En México, la vigilancia vuelve a ocupar el primer plano

Libertad de expresión

El 7 de marzo de 2023, el New York Times y el medio independiente mexicano Aristegui Noticias publicaron una investigación conjunta en la que desvelaron que las autoridades militares mexicanas se habían servido del programa de vigilancia Pegasus para espiar las conversaciones entre periodistas y el defensor de los derechos humanos Raymundo Ramos. Como informó el CIVICUS Monitor, las investigaciones que han llevado a cabo tanto la presa como la sociedad civil han demostrado el uso generalizado en México del programa Pegasus, el cual fue diseñado por la empresa israelí NSO Group para vigilar a periodistas, militantes y figuras políticas, entre otros. Según esta investigación, “documentos y entrevistas demostraron cómo los actos de espionaje han continuado durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador”.

Ambos medios revelaron que una unidad de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró un informe en 2020 en el que se detallaban las conversaciones que Ramos mantuvo con periodistas del diario El Universal sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales en Tamaulipas, Nuevo Laredo. En ese documento, la Secretaría acusaba a Ramos de intentar desacreditar a las fuerzas armadas. Grupos de la sociedad civil llevaron a cabo un análisis forense del teléfono de Ramos que demostró que lo espiaron con el programa Pegasus en numerosas ocasiones entre 2019 y 2020. Altos cargos del ejército presuntamente habrían participado en la operación de vigilancia contra Ramos.

El 10 de marzo de 2023, López Obrador negó que su Gobierno hubiera espiado a Ramos y alegó que “realizar labores de inteligencia” no es lo mismo que espiar. También dijo que no había hablado del caso de Ramos con los militares, pero aseguró que confiaba en ellos. Días después, los legisladores anunciaron la creación de una comisión federal para investigar las denuncias de abusos de los derechos humanos perpetrados por el ejército, entre ellos el uso de tecnología de espionaje.

Varias organizaciones no gubernamentales con presencia en México piden la intervención de mecanismos internacionales para obligar a las autoridades militares y civiles mexicanas a rendir cuentas por la utilización de programas espía. Luis Fernando García, director de la agrupación de defensa de los derechos digitales R3D, concluyó:

Encuentran el cadáver de un joven periodista

El 13 de febrero de 2023 fue hallado el cuerpo sin vida del periodista Abisaí Pérez Romero en el municipio de Tula, Hidalgo, donde investigaba el impacto socioambiental de unas labores de construcción en el Valle del Mezquital. Su desaparición había sido denunciada la víspera. Pérez estudió en la Universidad Autónoma de Ciudad de México, gestionaba un canal de YouTube llamado “El Perromero” y trabajaba para el medio de comunicación Son Politikón FM.

La Unesco señaló que Pérez también colaboraba con la plataforma Atlas of Environmental Justice y pidió a las autoridades que determinaran las circunstancias de su muerte e investigaran una posible relación con su labor periodística. Organizaciones de prensa destacaron sus recientes esfuerzos para investigar las instalaciones de tratamiento de aguas residuales del Valle del Mezquital, una infraestructura cuestionada por la población local.

Periodistas bajo amenazas

En febrero de 2023, dos reporteros del periódico El Popular supuestamente habría sido objeto de ataques y amenazas en varias ocasiones por hacer su trabajo. El 4 de febrero, Paulina Millán fue expulsada de una conferencia organizada por la empresa BHIP. El incidente se produjo después de que preguntara acerca de una alerta sanitaria oficial sobre algunos productos de la empresa. Millán relató que una persona se le acercó, la insultó y acusó a El Popular de difamación. En un momento dado, un grupo de hombres la rodeó y la obligó a borrar el material que había recopilado tanto antes como durante la conferencia, así como fotografías personales. Contó que se sintió amenazada y que temió que la siguieran una vez finalizado el acto.

Por otro lado, el 28 de febrero, una funcionaria pública amenazó por Internet a la periodista Carolina Fernández, después de que esta última publicara una columna sobre una allegada de dicha funcionaria. También acusó a Fernández y El Popular de difamación. Para agravar la situación, la funcionaria Verónica Vélez forma parte de la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Puebla.

El 9 de febrero de 2023, el medio digital El Portal de la Noticia recibió mensajes amenazantes por Internet en los que se aludía a su labor informativa. Su directora Águeda Barojas Ontiveros afirmó que el medio recibió por Facebook una amenaza que incluía imágenes perturbadoras. El remitente acusó al medio de trabajar con grupos criminales. Barojas cree que estas amenazas son una respuesta a su cobertura de la delincuencia y la corrupción locales.

El 24 de febrero de 2023, un periodista independiente habría sido detenido en Campeche tras intentar filmar a agentes de policía que lo amenazaron y lo acusaron falsamente de cometer una infracción de tráfico. Juan Pablo Cu explicó que lo esposaron, lo detuvieron y multaron. Los agentes también se incautaron de su motocicleta, si bien se la devolvieron al cabo de unos días. También se apoderaron de la moto de otro periodista que lo acompañaba, pero no lo detuvieron. Los hechos se produjeron después de que ambos periodistas abandonaran un acto organizado por el Gobierno del estado para conmemorar el Día Nacional de la Bandera.

El 25 de febrero de 2023, policías de Acuña habrían amenazado a la directora de 4pnoticias.com, quien se halla inscrita en el mecanismo federal de protección para periodistas. Gloria Ruíz afirmó que los agentes atacaron a sus guardaespaldas sin motivo mientras estaban sentados en un coche cerca de su vivienda. Ruíz aseguró que intentó ponerse en contacto con el mecanismo federal, pero no recibió respuesta a su petición de auxilio. Además, cuando intentaron denunciar los hechos, las autoridades locales se negaron a tomarles declaración. La víspera, Ruíz había publicado información sobre un suceso en el que estaba implicado el comisario local de seguridad pública.

Reunión pacífica

Protestas contra la reforma electoral

El 26 de febrero de 2023, miles de personas marcharon por las calles de Ciudad de México para protestar contra los cambios a la ley electoral promovidos por el presidente López Obrador. Como informó el Monitor CIVICUS, en 2022, el Gobierno presentó una propuesta para una reforma electoral que habría supuesto una restructuración de gran calado del Instituto Nacional Electoral (INE). Debido a la oposición al proyecto, el Gobierno tuvo que renunciar a una reforma más ambiciosa y presentar un plan alternativo a los legisladores. El 23 de febrero de 2023, el Senado aprobó una propuesta descafeinada, en la que seguían figurando recortes salariales y presupuestarios a las oficinas electorales locales, así como a la formación de los ciudadanos encargados de gestionar y vigilar las casillas electorales. En la propuesta, también se reducen las sanciones para los candidatos que no declaren sus gastos de campaña.

En febrero de 2023, tuvo lugar una movilización en la que los manifestantes iban vestidos mayoritariamente de blanco y rosa, los colores del INE, y corearon “¡Mi voto no se toca!”, entre otras consignas. Los manifestantes tienen la esperanza de que la Suprema Corte invalide algunas de las modificaciones, al igual que lo hicieron los tribunales con otras iniciativas presidenciales. Las autoridades gubernamentales expresaron públicamente su rechazo a las protestas. En marzo de 2023, la Suprema Corte suspendió temporalmente algunos artículos de la reforma electoral y confirmó que admitirá a trámite una demanda presentada por el INE.

Otras manifestaciones

A principios de febrero de 2023, los moradores de San Cristóbal de las Casas se manifestaron para exigir al Gobierno que proteja los ecosistemas acuáticos de la zona, en peligro por el cambio climático. Formaciones locales vienen organizándose desde hace años para defender los humedales de La Kisst y María Eugenia, así como su fauna. Los militantes afirmaron que la mitad de la población de Chiapas carece de acceso al agua y que los graves daños al medioambiente han empeorado el problema. “Las reparaciones climáticas deben de comenzar con un alto a la deforestación, las plantaciones de la palma africana y la expansión urbana que son las que están dañando a los humedales y ecosistemas que habitan en ellos”, defendió un militante.

Por otra parte, a finales de febrero de 2023, vecinos de Tamaulipas, Nuevo Laredo, protestaron por la presunta ejecución extrajudicial de cinco jóvenes a manos de militares. Les hechos se produjeron el 26 de febrero a la salida de un club nocturno. Los testigos aseveraron que las víctimas iban desarmadas y que los efectivos actuaron de forma temeraria. Los soldados alegaron que las víctimas no habían acatado sus órdenes.

Manifestaciones durante el Día de la Mujer

En marzo de 2023, decenas de miles de mujeres y simpatizantes se manifestaron en todo México con motivo del Día Internacional de la Mujer. En Ciudad de México, las mujeres marcharon por las calles mientras coreaban “¡Justicia!”, “¡Vivas nos queremos!” o “¡Amiga, hermana, si te pega no te ama!”, entre otras consignas. Muchas manifestantes llevaban prendas moradas, el color del movimiento feminista, mientras que otras llevaban pañuelos verdes para reivindicar el derecho al aborto legal. En Juárez, más de 10 000 personas participaron a una manifestación contra la violencia de género. Portaron pancartas en las que habían escrito los nombres de víctimas y mensajes de repulsa contra los miembros del Gobierno que no han puesto fin a la violencia. Las manifestantes exigieron al Gobierno que haga más para mantenerlas a salvo. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que 27 133 mujeres y niñas fueron asesinadas en México entre 2015 y 2022.

Libertad de asociación

En marzo de 2023, miembros del Gobierno afirmaron que existen “serias irregularidades” que obstaculizan la libertad de asociación y los derechos de negociación colectiva de los trabajadores de un fabricante de autopartes en Piedras Negras, una localidad fronteriza que linda con la ciudad estadounidense Eagle Pass, Texas. “Se determinó que existen serias irregularidades y acciones determinantes por parte de la empresa para obstaculizar el libre ejercicio de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva dentro de VU Manufacturing”, precisó el Gobierno mexicano en un comunicado. El Gobierno estadounidense reconoció haber recibido una petición de dos organizaciones sindicales en diciembre de 2022. En ella, las formaciones afirmaban que a los trabajadores de VU Manufacturing les estaban negando sus derechos. Las autoridades mexicanas anunciaron que iniciarían un periodo de consultas de diez días con sus homólogos estadounidenses para elaborar un plan de enmienda. Cabe destacar que en 2022 se hizo pública una denuncia similar de trabajadores de Piedras Negras contra VU Manufacturing.