde la crisis humanitaria y los abusos de los que es responsable.”

 Asociación

Amnistía Internacional publicó el informe: Esto no es vida: seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela, donde se afirma que el Estado "no ha podido garantizar el derecho a la vida en un contexto de violencia entre particulares" y que responder a la delincuencia con métodos militares represivos ha ocasionado "graves violaciones a derechos humanos y, en especial, ejecuciones extrajudiciales." El número de presuntas ejecuciones extrajudiciales ha aumentado en Venezuela entre 2012 y 2016, alcanzando su máximo en 2016 con 2.379 casos documentados.

Por otro lado, tras la muerte del concejal Fernando Albán el 9 de octubre toda la atención se centró en el trato que el gobierno dispensa a los líderes de la oposición mientras se encuentran detenidos. El 4 de octubre de 2018, Albán fue detenido en el aeropuerto a su llegada de Nueva York, donde participó en varias reuniones en el marco de la Asamblea General de la ONU. Se le acusa de haber participado en el ataque del 4 de agosto de 2018 contra el presidente Maduro durante un desfile militar. Tras 48 horas de detención, su cuerpo fue hallado en las inmediaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el gobierno afirmó que se había suicidado. Los familiares de Albán y los líderes de la oposición rechazaron esta explicación y exigieron una investigación independiente dado que no se revelaron los resultados de la autopsia. Las OSC locales expresaron su preocupación por el caso y por las "condiciones irregulares de privación de libertad y la situación anómala que ocasionó la pérdida de la vida del concejal Fernando Albán en una instalación del SEBIN, denunciada como centro de torturas y malos tratos contra detenidos". 

En otro caso, el 12 de octubre de 2018 fue puesto en libertad Lorent Saleh, un activista de la oposición que había estado detenido durante cuatro años acusado de varios delitos, como la divulgación de información falsa que causa "zozobra", la falsificación de documentos de identidad venezolanos para colombianos y la participación en una conspiración contra el gobierno. Los informes indican que lo escoltaron hasta el aeropuerto y que lo embarcaron en un vuelo hacia Madrid. Fuera de la prisión, a la espera de la liberación de su hijo, la madre de Saleh afirmó:

"No sabía nada de esto. Pensé que me lo iban a entregar aquí, pero está en libertad que es lo importante."

Reunión Pacífica

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 894 protestas a lo largo de agosto de 2018, un aumento del 20 % en comparación con agosto de 2017. El 88% de las protestas estaban relacionadas con los derechos sociales, económicos, ambientales y, sobre todo, con los derechos laborales, que motivaron 347 protestas. En septiembre de 2018, la organización documentó 983 protestas.

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) convocó el pasado 9 de octubre de 2018 a una huelga nacional de profesores universitarios para exigir un salario digno y una infraestructura adecuada. 

Expresión

El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) realizó una investigación que identificó un patrón de censura en línea a partir de los bloqueos intermitentes que sufren los sitios de noticias en momentos específicos en función de la ubicación geográfica de los usuarios. 

En septiembre de 2018 se produjeron varias violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. El 10 de septiembre de 2018, el periodista Jefferson Civira fue detenido brevemente por miembros de la Guardia Nacional (cuerpo militar) mientras realizaba una investigación en un mercado. Las autoridades afirmaron que la zona estaba "militarizada" y que, por lo tanto, Civira no podía trabajar allí. El 12 de septiembre de 2018, agentes de policía detuvieron al camarógrafo Edgar Hernández mientras grababa en una estación de metro con fuerte presencia policial. Las autoridades le preguntaron si los vídeos habían sido publicados en las redes sociales y posteriormente procedieron a quitarle el teléfono y a borrar la información.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) emitió una orden que prohíbe a cuatro periodistas publicar y difundir información "contra el honor y la reputación" de Alex Nain Saab, a quien varios periodistas habían vinculado con un esquema de corrupción relacionado con el programa gubernamental de distribución de alimentos en una publicación anterior.

El 12 de septiembre de 2018, dos miembros del cuerpo de bomberos, Carlos Julio Varón Gracia y Ricardo Antonio Prieto Parra, fueron detenidos por la publicación de un vídeo satírico en el que comparaban al presidente Maduro con un burro. Gracia y Parra fueron acusados de "incitación al odio." 

Association in Venezuela

Although the freedom of association is constitutionally protected in Venezuela, independent CSOs have grown increasingly worried about the myriad of laws, regulations and practices restricting civic space freedoms, which they have repeatedly denounced as unconstitutional.

Although the freedom of association is constitutionally protected in Venezuela, independent CSOs have grown increasingly worried about the myriad of laws, regulations and practices restricting civic space freedoms, which they have repeatedly denounced as unconstitutional. CSOs face a major legal restriction under the 2010 Law for the Defense of Political Sovereignty and National Self-Determination, which prohibits any organisation with ‘political objectives’ or dedicated to ‘the advancement of political rights’ from receiving any sort of foreign funding or financial aid, a crime that is penalised with fines. A local civil society group has documented several cases where organisations with ‘rule of law’, ‘democracy’ and ‘human rights’ included in their statutes were refused registration. The introduction of the so-called ‘laws of popular power’ in 2010 also dealt a damaging blow to the plurality of civil society. According to the law, communal councils and socio-productive units are the only organisational forms allowed to participate in public policymaking and receive state funding. Advocacy CSOs are still allowed to exist but are ignored as politically relevant actors, and face increasing criminalisation, intimidation, harassment and financial asphyxiation. Hosting a foreign citizen or an organisation that causes offense to Venezuelan institutions or government, or attacks the state’s sovereignty is also punished with steep fines, loss of political rights and criminal sanctions. Resources are also limited as a consequence of the exchange control regime mandating the conversion of all donations to the local currency, and scrutiny and surveillance of CSOs has increased since the Law Against Organized Crime and Financing of Terrorism entered into force in 2012.

Peaceful Assembly in Venezuela

The freedom of peaceful assembly is recognised in the Venezuelan Constitution and the law provides that 24 hours advance notice of demonstrations must be given to authorities. The Supreme Court in Venezuela has however interpreted the requirement to provide notice as meaning that organisers must secure authorisation before a gathering can take place.

The freedom of peaceful assembly is recognised in the Venezuelan Constitution and the law provides that 24 hours advance notice of demonstrations must be given to authorities. The Supreme Court in Venezuela has however interpreted the requirement to provide notice as meaning that organisers must secure authorisation before a gathering can take place. Public spaces have however become increasingly restricted through subsidiary regulations. A series of anti-government protests began in February 2014 and, while the vast majority of protesters demonstrated peacefully, violent clashes between a minority of demonstrators, on one hand, and the militarised National Guard, armed pro-government civilian groups and intelligence agents, on the other, resulted in 43 deaths (including protesters, bystanders, government supporters and members of the security forces), close to 800 injured, 3,500 arrests and approximately 143 cases of torture and ill treatment. The government alleged that the protests were attempts to destabilise the country, orchestrated by a US-supported ‘fascist’ opposition, and blamed the casualties on the protesters. International human rights organisations, however, concluded that most victims were unarmed or were not engaging in acts of violence or other criminal activity when targeted by security forces. As a response to the 2014 protests, new regulations were issued in early 2015 allowing soldiers to open fire if they believe their lives are at risk during demonstrations. As protests sparked by food shortages continued after the May 2016 declaration of a state of emergency, demonstrators were repressed with tear gas and rubber bullets. Journalists were also attacked and had equipment stolen or broken when trying to report on the protests.

Expression in Venezuela

The freedom of expression is constitutionally enshrined but subjected to both legal and de facto restrictions in a context of a war between the state and the privately owned media dating back to a failed 2002 coup.

The freedom of expression is constitutionally enshrined but subjected to both legal and de facto restrictions in a context of a war between the state and the privately owned media dating back to a failed 2002 coup. The vaguely phrased 2004 Law on Social Responsibility in Radio, Television and Electronic Media – amended in 2010 to include Internet activity - allows the government to control content. Reforms to the criminal code introduced in 2005 extended the scope of defamation as a criminal offence. Intimidation, physical attacks, violent rhetoric, legal harassment, restrictions on acquiring printing materials and a total lack of access to public information have also restricted the freedom of the press. The Venezuelan NGO Espacio Público counted a total of 237 cases of free expression violations and 201 individual victims in 2015 – the numbers of attacks documented in 2014 and 2015 were among the highest ever recorded. The share of opposition-oriented media outlets has shrunk in recent years as many were financially asphyxiated, politically harassed and eventually forced to close or were bought by pro-government business groups. Government propaganda is pervasive in state-controlled and government-friendly media. Censorship has penetrated the Internet under the form of hacked accounts, intermittent blockage of popular social media platforms like Twitter, and the arrest and imprisonment of active users. In 2014, seven people were arrested for publishing content on Twitter deemed offensive or deemed to be inciting violence. Deliberate threats and attacks against journalists and photographers (as well as citizens documenting protests) have occurred in the context of demonstrations.