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El presidente decreta el estado de emergencia para combatir el aumento de la delincuencia

Miembros de la comunidad huaorani se manifiestan frente a la Corte Constitucional, octubre de 2021. Frankln Jacome/ Agencia Press South/ Getty Images.

El 18 de octubre de 2021, el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción durante sesenta días para luchar contra al aumento de la delincuencia y la violencia en el país. El presidente afirmó que militares y policías saldrían a las calles para garantizar la seguridad. El anuncio se produjo después de una masacre sobrecogedora en una cárcel que se saldó con más de un centenar de muertos a finales de septiembre de 2021. Según ciertos análisis, la tasa de homicidios en Ecuador ha aumentado a medida que las bandas competían por el control de las rutas del narcotráfico.

El estado de excepción otorga a las autoridades la facultad de restringir la libertad de movimiento, reunión y asociación. Sin embargo, los manifestantes han seguido movilizándose incluso bajo estas circunstancias (véase Reunión pacífica). Tras el anuncio del estado de excepción, la Defensoría del Pueblo publicó un comunicado en el que exhortó a las autoridades a tener cuidado y a evitar que se vulneren los derechos humanos durante el estado de excepción.

Asociación

Amenazas y ataques contra el pueblo Shuar Arutam

En agosto de 2021, el Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam y otras 137 organizaciones publicaron una carta abierta en la que denunciaron las amenazas y la violencia contra Josefina Tunki, presidenta de Pueblo Shuar Arutam (PSHA), así como la escalada del conflicto entre las comunidades indígenas de la Cordillera del Cóndor y las empresas mineras. Según las organizaciones, las empresas mineras obtuvieron concesiones en la mayor parte del territorio del pueblo Shuar Arutam, sin que se respetara el derecho de las comunidades indígenas a un consentimiento libre, previo e informado.

También expresaron su preocupación por los abusos cometidos por la empresa canadiense Solaris Resources Inc., propietaria del proyecto Warintza, al cual se oponen las comunidades desde hace más de trece años. En la carta, el Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam afirma que la empresa ha fomentado la división dentro de la comunidad, actos de intimidación y amenazas de muerte contra Josefina Tunki.

El 9 de septiembre de 2021, y a la luz de estas informaciones, las organizaciones de la sociedad civil de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y el colectivo antiminería Caminantes publicaron una denuncia pública exigiendo que se respete el derecho del pueblo Shuar Arutam a la autodeterminación. También recordaron que a principios de septiembre, cuando comenzaron las obras para la construcción de infraestructuras, se produjo una escalada de tensión y violencia que puso en peligro la integridad física de las comunidades en riesgo en la región, en especial, la de la comunidad de Maikiuants.

Defensores del medioambiente condenados a pagar 151 000 USD a la agroindustria

El 13 de septiembre de 2021, cuatro campesinos afrodescendientes y defensores del medioambiente fueron condenados a pagar 151 000 USD a la empresa Energy & Palma, que gestiona una plantación de palma aceitera en la provincia de Esmeraldas. La empresa alegó que una marcha pacífica en la comuna de Barranquilla de San Javier de Cachaví en 2019 provocó pérdidas en la cosecha de ese año. El juez Fernando Saldarriaga de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón de San Lorenzo falló a favor de la empresa en una demanda en la que inicialmente se pedían más de 300 000 USD en concepto de indemnización.

Los líderes de esta comuna afroecuatoriana se han opuesto a la presencia de Energy & Palma alegando que la empresa ocupó parte de su territorio mediante un proceso poco transparente. Los defensores también afirman que las actividades de la empresa han provocado la deforestación del Bosque del Chocó y la contaminación de las fuentes de agua, y esto, a su vez, ha afectado a los recursos medioambientales de los que dependen los miembros de la comuna.

Las comunidades indígenas demandan al Gobierno para que detenga las prospecciones petrolera

El 18 de octubre de 2021, varias comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana presentaron una demanda contra el Gobierno con el fin detener los planes del presidente Guillermo Lasso, quien busca aumentar la extracción de petróleo en el país. Estas comunidades defienden que los proyectos de expansión forman parte de una "política de muerte." Tras un largo viaje desde sus comunidades en lo profundo de la selva amazónica, cientos de jóvenes, mayores y líderes indígenas llegaron a Quito el día en que se presentó la demanda. Los líderes indígenas piden a la Corte Constitucional que anule el Decreto Ejecutivo N.º 95, el cual busca duplicar la producción de petróleo del país hasta alcanzar un millón de barriles al día mediante la desregulación de los procesos operativos de la industria del gas y del petróleo. Las comunidades indígenas también planean presentar otra demanda para paralizar la aplicación de otro decreto que facilitaría la atribución de concesiones mineras.

"Al Gobierno ecuatoriano solo le interesan los recursos de nuestros territorios," aseguró el líder huaorani Nemonte Nenquimo en declaraciones fuera de la Corte. "Somos nosotros quienes decidimos cómo gestionar nuestro territorio y nunca permitiremos que las empresas petroleras o mineras entren, destruyan nuestro hogar y maten nuestra cultura."

La CONAIE exige la amnistía para 260 líderes sociales

El 21 de septiembre de 2021, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) presentó ante la Asamblea Nacional una lista de 260 líderes y manifestantes detenidos y pidió que se los amnistiara y pusiera en libertad. La mayoría de los detenidos son personas que se sumaron a las manifestaciones multitudinarias de octubre de 2019 y líderes indígenas y ecologistas que se han opuesto a la minería en la parroquia de Buenos Aires.

Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, señaló que estas personas fueron criminalizadas por su militantismo y que el sistema judicial no debe usarse para intimidar, sino para garantizar derechos. También pidió a los legisladores que apoyen la solicitud de amnistía en el marco de un esfuerzo de reconciliación.

Asimismo, cabe destacar que el 2 de octubre de 2021, la dirigente indígena Carmen Tiupul, vicepresidenta de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich), fue condenada a una pena de dos años de prisión y al pago cinco mil dólares en concepto de reparación por la "paralización de servicios públicos." La Fiscalía la acusó de participar en la toma de un edificio gubernamental durante las manifestaciones de 2019.

Reunión pacífica

Huelga de hambre de profesores

En julio de 2021, decenas de profesores de la Unión Nacional de Educadores (UNE) se declararon en huelga de hambre para exigir la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que aprobaron los legisladores en marzo de ese mismo año. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) impugnó la constitucionalidad de la ley, que reforma el sistema educativo del país, ante la Corte Constitucional.

Miembros de la UNE de cuatro provincias comenzaron la huelga el 12 de julio de 2021 y más tarde se les unieron ochenta profesores de once provincias. Su movilización concluyó el 2 de agosto de 2021, después de que la Corte Constitucional fallara a favor de la reforma educativa. Sin embargo, la Corte pidió a la Asamblea Nacional que revise los artículos sobre los salarios y la jubilación de los educadores, ya que no tienen en cuenta la viabilidad fiscal.

La UNE publicó un tuit en el que celebró la decisión y afirmó: "Luego de treinta y dos días de huelga de hambre, ¡triunfamos! Toda la LOEI es constitucional. Ganaron los alumnos, los maestros, los padres y la comunidad educativa." El sindicato también hizo un llamado a todos los sectores para que permanezcan unidos y vigilantes hasta la aplicación de la ley.

Militarización de La Merced de Buenos Aires por la oposición a la minería

El 2 de agosto de 2021, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos alertó de la presencia de militares y policías en la parroquia rural de La Merced de Buenos Aires, una situación que compromete el derecho a la protesta y a la resistencia pacífica de su población. Según la coalición, no se comunicó ninguna justificación oficial para la militarización y los grupos de la sociedad civil temen que sea una respuesta a la oposición de la comunidad a la minería.

Desde 2020, los habitantes de La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura, han denunciado que la concesión minera Imba para la extracción de cobre es ilegal e ilegítima puesto que no se consultó a la comunidad. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, las personas defensoras del medioambiente y de los derechos humanos de la parroquia protestaron durante más de sesenta días contra las actividades mineras de Hanrine. La Alianza publicó una alerta en la que afirmó que hay al menos siete investigaciones penales en curso contra miembros de la comunidad y un asambleísta.

Manifestaciones contra las políticas del Gobierno

El 15 de septiembre de 2021, miles de personas salieron a las calles de Quito para protestar contra las políticas del Gobierno del presidente Guillermo Lasso. Entre otros colectivos, la movilización reunió a sindicatos, comunidades indígenas, movimientos estudiantiles y de trabajadores rurales que pidieron medidas para satisfacer las necesidades más apremiantes de la población y para garantizar sus derechos básicos. Estos grupos plantearon diversas reivindicaciones, entre ellas, que se aplique la reforma educativa y que se abandonen las tentativas para cambiar la legislación laboral y las políticas que conducen a un aumento del precio de los combustibles.

Durante la movilización los manifestantes se congregaron cerca del edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con el fin de marchar hasta la plaza de Santo Domingo. Al día siguiente, el 16 de septiembre de 2021, la ministra de Gobierno Alexandra Vela se reunió con representantes sindicales para iniciar un proceso de diálogo con los movimientos sociales.

Diversas organizaciones indígenas y movimientos sociales convocaron manifestaciones similares el 26 de octubre de 2021 para protestar por la subida del precio de los combustibles. Los manifestantes bloquearon carreteras en cinco provincias y se documentaron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden en Quito. Aunque las manifestaciones fueron mayoritariamente pacíficas, la policía uso gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de manifestantes de la capital que presuntamente habían cometido actos de vandalismo. La Defensoría del Pueblo señaló haber recibido información sobre el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes en la provincia de Imbabura. También declaró que estaba siguiendo los casos de los líderes indígenas detenidos en Pujilí, Cotopaxi, y de un periodista a quien agredió la policía mientras cubría los actos de protesta. Las autoridades gubernamentales informaron que dieciocho personas fueron detenidas por bloquear carreteras.

Expresión

Ataques y amenazas contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación

El grupo defensor de la libertad de la prensa Fundamedios registró treinta y cuatro violaciones de las libertades de expresión y de prensa entre agosto y septiembre de 2021. Entre estas destacan las agresiones físicas, las amenazas, los procesos judiciales, las restricciones al espacio cívico en internet y los obstáculos al acceso a la información. Se registraron ataques en línea contra el medio de comunicación Fundación Mil Hojas, cuya página web no estuvo disponible durante varios días, y contra el Consejo de la Comunicación, cuyos sistemas habrían sido infectados por un programa malicioso.

Asimismo, el 11 de agosto de 2021, el corresponsal de Teleamazonas en Morona Santiago y director de las plataformas periodísticas Conectados y Verificado Wilson Cabrera fue objeto de amenazas por WhatsApp. El periodista recibió un mensaje intimidatorio junto con el vídeo de una persona cargando una pistola, al parecer con munición real. Según Fundamedios, dicha amenaza estaba relacionada con el robo de un vehículo que Cabrera había denunciado.

Por otra parte, el Comité para la Protección de los Periodistas informó de que la periodista Virginia Suárez, que cubre la política local de la ciudad de Ventanas para el medio de comunicación digital Digital Vir's, recibió amenazas de muerte el 24 de agosto de 2021. Suárez relató que estaba presentando un programa en directo y entrevistando a vecinos de la localidad, quienes se quejaban de plan de las autoridades locales para expropiar terrenos para ampliar el cementerio; fue entonces cuando un comentarista le escribió: "Has de querer que te encuentren a ti también ahí, en el cementerio, con la trompa abierta llena de moscas." Días después encontró una nota en la ventanilla de su vehículo con una amenaza similar. La periodista aseguró haber denunciado los hechos ante las autoridades.

El 25 de agosto de 2021 el domicilio del periodista Mario Pinto de MP Noticias fue objeto de un ataque con un artefacto explosivo. Según los vecinos, un individuo en bicicleta se acercó a la vivienda del periodista y lanzó un taco de dinamita al balcón. El comunicador habría padecido a un ataque similar en 2020.

En septiembre de 2021, el grupo de medios de comunicación El Comercio despidió a por lo menos cincuenta empleados, entre ellos, periodistas que habían trabajado en sus publicaciones durante más de diez años. Según Fundamedios, la situación financiera del grupo ha provocado que muchos de los trabajadores despedidos no hayan recibido sus liquidaciones y que algunas personas que aún trabajan en el grupo no hayan recibido sus sueldos completos.

Debate sobre la reforma de la ley de comunicación

Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, el 27 de mayo de 2021, el presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional un proyecto legislativo para la redacción de la nueva Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación. Varias organizaciones sociales advirtieron de que el proyecto de ley supondría un retroceso en derechos, ya que promueve una noción individualista de la libertad de expresión.

En agosto de 2021, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional decidió unificar el proyecto de ley del Gobierno con otra propuesta legislativa sobre la libertad de expresión que habían presentado los legisladores junto con la organización de la sociedad civil Fundamedios. Los miembros de la Comisión afirmaron que ambos proyectos de ley son complementarios y que trabajarán en la redacción de una propuesta que los unifique.

Además de estas propuestas, en agosto de 2021 los legisladores recibieron otros tres proyectos de ley para reformar la actual Ley Orgánica de Comunicación: una propuesta impulsada por el sector de los medios comunitarios y presentada por el Frente Amplio por una Comunicación Democrática, Comunitaria y Ciudadana; la propuesta de Marcela Priscila Holguín Naranjo, experiodista y asambleísta de Alianza UNES; y un tercer proyecto liderado por medios de comunicación privados y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión(AER).

Según OBSERVACOM, los puntos clave de la reforma legislativa son la discusión sobre la regulación o autorregulación del sector, el mantenimiento del Consejo de Comunicación, las garantías para la protección de los periodistas, el derecho a réplica y rectificación, y el porcentaje del espectro radioeléctrico que se reservará para los medios comunitarios.