Watchlist ES
Septiembre Lista de Vigilancia 2023
Última actualización: 21 de septiembre de 2023 -La nueva lista de vigilancia del CIVICUS Monitor pone de manifiesto profundas preocupaciones por el ejercicio de las libertades cívicas en Bangladés, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos y Senegal.
La lista de vigilancia destaca los países en los que se ha producido un deterioro grave y rápido del espacio cívico, según la evaluación de CIVICUS Monitor y de personas asociadas de investigación con el asesoramiento de personas defensoras de derechos humanos y activistas.
En las próximas semanas y meses, el CIVICUS Monitor seguirá de cerca los acontecimientos en cada uno de estos países en el marco de los esfuerzos necesarios para aumentar la presión sobre los Gobiernos. CIVICUS hace un llamamiento a estos Gobiernos para que hagan todo cuanto esté en sus manos para poner fin, de inmediato, a las medidas represivas en curso y para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos.
A continuación, encontrará una descripción de las violaciones del espacio cívico que se producen en cada país. Si desea hacernos llegar información sobre el espacio cívico de alguno de estos países, por favor, escribanos a monitor@civicus.org.
En vísperas de las elecciones presidenciales previstas para febrero de 2024, las autoridades han aumentado la represión contra la oposición y los disidentes, incluidos periodistas y activistas, mientras que las violaciones del espacio cívico se han multiplicado.
El enjuiciamiento del popular líder de la oposición Ousmane Sonko desató manifestaciones y disturbios en un contexto marcado por una fuerte tensión política. La oposición cree que su encausamiento podría deberse a motivos políticos. Sonko fue detenido a finales de julio de 2023 y acusado de fomentar una insurrección durante las manifestaciones mortales de junio de 2023. Además, las autoridades disolvieron del PASTEF, su partido político.
Hasta el 4 de julio de 2023, el actual presidente Macky Sall se negó a decir si se presentaría a un tercer mandato, más allá del límite de dos mandatos presidenciales establecido en la Constitución de Senegal. Aunque el presidente Sall decidió finalmente no presentarse a un tercer mandato, el procesamiento judicial del popular líder de la oposición y alcalde de Zinguinchor, Ousmane Sonko, percibido por la oposición como motivado políticamente, desató protestas y disturbios, que las autoridades y las fuerzas de seguridad reprimieron con dureza. Sonko fue detenido a finales de julio de 2023 acusado de fomentar una insurrección y atentar contra la seguridad del Estado, entre otros cargos, en relación con las mortíferas protestas de junio de 2023 y marzo de 2021, mientras que su partido político PASTEF (Parti Patriotes Africaines du Sénégal pour le Travail, l'Ethique et la Fraternité) fue disuelto por las autoridades.
En los últimos meses, se han intensificado las violaciones del espacio cívico, como el uso excesivo de la fuerza y de medios letales durante las manifestaciones de la oposición, los asesinatos durante actos de protesta, las detenciones arbitrarias de periodistas, la suspensión de medios de comunicación, la disolución del partido de la oposición PASTEF y las restricciones de acceso a Internet y a redes sociales, como TikTok, que fue suspendida.
La represión de la oposición, los activistas y críticos se ha exacerbado en vísperas de las elecciones nacionales en enero de 2024.
Desde principios de 2023, las autoridades han intensificado la persecución del Partido Nacionalista de Bangladesh (PNB), una formación en la oposición. Sus partidarios han sido objeto de miles de acusaciones falsas y las fuerzas del orden se han servido de ellas para allanar los domicilios de personas pertenecientes a la oposición, en lo que parece ser un claro caso de intimidación y de acoso político. Además, las manifestaciones de la oposición han sido objeto de restricciones y de un uso excesivo de la fuerza, como el empleo de gases lacrimógenos y de munición real.
El Gobierno también ha intensificado el acoso contra las personas defensoras de los derechos humanos. También aceleró las vistas de las causas contra los activistas Adilur Rahman Khan y ASM Nasiruddin Elan del grupo defensor de los derechos humanos Odhikar, quienes fueron condenados a dos años de prisión. Habían sufrido diez años de acoso judicial por la publicación, en 2013, de un informe sobre ejecuciones extrajudiciales. El Gobierno también lanzó una campaña de difamación en contra de su trabajo.
Asimismo, las autoridades han multiplicado sus esfuerzos para silenciar a los medios de comunicación mediante la censura, la detención arbitraria de periodistas y el acoso judicial. Los medios de comunicación críticos han sido cerrados, difamados y atacados, y los parientes de periodistas en el exilio han sido blanco de ataques. A esto se le añade la impunidad por los asesinatos y los secuestros de periodistas.
Además, la Digital Security Act (DSA), una ley draconiana que contiene disposiciones muy generales y ambiguas, y que otorga a las autoridades amplios poderes para vigilar el ciberespacio, es utilizada a menudo contra críticos y periodistas digitales, y pronto será reemplazada por la Cyber Security Act, que mantiene la mayoría de las disposiciones represivas de la DSA.
El Gobierno sigue utilizando la práctica de las desapariciones forzadas para reprimir los movimientos políticos y silenciar a la disidencia, creando así un clima de miedo en el país.
Las amenazas secesionistas de la República Serbia de Bosnia, una de las dos entidades constitutivas del país, desataron la actual crisis política que vive Bosnia y Herzegovina y que provocado que aumente la presión sobre la sociedad civil y los medios de comunicación en ese territorio; no obstante, esta situación también amenaza el espacio cívico del resto del país. La crisis alcanzó su punto álgido en junio de 2023, cuando el Parlamento de la República Serbia de Bosnia aprobó una leyque rechaza la autoridad del Tribunal Constitucional federal.
El presidente de la República Serbia de Bosnia Milorad Dodik afirmó que la medida busca “purgar Bosnia y Herzegovina de la influencia extranjera” y ha defendido una serie de proyectos de ley destinados a silenciar a los disidentes. Entre ellas figura un proyecto de ley sobre “agentes extranjeros”, el cual prohíbe a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación sin ánimo de lucro financiados desde el extranjero participar en “actividades políticas”, so pena de cierre o de acciones penales. También ha defendido varias enmiendas “draconianas” que reintroducen la difamación en la legislación penal. Estas medidas han suscitado duras críticas de la sociedad civil, las asociaciones de periodistas yorganizaciones internacionales. Al mismo tiempo, las instituciones de la República Serbia de Bosnia no han logrado proteger a los militantes LGBTQI+ del aumento de la violencia.
En paralelo a los acontecimientos en la República Serbia de Bosnia, la sociedad civil ha advertido de sucesos preocupantes a nivel nacional, como la introducción de enmiendas restrictivas a la ley de acceso a la información por parte del Gobierno federal en abril de 2023. La violencia y las amenazas contra los periodistas son habituales en todo el país y los activistas ecologistas sufren presiones de empresas privadas.
La incesante ofensiva contra el espacio cívico sigue siendo motivo de profunda preocupación. Esta se materializa mediante la persecución de personas defensoras de los derechos humanos, la promulgación de leyes represivas y el uso del sistema penal para tomar represalias de forma sistemática contra quienes defienden los derechos humanos.
Mientras que el país se prepara para acoger la 28.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023, el CIVICUS Monitor, el Gulf Centre for Human Rights y otros grupos de la sociedad civil siguen documentando continuas restricciones al espacio cívico y poniendo de manifiesto la represión que sufre el país. Las organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por los 58 presos de conciencia que permanecen en prisión, a pesar de haber cumplido su condena. Además, la tortura se sigue practicando de forma generalizada tanto en las prisiones como en los centros de detención, incluso contra quienes defienden los derechos humanos. Los activistas y las personas críticas al gobierno siguen siendo padeciendo ataques sistemáticos por parte de las autoridades en represalia por su labor pacífica a favor de los derechos humanos. Asimismo, la ley sobre la ciberdelincuencia de 2022, criminaliza la labor de los periodistas, los denunciantes de irregularidades, los activistas y los críticos pacíficos con el fin de silenciar a los disidentes.
Las OSC también han expresado su preocupación en cuanto a la capacidad de la sociedad civil para participar de forma significativa en esta importante cita o para criticarla, en un contexto cada vez más represivo y punitivo; así como sobre la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para defender eficazmente la justicia climática en el país anfitrión dado su triste historial en materia de derechos humanos.
El país se encuentra inmerso en una preocupante crisis debido a la violencia política, la cual se agudizó a raíz del asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio durante la clausura de un mitin electoral en Quito. La inseguridad ha provocado un aumento de las agresiones contra los periodistas y las figuras políticas corren el riesgo de sufrir ataques violentos, dos factores que demuestran el deterioro del espacio cívico en Ecuador.
El marco para el ejercicio de la libertad de expresión es cada día más hostil y se han documentado casos de ciberacoso, de agresiones y de ataques, entre otros. Tres periodistas fueron asesinados en 2022 y, en 2023, grupos del crimen organizado siguen profiriendo amenazas de muerte. Hasta la primera vuelta de las elecciones presidenciales en agosto de 2023, se habían documentado 29 agresiones, principalmente a periodistas, candidatos políticos y medios de comunicación.
Por lo menos cinco periodistas tuvieron que huir del país en los últimos meses debido al aumento de la violencia durante el 2023. Hasta agosto de ese año, se habían documentado 175 agresiones. En el 2022, el país alcanzó el triste hito de 356 ataques, la cifra más elevada desde 2018.
A la espera de las elecciones nacionales de octubre de 2023, las organizaciones de la sociedad civil siguen preocupadas por el nivel de violencia del crimen organizado y han criticado al Gobierno por su inacción a la hora de establecer los mecanismos necesarios para proteger a quienes ejercen la libertad de expresión de forma activa.