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Venezuela

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Last updated on 01.04.2019 at 19:36

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Venezuela- Overview

Venezuelan civil society is operating in a context of escalating political polarisation, economic crisis and class divisions which have led to the erosion of the basic freedoms sustaining civic space.

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La crisis política socava las libertades del espacio cívico

La crisis política socava las libertades del espacio cívico

En el contexto de la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela, los defensores de los derechos humanos, los líderes de la oposición y las organizaciones de la sociedad civil han sido objeto de acoso e intimidación por su oposición al gobierno o por denunciar violaciones de los derechos humanos.

Asociación

En el contexto de la crisis política, económica y humanitaria que enfrenta Venezuela, las personas defensoras de los derechos humanos, líderes de la oposición y las organizaciones de la sociedad civil han sido objeto de acoso e intimidación por su oposición al gobierno o por denunciar violaciones de los derechos humanos. La ONG venezolana de derechos humanos, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), informó de redadas ilegales y amenazas contra líderes indígenas en el sur del país. Esta situación está provocando migraciones forzadas hacia Brasil. En San Antonio del Táchira, un pueblo en la frontera occidental con Colombia, algunas casas de los líderes de la oposición aparecieron marcadas con pintura roja en un acto de intimidación. En las ciudades septentrionales de Caracas y La Guaira también se informó de personas enmascaradas, presuntamente miembros de las fuerzas del Estado en alianza con grupos armados progubernamentales, que están intimidando a los ciudadanos que participaron en manifestaciones y protestas en gesto de represalia y para impedir que tomaran parte en otros actos de protesta.

Según Foro Penal, una organización de derechos humanos que ofrece asistencia jurídica gratuita, entre el 21 y el 31 de enero de 2019, el país alcanzó el mayor número de presos políticos de su historia. Durante los primeros meses de 2019, en el contexto de las manifestaciones contra el gobierno, la organización informó de la detención arbitraria de 1,069 personas, de las cuales 723 siguen en prisión, elevando el número total de presos políticos a 989. Durante este período, la organización también registró quince desapariciones forzadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por "el continuo hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos en Venezuela." Marco Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) fue acusado por un medio digital progubernamental de "promover y buscar extender la lógica del odio y la confrontación a los sectores populares de Caracas." Ponce ha sido objeto de una continua campaña difamatoria por parte de altos cargos públicos durante años, situación que condujo a que la CIDH le otorgara medidas cautelares de protección en 2015. Además, la página web del programa de televisión Con el mazo dando, habría acusado a las organizaciones de derechos humanos de estar financiadas por "el imperio" desde Colombia usando la ayuda humanitaria como pretexto.

El 15 de febrero de 2019, agentes policiales registraron las oficinas de la Fundación Mavid, una OSC local que brinda su apoyo a las personas que viven con el VIH/SIDA. Los oficiales incautaron computadoras y medicinas que la organización ofrecía a sus beneficiarios, y detuvieron a tres de sus representantes durante siete horas sin disponer de una orden de arresto.

Reunión Pacífica

El 23 de enero de 2019 se produjeron manifestaciones multitudinarias en Caracas y en varias ciudades del país, en una fecha en la que Venezuela conmemora el aniversario de los acontecimientos que pusieron fin al régimen militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Las manifestaciones las había convocado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, institución controlada por la oposición. Durante varios días, mientras los ciudadanos salían a las calles para exigir un cambio de gobierno, las autoridades hicieron un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Esto fue visto por las organizaciones internacionales de derechos humanos como "una escalada de la política represiva de las autoridades y como un medio para controlar al pueblo venezolano y, en particular, para castigar a los residentes de los barrios empobrecidos" por su participación en las manifestaciones. Los informes indican que en un período de cinco días, al menos 41 personas fallecieron durante las manifestaciones y más de 900 fueron detenidas arbitrariamente.

Un mes después, los días 23 y 24 de febrero de 2019, cuando algunas organizaciones internacionales intentaban enviar y entregar ayuda humanitaria en Venezuela a través de la frontera con Colombia y Brasil, las fuerzas armadas reprimieron duramente a los ciudadanos que exigían que se permitiera el acceso al país a los camiones que transportaban la ayuda. La comunidad indígena Pemón que habita en la frontera con Brasil fue la más afectada, ya que tres de sus miembros fueron asesinados durante las acciones represivas de las fuerzas del Estado y debido a su uso excesivo de la fuerza. Otros 295 ciudadanos resultaron heridos. El país tiene una creciente necesidad de ayuda humanitaria ya que se ha identificado una escasez del 90% de medicamentos, la cual afecta a pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes o el VIH. En respuesta, la CIDH otorgó medidas cautelares de protección a la comunidad indígena Pemón tras reconocer los riesgos inminentes que corren sus miembros y considerando los asesinatos de miembros del pueblo Pemón el 23 de febrero, así como las constantes amenazas de las autoridades contra sus líderes. 

Expresión

Durante las manifestaciones que tuvieron lugar en enero de 2019, la organización para la defensa de libertad de expresión Espacio Público informó de al menos quince casos en los que periodistas fueron agredidos o detenidos mientras cubrían dichas manifestaciones. Además, la organización documentó 69 violaciones de la libertad de expresión en enero de 2019. La organización afirmó que estos incidentes no son ataques aislados y que en Venezuela existe una política de Estado diseñada para restringir el flujo de la información. El principal proveedor de internet, la empresa estatal CANTV, bloqueó el acceso a varias redes sociales y plataformas de comunicación durante las manifestaciones. En febrero de 2019, Espacio Público documentó 27 casos de detención arbitraria de trabajadores de los medios de comunicación, en especial la de aquellos periodistas que cubrían la entrega de ayuda humanitaria en la frontera con Colombia y Brasil.

Association in Venezuela

Although the freedom of association is constitutionally protected in Venezuela, independent CSOs have grown increasingly worried about the myriad of laws, regulations and practices restricting civic space freedoms, which they have repeatedly denounced as unconstitutional.

Although the freedom of association is constitutionally protected in Venezuela, independent CSOs have grown increasingly worried about the myriad of laws, regulations and practices restricting civic space freedoms, which they have repeatedly denounced as unconstitutional. CSOs face a major legal restriction under the 2010 Law for the Defense of Political Sovereignty and National Self-Determination, which prohibits any organisation with ‘political objectives’ or dedicated to ‘the advancement of political rights’ from receiving any sort of foreign funding or financial aid, a crime that is penalised with fines. A local civil society group has documented several cases where organisations with ‘rule of law’, ‘democracy’ and ‘human rights’ included in their statutes were refused registration. The introduction of the so-called ‘laws of popular power’ in 2010 also dealt a damaging blow to the plurality of civil society. According to the law, communal councils and socio-productive units are the only organisational forms allowed to participate in public policymaking and receive state funding. Advocacy CSOs are still allowed to exist but are ignored as politically relevant actors, and face increasing criminalisation, intimidation, harassment and financial asphyxiation. Hosting a foreign citizen or an organisation that causes offense to Venezuelan institutions or government, or attacks the state’s sovereignty is also punished with steep fines, loss of political rights and criminal sanctions. Resources are also limited as a consequence of the exchange control regime mandating the conversion of all donations to the local currency, and scrutiny and surveillance of CSOs has increased since the Law Against Organized Crime and Financing of Terrorism entered into force in 2012.

Peaceful Assembly in Venezuela

The freedom of peaceful assembly is recognised in the Venezuelan Constitution and the law provides that 24 hours advance notice of demonstrations must be given to authorities. The Supreme Court in Venezuela has however interpreted the requirement to provide notice as meaning that organisers must secure authorisation before a gathering can take place.

The freedom of peaceful assembly is recognised in the Venezuelan Constitution and the law provides that 24 hours advance notice of demonstrations must be given to authorities. The Supreme Court in Venezuela has however interpreted the requirement to provide notice as meaning that organisers must secure authorisation before a gathering can take place. Public spaces have however become increasingly restricted through subsidiary regulations. A series of anti-government protests began in February 2014 and, while the vast majority of protesters demonstrated peacefully, violent clashes between a minority of demonstrators, on one hand, and the militarised National Guard, armed pro-government civilian groups and intelligence agents, on the other, resulted in 43 deaths (including protesters, bystanders, government supporters and members of the security forces), close to 800 injured, 3,500 arrests and approximately 143 cases of torture and ill treatment. The government alleged that the protests were attempts to destabilise the country, orchestrated by a US-supported ‘fascist’ opposition, and blamed the casualties on the protesters. International human rights organisations, however, concluded that most victims were unarmed or were not engaging in acts of violence or other criminal activity when targeted by security forces. As a response to the 2014 protests, new regulations were issued in early 2015 allowing soldiers to open fire if they believe their lives are at risk during demonstrations. As protests sparked by food shortages continued after the May 2016 declaration of a state of emergency, demonstrators were repressed with tear gas and rubber bullets. Journalists were also attacked and had equipment stolen or broken when trying to report on the protests.

Expression in Venezuela

The freedom of expression is constitutionally enshrined but subjected to both legal and de facto restrictions in a context of a war between the state and the privately owned media dating back to a failed 2002 coup.

The freedom of expression is constitutionally enshrined but subjected to both legal and de facto restrictions in a context of a war between the state and the privately owned media dating back to a failed 2002 coup. The vaguely phrased 2004 Law on Social Responsibility in Radio, Television and Electronic Media – amended in 2010 to include Internet activity - allows the government to control content. Reforms to the criminal code introduced in 2005 extended the scope of defamation as a criminal offence. Intimidation, physical attacks, violent rhetoric, legal harassment, restrictions on acquiring printing materials and a total lack of access to public information have also restricted the freedom of the press. The Venezuelan NGO Espacio Público counted a total of 237 cases of free expression violations and 201 individual victims in 2015 – the numbers of attacks documented in 2014 and 2015 were among the highest ever recorded. The share of opposition-oriented media outlets has shrunk in recent years as many were financially asphyxiated, politically harassed and eventually forced to close or were bought by pro-government business groups. Government propaganda is pervasive in state-controlled and government-friendly media. Censorship has penetrated the Internet under the form of hacked accounts, intermittent blockage of popular social media platforms like Twitter, and the arrest and imprisonment of active users. In 2014, seven people were arrested for publishing content on Twitter deemed offensive or deemed to be inciting violence. Deliberate threats and attacks against journalists and photographers (as well as citizens documenting protests) have occurred in the context of demonstrations.