Watchlist July 2026 Spanish

LISTA DE SEGUIMIENTO DE JULIO DE 2026

Última actualización: 30 de julio de 2026 - La nueva Lista de Vigilancia del CIVICUS Monitor destaca serias preocupaciones respecto al ejercicio de las libertades cívicas en Baréin , Burkina Faso , Ecuador , Georgia e India.

La Lista de Vigilancia llama la atención sobre países donde existe un grave deterioro en el respeto al espacio cívico, basado en una evaluación realizada por los hallazgos de investigación del CIVICUS Monitor, nuestros socios de investigación y consultas con activistas en el terreno. En las próximas semanas y meses, el CIVICUS Monitor seguirá de cerca los acontecimientos en cada uno de estos países como parte de los esfuerzos para garantizar que se ejerza mayor presión sobre los gobiernos.

CIVICUS hace un llamado a estos gobiernos para que hagan todo lo que esté a su alcance para poner fin de inmediato a las represiones en curso y garantizar que los responsables rindan cuentas. A continuación, se describen las violaciones al espacio cívico que ocurren en cada país. Si tienes información para compartir sobre el espacio cívico en cualquiera de estos países, por favor escribe a monitor@civicus.org.

Baréin

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero de 2026, los países vecinos comenzaron a restringir las libertades en respuesta a las represalias de Irán. A medida que el conflicto se extendió, con Irán teniendo como objetivo a Israel y algunos países vecinos, como Baréin, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar, acogiendo fuerzas estadounidenses, los países de la región recurrieron cada vez más a argumentos de seguridad para restringir el espacio cívico y limitar la libertad de expresión en relación con el conflicto.

En Baréin, las autoridades han aprovechado la guerra contra Irán para iniciar una amplia y continua serie de violaciones de derechos humanos, incluida una campaña implacable y sistemática de arrestos y detenciones dirigida contra destacadas personas defensoras de los derechos humanos y dirigentes políticos, cientos de figuras religiosas, participantes en manifestaciones pacíficas, activistas en línea y personas que se oponen a las políticas del Gobierno o expresan opiniones sobre la guerra. Al menos 200 personas han sido detenidas por expresar sus opiniones personales sobre la guerra en redes sociales y por participar en manifestaciones pacíficas. Se encuentran recluidas en lugares desconocidos, aisladas del mundo exterior y sin que se les permita comunicarse con sus familias ni con sus abogados. Las personas detenidas han sido acusadas de varios delitos que se les imputan de forma recurrente, entre ellos «difusión de noticias falsas», «apología del terrorismo» y «alteración del orden público». En varios casos, estas acusaciones han dado lugar a condenas de hasta diez años de prisión y, en un caso, a cadena perpetua.

Dos semanas después del inicio de la guerra, el 16 de marzo de 2026, el Ministerio del Interior advirtió contra el uso de cuentas de redes sociales para «fotografiar, publicar o volver a difundir cualquier imagen, video o información que constituya una amenaza para la seguridad y la integridad de la nación». Desde entonces, varias personas activistas han sido detenidas. El escritor y activista sindical Khalil Yaqoub Buhazaa fue detenido el 3 de mayo de 2026 después de ser convocado para ser interrogado sobre sus escritos y publicaciones en redes sociales. Permaneció detenido desde el 5 de mayo hasta su liberación el 15 de junio de 2026, cuando la Fiscalía retiró las acusaciones de incitación contra el Gobierno y difusión de noticias falsas que se le habían imputado. De manera similar, el 9 de mayo de 2026, el Ministerio del Interior de Baréin anunció la detención de 41 figuras religiosas tras una serie de redadas a gran escala en sus domicilios. Fueron acusadas de delitos fabricados, entre ellos espionaje y recaudación de fondos para financiar operaciones terroristas llevadas a cabo por entidades extranjeras, tras ser acusadas de mantener contacto directo con la Guardia Revolucionaria iraní y de brindarle apoyo financiero.

También se han documentado casos de tortura y asesinato de personas activistas bajo custodia. A finales de marzo de 2026, la familia del preso político Mohammed Abdulmohsen Al-Mousawi recibió el cuerpo de este, que presuntamente presentaba signos de tortura. Había sido detenido arbitrariamente por las fuerzas de seguridad junto con sus primos, Ahmed Al-Mousawi y Mustafa Al-Mousawi, mientras se dirigían a participar en una reunión religiosa. Los tres hombres fueron trasladados a un lugar no revelado y permanecieron detenidos en régimen de incomunicación. Aunque las autoridades alegaron que estaban implicados en espionaje para entidades extranjeras, fuentes fiables indican que su detención estaba vinculada, en realidad, a opiniones que habían expresado en redes sociales. Se desconoce el paradero y la situación de Ahmed y Mustafa Al-Mousawi. Mohammed Al-Mousawi había pasado anteriormente 12 años en prisión como preso de conciencia antes de ser liberado en 2024. De manera preocupante, el destacado defensor de los derechos humanos y del ambiente Mohammed Jawad Hameed permanecío detenido durante más de 100 días tras haber sido arrestado arbitrariamente el 7 de abril de 2026 por criticar en redes sociales la muerte bajo custodia de Mohammed Al-Mousawi. Desde entonces, su detención fue prorrogada en repetidas ocasiones, incluida una prórroga el 16 de junio de 2026 por un supuesto delito de «odio al régimen», lo que demuestra una vez más el uso de la detención preventiva indefinida para castigar las críticas públicas. Fue puesto en libertad el 18 de julio de 2026.

Las autoridades también han utilizado las draconianas leyes de ciudadanía como instrumento para reprimir las voces críticas y las opiniones expresadas en torno al conflicto. El 27 de abril de 2026, el Gobierno revocó la ciudadanía de 69 personas, más de la mitad de ellas niñas y niños, dejando a 46 en situación de apatridia. Aunque las familias afectadas tienen ascendencia iraní, muchas de ellas habían nacido en Baréin y habían vivido allí durante generaciones. Las autoridades acusaron a estas personas de presuntamente apoyar «actos hostiles de Irán» o de «colaboración con entidades extranjeras», alegando que respaldaban los ataques iraníes contra Baréin. Según informes, las personas afectadas fueron obligadas a firmar documentos en los que reconocían la pérdida de su ciudadanía y su inminente deportación.

Burkina Faso

Burkina Faso figura en la lista de vigilancia del CIVICUS Monitor, ya que las autoridades militares han intensificado su represión contra la sociedad civil y la libertad de asociación mediante legislación restrictiva, la disolución y suspensión de organizaciones de la sociedad civil (OSC), la abolición de partidos políticos y represalias contra quienes critican a las autoridades militares. Desde la toma del poder por parte de los militares en septiembre de 2022, el espacio cívico en el país se ha deteriorado, con un aumento de la censura de los medios de comunicación, las detenciones arbitrarias, el hostigamiento judicial y el reclutamiento forzoso de periodistas y personas activistas, las desapariciones forzadas y la legislación restrictiva, entre otras preocupaciones relacionadas con el espacio cívico.

El 15 de abril de 2026, el ministro de Administración Territorial de Burkina Faso emitió una orden de disolución de 118 OSC, alegando incumplimiento de la Ley 011-2025/ALT sobre la libertad de asociación, adoptada en julio de 2025, que introdujo estrictos requisitos administrativos, obligaciones de presentación de informes y exigencias de cumplimiento normativo para estas organizaciones. Aunque la ley concedía a las OSC un plazo de un año para cumplir con los nuevos requisitos, estas fueron disueltas antes de que finalizara dicho periodo de gracia.

Entre mediados de abril y principios de junio de 2026, las autoridades militares suspendieron cientos de otras OSC, alegando motivos como la «falta de renovación de los órganos de gobierno». Al 11 de junio de 2026, al menos 1.174 OSC habían sido suspendidas o disueltas.

Las organizaciones sindicales y religiosas tampoco se salvaron de esas medidas. El 26 de mayo de 2026, el ministro de Administración Territorial emitió una orden por la que se suspendía, por un periodo renovable de tres meses, la mayor organización estudiantil del país (Union générale des étudiants burkinabè, UGEB), bajo acusaciones de «apología del terrorismo». La suspensión se produjo tras una declaración de la UGEB en la que criticaba la gestión del Gobierno en materia de seguridad y la persistente inseguridad en el país. La Coordination des jeunes musulmans du Burkina (CJMB) y la Asociación As Salam, ambas activas en ámbitos sociales, humanitarios y educativos, fueron suspendidas por presuntos actos de «alteración del orden público» o por haber realizado actividades que no se ajustaban a sus objetivos.

Más allá de la disolución y suspensión de OSC y asociaciones, las autoridades militares adoptaron leyes y reglamentos restrictivos, entre ellos el Código de las Personas y de la Familia de 2025, que tipifica como delito las relaciones entre personas del mismo sexo y otorga a las autoridades la facultad de revocar la ciudadanía a toda persona que se considere que actúa en contra de los intereses del Estado. Además, las OSC están ahora obligadas a obtener un «visado estadístico» antes de realizar investigaciones y a mantener cuentas de efectivo en el Banco de Depósitos del Tesoro, controlado por el Estado.

En enero de 2026, el Gobierno de Burkina Faso disolvió oficialmente todos los partidos políticos, señalando que la decisión formaba parte de los esfuerzos para «reconstruir el Estado» y afirmando que la «proliferación de partidos políticos ha dado lugar a excesos, fomentando la división entre la ciudadanía y debilitando el tejido social». El decreto de disolución derogó todas las leyes que regulaban los partidos políticos y exigía a los partidos transferir sus bienes al Estado. Las actividades de los partidos políticos permanecían suspendidas desde el 30 de septiembre de 2022.

En los últimos años, varios medios de comunicación fueron suspendidos por el organismo regulador nacional de los medios, el Consejo Superior de la Comunicación (CSC), como consecuencia de su cobertura, en particular sobre la situación de seguridad. El 5 de mayo de 2026, el CSC suspendió por tiempo indefinido al canal de televisión francés TV5 Monde, alegando que su cobertura incluía «desinformación» y «apología del terrorismo», debido, entre otros motivos, al uso de imágenes amateur no verificadas y a que destacaba «la supuesta destreza de los grupos terroristas». El medio de comunicación ya había sido suspendido anteriormente en abril y junio de 2024.

Ecuador

Ecuador permanece en nuestra Lista de Vigilancia debido al deterioro continuo y acelerado del espacio cívico. Personas defensoras del ambiente y de los derechos humanos, activistas anticorrupción, organizaciones de la sociedad civil y periodistas continúan enfrentando violencia, criminalización e intimidación en el contexto de una crisis de seguridad cada vez más profunda. La reiterada utilización de estados de excepción y la declaración de un “conflicto armado interno” han ampliado, sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas, el papel de las Fuerzas Armadas en la respuesta estatal en tareas de seguridad pública. Este proceso se desarrolla en un contexto marcado por denuncias de graves violaciones de derechos humanos y por el debilitamiento del Estado de derecho.

Más recientemente, el 18 de junio de 2026, el presidente Daniel Noboa promulgó el Decreto Ejecutivo No. 424, mediante el cual volvió a invocar la existencia de un “conflicto armado interno” en todo el país. El decreto amplía las facultades de las fuerzas de seguridad para actuar frente a amenazas definidas de manera amplia e imprecisa y contempla mecanismos de inmunidad, indulto y conmutación de penas que podría incrementar el riesgo de abusos e impunidad. Posteriormente, el 14 de julio de 2026, el Decreto Ejecutivo No. 448 adoptó el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 como política pública. La amplitud y vaguedad del concepto de “extremismo violento” que incorpora el plan podría facilitar la vigilancia, infiltración, estigmatización y criminalización de organizaciones indígenas, sindicatos, movimientos estudiantiles y personas que ejerzan su derecho a la protesta pacífica. Asimismo, podría ampliar las facultades de control estatal sobre las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, sin suficientes garantías frente a actuaciones arbitrarias.

En este escenario, los ataques letales contra personas defensoras de derechos humanos continúan siendo motivo de preocupación. El asesinato del defensor ambiental Manuel Cabrera en febrero de 2026, presuntamente relacionado con su oposición a proyectos mineros, y la muerte violenta de la defensora ambiental y anticorrupción Monika Silva en junio evidencian los altos niveles de riesgo que enfrentan quienes defienden el ambiente, la naturaleza y el territorio o denuncian actos de corrupción. Ambos casos ocurrieron tras un 2025 particularmente letal, durante el cual Front Line Defenders documentó al menos siete asesinatos de personas defensoras en Ecuador.

La criminalización, la estigmatización y la intimidación continúan utilizándose para restringir la libertad de asociación de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos. Un ejemplo de ello es la detención arbitraria del defensor ambiental Javier Yánez Coronel en junio de 2026, durante un operativo policial en Puerto Quito, provincia de Pichincha.

De acuerdo con la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, el operativo presuntamente se llevó a cabo sin orden judicial y estuvo marcado por violaciones al debido proceso. Posteriormente, fue sometido a un proceso penal y presentado públicamente por la Policía Nacional, a través de sus canales oficiales en redes sociales, como una persona vinculada con el crimen organizado. Aunque fue absuelto en primera instancia a mediados de julio de 2026, las autoridades aún no habían adoptado medidas para reparar las violaciones cometidas en su contra. El caso refleja cómo los operativos de seguridad se intersectan con conflictos socioambientales y territoriales, exponiendo a las personas defensoras a procesos de criminalización y estigmatización.

Estas tácticas no se limitan a casos individuales, sino que también afectan a comunidades que recurren a los tribunales para proteger sus territorios y los derechos de la naturaleza frente a proyectos extractivos. Durante el procedimiento de acción de protección relacionada con el proyecto minero de cobre y oro Curipamba-El Domo, operado por una empresa canadiense, las comunidades de Las Naves, San Luis Pambil and Zapotal y sus representantes legales de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) denunciaron diversos actos de intimidación. Entre ellos, la toma de fotografías sin justificación por parte de agentes policiales a personas que participaban en una vigilia pacífica, la vigilancia reiterada mediante drones durante manifestaciones pacíficas y amenazas en redes sociales.

La presión se extendió a CEDHU: en vísperas de la primera audiencia, celebrada en junio de 2026, varias personas favorables al proyecto pidieron públicamente a las autoridades investigar a la organización y sus fuentes de financiamiento. El momento en que se realizaron estos llamados, inmediatamente antes de la audiencia, y el contexto más amplio de la Ley de Transparencia Social de 2025 (véase párrafo siguiente) estos llamados generaron preocupación por el posible uso de mecanismos regulatorios para estigmatizar e intimidar. Desde 2021, organizaciones de derechos humanos han documentado un patrón creciente de criminalización e intimidación contra las comunidades afectadas, situación que también fue señalada por Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas en 2024.

Las autoridades han continuado imponiendo medidas financieras arbitrarias contra organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en junio de 2026, la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) denunció el congelamiento de sus cuentas bancarias institucionales sin notificación previa ni información suficiente sobre el fundamento jurídico, el procedimiento aplicable o la duración de la medida. Según la organización, el congelamiento se sustentó en informes de inteligencia confidenciales a los que no ha tenido acceso, lo que le ha impedido controvertir las acusaciones formuladas en su contra.La medida forma parte de un patrón más amplio de criminalización contra organizaciones indígenas tras el paro nacional de 2025, en el que al menos 30 de sus integrantes enfrentan procesos penales por su participación en esas protestas. Desde septiembre de 2025 varias organizaciones han visto congeladas sus cuentas bancarias en aplicación de las disposiciones de la Ley Orgánica de Transparencia Social de 2025, en el marco de presuntas investigaciones por lavado de activos realizadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Estas medidas generan preocupación por su potencial impacto sobre el ejercicio de la libertad de asociación y el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil.

Las y los periodistas continúan enfrentando riesgos, con seis asesinatos documentados en 2025, el año más letal para la prensa del que se tiene registro en Ecuador. Este entorno hostil se ha mantenido durante 2026, particularmente para quienes investigan casos de corrupción. Según Fundamedios, las autoridades fueron responsables de casi la mitad de los ataques contra la libertad de expresión documentados entre enero y junio de 2026. El 19 de junio de 2026, el periodista de investigación Hernán Higuera, de Ecuavisa, anunció que dejaría de investigar el caso Progen, uno de los mayores casos de corrupción de los últimos años en Ecuador, y denunció que, como consecuencia de sus investigaciones, su esposa fue desvinculada de un cargo en el sector público y su hijo perdió su plaza de residencia médica en un hospital público.

El 30 de junio de 2026, la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, entidad dependiente de la Presidencia, anunció el inicio de acciones civiles y penales contra GRANASA, empresa editora de Diario Expreso y Diario Extra, dos de los periódicos privados de mayor circulación del país. Las detalladas acusaciones de irregularidades financieras contra GRANASA, analizadas en el contexto de la presión documentada contra medios críticos, generan preocupación por su posible efecto inhibidor. El anuncio se produjo meses después de que la empresa fuera sometida a una intervención de la Superintendencia de Compañías en febrero de 2026.

Georgia

Georgia sigue en la lista de vigilancia del CIVICUS Monitor, ya que la crisis política que comenzó a finales de 2024 continúa deteriorando el espacio cívico a un ritmo alarmante. La crisis se desencadenó tras el giro abrupto del Gobierno respecto al proceso de adhesión a la Unión Europea, lo que provocó protestas sociales masivas que fueron reprimidas con violencia, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de grupos de individuos violentos enmascarados presuntamente vinculados al Gobierno. Desde entonces, en un intento por sofocar el descontento público persistente, las autoridades georgianas han adoptado una serie de leyes represivas dirigidas contra la financiación extranjera de la sociedad civil y los medios de comunicación, y que criminalizan las protestas pacíficas. Estas leyes están siendo aplicadas con consecuencias devastadoras: manifestantes están siendo encarcelados y sancionados con multas impagables, las críticas a políticos y figuras públicas son objeto de procesos judiciales acelerados y la sociedad civil enfrenta un colapso financiero.

A finales de mayo de 2026, un manifestante de 61 años se convirtió en la primera persona en recibir una condena penal únicamente por ejercer su derecho a la protesta pacífica, tras ser declarado culpable de bloquear repetidamente carreteras. Fue condenado a nueve meses de prisión, después de haber pasado ya siete meses en detención preventiva. La condena se basó en las modificaciones a la legislación sobre protestas adoptadas en respuesta a las movilizaciones masivas contra el Gobierno, que introdujeron responsabilidad penal y penas de prisión de hasta dos años por infracciones reiteradas relacionadas con protestas, entre ellas obstruir el desplazamiento de peatones, cubrirse el rostro o desobedecer a un agente de policía. A finales de junio, un segundo manifestante procesado en virtud de estas disposiciones recibió una condena de tres meses de prisión, que ya había cumplido, junto con una pena de prisión suspendida de un año en el marco de un acuerdo de reconocimiento de culpabilidad.

Durante mayo y junio, los tribunales dictaron sentencias contra más de 60 personas acusadas en relación con las protestas sociales y los enfrentamientos del 4 de octubre de 2025. Los disturbios, que coincidieron con las elecciones municipales, estallaron después de que algunas figuras políticas y públicas de la oposición llamaran a una «revolución pacífica». Los manifestantes intentaron entrar en el Palacio Presidencial, pero fueron repelidos por la policía antidisturbios. De las personas acusadas, 29, entre ellas presuntas personas organizadoras de las protestas y participantes en ellas, recibieron penas de prisión de varios años por organizar o participar en «violencia grupal», «incitación contra el orden constitucional» e «intento de tomar instalaciones de importancia estratégica». Otras personas recibieron condenas parcialmente o totalmente suspendidas mediante acuerdos de reconocimiento de culpabilidad. Una mujer manifestante condenada a siete años de prisión por «organizar violencia grupal» denunció haber sufrido malos tratos y acoso sexual en prisión, y afirmó que había intentado suicidarse debido a su encarcelamiento y que posteriormente la administración penitenciaria la sancionó con una multa por ello. Un médico de 72 años, quien afirma que únicamente estaba prestando asistencia médica a los manifestantes durante los enfrentamientos con la policía, fue condenado a cinco años de prisión.

Además de las penas de prisión, los manifestantes también enfrentan multas draconianas. Según informes, una persona que fue condenada a siete años de prisión en relación con los hechos del 4 de octubre ha acumulado multas por un total de 270.000 USD por bloquear carreteras durante las protestas. En abril, varias personas denunciaron que sus cuentas bancarias habían sido embargadas por multas relacionadas con las protestas, cuya imposición no les había sido notificada previamente, por montos de decenas de miles de dólares estadounidenses por persona.

Las autoridades también están ampliando su represión contra la expresión en línea. Desde el 1 de junio de 2026, se creó un nuevo departamento dentro del Ministerio del Interior encargado de vigilar las declaraciones públicas y perseguir aquellas consideradas como «insultantes para la dignidad humana y que contienen discursos de odio». Dado que esta medida se produjo tras las modificaciones legislativas de 2025 que convirtieron en una infracción administrativa los insultos dirigidos contra funcionarios públicos, organizaciones independientes de vigilancia advirtieron rápidamente del riesgo de que esta nueva unidad fuera utilizada para perseguir a personas críticas del Gobierno. En efecto, el departamento, encargado de iniciar «de manera proactiva» procedimientos basados en comentarios realizados en redes sociales, sin que la persona presuntamente afectada deba presentar una denuncia, ha permitido a las autoridades reprimir a gran escala las declaraciones públicas críticas hacia políticos y figuras públicas. Durante su primer mes de funcionamiento, el departamento ya había remitido 150 casos a los tribunales, y ya se habían registrado varios casos en los que los tribunales impusieron multas superiores a 1.000 USD por insultos dirigidos contra figuras políticas. Según informes de prensa, los tribunales de toda Georgia están tramitando varios casos de este tipo cada día, y algunas audiencias duran apenas unos minutos.

Paralelamente, las crecientes restricciones impuestas desde 2024 a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación financiados con fondos extranjeros han paralizado sus actividades. En virtud de una ley aprobada en marzo de 2026, cualquier financiación procedente del extranjero que se considere destinada a «ejercer influencia» sobre las políticas públicas, independientemente de su monto, debe contar con la autorización del Gobierno, bajo pena de prisión.

India

La situación del espacio cívico ha seguido deteriorándose durante el tercer mandato del primer ministro Narendra Modi.

Las personas defensoras de derechos humanos continúan siendo perseguidas. En marzo de 2026, once activistas —entre ellas estudiantes, personas defensoras de los derechos laborales y activistas contra los desplazamientos forzados— fueron detenidos por agentes de la Policía de Delhi vestidos de civil, sin órdenes de detención ni notificación a sus familias. Mientras permanecían bajo custodia policial, algunas de las personas estudiantes activitas fueron sometidas a tortura o malos tratos.

En abril de 2026, la Agencia Nacional de Investigación (NIA) reanudó la persecución contra personas defensoras de derechos humanos en el prolongado caso de Bhima Koregaon, varias de las cuales ya habían pasado años en detención preventiva en virtud de la draconiana Ley de Prevención de Actividades Ilícitas (UAPA), antes de ser puestas en libertad bajo fianza. El caso involucra a 16 activistas, abogados y académicos detenidos por presuntos vínculos con grupos «maoístas» tras una concentración multitudinaria celebrada en Bhima Koregaon, en el estado de Maharashtra, en diciembre de 2017. En enero de 2026, funcionarios de la NIA acudieron al Club de Prensa de Mumbai para investigar una reunión de estos activistas celebrada en sus instalaciones y solicitaron la revocación de su libertad bajo fianza.

En junio de 2026, los activistas Umar Khalid y Sharjeel Imam volvieron a ver rechazada su solicitud de libertad bajo fianza. Permanecen detenidos en virtud de la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas (UAPA) desde 2020, en el marco de un caso de presunta conspiración relacionado con los disturbios de Delhi de febrero de 2020. En julio de 2026, el defensor de los derechos indígenas Pranab Doley fue detenido por hacer campaña contra los planes de construir un hotel de cinco estrellas cerca del Parque Nacional de Kaziranga, en terrenos sobre los que los pueblos adivasi (indígenas) tienen derechos.

Las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía durante las protestas sociales han continuado. En abril de 2026, la policía fue acusada de hacer un uso excesivo de la fuerza durante una protesta de trabajadores y trabajadoras de una fábrica en Noida, en el estado de Uttar Pradesh, convocada para denunciar los bajos salarios y las deficientes condiciones laborales. Posteriormente, la policía detuvo a más de 300 personas, entre ellas al menos siete activistas. El 20 de julio de 2026, la policía utilizó gases lacrimógenos y suspendió los servicios de internet móvil para dispersar una protesta del Partido Popular de las Cucarachas (Cockroach Janta Party, CJP), un movimiento de protesta liderado por jóvenes que exige reformas en materia de educación y empleo.

Los periodistas también han sido objeto de ataques en 2026. En febrero de 2026, el periodista de investigación Ravi Nair fue condenado a un año de prisión por difamación en relación con publicaciones en redes sociales críticas con el Grupo Adani, una empresa multinacional. En abril de 2026, las oficinas del diario Asomiya Pratidin fueron atacadas tras unas declaraciones del ministro principal del estado de Assam en las que criticó al periódico. Ese mismo mes, la policía abrió una investigación contra el medio de comunicación digital TeluguScribe en aplicación de la legislación antiterrorista.

En abril de 2026, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) advirtió que las modificaciones propuestas a las Normas de Tecnología de la Información de India de 2021, conocidas como «Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code» —un marco normativo que regula los contenidos en línea— otorgarían a las autoridades amplios poderes para censurar a periodistas independientes.

En julio de 2026, las autoridades prohibieron la proyección de la película Satluj, que narra la vida del activista Jaswant Singh Khalra en el estado de Punjab en las décadas de 1980 y 1990, apenas 48 horas después de su estreno, invocando las Normas de Tecnología de la Información.