En Ecuador, el peligro acecha a las personas defensoras del medioambiente

En los últimos meses de 2022, Ecuador afrontó una espiral de violencia provocada por el crimen organizado y el narcotráfico. En 2022, se registraron 4603 muertes violentas, lo que supone un aumento del 82,5 % con respecto a 2021. El hacinamiento y la falta de control estatal sobre el sistema penitenciario provocaron motines que se saldaron con varias muertes.

Por otro lado, el 5 de febrero de 2023, más de diez millones de personas participaron en las elecciones seccionales para elegir a alcaldes y concejales, entre otros cargos públicos. También se celebró un referendo promovido por el Gobierno del presidente Guillermo Lasso en el cual los votantes tuvieron que posicionarse sobre ciertas políticas nacionales. Las ocho preguntas del plebiscito buscaban reformar la Constitución en diversos ámbitos, entre ellos, la seguridad pública, las instituciones democráticas y la gobernanza medioambiental. Los electores rechazaron las ocho propuestas y dieron victorias importantes a los partidos de la oposición en las elecciones seccionales.

Libertad de asociación

Ejecutan a defensores de los derechos humanos

El 22 de octubre de 2022, la defensora del medioambiente Alba Bermeo de 24 años fue asesinada a tiros en Azuay; estaba embarazada de cinco meses. Según grupos de la sociedad civil ecuatoriana, el ataque se produjo después de que un grupo de personas intentara extraer oro de forma ilegal de una mina cercana a Molleturo. La defensora se encontraba en un vehículo cuando atacantes no identificados le dispararon. Fue el tercer ataque con armas de fuego en un mes contra los moradores de la parroquia de Molleturo, cuyos defensores locales se oponen a la minería ilegal. Anteriormente, ya habían sido agredidas otras dos defensoras y había sido incendiado un centro comunitario.

Por otro lado, el 26 de febrero de 2023, fue asesinado a tiros en su domicilio en Sucumbíos el defensor indígena cofán Eduardo Mendúa Vargas. Se encargaba de las relaciones institucionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y había presidido la comunidad cofán de Dureno. Líderes indígenas afirmaron que la petrolera estatal Petroecuador era la responsable de la creación de un clima de violencia contra los defensores indígenas y las comunidades que se oponen a actividades extractivas.

Absuelven al ciberactivista Ola Bini

El 31 de enero de 2023, un tribunal formado por tres jueces absolvió por unanimidad al defensor de la privacidad y la seguridad en Internet Ola Bini, tras un proceso judicial de casi cuatro años que estuvo empañado de irregularidades. Como ya informamos desde el CIVICUS Monitor, Bini fue detenido en abril de 2019 sin que se precisaran qué cargos se le imputaban. Posteriormente, fue acusado de acceder de forma ilegal al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para extraer información de Petroecuador y de la Secretaría Nacional de Inteligencia. En su fallo, el tribunal de Pichincha aseguró que los fiscales no presentaron pruebas de delito alguno. Durante el juicio, tanto los peritos de la acusación como los de la defensa coincidieron en que las pruebas principales que aportaron los fiscales no demostraron que se hubiera producido un acceso no autorizado a ningún sistema.

A pesar de haber sido absuelto, a marzo de 2023, Beni no ha sido autorizado a salir del país ni a usar sus cuentas bancarias ni a recuperar ninguno de los dispositivos que le fueron incautados en 2019. La Fiscalía y la CNT anunciaron que apelarían la decisión una vez se haya notificado formalmente la sentencia.

Alerta conjunta para los pueblos awá en la frontera con Colombia

En marzo de 2023, la Defensoría del Pueblo de Colombia y Ecuador emitieron por primera vez una alerta temprana conjunta en la que advirtieron de las amenazas de grupos armados ilegales a las comunidades awá fronterizas. Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, destacó el intento de asesinato de un líder awá en Nariño, cerca de la frontera con Ecuador.

Reunión pacífica

Detienen a un militante trans durante una manifestación

El 3 de diciembre de 2022, la policía detuvo al militante conocido como Sebastián durante una movilización por los derechos de las personas trans en el Mercado del Río, en el interior de Malecón 2000, en Guayaquil. Cuando la policía lo detuvo, Sebastián participaba el Plantón Drag, una manifestación contra la discriminación que sufre la población trans en Ecuador. Al parecer, antes de su detención, agentes de policía intentaron poner fin a la protesta alegando que los manifestantes necesitaban un permiso. Más tarde, los agentes volvieron a interrumpir la concentración, insultando a las personas LGBTQIA+ presentes y acosando a una militante que estaba filmando lo que estaba sucediendo.

Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH.GYE), la policía no siguió los protocolos ni durante el arresto ni durante la detención del defensor, que permaneció incomunicado durante doce horas. El grupo afirmó la detención fue arbitraria e ilegal por estos motivos. La CDH.GYE y la Fundación Mujer&Mujer prestaron asistencia jurídica a Sebastián. Tras labores de mediación, Sebastián fue puesto en libertad y la Policía Nacional se disculpó públicamente. Ambas partes renunciaron a su derecho a presentar denuncias por el incidente.

Comunidades se oponen a la minería y la extracción de petróleo

El 25 de diciembre de 2022, los indígenas huaorani de la comunidad de Dicaro iniciaron una protesta pacífica contra la extracción de petróleo en su territorio y los consiguientes daños medioambientales. Los manifestantes aseguraron que las actividades de EP Petroecuador en su territorio se han llevado a cabo haciendo caso omiso de su derecho a un consentimiento libre, previo e informado. También montaron barricadas en la comunidad.

Dicaro es una de las comunidades indígenas asentadas en las inmediaciones de instalaciones petrolíferas dentro del Parque Nacional Yasuní, provincia de Orellana. La comunidad cuenta con unos trescientos miembros y no entró en contacto con el resto del mundo hasta los años cincuenta, cuando la industria petrolera comenzó a explotar su territorio. Los manifestantes indígenas denunciaron que la industria extractiva ha contaminado las aguas de la localidad, perturbado su suministro de alimentos y alterado su modo de vida.

El 12 de febrero de 2023, la comunidad publicó un comunicado en el que advirtió de que EP Petroecuador había llevado a cabo una campaña de difamación para deslegitimar su protesta. La empresa acusó a los manifestantes de perpetrar actos de sabotaje y vandalismo, y amenazó con emprender acciones legales contra ellos. Los manifestantes indígenas revelaron que el Gobierno de Orellana también había enviado amenazas a miembros de la comunidad.

Por otro lado, la CONAIE denunció que la empresa minera Hanrine intentó instalar ilegalmente un campamento en el sector El Triunfo de la parroquia La Merced Buenos Aires, Imbabura, el 24 de enero de 2023. Al parecer, fuerzas policiales y militares facilitaron la entrada a personal de la empresa. La acción desembocó en enfrentamientos que se saldaron con varios heridos por disparos de balas de goma. Algunas personas recibieron golpes y por lo menos tres fueron detenidas. Los trabajadores de la mina se vieron obligados a retirarse después de que el representante del Defensor del Pueblo de Imbabura comprobara que no disponían de la documentación necesaria para establecer el campamento.

Libertad de expresión

Asesinan a un periodista en El Oro

El 13 de noviembre de 2022, fue hallado el cuerpo sin vida del periodista César Henry Vivanco en su domicilio de Huaquillas, provincia de El Oro. Según las primeras pesquisas policiales, el asesinato se produjo unas cuarenta y ocho horas antes de que se encontrara el cadáver. El grupo de la sociedad civil Fundamedios indicó que los familiares que encontraron el cuerpo del periodista observaron que presentaba signos de tortura. La formación también explicó que Vivanco era conocido en El Oro por haber denunciado un caso de fraude en un concurso de belleza local.

Agresiones a periodistas y medios de comunicación

En noviembre de 2022, Lojano Jhon Lafebre, periodista del medio digital Lo del momento Loja, denunció ante el Consejo de Comunicación diversos ataques contra él desde cuentas de funcionarios del Municipio de Loja. Lafebre relató que fue blanco de ataques tras revelar irregularidades en el ayuntamiento y exigir la destitución del alcalde.

El 24 de diciembre de 2022, en Portoviejo, provincia de Manabí, dos individuos a bordo de una motocicleta dispararon contra la vivienda de Andrés Solórzano, propietario de Radio Sono Onda. Solórzano explicó que su domicilio y la sede de la emisora se encuentran en el mismo edificio. Tres disparos alcanzaron un vehículo que estaba aparcado frente al inmueble y que el personal de la radio suele usar para desplazamientos profesionales. Los comunicadores de la emisora habían recibido amenazas unos meses antes de que se produjera el atentado.

El 30 de diciembre de 2022, el legislador y experiodista Fernando Villavicencio amenazó al periodista Carlos Vera con denunciarlo por difamación. En Twitter, Villavicencio acusó a Vera de difundir información falsa sobre su familia en 2019 e insinuó que un exasesor del Gobierno pagó a Vera para que lo hiciera.

El 9 de enero de 2023, el periodista Esteban Ávila de Radio Redonda recibió mensajes amenazantes por unos comentarios que había hecho en Twitter. Los remitentes conminaban a Ávila a borrar las publicaciones que había escrito sobre la presunta responsabilidad de la policía en un feminicidio, asegurando que estaba desprestigiando a la “noble institución policial”.

En enero de 2023, el periodista Andersson Boscán de La Posta fue víctima de amenazas y actos de acoso. Después de que el medio publicara una serie de noticias sobre casos de corrupción en empresas públicas, sus oficinas de Quito y otros edificios amanecieron con grafitis en los que se podía leer “Boscán, ¿te encantan los narcos?”. El periodista hizo saber que varias de sus fuentes recibieron amenazas dirigidas hacia él.

Por otro lado, en enero de 2023, la periodista Sofía Montoya de Radio Pichincha recibió varias llamadas y mensajes amenazantes después de que un candidato a la Prefectura de Pichincha publicara su número de teléfono celular en redes sociales.

El 6 de febrero de 2023, un grupo de simpatizantes de Lista 5 atacó la vivienda del periodista Juan Alcívar después de que su candidato ganara una elección en La Concordia, Santo Domingo de los Tsáchilas. El grupo lanzó piedras contra el domicilio y gritó “perro”, “vendido”, “ya vas a ver cómo te vamos a sacar corriendo”, entre otros insultos. Alcívar trabaja para el medio digital JAR TV. Fundamedios explicó que simpatizantes de Lista 5 difundieron memes en los que acusaron a Alcívar y JAR TV de favorecer a otro candidato.

Obstrucción de la labor periodística durante las elecciones

Varios medios de comunicación y periodistas denunciaron dificultades para cubrir las elecciones seccionales y acceder a los colegios electorales el 5 de febrero de 2023. Un corresponsal de Teleamazonas en la provincia de Morona Santiago aseveró que un oficial del ejército le impidió grabar desde el exterior de un colegio electoral. Asimismo, un miembro del Consejo Nacional Electoral insultó a dos periodistas de Revista Criterios y los obligó a abandonar un recinto electoral en Quito. A los periodistas de Aldía también se les impidió cubrir el recuento de votos en Los Ríos.

De modo similar, a la periodista de Expreso Lourdes Guadamud también se le impidió acceder las oficinas de la Delegación Provincial del Guayas del Consejo Nacional Electoral el 20 de febrero de 2023. Guadamud refirió que un agente de policía intentó intimidarla cuando trataba de cubrir la entrega de una notificación judicial por unas acusaciones de fraude electoral.

Agresiones sexistas a mujeres periodistas

En enero de 2023, tres mujeres periodistas sufrieron agresiones sexistas debido a su labor. El 3 de enero de 2023, Washington Vallejo, candidato a la Prefectura de Morona Santiago, hizo comentarios sexistas sobre la periodista Alexandra Mera durante una entrevista. Vallejo se molestó cuando Mera cuestionó algunas de sus afirmaciones y empezó a insultarla.

Asimismo, el 11 de enero, Jacobo Bucaram acosó por Twitter a la periodista Dayanna Monroy. Cuestionó su profesionalismo y lanzó insultos sexistas y agresivos contra ella. Miembros de la familia Bucaram han acosado a Monroy por informar sobre un presunto caso de corrupción en el que estaría implicado el hijo del expresidente Abdalá Bucaram.

Por otro lado, el 27 de enero, Víctor Manuel González, alcalde de Zamora y candidato a la reelección, insultó a la periodista Ana Lucía Freire de Zeta Radio durante una entrevista en el marco de su campaña electoral.

Difamación

El 14 de febrero de 2023, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador (SEGCOM) publicó un comunicado oficial en el que afirmó que algunos periodistas y un medio de comunicación habían “violando la libertad de expresión” al difundir informaciones falsas para crear el caos. Fundamedios condenó el discurso del Gobierno y aseguró que era “inaceptable e impropio”. El grupo señaló que la SEGCOM y el presidente Lasso ya habían hecho otras declaraciones similares estigmatizando la labor de la prensa.

Medios de comunicación reciben cartas bomba

En marzo de 2023, cinco medios de comunicación de Guayaquil y Quito recibieron sendas cartas bombas. Las misivas estaban destinadas a los canales de televisión Ecuavisa, Teleamazonas y TC Televisión; la emisora de radio EXA FM y un comentarista de noticias independiente. Todos ellos recibieron sobres manila enviados por mensajería desde Quinsaloma. En su interior, había memorias USB y mensajes amenazantes.

El 16 de marzo de 2023, el periodista de Ecuavisa Lenin Artieda sufrió heridas leves después de que uno de esos dispositivos explotara al insertar la memoria USB en su computadora. La explosión tuvo lugar en la redacción de Ecuavisa TV en Guayaquil. La Fiscalía General anunció que había abierto una investigación por terrorismo. Las asociaciones de prensa denunciaron el atentado y pidieron medidas al Gobierno para garantizar la seguridad de los periodistas.