Contexto
A pesar de la prolongación del estado de alarma la tasa de infección por coronavirus en España sigue aumentando a un ritmo creciente. El 12 de marzo de 2020 España se convirtió en el segundo país europeo con el mayor número de casos de COVID-19. La ministra de Salud Carolina Darias explicó que el país se encuentra en el inicio de la cuarta ola de la pandemia. Asimismo, reconoció que los esfuerzos para «salvar la Navidad» durante la tercera ola de diciembre fueron un error que provocó un fuerte repunte de casos.
Reunión pacífica
La justicia catalana vuelve a encarcelar a los líderes independentistas
Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, en diciembre de 2020 el Tribunal Supremo revocó el tercer grado penitenciario que había concedido el Gobierno catalán a varios de los líderes separatistas encarcelados de Cataluña. Este régimen permite que los presos abandonen la cárcel durante varias horas al día y que puedan pasar los fines de semana en sus domicilios. A pesar de la decisión del Supremo, en enero de 2021 el Gobierno catalán decidió volver otorgarles el tercer grado. Sin embargo, tras un recurso de la Fiscalía el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirmó la postura del Supremo en diciembre de 2020 y estimó que la concesión del tercer grado había sido «precipitada» y «prematura».
Por consiguiente, el 9 de marzo de 2021 los nueve líderes de la tentativa independentista catalana de 2017 volvieron a la cárcel para cumplir sus condenas en segundo grado, esto es, en el régimen ordinario.
Por su parte el líder del intento de secesión de 2017, el ex primer ministro catalán Carles Puigdemont, aún permanece en Bélgica. A principios de marzo de 2021 el Parlamento Europeo votó para levantar la inmunidad de la que gozaba Puigdemont en su calidad de eurodiputado. Una vez desprovisto de su inmunidad parlamentaria, Puigdemont podría ser extraditado a España en un futuro próximo.
Madrid prohibió todas manifestaciones del Día de la Mujer
En previsión de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, las autoridades de Madrid prohibieron las concentraciones programadas para el 7 y 8 de marzo de 2021 por motivos de salud pública, denegando así las 104 solicitudes que se habían formalizado para tal fin. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, criticó la actuación de las autoridades:
«La prohibición generalizada de todas las concentraciones y manifestaciones con motivo del 8M en Madrid es una limitación desproporcionada al derecho de reunión pacífica establecido en el derecho internacional. Cada petición debe evaluarse individualmente. Las autoridades deben realizar una evaluación caso por caso, que contemple qué medidas pueden adoptarse para prevenir contagios, sin necesidad de prohibir la manifestación en su totalidad».
A pesar de esto, El País señaló que cincuenta mujeres se manifestaron en Madrid de todos modos mientras que unas aplaudían desde sus balcones y ventanas, y otras recorrían en bicicleta las principales calles de la ciudad. No hay información sobre detenciones, casos de brutalidad policial contra las manifestantes o multas por el incumplimiento de las normas contra la COVID-19. En Barcelona miles de mujeres se manifestaron exhibiendo pancartas en las que se podía leer mensajes como «¡Respeta mi existencia o espera resistencia!». Sin embargo, la manifestación se interrumpió cuando un hombre roció con gas pimienta a cinco mujeres que participaban en el evento antes de ser detenido por la policía.
Asamblea Ciudadana por el Clima
El 26 de marzo de 2021 Extinction Rebellion España formó una cadena humana frente a las oficinas de los Ministerios de Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030 para exigir la creación de una Asamblea Ciudadana por el Clima.
«Queremos una asamblea ciudadana en la que hablemos de las cosas importantes que ahora mismo están afectando nuestra vida, y estas tienen mucho que ver con la crisis ambiental que estamos viviendo», expresó Javier de la Casa de Extinction Rebellion mientras los manifestantes bloqueaban una calle.
Hora y media después la policía comenzó a desalojar por la fuerza a los manifestantes que habían formado la cadena humana. Ya que estaban unidos por tubos, la policía tuvo que levantar a los manifestantes para poder apartarlos.
Activists of @xrmadrid_ stick themselves together and block traffic in #Madrid during a protest demanding actions against #ClimateChange
📷 https://t.co/ygADFDq4YN#AsambleaCiudadana #CrisisClimática #ClimateAction @esXrebellion pic.twitter.com/GqT1TUx61p
— Marcos del Mazo (@MarcosdelMazo) March 26, 2021
Libertad de expresión
Encarcelan a músico español por sus letras contra el Estado
El 27 de febrero de 2021 estallaron manifestaciones en toda España por la reciente detención del rapero español Pablo Rivadulla, más conocido como Pablo Hasél. El músico fue detenido y condenado a nueve meses de prisión por ensalzar a los grupos terroristas ETA y GRAPO en 2018, y por insultar a la Corona y a las instituciones del Estado en Twitter y en una canción que publicó en YouTube. En un principio Hasél había sido condenado a dos años de prisión, pero posteriormente fueron reducidos a nueve meses.
«El encarcelamiento de Pablo Hasél por sus letras y tuits es un ejemplo más del silencio que imponen las autoridades españolas a los artistas. Las democracias no encarcelan a los poetas, incluso cuando sus palabras resultan inquietantes o incómodas. Sorprende que España lo haya hecho. Nunca se ha de criminalizar una expresión pacífica, incluso cuando parezca insultante o irrespetuosa. Las autoridades españolas deben liberar a Pablo Hasél de inmediato», defendió Salil Tripathi, presidente del Comité de Escritores en Prisión de PEN International.
Tras la detención del rapero estallaron manifestaciones cada noche durante una semana. Se produjeron múltiples enfrentamientos, tiendas y edificios resultaron dañados, y más de un centenar de personas fueron detenidas. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denunció que hubo «un uso desproporcionado de la fuerza, un uso injustificado del bastón policial extensible, el empleo de la defensa de dotación —más conocida como porra— cerca de menores y el arrastre de una persona por el suelo» durante algunas de las detenciones que se produjeron en Linares.
William Aitken, uno de los manifestantes, permaneció en prisión más de un mes después de ser detenido y fue puesto en libertad en marzo de 2021 debido a que hay «no existen pruebas suficientes que justifiquen su permanencia en prisión antes del juicio».
Protests against the arrest of rapper Pablo Hasel have gripped Spain, with dozens arrested during clashes with police https://t.co/q1lYv2Igwu pic.twitter.com/8NNBmIy012
— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 19, 2021
También se alertó que la policía golpeó con sus porras a varios periodistas que cubrían la manifestaciones en Valencia, a pesar de que era fácil identificarlos como miembros de la prensa. Además, el 21 de febrero de 2021 un manifestante agredió físicamente a un fotoperiodista que cubría una manifestación. La Unió de Periodistes Valencians (UPV) condenó «la actuación policial desproporcionada» contra los periodistas.
«En este caso, al menos dos compañeros de À Punt y València Extra, a los que damos todo nuestro apoyo, han denunciado públicamente haber sufrido las cargas policiales, a pesar de haberse identificado como periodistas. Consideramos que son hechos inadmisibles que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana debe investigar».
La Comisión de Venecia concluye que España debe revisar la ley mordaza
Tras los sucesos relacionados con la detención de Pablo Hasél el 11 de marzo de 2021, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa Dunja Mijatović escribió una carta al ministro de Justicia español, Juan Carlos Campo, en la que urgió a las autoridades españolas a modificar el Código Penal y a reforzar las garantías existentes para el derecho a la libertad de expresión. Mijatović señaló que en los últimos años se ha impuesto un número creciente de condenas penales a artistas por letras controvertidas y otras actuaciones, y a militantes de las redes sociales por declaraciones consideradas ofensivas en virtud de diversas disposiciones del Código Penal. En su carta solicitó al ministro «información reciente que indique que su Gobierno tiene la intención de modificar algunos aspectos del Código Penal, en concreto el delito de enaltecimiento del terrorismo, para así garantizar una mejor protección de la libertad de expresión».
Spanish authorities should amend the Criminal Code to strengthen existing safeguards of the right to #FreedomofExpression
Read my exchange of letters with the Minister of Justice of #Spain @justiciagob @Jccampm https://t.co/UYA5hhOAm0— Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) March 22, 2021
En su respuesta el ministro Campo informó a la comisaria Mijatović que el Gobierno español ya está trabajando en este asunto:
«Aunque la propuesta que queremos presentar todavía está siendo objeto de estudio y su redacción no se ha terminado, sí que hemos anunciado los principales aspectos que nos gustaría revisar. En líneas generales, nuestro propósito es, por una parte, delimitar más claramente cuál es la conducta sancionada en estos delitos y, por otra, ajustar las penas a la gravedad de la conducta. Con ello pretendemos garantizar una mayor seguridad jurídica y evitar al mismo tiempo el denostado efecto de desaliento que podría llegar a producir sobre el ejercicio de un derecho tan importante como es la libertad de expresión».
En este contexto, en marzo de 2021 la Comisión de Venecia del Consejo de Europa adoptó un dictamen sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, en el que enfatizó su «potencial represivo».
Según la información que recopiló Amnistía Internacional España, del 14 de marzo al 23 de mayo de 2020, es decir, durante el primer estado de alarma, se presentaron más de un millón de denuncias por el uso indebido del artículo 36.6 de la ley mordaza sobre «la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones».
Agresiones contra periodistas
- Nietos del general Francisco han abierto causas civiles y penales contra varios periodistas y directores de medios españoles después de que informaran sobre la herencia y la riqueza del dictador español en julio de 2018. Entre los encausados se encuentran los directores de programas del canal de televisión Cuatro Juan Serrano y Lorena Correa; los periodistas Pablo de Miguel, Juan Carlos González y Carla Sanz; y los periodistas de investigación Mariano Sánchez Soler y Jorge Otero Bada. La familia Franco alega que la difusión de estas informaciones mancilló el honor y la imagen de su familia, y generó «un clima de hostilidad e incitó a la discriminación, el odio y la violencia» contra ellos.
- El 23 de enero de 2021, durante una manifestación en Madrid contra las medidas del Gobierno para combatir la epidemia de COVID-19, un equipo de La Sexta TV fue agredido verbalmente y se le impidió físicamente informar sobre el acto de protesta. Un manifestante roció la lente de una cámara con pintura negra con el fin de dañar el equipo de los periodistas.
- El 14 de febrero de 2021, durante las elecciones parlamentarias catalanas, pirómanos desconocidos vandalizaron dos instalaciones de Radiotelevisión Española (RTVE) en Cataluña. Los daños causados por el fuego interrumpieron temporalmente las emisiones de radio y televisión de ese día. RTVE condenó esos actos vandálicos que «intentaron comprometer las telecomunicaciones en plena jornada electoral en Cataluña». Los hechos se encuentran bajo investigación policial.
- Durante las contramanifestaciones en respuesta al acto de campaña electoral de Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, los Mozos de Escuadra dispararon a quemarropa una salva sin proyectil al fotoperiodista Joan Gálvez. Cabe señalar que durante los hechos Gálvez llevaba un brazalete que lo identificaba como periodista y que no sufrió ninguna lesión.
- El 17 de marzo de 2021 varios militantes de Vox acosaron y agredieron verbalmente a los periodistas que informaban en vivo desde una supuesta rueda de prensa de este partido en Sevilla mientras grababan a la multitud y entrevistaban a los participantes. Algunos de estos militantes llamaron «puta» y «zorra» a la periodista Marta Maldonado del diario La Razón.
Avui a Salt l’agent BRIMO amb nop D3C445 s’ha apropat directament a mi per disparar-me una salva a la cara sent fotoperiodista degudament acreditat. Aquí les imatges on es pot observar com ve directament a per mi i TOTS els seus companys dirigeixen la mirada cap a mi. pic.twitter.com/WG4y2ePNCL
— Joan Gálvez Pausas (@joangalvezfoto) February 7, 2021