La policía irrumpe en un medio de comunicación y anuncia la investigación de una precandidata

El 20 de mayo de 2021, la policía nicaragüense notificó a Cristiana Chamorro, la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la apertura de una investigación contra ella y otros exdirectivos de la organización. Las autoridades del Ministerio del Interior aseguraron que los informes financieros de la fundación que van de 2015 a 2019 contenían presuntas "incoherencias" que apuntarían a operaciones de lavado de dinero. La policía citó a Chamorro y a varios miembros de su personal en el marco de la investigación. La fundación suspendió sus operaciones en febrero de 2021 tras negarse a registrarse según las disposiciones de la nueva ley de agentes extranjeros del país.

También el 20 de mayo, la policía de Managua irrumpió en las oficinas provisionales del Confidencial, un medio de comunicación dirigido por Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana Chamorro. Leonel Gutiérrez, un camarógrafo que estaba en el estudio, estuvo detenido durante unas siete horas. A otros periodistas que cubrían la operación policial también se los amenazó con detenerlos. Las antiguas oficinas del medio de comunicación ya habían sido objeto de un primer allanamiento y confiscación en diciembre de 2018, en el marco de una ofensiva contra la sociedad civil y los medios de comunicación independientes.

Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, denunció que estas acciones del Gobierno y las acusaciones contra ella son ataques con motivación política contra la democracia. Tal y como informó Associated Press, Chamorro es una de las posibles aspirantes a la presidencia en las elecciones que se celebrarán en noviembre de 2021. Las organizaciones de la sociedad civil, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su preocupación por el continuo acoso gubernamental contra los periodistas, la sociedad civil y los miembros de la oposición política.

🚨El gobierno nicaragüense ofreció una imagen tergiversada de la realidad el pasado 6 de mayo ante la @CorteIDH al negar agresiones y hostigamientos contra organizaciones y personas defensoras de #DDHH.
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— IM-Defensoras (@IM_Defensoras) May 12, 2021

Por otra parte, el 6 de mayo de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia pública sobre la aplicación de las medidas provisionales concedidas a los miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dos organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, en lugar de rendir cuentas por las acciones que se han tomado para garantizar los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos, el representante diplomático de Nicaragua los estigmatizó aún más y acusó a los defensores de tergiversar su situación ante la Corte y de participar en actividades delictivas destinadas a desestabilizar el país.

Las organizaciones de la sociedad civil IM-Defensoras, Unidad de Registro (UDR) y Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) respondieron mediante la publicación de un comunicado en el que informaron que habían registrado 916 casos de acoso contra personas defensoras de los derechos humanos, expresos políticos y sus familias entre noviembre de 2020 y abril de 2021. Estas organizaciones señalaron que el Estado nicaragüense ha dado una versión distorsionada de la realidad al negar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la existencia y el carácter sistemático de los actos de acoso y de otras agresiones perpetradas por la policía y grupos progubernamentales.

Por otra parte, Presas y Presos Nicaragua, un grupo de derechos humanos que trabaja en casos de presos políticos, publicó un informe sobre los sucesos que se registraron entre el 5 de marzo y el 7 de mayo de 2021. Según su labor de seguimiento, a finales de este periodo había 122 presos políticos en el país, de los cuales 112 fueron detenidos durante o después de abril de 2018. La organización señaló que los casos de detención de corta duración aumentaron en abril de 2021 a lo largo del tercer aniversario de la crisis política. Además, los presos políticos han seguido denunciando que padecen actos intimidatorios en los centros penitenciarios y que se imponen trabas a las visitas de familiares.

Expresión

#Nicaragua - Organizaciones defensoras de derechos humanos exigen cese de la represión contra voces críticas y periodistas @PEN_LAC @raceandequality @VDSorg @AMARCALC https://t.co/hMOyVfspXp

— IFEX ALC (@IFEXALC) May 22, 2021

El 3 de mayo de 2021, en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, varias organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron sobre el deterioro del espacio cívico y de la libertad de expresión en Nicaragua. En una declaración, la AMARC, el CPJ, IFEX, Voces del Sur y el Instituto sobre Raza, Igualdad y DD. HH. condenaron la persistente hostilidad hacia el periodismo en el Nicaragua. Las organizaciones han recibido quejas de periodistas a los que se ha sometido a un control excesivo y que han sido objeto de insultos y agresiones en el ejercicio de su labor. También denunciaron casos de abusos sexuales.

Las organizaciones pidieron al Gobierno que derogue las leyes restrictivas sobre delitos informáticos y agentes extranjeros, contrarias a las normas internacionales sobre libertad de expresión, y que garantice la seguridad de los periodistas y se abstenga de utilizar el aparato estatal y las fuerzas armadas para acosar y censurar a las voces críticas.

PEN International también publicó una declaración en la que recordó a los periodistas asesinados o agredidos mientras cubrían una noticia. La organización destacó el caso del periodista nicaragüense Kalúa Salazar de Radio La Costeñisima, quien ha sido víctima de actos de criminalización y de acoso policial por haber informado sobre la corrupción del Gobierno.

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