Vilipendio contra miembros de la Corte Constitucional; nuevas leyes constriñen la sociedad civil; uso excesivo de la fuerza y criminalización de PDDHM en Las Naves

Esta actualización cubre los acontecimientos relacionados con las libertades de expresión, asociación y reunión ocurridos en Ecuador entre el 1 de junio y el 15 de agosto de 2025.

Contexto

La política de seguridad genera preocupación por los derechos de la infancia

La Asamblea Legislativa aprobó el Proyecto de Ley de Integridad Pública el 24 de junio y el presidente Daniel Noboa lo ratificó al día siguiente. Si bien la iniciativa se presentó como una medida para luchar contra la corrupción, el texto también reformó el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por ejemplo, la ley modificó el artículo 385 del Código de la Niñez y la Adolescencia y elevó la pena máxima de prisión para las personas menores, que pasa de ocho a quince años de prisión para los delitos cometidos durante un “conflicto armado interno” declarado.

Human Rights Watch advirtió que la ley pone en peligro los derechos y la protección de niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que han sido reclutados o utilizados por grupos delincuencia organizada. La organización también destacó que existe el riesgo de que los niños y las niñas de comunidades indígenas, afroecuatorianas o con bajos ingresos, que ya son desproporcionadamente vulnerables al reclutamiento por parte de grupos delictivos, sean también las más perjudicadas por estas medidas.

La nueva legislación se adoptó en un contexto de inseguridad creciente. La fragmentación de los grupos delictivos ha intensificado la competencia por los territorios y llevado la violencia a niveles récord. Según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, las disputas entre grupos rivales han dado lugar a extorsiones, asesinatos y desplazamientos forzosos. Las provincias costeras de Esmeraldas, Manabí, El Oro y Guayas han sido las más impactadas.

El país también ha registrado niveles sin precedentes de desplazamientos forzosos. En 2024, la violencia provocó el desplazamiento de 101 000 personas en todo el país, de las cuales 49 000 seguían desplazadas a finales de año, según el Consejo Noruego para los Refugiados. Actualmente, Ecuador es el tercer país de América Latina con más personas desplazadas internamente por conflictos o violencia, solo superado por Haití y Colombia.

En julio de 2025, las familias de personas desaparecidas en Ecuador testificaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Era la primera vez que el Estado se veía obligado a escuchar los relatos de las víctimas en un foro internacional. Las familias relataron cómo hombres jóvenes, en su mayoría menores de treinta años y procedentes de barrios marginalizados de la costa, fueron detenidos por el ejército durante operativos y nunca más se supo de ellos.

Citaron varios casos, entre ellos la desaparición de cuatro menores afroecuatorianos en el barrio de Las Malvinas de Guayaquil, en diciembre de 2024. Dieciséis miembros de la Fuerza Aérea presuntamente los detuvieron, torturaron y asesinaron; sus cuerpos fueron hallados semanas más tarde cerca de una base militar. Sus familias afirmaron que las Fuerzas Armadas ocultaron los registros de los operativos e invocaron motivos de “seguridad nacional” para evitar divulgarlos, tal y como reclamaba la Justicia.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil y otras organizaciones de la sociedad civil documentaron 33 casos de desaparición forzada tan solo en 2024. La Fiscalía General del Estado confirmó que se han abierto 31 investigaciones desde enero de 2024 ―aún en curso―, todas ellas presuntamente relacionadas con personal de las Fuerzas Armadas.

Durante la audiencia, la delegación estatal esbozó varias medidas institucionales recientes, entre ellas la creación de una unidad de la Fiscalía especializada en la investigación del uso ilegítimo de la fuerza, la coordinación con unidades policiales en casos de desapariciones y la provisión de servicios de asistencia psicosocial para las familias. La representación de las Fuerzas Armadas reiteró su política de “tolerancia cero” frente a las violaciones de derechos y señaló que se estaban impartiendo formaciones en materia de derechos humanos.

Pese a todo esto, es evidente que hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica. La sociedad civil explicó que las familias seguían encontrando obstáculos para acceder a información, obtener justicia y recibir protección frente a posibles represalias. Amnistía Internacional destacó que todos los casos que se analizaron presentaban elementos característicos de los casos de desaparición forzada según el derecho internacional, y alertó sobre la ineficacia de las investigaciones y los retrasos en la obtención de pruebas.

La Oficina Regional para América del Sur de la ACNUDH se hizo eco de estas preocupaciones y enfatizó que la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública debe seguir siendo excepcional y complementaria, y estar sujeta a supervisión civil. Advirtió de que las disposiciones del recién aprobado Proyecto de Ley de Solidaridad Nacional podrían socavar la rendición de cuentas.

Estas advertencias coinciden con las preocupaciones que planteó el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en febrero de 2025 en su informe CRC/C/ECU/CO/7, en el que instó al Estado ecuatoriano a luchar contra el “agravamiento del clima de temor” al que se enfrenta la infancia a medida que aumenta la violencia de las bandas. El Comité destacó el aumento de los homicidios de menores, el uso de las fuerzas militares para labores de seguridad pública y la declaración del estado de excepción y su impacto desproporcionado en los menores indígenas, afroecuatorianos y montubios. Recomendó la creación de un plan nacional para la prevención del reclutamiento, la incorporación de intervenciones tempranas en las escuelas y la puesta en marcha de nuevos programas para que los menores abandonen las bandas de forma segura.

También instó a que se reforme el Código Penal para tipificar como delito el reclutamiento por parte de bandas y presionó al Gobierno para que garantizara que políticas como el “Plan Fénix” respeten las normas internacionales de derechos humanos. Además de expresar sus inquietudes en cuestiones de seguridad, el Comité exhortó al Estado a que protegiera a las personas defensoras de los derechos humanos, evitara el uso excesivo de la fuerza durante las protestas y combatiera la discriminación sistémica que sufren los menores indígenas.

Condenan a un expresidente a trece años de prisión por malversación de fondos

El 30 de junio de 2025, la Corte Nacional de Justicia condenó al exvicepresidente Jorge Glas a trece años de prisión por peculado. Glas, figura clave en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, ya cumple condena en el centro penitenciario de máxima seguridad de La Roca por su participación en el escándalo de Odebrecht.

La Corte declaró a Glas y Carlos Bernal, exjefe de un comité de reconstrucción, culpables de desviar recursos destinados a labores de recuperación tras el terremoto de abril de 2016, en el que 663 personas perdieron la vida y más de 6000 resultaron heridas. Dictaminó que los fondos recaudados en virtud de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana se canalizaron hacia proyectos que no beneficiaban a las comunidades afectadas y que algunos de estos proyectos estaban vinculados a empresas de familiares de Bernal.

Libertad de asociación

Los actos de difamación e intimidación contra los miembros de la Corte Constitucional socavan la independencia judicial y el Estado de derecho

A principios de agosto de 2025, la Corte Constitucional suspendió temporalmente diecisiete artículos y una disposición general de tres leyes urgentes respaldadas por el presidente Daniel Noboa (ver más abajo), a raíz de más de cuarenta y un recursos de inconstitucionalidad. La Corte explicó que con esa decisión buscaba evitar posibles violaciones de derechos fundamentales mientras revisaba la constitucionalidad de la nueva legislación. Desde entonces, el presidente Daniel Noboa y altos cargos del Gobierno han difamado e intimidado públicamente a la Corte y a sus jueces.

El 4 de agosto, el mismo día en que la Corte Constitucional suspendió las disposiciones de las tres leyes, altos cargos del Gobierno aparecieron flanqueados por soldados y agentes de policía durante una cadena nacional de televisión. La ministra del Gobierno, Zaida Rovira, acusó a la judicatura de la Corte Constitucional de atentar contra la seguridad pública. “La Corte Constitucional le debe una explicación al país. Una explicación con cara, con fundamentos”, exigió.

Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, defendió las leyes, asegurando que se trataba de medidas urgentes que reclamaba la población. “A la ciudadanía que nos ve le corresponde saber quién responde por esta suspensión. ¿Quién se hace cargo de haber dejado sin efecto herramientas legales que ya eran ley de la República?”, insistió. “En este momento no hay puntos intermedios: o se está del lado de quienes defienden a nuestro país o del lado de quienes les quitan las herramientas para dárselas a los criminales, los enemigos del pueblo”, añadió.

El 5 de agosto, el presidente Daniel Noboa propuso un referéndum para autorizar la celebración de juicios políticos contra los miembros de la Corte Constitucional. Constitucionalistas han subrayado que la aplicación de dicho procedimiento socavaría la independencia judicial, ya que la Constitución protege actualmente a los miembros de la Corte de los juicios políticos y garantiza que respondan penal, civil y disciplinariamente por sus actos.

El 12 de agosto, el presidente encabezó una marcha contra la Corte en Quito. Durante la manifestación se vieron vallas gigantes con las caras y los nombres de los miembros de la Corte, así como pancartas en las que se los tachaba de “corruptos” y “enemigos del pueblo”. “Estos son los jueces que nos están robando la paz. Firmaron contra leyes que nos protegían”, rezaban las vallas.

La Corte condenó las acciones del Gobierno y aseguró que eran estigmatizadoras y constituían una amenaza para la seguridad de sus miembros. También advirtió que los actos en torno a la marcha anunciada por el presidente suponían un riesgo adicional. El 11 de agosto por la tarde se retiró sin previo aviso el vallado de seguridad que habitualmente rodea la sede de la Corte. A continuación, la zona fue completamente militarizada mediante un despliegue inusual de cientos de efectivos de las fuerzas armadas. No fue sino hasta las diez y media de la mañana del día siguiente, tras peticiones reiteradas, que el equipo de seguridad de la Corte volvió a instalar la valla perimetral.

Por último, el 15 de agosto, la Contraloría inició una auditoría exhaustiva de las nóminas y los recursos humanos de la Corte y, posteriormente, solicitó numerosa documentación personal sobre los miembros del tribunal y los procesos de selección. El 19 de agosto, el Ministerio de Energía y Minas ordenó a la Corte que desalojara su sede en el plazo de un mes, alegando necesidades administrativas; no obstante, el Gobierno anuló la orden de desalojo al día siguiente.

Mediante sus discursos, el presidente Daniel Noboa y altos cargos posicionan a la Corte del lado de los delincuentes y presentan la supervisión judicial como un obstáculo para la aplicación de medidas urgentes en materia de seguridad. Esta estrategia se sirve del temor de la ciudadanía a una escalada de violencia para deslegitimar los contrapoderes institucionales.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, afirmó que calificar a los miembros de la Corte de “enemigos de la ciudadanía” supone un riesgo para la independencia judicial y podría generar un efecto disuasorio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expresó su preocupación e instó al Estado ecuatoriano a que garantizara la independencia de la Corte Constitucional.

Un nuevo paquete legislativo amenaza la sociedad civil

El presidente Daniel Noboa ha promovido un paquete de nuevas leyes que amenazan las libertades fundamentales. Desde junio de 2025, la Asamblea Nacional ha debatido por lo menos cuatro leyes de gran calado que amplían los poderes de seguridad del Estado: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley Orgánica de Inteligencia, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas y la Ley Orgánica de Transparencia Social. La Corte Constitucional ha suspendido provisionalmente algunas disposiciones de estas leyes hasta que logre determinar si son compatibles la Constitución (ver más arriba).

Las medidas propuestas establecen vínculos entre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y actividades ilícitas, y crean mecanismos para disolver asociaciones, confiscar activos e intervenir en su financiación. También definen nuevos delitos que podrían criminalizar a los grupos de autodefensa comunitaria, a menudo considerados como estructuras legítimas de defensa territorial o de resistencia frente a las actividades extractivas.

Salvo la Ley Orgánica de Inteligencia, todas las demás fueron presentadas por el Ejecutivo como “proyectos económicos urgentes”, un tipo de propuesta que obliga a la Asamblea a responder en un plazo de treinta días o, de lo contrario, los proyectos entrarían automáticamente en vigor como decretos ley, de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Juristas argumentaron que el procedimiento elude el debate democrático y concentra el poder en el Ejecutivo.

El 7 de junio de 2025, la Asamblea aprobó la Ley de Solidaridad Nacional, que en un principio se había presentado como una medida para desmantelar la economía delictiva relacionada con el conflicto armado interno. La ley se debatió, aprobó y entró en vigor el mismo mes. Como ya informamos, la normativa otorga al presidente amplios poderes para declarar y responder a un “conflicto armado interno”, incluida la autoridad para ordenar allanamientos sin orden judicial, autorizar detenciones de hasta veinticuatro horas sin supervisión de la Fiscalía e imponer penas de prisión de hasta treinta años por pertenencia a grupos armados organizados. También establece medidas financieras y tributarias para las operaciones de seguridad, creando así un régimen jurídico especial aplicable durante los conflictos armados.

El artículo 9 clasifica a los grupos de autodefensa como “estructuras armadas organizadas” sin distinguir de forma precisa entre estructuras delictivas y organizaciones comunitarias legítimas: “Se entenderá por grupo armado organizado toda agrupación estructurada de tres o más personas con una estructura de poder organizada que ejerce violencia prolongada en contra del Estado, la población y bienes civiles”. Front Line Defenders advirtió que esta ambigüedad podría exponer a las comunidades indígenas y campesinas a ser procesadas por ejercer su derecho constitucional a defender sus territorios frente a actividades extractivas o a amenazas a sus derechos colectivos.

Para que la Ley de Solidaridad Nacional pueda aplicarse, es preciso que el presidente publique un decreto que declare la existencia de un conflicto armado interno (artículo 6). Sin embargo, desde marzo de 2024, la Corte Constitucional ha dictaminado en repetidas ocasiones que el Ejecutivo no ha logrado justificar debidamente dicha declaración. La Corte considera que los argumentos del Gobierno no cumplen con los requisitos que establece el derecho internacional para avalar la existencia de un conflicto armado.

No obstante, el 16 de julio de 2025, el presidente Daniel Noboa promulgó el Decreto Ejecutivo N.º 55, que certifica la existencia de un conflicto armado interno y, por lo tanto, activa las disposiciones de la nueva ley. En su conjunto, tanto los decretos como la legislación son el reflejo de una estrategia que encuadra la lucha contra la delincuencia dentro de marcos bélicos.

En paralelo, el 11 de junio entró en vigor la Ley Orgánica de Inteligencia tras su publicación en el Registro Oficial. La normativa, que fue aprobada con 77 votos en la Asamblea, establece el Sistema Nacional de Inteligencia, una estructura que debería de servir para hacer frente a la delincuencia organizada, la corrupción, las ciberamenazas y otros problemas en materia de seguridad. El sistema estará compuesto por los subsistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, del Servicio de Rentas Internas, del Servicio Nacional Aduanas, de la Casa Militar Presidencial y del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Todos ellos estarán coordinados por una autoridad nombrada directamente por el presidente. Además, la ley faculta a estos organismos para actuar sin supervisión judicial ni control parlamentario.

El artículo 5 establece que factores políticos, sociales, económicos, medioambientales o tecnológicos pueden ser considerados como “amenazas”, otorgando así una amplia discrecionalidad a las autoridades. Una definición tan imprecisa podría dar lugar a que las autoridades consideraran a las voces críticas como una amenaza para “la seguridad integral del Estado”. Los artículos 51 y 52 obligan a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a facilitar toda información necesaria para identificar y localizar a personas a petición del Sistema Nacional de Inteligencia. La ley también autoriza la interceptación, retención y análisis de documentos y comunicaciones “por cualquier medio” sin necesidad de una orden judicial ni de una autorización de la Fiscalía.

El 14 de julio, el presidente Daniel Noboa promulgó el Reglamento que regula la aplicación de las disposiciones de la Ley Orgánica de Inteligencia (Decreto N.º 52), si bien aún no se han resuelto varios recursos de inconstitucionalidad contra la norma. El reglamento va aún más lejos que la propia ley. Por ejemplo, el artículo 16 enumera los tipos de actividades de espionaje, pero deja la puerta abierta a “las demás” que pudieran crearse, mientras que el artículo 17 prevé el desarrollo de normativas claves en secreto y al margen de la supervisión legislativa o ciudadana.

La preocupación aumentó cuando se anunció que Erik Prince, fundador de la empresa militar Blackwater, asesoraría a las fuerzas de seguridad ecuatorianas. Prince ha trabajado en Haití y El Salvador, dos países que han sido el escenario de operaciones controvertidas contra la delincuencia. Juristas han señalado que recurrir a contratistas podría externalizar la violencia estatal y evitar que las autoridades rindan cuentas por las detenciones arbitrarias, los actos de vigilancia ilegal abusivos y otras violaciones de los derechos humanos.

Más de medio centenar de OSC afirmaron que existe el riesgo de que se abuse de la ley con fines políticos, ya que en el pasado los servicios de inteligencia se usaron para vigilar a la oposición política, miembros de la prensa y personas defensoras de los derechos humanos. Según la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos (Inredh), estas disposiciones erosionan la transparencia y podrían facilitar las operaciones de vigilancia sin garantías legales.

El nuevo paquete legislativo también ha redefinido los derechos medioambientales y de los pueblos indígenas. El 10 de julio, la Asamblea aprobó la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas. Aunque oficialmente la nueva normativa busca estabilizar la financiación del sistema de áreas protegidas, las OSC arguyen que refuerza una estructura de gestión vertical y militar.

Al menos ocho organizaciones ecologistas e indígenas, entre ellas la Comunidad A'i Cofán de Sinangoe, la Nación Siekopai (NASIEPAI), la Nacionalidad Siona (ONISE), la Organización Waorani de Pastaza (OWAP), la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (PAKKIRU) y la Fundación Alianza Ceibo, criticaron que no se hubiera consultado a al menos una docena de nacionalidades indígenas cuyos territorios ancestrales se solapan con las áreas protegidas, hecho que constituye una violación de la Constitución y de tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.

La posible militarización de territorios indígenas también ha suscitado preocupación. El artículo 6 de la ley autoriza a las fuerzas de seguridad a penetrar en territorios ancestrales de forma unilateral y sin el consentimiento de las comunidades, lo que podría fomentar la discriminación, la criminalización y las violaciones de los derechos humanos. En el pasado, la Corte Constitucional ya ha confirmado que las actuaciones militares en territorios indígenas requieren el consentimiento de las comunidades afectadas, tal y como establece el artículo 30.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Además, los artículos 4 y 7 vulneran el artículo 57.4 de la Constitución, que prohíbe la venta, la confiscación o la división de territorios indígenas, y socavan tanto el principio de no regresión como el derecho a preservar la posesión ancestral sobre esas tierras. Al facultar al Estado y a agentes privados para imponer proyectos de desarrollo sin salvaguardar el derecho a la autodeterminación, la ley ignora el derecho de los pueblos indígenas a establecer sus propias prioridades sociales, económicas y culturales.

“Esta ley abre la puerta a que intereses privados y corporativos mercantilicen nuestros bosques, ríos y territorios sagrados”, señaló Justino Piaguaje, líder siekopai. “Los legisladores de Ecuador han traicionado no solo a los pueblos originarios de esta tierra, sino también al alma de la nación y al futuro de nuestro planeta”, deploró Luis Canelos, presidente de la organización Pueblo Kichwa de Pastaza.

Apenas dos semanas después, el 24 de julio de 2025, el presidente Daniel Noboa promulgó el Decreto Ejecutivo 60, que disolvió el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y transfirió sus funciones al Ministerio de Energía y Minas. Esta reestructuración desmanteló el sistema de supervisión medioambiental y concentró las competencias en el mismo ministerio encargado de promover proyectos mineros y petroleros. También supuso la clausura del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, así como el despido de 5000 trabajadoras y trabajadores públicos, en el marco del plan del Gobierno para reducir en un 41 % el número de ministerios y secretarías.

Las OSC denunciaron que la medida erosiona profundamente la protección del medioambiente y de los derechos humanos, y aumenta los riesgos a los que están expuestos los pueblos indígenas y los derechos constitucionales de la naturaleza. “Ahora, con el Ministerio bajo la autoridad de los intereses extractivos, nos preocupa profundamente que la titulación de tierras ordenada por los tribunales sea aún más difícil de llevar a cabo”, admitió el dirigente siekopai Justino Piaguaje.

Estos cambios se inscriben en el marco de un programa de reformas fiscales y estructurales respaldado por el Fondo Monetario Internacional para atraer inversiones en sectores de crecimiento prioritarios como la minería, los hidrocarburos y la energía. Estas políticas podrían acelerar la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento forzoso de los pueblos indígenas, agravar los conflictos sociales y aumentar la criminalización de las protestas.

La Ley Orgánica de Transparencia Social es el cuarto elemento del paquete legislativo. El 29 de julio, el presidente Daniel Noboa presentó ante la Asamblea Nacional la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, rebautizada Ley Orgánica de Transparencia Social. La norma busca regular y controlar los movimientos de activos, capitales y recursos considerados como “irregulares”, con un énfasis particular en las fundaciones, corporaciones, organizaciones comunitarias, OSC y otras entidades sin ánimo de lucro que operan en Ecuador. El Gobierno asegura que la ley es necesaria para prevenir el blanqueo de activos, la delincuencia organizada, la corrupción y la utilización indebida de fondos. El presidente defendió la propuesta alegando que ha sido diseñada para “combatir las fundaciones que buscan desestabilizar el país”, en particular aquellas acusadas de apoyar la minería ilegal.

El proyecto de ley otorga a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) amplios poderes para auditar a las OSC, intervenirlas y sancionarlas. También obliga a las organizaciones a publicar gran cantidad de información financiera y sobre su forma de gobierno, a realizar costosas auditorías internas y externas, y a crear sistemas de integridad que se ajusten a las normas de responsabilidad penal de las empresas. Estas medidas supondrán una carga financiera y administrativa, especialmente para las organizaciones pequeñas, rurales e indígenas, que se verán obligadas a disolverse.

El proyecto de ley también dispone que todas las OSC deberán inscribirse en el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (SUIOS), bajo la autoridad del Ministerio de Gobierno. Las organizaciones de la sociedad civil temen que esta centralización facilite la aplicación selectiva de la ley contra organizaciones críticas, especialmente contra aquellas que reciben fondos procedentes del extranjero o que trabajan en zonas sensibles como la Amazonía.

El 14 de agosto, la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, instó al Gobierno a que modificara el texto. Subrayó que, si bien la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas son objetivos legítimos, enmarcarlos dentro de un discurso criminalizador merma su legitimidad, desvía recursos estatales destinados a actores en situación de alto riesgo y erosiona la confianza entre el Gobierno y la sociedad.

También destacó que, a pesar de que el sector privado de Ecuador canaliza importantes flujos de capital nacionales e internacionales, el proyecto de ley se centra casi exclusivamente en las OSC. Este planteamiento selectivo podría ser discriminatorio para las asociaciones, ya que las vincularía implícitamente con actividades ilícitas sin que exista una base real.

Además, pese a que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana protege de forma explícita a las organizaciones informales, estas se encontrarían en una situación especialmente vulnerable. Afirmar que estas organizaciones “operan en la sombra” demuestra un desconocimiento de las razones legítimas por las que muchos grupos pequeños o comunitarios no se han registrado, como la escasez de recursos o las cargas administrativas, por ejemplo. Al presentar a las OSC como amenazas, el proyecto de ley fomenta la desconfianza y la hostilidad hacia la sociedad civil independiente, y estigmatiza a la sociedad civil so pretexto de combatir el terrorismo o el blanqueo de capitales.

Altos cargos del Gobierno atacan a 440 OSC mediante una solicitud de ingente documentación financiera

En las últimas semanas, las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos han denunciado una campaña creciente de estigmatización y de presión en paralelo a las amplias reformas económicas y de seguridad promovidas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa (ver más arriba).

El 4 de agosto de 2025, el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que recientemente se fusionó con el Ministerio de Energía y Minas mediante el Decreto 60 (ver más arriba), solicitó información financiera y administrativa detallada a más de 440 organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos medioambientales. Los destinatarios del requerimiento solo dispusieron de un plazo de 48 horas para entregar la documentación, cuyo término coincidía con la celebración de manifestaciones en todo el país contra la fusión ministerial.

Se les exigió que remitieran informes anuales de actividad, estados financieros, declaraciones fiscales e información detallada sobre el origen de los recursos utilizados correspondientes a los años 2022-2024. Las organizaciones de la sociedad civil afirmaron que la magnitud de la solicitud y la brevedad del plazo constituían una forma de acoso y hacían temer que quienes se opusieran a proyectos mineros pudieran ser excluidos de los registros o sancionados.

La medida se adoptó tras las declaraciones pronunciadas por altos cargos el 29 de julio de 2025, entre ellos un exministro, quienes alegaron sin pruebas que algunas fundaciones que apoyan a movimientos contrarios a la minería tenían vínculos con la minería ilegal y flujos financieros irregulares. “[Hay] fundaciones truchas que lo que sirven es para traer divisas para financiar frentes antimineros, para financiar los grupos de las economías irregulares”, aseguró el exministro. “[Otros grupos no gubernamentales] están viendo animalitos o tienen que ver con el arte o el trabajo humanitario”, añadió despectivamente.

La ministra de Energía y Minas agravó las tensiones al tachar de “mentirosas” a las empresas municipales por emitir informes técnicos que plantean preocupaciones respecto a proyectos mineros a gran escala. Las autoridades no han presentado pruebas de que las OSC estén canalizando capitales hacia actividades ilícitas.

Abogado de una empresa minera acusa a ecologistas de vínculos con el crimen organizado

El 27 de junio de 2025, el abogado Felipe Rodríguez Moreno, representante legal de Curimining S. A., publicó un mensaje en la red social X en el que acusó a los miembros del colectivo Juntos por el Agua, del cantón Espíndola, de ser “aliados estratégicos del crimen organizado y regentes de la minería ilegal”. Integrantes del colectivo, miembro del Frente Nacional Antiminero (FNA), rechazaron estas acusaciones, calificándolas de infundadas y estigmatizantes. El grupo señaló que las acusaciones, difundidas por el canal de televisión Teleamazonas, forman parte de una estrategia para criminalizar la defensa legítima del medioambiente y de los territorios.

Juntos por el Agua defiende las fuentes de agua que nacen en el parque Nacional Yacuri y los ecosistemas que conforman el corredor ecológico Podocarpus-Yacuri-Tabaconas Namballe. El colectivo se opone a la expansión de las actividades extractivas en el sur de Ecuador. En un comunicado, el colectivo enmarcó dichas acusaciones en el contexto de la militarización del país y del avance de un paquete legislativo que amplía los poderes del Estado en materia de seguridad. También exigió que el abogado rectificara públicamente sus afirmaciones y pidió a la Defensoría del Pueblo que cumpliera su mandato y protegiera a las personas defensoras de los derechos humanos.

Rechazan una acción de protección presentada por dos defensores de los DD. HH. detenidos durante una protesta en Quito

El 22 de julio de 2025, una jueza desestimó una acción de protección interpuesta contra la Policía Nacional en relación con la presunta detención arbitraria de los defensores de los derechos humanos Miguel P. y Jafet G. durante una manifestación en Quito en noviembre de 2024. Dictaminó que el recurso tendría que haberse presentado mediante una solicitud de habeas corpus en lugar de una acción de protección.

Los solicitantes, representados por el Inredh, pidieron justicia no solo por su detención, sino también por los presuntos tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrieron durante las seis horas que permanecieron bajo custodia policial, así como por la vulneración de su derecho a la protección de sus datos personales y a la inviolabilidad de su correspondencia, derivada del registro ilegal y la extracción de datos de sus teléfonos por parte de agentes estatales.

A pesar de que los defensores se identificaron claramente como observadores de los derechos humanos, la jueza se negó a examinar los fundamentos de la petición. Las representantes legales de los defensores apelaron inmediatamente la decisión y recordaron las obligaciones del Estado ecuatoriano, tanto en virtud del derecho constitucional como del derecho internacional, de garantizar el acceso a recursos efectivos, a medidas de reparación y a garantías de no repetición en los casos que impliquen a personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de protestas sociales.

La nueva normativa laboral suscita preocupación por la injerencia del Estado en los sindicatos

El 25 de julio de 2025, el Ministerio del Trabajo expidió el Reglamento de Organizaciones Laborales para el Ejercicio del Derecho de Libertad y Autonomía Sindical mediante el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2025-082. El Ministerio aseguró que el reglamento busca promover la “transparencia” y la “democracia interna”. La medida establece nuevas normas para el proceso de inscripción, los estatutos, las elecciones y la disolución de los sindicatos.

La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) rechazó el acuerdo y advirtió que otorga a las autoridades administrativas facultades para intervenir en asuntos internos de los sindicatos, como la elaboración de los estatutos, la celebración de elecciones, la gestión de las membresías y la administración de recursos. Argumentó que la medida vulnera la Constitución y los Convenios 87 y 98 de la OIT, que garantizan la libertad sindical y los derechos de negociación colectiva.

La Confederación Sindical Internacional (CSI) viene señalando desde hace tiempo a Ecuador como un país hostil para el sindicalismo. De hecho, desde 2023 figura entre los diez peores países del mundo para las trabajadoras y los trabajadores. Según la CSI, solo alrededor del 1 % de ellas y ellos puede entablar negociaciones colectivas. Los umbrales legales para la formación de sindicatos son tan elevados que, en la práctica, resulta imposible establecer sindicatos en más del 90 % de las empresas. Además, quienes intentan sindicarse sufren a menudo intimidaciones o despidos, e incluso reciben amenazas de muerte.

Rechazan una petición de habeas data contra una organización de derechos humanos

El 26 de junio de 2025, una jueza denegó una solicitud de habeas data presentada por el abogado Esteban Polo en nombre de varias personas residentes en el cantón Las Naves (provincia de Bolívar). Dictaminó que el video que había motivado la petición no contenía datos personales de las personas representadas por Polo. El abogado presentó un recurso de apelación inmediatamente después de la vista.

Como ya informamos, la solicitud buscaba obligar a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) a retirar de sus redes sociales un vídeo publicado en febrero de 2024 en el que se denunciaban irregularidades en el proceso de consulta medioambiental llevado a cabo en diciembre de 2023 por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) acerca del proyecto minero Curipamba-El Domo.

Reunión pacífica

Fuerza excesiva y criminalización de las PDDHM en Las Naves

El 24 de junio de 2025, más de medio millar de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas penetraron en la comunidad de La Unión, en el cantón de Las Naves, para dispersar a residentes que venían protestando pacíficamente contra el proyecto minero Curipamba-El Domo, a cargo de Curimining S. A., filial de la empresa canadiense Silvercorp Metals. Personas que presenciaron los hechos relataron que las fuerzas de seguridad utilizaron la fuerza para permitir la entrada de maquinaria de la empresa en la zona. Al menos dos miembros de la comunidad resultaron heridos durante el operativo: una mujer que recibió un disparo en el hombro y un hombre de veinte años que sufrió una herida grave en la cabeza que requirió veinte puntos de sutura.

El 4 de julio de 2025, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se reunió con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y representantes de las comunidades afectadas del cantón de Las Naves. Miembros de la comunidad expresaron su preocupación por el acceso al agua y la contaminación, así como por el uso de la fuerza durante los actos de protesta. También denunciaron amenazas, intimidaciones y un atentado contra la vida de un líder comunitario. La Oficina reiteró su preocupación por la situación y destacó la necesidad de respetar y facilitar el derecho a la protesta pacífica, así como de garantizar el acceso al agua, de conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Como ya informamos, los residentes de Las Naves han sostenido asambleas pacífica para expresar su oposición al proyecto minero a cielo abierto que, a su juicio, pone en peligro su territorio, su salud, sus explotaciones agropecuarias y las fuentes de agua que constituyen la cabecera de la cuenca del río Guayas, que abastece a cerca del 40 % de la población del país. El proyecto avanza en medio un controvertido proceso de concesión de licencias para la que podría convertirse en la tercera mina a cielo abierto a gran escala de Ecuador. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que los intereses de la familia Noboa, accionista del proyecto, han influido en las actuaciones del Gobierno y que las fuerzas del Estado se comportaron, en la práctica, como agentes de seguridad privada de la empresa.

Front Line Defenders ha documentado la existencia de un patrón de criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos medioambientales que se oponen al proyecto. Desde 2021, las autoridades han abierto más de medio centenar de causas penales contra personas defensoras por presuntos delitos de asociación ilícita, violación de la propiedad privada, resistencia, lesiones y secuestro por su participación en reuniones y protestas. Quince procesos en los que están implicadas veintinueve personas defensoras de las provincias de Bolívar y Los Ríos aún están en curso, mientras que trece personas defensoras han sido condenadas a penas de hasta cuatro años de prisión sin que hubiera pruebas sólidas de los delitos de los que se las acusa. Asimismo, una persona de avanzada edad permaneció encarcelada durante setenta días a finales de 2024.

Según testimonios, las empresas mineras y sus aliados, entre los que se encuentran profesionales de la abogacía y miembros del funcionariado del sistema judicial, han desempeñado un papel activo en la apertura de estas causas penales. Esas mismas fuentes también sugieren que algunos partes policiales habrían sido redactados por la Fiscalía, un hecho que hace temer que se trate de una estrategia coordinada de criminalización para desalentar la movilización y deslegitimar a las personas defensoras.

Marcha multitudinaria en Quito en solidaridad con Palestina

El 15 de junio de 2025, miles de personas marcharon por las calles de la capital para expresar su solidaridad con el pueblo palestino. La manifestación partió de la Cruz del Papa, en el parque La Carolina, y continuó por las principales arterias de la capital como las avenidas de Naciones Unidas, Shyris y Amazonas. Las personas manifestantes enarbolaron carteles, pancartas y banderas palestinas, y corearon consignas contra el genocidio perpetrado por Israel.

Un grupo de mujeres marchó vestidas de negro y con el rostro cubierto con pañuelos palestinos (kufiyas) en señal de luto por la muerte de más de 20 000 niñas y niños en Gaza. La manifestación se detuvo brevemente frente a un establecimiento de una cadena de comida rápida para denunciar su presunto apoyo financiero a las operaciones militares israelíes. En la avenida Naciones Unidas, las personas manifestantes ocuparon la calzada y un puente peatonal para reclamar justicia y la intervención de la comunidad internacional.

El profesorado protesta contra la inseguridad en Guayaquil

El 18 de junio de 2025, miembros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas organizaron una protesta en la plaza San Francisco de Guayaquil para reclamar al Gobierno que declare el estado de emergencia en el sector educativo debido al aumento de la inseguridad. La organización asegura que varios miembros del cuerpo docente han tenido que renunciar a su empleo por su seguridad y la de sus familias. Durante la protesta, las personas manifestantes portaron pancartas en las que denunciaban el clima de miedo que se vive en las escuelas y exigían protección para el profesorado y el alumnado.

Gabriela Menéndez, presidenta de UNE-Guayas, destacó que al menos doscientos docentes han denunciado extorsiones y muchos de ellos han presentado denuncias ante la Fiscalía. Criticó la respuesta del Ministerio de Educación, señalando que, en lugar de abordar la situación, la ministra había minimizado públicamente las preocupaciones del sindicato y las había calificado de exageraciones.

La comunidad de San Jacinto exige justicia por el asesinato de un manifestante durante el paro nacional de 2022

El 27 de junio de 2025, decenas de miembros de la comunidad de San Jacinto se reunieron en el parque El Arbolito, en Quito, para reclamar justicia para Byron Guatatoca, asesinado durante el paro nacional de 2022. “Exigimos justicia para Byron Guatatoca”, clamó la representante de la comunidad, Mónica Cuji durante la manifestación.

Como ya informamos, la huelga nacional de junio de 2022, liderada por la CONAIE y otros movimientos sociales, estuvo acompañada de manifestaciones generalizadas contra las políticas económicas y sociales. Según informaciones recabadas por organizaciones de derechos humanos, las intervenciones de las fuerzas de seguridad, que hicieron un uso excesivo de la fuerza, se saldaron con muertos y heridos, y dieron lugar a denuncias por detenciones arbitrarias.

Marcha del Orgullo Off en Quito

El 28 de junio de 2025 tuvo lugar la marcha del Orgullo Off frente a la Plataforma Gubernamental Norte en Quito. La manifestación comenzó a las 12:30 p. m. y discurrió por la avenida Amazonas. Personas de diversos géneros, orientaciones sexuales y expresiones de género participaron en la marcha para retirar su compromiso con la igualdad, la visibilidad y el respeto.

La marcha formaba parte de los actos del Orgullo que se celebran cada año en Ecuador, durante los cuales grupos de personas LGBTQI+ y sus aliados se movilizan para exigir que se las reconozca, se las proteja y se les permita disfrutar plenamente de sus derechos.

Comunidades quichuas reclaman justicia por un vertido de petróleo

El 30 de junio de 2025, más de 120 personas se movilizaron en El Coca para exigir justicia cinco años después de que un grave vertido de petróleo devastara territorios del pueblo quichua. Frente a la sede de la Corte Provincial de Justicia, denunciaron los retrasos en los procesos judiciales y advirtieron de las consecuencias duraderas para sus tierras, fuentes de agua y medios de subsistencia. Reclamaron justicia por el vertido de petróleo en los ríos Coca y Napo en abril de 2020.

La movilización fue una respuesta directa a la reactivación de un caso de gran trascendencia, a raíz de un fallo de la Corte Constitucional en noviembre de 2024 que anuló el sobreseimiento del caso en primera y segunda instancia, y ordenó la celebración de un nuevo proceso judicial que incluyera un verdadero diálogo intercultural. El juez Clemente Paz fijó un encuentro para el 30 de junio de 2025 en El Coca. La Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) pidió en reiteradas ocasiones que la reunión se celebrara en los territorios indígenas afectados, sin embargo, denegó la solicitud sin justificación alguna y la pospuso para el 25 de julio.

Los liderazgos quichuas recalcaron que era fundamental que los encuentros se celebraran en sus comunidades, ya que las personas querellantes siguen sufriendo cada día las secuelas de la contaminación.

Marcha en apoyo de la Corte Constitucional y en contra del plan de reestructuración del Gobierno

El 7 de agosto de 2025, más de treinta organizaciones de la sociedad civil marcharon pacíficamente por las calles de Quito, desde la Caja del Seguro hasta la Corte Constitucional, para expresar su apoyo a la decisión de la Corte de suspender temporalmente las disposiciones del paquete legislativo del Gobierno. Las personas manifestantes exhibieron pancartas en las que mostraron su rechazo a los despidos en el sector público y la supresión de ministerios y secretarías.

El 14 de agosto, centenares de personas, entre ellas miembros de sindicatos, del estudiantado, personal del sector público despedido y empleados del sector cultural, participaron en un marcha en la capital para exigir que se respetara a la Corte Constitucional y rechazar la reestructuración dispuesta por el Gobierno mediante el Decreto 60. La norma redujo el número de ministerios de veinte a catorce y el de secretarías de nueve a tres, lo que supuso la eliminación de unos cinco mil puestos de trabajo. Las personas manifestantes también denunciaron el aumento del desempleo y los despidos masivos en Petroecuador, que, según advirtieron los sindicatos, habían perturbado las operaciones petroleras en la Amazonía.

Las protestas se desarrollaron en un contexto marcado por la preocupación por el programa legislativo y las medidas de reestructuración del presidente Daniel Noboa (ver más arriba).

Libertad de expresión

Violencia contra profesionales del periodismo

En Ecuador, las agresiones y amenazas contra miembros de la prensa están alcanzando niveles alarmantes. Tan solo en el primer semestre de 2025, la Fundación Periodistas Sin Cadenas registró 129 agresiones contra profesionales del periodismo, incluidas amenazas de muerte, intimidaciones, ataques armados e incluso asesinatos.

Estos casos demuestran que existe un patrón: los miembros de la prensa que cubren casos de corrupción, protestas o luchas comunitarias son víctimas de ataques perpetrados por las autoridades, las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado. De Quinindé a Guayaquil, pasando por Quito, los miembros de la prensa han sido agredidos, amenazados u obligados a exiliarse. Estos son algunos de esos casos:

El 30 de mayo de 2025, un funcionario municipal agredió al periodista Jefferson Ana, de Megavisión, y a su camarógrafo cuando cubrían una protesta ciudadana en el barrio Guachal de Quinindé (provincia de Esmeraldas). Los miembros de la comunidad habían convocado a la prensa para denunciar que el alcalde no había rehabilitado las vías de la localidad. Durante la protesta, el vecindario quemó neumáticos y bloqueó la calle con palos.

Ana explicó que, cuando acabaron las entrevistas y estaban a punto de marcharse, un vehículo municipal avanzó hacia ellos a gran velocidad de forma intimidante. El jefe de la maquinaria municipal salió del auto, los insultó y cuestionó su presencia. A pesar de que Ana le explicó que habían sido invitados por la comunidad, el funcionario municipal siguió increpándolos, empujó a Ana, amenazó al cámara y, cuando Ana intentó marcharse en moto, le propinó una patada que lo tiró al suelo y provocó que se le cayeran sus pertenencias. Varios trabajadores que se encontraban en el lugar presenciaron el incidente.

El 2 de junio, el periodista denunció públicamente la agresión durante una emisión en directo del noticiero de Megavisión. Sus compañeros se solidarizaron con él y subrayaron que el agresor había intentado provocar a Ana para que reaccionara de forma violenta.

Ana ya había sido víctima de un suceso similar el 26 de julio. Ese día, Raúl Caicedo, presunto chófer del alcalde de la misma localidad, lo agredió y amenazó. El periodista explicó que Caicedo lo interceptó, lo acusó de publicar contenidos difamatorios sobre su vida personal y le exigió que borrara una presunta publicación digital antes de las seis de la tarde o que se atuviera a las consecuencias. Ana le dijo que no había difundido dicha información y que nunca se había referido a Caicedo ni a su familia en sus publicaciones. Ana relató que Caicedo lo agarró de la camiseta y del broche del casco, lo insultó a gritos, lo sujetó y luego le dio un puñetazo en la cara.

A raíz de la agresión, Ana tuvo que acudir a un centro de salud por una hinchazón en la mejilla derecha y dolor en un ojo, la cabeza y el cuello. Más tarde denunció públicamente la agresión y expresó su preocupación por su seguridad y la de su familia.

El 13 de junio de 2025, un concejal municipal agredió al periodista Juan Barreno, del medio digital Transparencia Riobamba, cuando cubría un partido de fútbol entre los equipos Club Deportivo Olmedo y Liga de Macas, en el estadio de Riobamba. Barreno explicó que el concejal se le acercó, le estrechó la mano y le hizo una advertencia: “Sigue hablando así y vas a ver lo que te pasa”.

El periodista aclaró que nunca había hablado de él, pero sí que había cubierto el caso de corrupción Altares, en el que está implicado el alcalde de Riobamba. Minutos después, el concejal se acercó a Barreno en dos ocasiones y lo insultó, y en una tercera intentó darle un cabezazo y lo empujó contra una pared. Colegas y otras personas que se encontraban presentes intentaron separarlos, pero el concejal continuó agrediendo verbalmente a Barreno.

El 19 de junio de 2025, tres motociclistas intimidaron a la periodista Maithe Morán y al camarógrafo Cristian Manchón, del noticiero de la noche de RTS, cuando preparaban una transmisión en vivo desde una gasolinera de la avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte de Guayaquil. Los rodearon, hicieron rugir los motores y dieron vueltas en círculos mientras la periodista se preparaba para salir al aire. “No creo que su intención fuera robarnos, sino amedrentarnos por ser periodistas”, comentó Morán. A pesar de la situación, pudo terminar la emisión en directo, que quedó grabada en video. La comunicadora señaló que ya había sufrido otros actos de intimidación. Dos días antes, en el barrio de El Papagayo, tras terminar de cubrir una noticia, un vehículo sin placas se acercó a su equipo de forma amenazante, lo que los obligó a marcharse rápidamente.

El 2 de julio de 2025, unos individuos no identificados amenazaron de muerte a la periodista comunitaria Evelyn Calderón y a su esposo y sus hijos, después de que cubriera un presunto intento del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial (GAD) de San Antonio de Pichincha para transferir terrenos comunales en Rumicucho a una empresa privada. La comunidad local, que asegurar poseer documentación que avala la propiedad comunitaria de las tierras, invitó a Calderón para que informara sobre el caso y le explicó que también había recibido amenazas por oponerse al proyecto.

Durante la cobertura de la noticia, la periodista se encontró con la presidenta del GAD, quien se comportó de forma hostil e intentó impedirle que grabara. Aun así, Calderón consiguió grabar la disputa en vídeo. Horas después, recibió una llamada de un familiar de su esposo a través de WhatsApp, quien le transmitió un mensaje de personas que presuntamente estarían implicadas en labores de construcción en dichos terrenos. “No publiques nada. Si amas a tus hijos, si quieres que estén bien tú y tu familia, no saques ese reportaje. Todo ya está arreglado, no te metas en problemas”, le dijeron.

Calderón ya había sufrido represalias anteriormente por sus reportajes. En otra ocasión, agentes de la policía se presentaron en su domicilio en Quito horas después de que hubiera publicado un reportaje de investigación en el que reveló un posible caso de tráfico de influencias por parte del presidente del GAD Parroquial de San Antonio de Pichincha.

Asimismo, el 12 de julio de 2025, un vehículo sin placas se detuvo frente al domicilio del periodista Marco Cadena, director del portal de noticias La Naranja (provincia de Imbabura) y uno de los ocupantes apuntó con un arma a su madre. Cadena decidió renunciar a su cargo en el medio por temor por su vida y la de su familia.

Este incidente fue la culminación de una escalada de amenazas relacionadas con sus reportajes de investigación. Las agresiones que sufrió se intensificaron después de que cubriera un presunto caso de corrupción en la empresa municipal de agua potable y los posibles vínculos entre personal del sector público y grupos delictivos.

Explicó que, al principio, las amenazas se materializaron en daños a su vehículo, pero que en un primer momento los consideró como un incidente aislado. Durante el periodo electoral, recibió mensajes de texto con amenazas de muerte, fotos de su domicilio y de sus movimientos, e imágenes de la placa de su automóvil. Los agresores también atacaron a uno de sus colegas

El 25 de julio de 2025, agresores armados atacaron a Marcelo Ruiz, corresponsal de TC Televisión en la provincia de Manabí, cuando circulaba por la vía Portoviejo-Santa Ana. Un vehículo lo interceptó a la altura del barrio El Guabito. Los ocupantes le dispararon varias veces y lo hirieron en ambos brazos. Personal médico trasladó a Ruiz al Hospital de Especialidades de Portoviejo, donde fue sometido a una cirugía para extraerle las balas. TC Televisión confirmó que el periodista se encontraba estable después de la operación.

El 12 de agosto de 2025, personas manifestantes, guardaespaldas del presidente y agentes de la Policía Nacional agredieron e hirieron a al menos cuatro profesionales del periodismo durante una marcha convocada por el presidente Daniel Noboa contra la Corte Constitucional.

El periodista Daniel Romero, de Diario Expreso, denunció que agentes de policía le impidieron cubrir la marcha. Estaba grabando desde las gradas de la Corte, cuando un agente lo empujó justo en el momento en que el presidente Daniel Noboa llegó al lugar para hacer unas declaraciones desde la parte trasera de una camioneta. A pesar de que Romero se identificó como prensa, otro agente lo empujó con fuerza hacia la multitud de personas manifestantes.

Las periodistas Angelly Tinoco y Sinchi Gómez de Radio Wambra relataron que guardaespaldas y manifestantes las atacaron en la avenida 6 de Diciembre cuando intentaban documentar la llegada de Daniel Noboa. Tinoco explicó que los guardaespaldas la empujaron en repetidas ocasiones y que una mujer que se encontraba en el interior del cordón de seguridad la tiró al suelo, dejándola con las rodillas ensangrentadas. Gómez contó que guardaespaldas y manifestantes la agarraron del brazo y del chaleco y la empujaron de manera violenta, a pesar de que ambas portaban chalecos de protección y carnets de prensa.

El fotorreportero Diego Lucero, del medio digital GK, relató que personas manifestantes le dieron patadas cuando documentaba un enfrentamiento entre partidarios del Gobierno y un pequeño grupo de personas manifestantes de la oposición. Destacó que los agentes de policía observaron la situación sin intervenir. La periodista de AFP Paola López, que también se encontraba allí, denunció que las personas manifestantes le arrojaron agua.

Arahí Vega, de La Hora, confirmó en su cuenta de X que personas manifestantes y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado le impidieron hacer su trabajo. Su publicación iba acompañada de un video en el que se ve a policías empujando a miembros de la prensa y a personas manifestantes, mientras forman un cordón para mantener alejados a los profesionales del periodismo.

Acusan a un periodista de difamación y secretismo

En junio de 2025, Fundamedios hizo saber que David Granja Ramos, director de Radio Ideal (provincia de Napo), se hallaba inmerso en dos procesos judiciales por publicar información sobre una disputa inmobiliaria en la que estaba involucrado el Centro Agrícola de Tena.

El 21 de febrero de 2025, Granja informó que los socios del Centro Agrícola seguían esperando que la justicia ordenara la restitución del edificio de la institución, que, según ellos, se encontraba bajo el control irregular del abogado Olegario Valarezo. Señaló que también se estaba investigando un presunto caso de tráfico de influencias y fraude procesal en el marco del proceso judicial por el inmueble.

Poco después, fue imputado en dos causas judiciales. La primera, una querella por difamación, fue presentada el 24 de febrero por Gilber Garzón Dalgo, quien afirma ser el presidente del Centro Agrícola. La segunda fue abierta de oficio por la Fiscalía General del Estado, que lo acusa de difundir información reservada por publicar un oficio fiscal que había sido leído en público durante una asamblea de la organización gremial.

Granja aseguró que la apertura de ambos procesos eran una forma de acoso judicial y advirtió que podría tratarse de represalias por la línea editorial de Radio Ideal, que cubre de forma decidida temas medioambientales y fiscaliza cuestiones relacionadas con tierras y recursos en la Amazonía.

Obligan a medios a retirar contenidos tras informar sobre autoridades locales

En julio de 2025, Fundamedios denunció una oleada de ataques digitales coordinados contra los medios locales La Mañana MS, Exprésate Morona Santiago y Radio Sentimientos (provincia de Morona Santiago), que desembocó en el borrado de decenas de videos y publicaciones de sus plataformas digitales. Los medios afectados declararon que tuvieron que retirar los contenidos a raíz de reclamaciones falsas de derechos de autor que buscaban censurar noticias críticas con las autoridades municipales y provinciales, en particular con la Prefectura de Morona Santiago.

El 28 de junio de 2025, La Mañana MS dio a conocer que se habían eliminado dieciocho videos de su página de Facebook. La mayoría de ellos eran denuncias ciudadanas por la inconclusión de obras públicas, el deterioro de infraestructuras y un presunto caso de negligencia municipal en Macas.

Exprésate Morona Santiago sufrió un ataque similar dos días más tarde. Poco después de haber publicado una entrevista con un productor musical local que aseguraba que la Prefectura no le había pagado una deuda pendiente, Facebook eliminó el vídeo por una supuesta infracción de derechos de autor. Al menos una decena de videos fueron eliminados posteriormente y varios archivos al azar fueron suprimidos del canal de WhatsApp del medio durante un ataque informático.

El 1 de julio de 2025, un video de una entrevista en directo de Radio Sentimientos, de Gualaquiza, a un músico crítico con el prefecto, fue eliminado por presuntas violaciones de derechos de autor. Días después, fueron eliminadas otras tres entrevistas que no tenían relación con el músico, entre ellas una a un agente de policía y otra a un líder comunitario. Todas las solicitudes de eliminación de contenidos procedían del usuario Ámbar Armijos, lo que hace que los medios sospechen que se trata de alguien vinculado al actor responsable de ataques anteriores a otros medios locales.

Una caricaturista denuncia la cancelación de una muestra satírica

La caricaturista Vilma Vargas, conocida como Vilmatraca, denunció la cancelación de su exposición “El jardín de las malicias” en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) Núcleo del Azuay. La muestra, cuya inauguración estaba prevista el 4 de julio de 2025 en la sala Efraín Jara Idrovo, presentaba obras satíricas en las que se criticaba al poder político.

No se informó de forma oficial del motivo de la cancelación, pese a que la exposición había sido promovida por la propia CCE. Vargas aseguró que se trataba de un acto de censura y recordó que su exposición “Huarmicaricaturas por la libertad” de 2016 también fue censurada durante el Gobierno del entonces presidente Rafael Correa.

El director de la CCE, Martín Sánchez Paredes, asumió la responsabilidad de la medida y se disculpó tanto con la artista como con la ciudadanía. Explicó que la medida se debió a “factores políticos, sociales, técnicos, de seguridad y de transición institucional”, al tiempo que la desvinculó del proceso electoral interno en el que estaba inmersa la institución. También expresó su pesar por la decisión y aseguró que esperaba que el próximo equipo directivo del centro retomara la exposición para así “garantizar la defensa de la libertad de expresión como principio fundamental de la cultura”.

Absuelven a un periodista en un caso de difamación por una noticia publicada durante el periodo electoral

El 23 de julio de 2025, la Unidad Judicial Penal de Loja absolvió al periodista Boris Sarango, director del medio digital Primer Reporte, de los cargos presentados por el excandidato a la Asamblea Nacional Ángel Geovanny Loayza Guamán. Loayza acusó a Sarango de haber empleado “expresiones de descrédito” en un artículo en el que se hacía referencia a sus antecedentes judiciales. El juez Diego Ochoa Aldeán dictaminó que el reportaje de Sarango no contenía informaciones falsas ni había sido hecho con mala fe.

El proceso se originó a raíz de una nota publicada el 3 de febrero de 2025, durante la campaña electoral, titulada “Ocho candidatos lojanos han enfrentado procesos penales”. El artículo se basaba en información judicial pública y en él se mencionaba a candidatos que habían estado involucrados en causas judiciales, entre ellos Loayza, cuyos antecedentes figuraban en el sistema del Consejo de la Judicatura. Pese a que el caso fue archivado en la fase preliminar, Loayza calificó la nota de “maliciosa y temeraria” y presentó una querella contra Sarango. Le exigió el pago de 50 000 USD por daños y perjuicios y que se sometiera a tratamiento psicológico, alegando que había cometido un delito de cuarta clase, un tipo de infracción para el cual el Código Orgánico Integral Penal prevé penas de entre quince y treinta días de prisión.

La defensa de Sarango demostró que el artículo exponía información que constaba en registros oficiales y que no tenía carácter difamatorio. El juez aceptó el alegato y absolvió al periodista. Loayza anunció que recurriría la sentencia.

El artículo en cuestión se enmarcaba dentro de un proyecto de investigación colaborativo dirigido por Fundamedios y la Fundación Periodistas Sin Cadenas, quienes revisaron los expedientes judiciales de 2089 personas candidatas a la Asamblea. Más de cuarenta medios de comunicación de todo el país publicaron los resultados de la investigación y Primer Reporte se sumó a la iniciativa con reportajes locales.

Otros sucesos

Una ley histórica reconoce y protege el trabajo doméstico

El 1 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una reforma histórica del Código del Trabajo que, por primera vez, reconoce y protege oficialmente a las personas que trabajan en el sector del hogar. La nueva normativa garantiza la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para las personas trabajadoras del hogar, prohíbe el trabajo infantil en viviendas particulares y crea mecanismos para denunciar las vulneraciones de derechos.

La reforma fue acogida con satisfacción por sindicatos y grupos de mujeres, que la consideraron una victoria para un sector que durante mucho tiempo ha permanecido privado de protecciones básicas. En Ecuador, la mayoría de las trabajadoras del hogar son mujeres originarias de comunidades indígenas o con escasos recursos que desde hace décadas son víctimas de explotación y de la informalidad laboral.