Vulneran los derechos de grupos indígenas que perdieron sus tierras y medios de sustento

La policía detuvo a un grupo de indígenas kichwa durante tres horas el 29 de septiembre de 2020. El grupo pretendía presentar una denuncia ante el Consejo de la Judicatura por las consecuencias de un derrame de crudo en los ríos de la Amazonía en abril de 2020. Dicho derrame afectó a las tierras y a las comunidades en las que viven más de 27 000 indígenas. La Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana indicó que la policía había intentado acusar a los indígenas de portar "armas letales y cortopunzantes" en referencia a las lanzas de madera que llevaban y que forman parte de sus símbolos culturales. Gracias a la intervención de los abogados que los acompañaban el grupo fue puesto en libertad y pudo presentar su denuncia.

La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador y las comunidades afectadas iniciaron el largo proceso para obtener una compensación por la pérdida de sus tierras y de sus medios de subsistencia debido a la contaminación de varias vías fluviales. Seis meses han transcurrido desde que iniciaron dicho proceso, sin embargo, las autoridades ecuatorianas y las empresas petroleras siguen sin responder a sus solicitudes hasta la fecha de redacción de la presente actualización.

Amnistían a veinte líderes indígenas

El 31 de julio de 2020 la Asamblea Nacional de Ecuador amnistió a veinte líderes indígenas de la comunidad de San Pedro del Cañar acusados de secuestro y extorsión. La Asamblea dictaminó que las acusaciones a las que se enfrentaban no podían resolverse en un tribunal nacional y procedió a la anulación de sus penas y a su puesta en libertad. Esta decisión reconoce que la legislación nacional protege el derecho de los pueblos indígenas a tomar decisiones basadas en tradiciones ancestrales dentro de sus comunidades.

Reunión pacífica

Policía emplea fuerza excesiva contra manifestantes

Respaldamos la lucha de más de 3000 médicos postgradistas en la exigencia de sus derechos y por un trabajo digno, repudio total al gobierno de @Lenin por reprimir a quienes salvan vidas en la pandemia. Las medidas neoliberales se radicalizan contra el pueblo. @postgradistasEC pic.twitter.com/WzZ1WARul7

— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 15, 2020

Los médicos ecuatorianos se declararon en huelga el 15 de septiembre de 2020 y marcharon por el centro de Quito para exigir que el Estado cumpla la Ley de Apoyo Humanitario de junio de 2020. Esta ley garantiza el pago de salarios y la firma de contratos laborales con los profesionales médicos. En Cuenca y Guayaquil se produjeron marchas similares. En Quito, antes de llegar al Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano, los manifestantes se enfrentaron la represión policial y los agentes antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes pacíficos.

Después de las manifestaciones el gobierno anunció que firmaría contratos de trabajo con los médicos y que pagaría salarios de forma retroactiva a partir de julio de 2020. Fausto Salinas, comandante de la Policía, pidió disculpas en su cuenta de Twitter a Santiago Zúñiga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, "por cualquier exceso" de la policía durante la manifestación.

Cientos de personas tomaron las calles el 16 de septiembre de 2020 para protestar contra los recortes presupuestarios y los despidos relacionados con las condiciones de acceso a un préstamo de 6 500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Los manifestantes se reunieron en varias zonas de Quito y desde allí marcharon hasta la sede del gobierno. En la Plaza de Santo Domingo, las fuerzas de seguridad usaron cañones de agua para dispersar a la multitud. Estas marchas habían sido organizadas por varias organizaciones, entre ellas el Frente Unitario de Trabajadores, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, el Frente en Defensa de la Educación Pública y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi.

Los manifestantes volvieron a marchar de forma pacífica por Quito el 1 de octubre de 2020 para protestar contra el desempleo y reivindicaron el mes de octubre como un mes de rebeldía y lucha.

"¡Octubre vive, la lucha sigue!"

La Conaie, junto a la Asociación de Víctimas del Paro Nacional Inocencio Tucumbi, ingresó una denuncia en la Fiscalía en contra de @Lenin.
La @CIDH en su informe sobre octubre 2019 concluyó que existió uso excesivo de la fuerza en la represión.https://t.co/oE40y7JJM9

— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 14, 2020

El 12 de octubre de 2020, un año después de los paros nacionales y de las manifestaciones multitudinarias, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador junto con la Asociación de Víctimas del Paro Nacional Inocencio Tucumbi denunciaron ante la Procuraduría General de la República al Estado ecuatoriano por crímenes de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos durante los once jornadas de manifestaciones de octubre de 2019.

Tras el registro de la denuncia, los familiares de los heridos y fallecidos durante las manifestaciones se reunieron en el parque del Arbolito para caminar por las mismas calles en las que los manifestantes se enfrentaron a la represión policial mientras coreaban "¡Octubre vive, la lucha sigue!".

La CONAIE declaró octubre como el "mes de la resistencia indígena y popular" y ratificó su "compromiso con la exigencia de verdad, justicia y reparación" por los sucesos de octubre de 2019.

Expresión

Múltiples casos de amenazas a periodistas

Entre julio y octubre de 2020 se documentaron varios actos contra periodistas que implicaron amenazas y otras violaciones. A continuación detallamos varios de ellos:

• Desde finales de julio de 2020 la periodista Carla Maldonado de Medios Públicos ha sido víctima de una campaña de difamación en Twitter. Según informó Fundamedios, Maldonado ha recibido insultos y ha sido objeto de lenguaje soez, comentarios denigrantes e incluso de caricaturas con su imagen en Twitter. Muchos de esos mensajes eran denigrantes e incluían insultos sexistas. Maldonado atribuye estos ataques a sus críticas en los casos de corrupción gubernamental. "Son ataques para desmoralizarme y para que salga del ruedo, pero pierden su tiempo", expresó a Fundamedios.
• El 7 de septiembre de 2020, la pareja del periodista Charly Castillo recibió un mensaje amenazante que decía: "Esto es solo un aviso. Sabemos quién eres, dónde vives y que tienes un bebé. El aviso es claro: tu hijo se va a quedar sin padre". Según informó Fundamedios, Castillo dijo que esta amenaza se produjo el mismo día que tuvo un roce con la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, por una publicación sobre el narcotráfico. De hecho, la exfuncionaria había pedido la retirada de dicha publicación.
• El 25 de septiembre de 2020 el periodista Darwin Eugenio de Coca Visión TV, de la provincia de Orellana, recibió una amenaza de muerte por WhatsApp. El reportero presentó una denuncia ante la Fiscalía de Orellana por un delito de intimidación.
• El 8 de octubre de 2020 el periodista Juan Sarmiento fue condenado a diez días de prisión por un presunto daño moral denunciado por un funcionario público por un reportaje de Sarmiento sobre la situación sanitaria en la provincia de Napo.
• Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente ecuatoriano, Abdalá Bucaram Ortiz, es investigado por la fiscalía por un escándalo de corrupción en torno a la venta de material médico al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Guayaquil. En sus cuentas en las redes sociales, Bucaram ha amenazado, insultado y descalificado el trabajo de varios periodistas que han informado sobre el escándalo.

Un informe de la coalición regional de libertad de prensa Voces del Sur advirtió que la mejora de la libertad de expresión en el país había perdido impulso y que se había producido un nuevo declive tras las manifestaciones de octubre de 2019. En 2019 se registraron 194 alertas por violaciones a las libertades fundamentales en el país, esto representa un aumento del 133 % con respecto a 2018. La mayoría de estas violaciones se produjeron entre octubre y diciembre, tanto durante como después del paro nacional. Dichas violaciones incluyeron varios ataques a las oficinas y las infraestructuras de los medios de comunicación. El informe señaló una reactivación de la histórica animosidad hacia los periodistas y los medios de comunicación, y afirmó que la creciente hostilidad hacia la prensa pone en peligro los modestos avances en materia de libertad de expresión del gobierno de Lenin Moreno.

Asociación

Detención injustificada de indígenas kichwa