Watchlist March 2025 Spanish
MARZO LISTA DE VIGILANCIA 2025
Última actualización el 10 de marzo de 2025 - La nueva Lista de Vigilancia de CIVICUS Monitor pone de manifiesto profundas preocupaciones sobre el ejercicio de las libertades cívicas en República Democrática del Congo (RDC), Italia, Pakistán, Serbia y Estados Unidos de América (EE. UU.).
La Lista de Vigilancia destaca los países en los que se ha producido un grave deterioro del espacio cívico, según la evaluación de los resultados de investigaciones llevadas a cabo por CIVICUS Monitor y por sus socios de investigación, con el asesoramiento de militantes sobre el terreno.
En las próximas semanas y meses, CIVICUS Monitor seguirá de cerca los acontecimientos en cada uno de estos países en el marco de una serie de iniciativas para aumentar presión sobre sus Gobiernos. CIVICUS hace un llamamiento a estos Gobiernos para que hagan todo cuanto esté en sus manos para poner fin, de inmediato, a las medidas represivas actuales y para garantizar que los responsables rinden cuentas por sus actos.
A continuación encontrará una descripción de las violaciones del espacio cívico que se producen en cada país. Si desea hacernos llegar información sobre el espacio cívico de alguno de estos países, por favor, escribanos a monitor@civicus.org.
República Democrática del Congo calificación de espacio cívico: REPRESIVO
En el este de la RDC, la intensificación de la ofensiva militar del M23 ha provocado un rápido deterioro del espacio cívico. Este grupo armado, que según especialistas de las Naciones Unidas cuenta con el apoyo de Ruanda, se hizo con el control de Goma, la capital de la provincia de Kivu del Norte, a finales de enero de 2025 y con la ciudad de Bukavu, en la provincia de Kivu del Sur, el 15 de febrero del mismo año, y actualmente ocupa la región del lago Kivu.
Pese a que resulta difícil documentar los abusos perpetrados en las zonas bajo el control del M23 debido a los ataques del grupo armado contra las personas defensoras de los derechos humanos (PDDH) y a las restricciones a las libertades de expresión y de asociación, numerosos informes recibidos por organizaciones de derechos humanos y por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las PDDH Mary Lawlor señalan un aumento de las violaciones y los ataques contra las PDDH, incluidas amenazas de muerte. Esta situación ha obligado a muchas de ellas a esconderse o a huir de la zona. Activistas y personal humanitario también han sido asesinados en medio de la escalada del conflicto. Por ejemplo, el movimiento social LUCHA informó que los rebeldes del M23 habían asesinado a Byamungu Katema Pierre, uno de sus miembros, junto con otras cuatro personas que formaban parte de un consejo juvenil local, el 12 de febrero de 2025 en el pueblo de Muhongoza, en Kivu del Sur.
En el este del país, la libertad de expresión y la libertad de prensa han sufrido un fuerte deterioro. Los profesionales del periodismo han sufrido amenazas y actos de intimidación, y las autoridades han intensificado la censura de toda la información relacionada con el conflicto. El 13 de enero de 2025, el Consejo Superior de Medios Audiovisuales y de la Comunicación (CASC) de la RDC ordenó la suspensión de Al Jazeera durante noventa días, “a título preventivo”, por “desestabilizar las instituciones de la República”, después de que el medio emitiera una entrevista con un líder rebelde del M23. El ente regulador también amenazó en varias ocasiones a medios nacionales e internacionales con cerrarlos y con otras sanciones por dar voz a partidarios del M23 para “justificar la toma de territorios”. El presidente del CSAC Christian Bosembe calificó como “apología del terrorismo” la cobertura de los “supuestos avances” del M23 por parte de France24, RFI y TV5.
En el este de la RDC, el acceso a la información es aún más reducido debido a las restricciones a Internet, en particular a la tienda de aplicaciones Google Play Store, cuyo acceso estaría siendo limitado para evitar que las personas usuarias accedan a servicios de VPN para eludir las restricciones impuestas a las redes sociales X y TikTok.
Italia calificación de espacio cívico: ESTRECHO
Tras su aprobación por la Cámara de Diputados en septiembre de 2024, el Senado italiano se dispone a examinar el controvertido Proyecto de Ley 1236, también conocido como “proyecto de ley anti-Gandhi”. Se trata de un amplio paquete legislativo que endurece penas y establece decenas de infracciones penales nuevas bajo el pretexto de la seguridad pública. La propuesta ha sido condenada por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, entre ellos Human Rights Watch, el Consejo de Europa y relatorías especiales de las Naciones Unidas. Más de una veintena de organizaciones europeas lo han calificado como “el mayor ataque contra el derecho a la protesta de las últimas décadas”.
De aprobarse, la legislación profundizaría la erosión del espacio cívico en Italia, donde las personas activistas, los profesionales de periodismo y las PDDH ya sufren una escalada incesante de actos de acoso judicial, juicios y detenciones, especialmente aquellas que defienden los derechos medioambientales y de las personas refugiadas. Miembros del Gobierno han lanzado una campaña de presión contra el Poder Judicial, al que acusan de estar politizado y de ponerse de parte de las ONG. Grupos de la sociedad civil, sindicatos y miles de personas manifestantes en todo el país se han movilizado contra la adopción de la propuesta.
El proyecto de ley se centra específicamente en los actos no violentos y de desobediencia civil, a los que impone duras sanciones. Por ejemplo, las personas manifestantes que bloqueen la circulación podrían ser castigadas con penas de hasta dos años de prisión y las sanciones por daños a la propiedad. Estas disposiciones endurecerían aún más los delitos ya agravados por la Ley n.º 6 del 22 de enero de 2024 (“ley de ecovándalos”). Asimismo, quienes intenten “impedir la construcción de una obra pública o una infraestructura estratégica”, como las personas activistas ecologistas, se enfrentarían a condenas especialmente duras por delitos relacionados con protestas. Las “amenazas o la violencia” podrían acarrear hasta siete años de cárcel y la resistencia o las agresiones a funcionarios podrían conllevar hasta veinte años de prisión.
En las prisiones y centros de detención de personas migrantes, donde las protestas por las malas condiciones y los malos tratos son frecuentes, toda forma de resistencia pasiva por parte de las personas detenidas o reclusas, incluidas las huelgas de hambre o negarse a trabajar, se castigaría con duras penas de prisión. Al mismo tiempo, el proyecto de ley también amplía la vigilancia estatal y extiende los poderes de las fuerzas de seguridad.
En los últimos meses se han producido violaciones alarmantes de las libertades fundamentales de las personas activistas y los profesionales del periodismo. En febrero de 2025, se supo que el periodista de investigación Francesco Cancellato, que destapó la existencia de elementos profascistas en las juventudes del partido de la primera ministra Giorgia Meloni, al igual que los activistas Husam El Gomati y Luca Casarini, que han criticado la complicidad de Italia en las violaciones de los derechos humanos en Libia, habían sido espiados mediante el programa informático militar Graphite, vendido únicamente a gobiernos. En enero de 2025, la policía detuvo durante siete horas a veintidós activistas de Last Generation y de Palestina Libera después de una protesta pacífica contra la venta de armas de Italia a Israel mientras se produce un genocidio en Gaza. Se les negó asistencia jurídica y no se les permitió ver a sus familias. A siete activistas las obligaron a entrar en una habitación y a desnudarse con la puerta abierta, quedando expuestas a la vista de quienes pasaran por allí.
Pakistán calificación de espacio cívico: REPRESIVO
Pakistán ha sido incluido en la Lista de Vigilancia debido a la intensificación de las restricciones digitales, de la criminalización de las PDDH y los profesionales del periodismo, y de la represión de los movimientos y las protestas en defensa de los derechos humanos.
En octubre de 2024, las autoridades atacaron a la doctora Mahrang Baloch, una destacada defensora de los derechos humanos y lidereza baluchi, a quien acusaron infundadamente de ayudar a grupos separatistas. Estas afirmaciones fueron hechas pocos días después de que le impidiera embarcar en un vuelo con destino al extranjero junto con la activista Sammi Deen Baloch. Ese mismo mes, la abogada defensora de los derechos humanos Imaan Zainab Mazari-Hazir y su esposo fueron acusados de “actos de terrorismo”. El defensor de los derechos humanos Idris Khattak también ha sido víctima de represalias por su trabajo y lleva ya cinco años en prisión. En la misma línea, el Gobierno prohibió el movimiento Pashtun Tahaffuz Movement (PTM), que se ha movilizado en todo el país para denunciar las violaciones de los derechos humanos perpetradas contra el pueblo pastún.
También han sido reprimidas las manifestaciones del partido de oposición Pakistan Tehrik-e Insaf (PTI), del exprimer ministro Imran Khan. En octubre de 2024, cientos de personas fueron detenidas antes del inicio de las manifestaciones y acusadas de delitos en virtud de disposiciones legales ambiguas y excesivamente amplias. En noviembre de 2024, las autoridades bloquearon las principales autopistas y carreteras que conducen a Islamabad para impedir que las manifestaciones llegaran hasta la capital. En todo el país, miles de personas fueron detenidas antes de las protestas. En octubre de 2024, la policía reprimió la marcha Sindh Rawadari March en Karachi y, en enero de 2025, disolvió una manifestación pacífica del pueblo baluchí en la provincia de Sindh.
Profesionales del periodismo también han sido perseguidos en virtud de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos (PECA) y acusados de difundir “discursos falaces contra las instituciones del Estado”. En noviembre de 2024, la policía de Islamabad detuvo al periodista Matiullah Jan bajo falsas acusaciones de posesión de drogas y de terrorismo. En diciembre del mismo año, el periodista Harmeet Singh recibió una citación para ser interrogado por presuntos “comentarios peyorativos contra las instituciones del Estado”.
En enero de 2025, el Gobierno reforzó aún más su control sobre la libertad de expresión en Internet mediante la aprobación de enmiendas a la draconiana Ley de Prevención de Delitos Electrónicos (PECA) en la Asamblea Nacional. Durante la última semana de noviembre de 2024, Pakistán se quedó prácticamente sin internet justo antes de las protestas convocadas por la oposición. Además, la red social X no está disponible desde febrero de 2024.
Serbia calificación de espacio cívico: OBSTRUIDO
En Serbia, el espacio cívico está deteriorándose rápidamente a medida que las autoridades intentan reprimir un movimiento de protesta masivo provocado por el derrumbe de una estación de tren recién renovada, el 1 de noviembre de 2024, en el que murieron quince personas y otras dos resultaron gravemente heridas. Las personas manifestantes achacan el desastre a la corrupción generalizada del Gobierno.
La situación se agravó aún más el 22 de noviembre de 2024, cuando estudiantes y docentes de la Facultad de Arte Dramático de Belgrado fueron agredidos mientras celebraban una vigilia silenciosa por las víctimas de la tragedia. Una periodista resultó herida y un estudiante tuvo que ser hospitalizado. En respuesta, estudiantes de todas las universidades públicas iniciaron una huelga indefinida para exigir que los responsables rindieran cuentas por el derrumbe y los ataques a las personas manifestantes. Aseguraron que seguirían boicoteando las clases y ocupando las instalaciones universitarias hasta que se atendieran sus exigencias. El movimiento cuenta con el firme respaldo del sector privado y de organizaciones sindicales, agrícolas y de la abogacía, así como de grupos ciudadanos autoorganizados. Según analistas, se trata del movimiento de mayor envergadura que ha presenciado el país en décadas.
Ha habido manifestaciones en al menos 400 ciudades y pueblos, y algunas de ellas han congregado a decenas de miles de personas e incluso a más de 100 000. En un primer momento, las autoridades respondieron con una fuerza excesiva y procedieron a detenciones, pero más tarde la policía se retiró y dejó un vacío que ha permitido que la violencia contra las personas manifestantes aumente sin control. Hasta ahora se han registrado más de setenta ataques contra personas manifestantes, entre ellos embestidas con vehículos contra la multitud que han dejado heridos graves y palizas con bates de béisbol a alumnas perpetradas por militantes del partido del Gobierno. Tras este último ataque, el primer ministro presentó su dimisión el 28 de enero de 2025. Se espera que en marzo se defina si habrá una reconfiguración del gobierno o una convocatoria de elecciones anticipadas.
Estudiantes, docentes y demás personas que han expresado públicamente su apoyo a las protestas han sufrido represalias, incluidas amenazas, despidos, interrogatorios policiales y campañas de difamación. La sociedad civil del país está sometida a una intensa presión por parte de las autoridades, que la acusan de intentar orquestar una “revolución de colores” bajo órdenes extranjeras; unas acusaciones difundidas por la prensa sensacionalista progubernamental.
En diciembre de 2024, Amnistía Internacional informó que la policía y los servicios de inteligencia serbios están utilizando ilegalmente programas de espionaje telefónico sofisticados contra profesionales del periodismo y personas activistas. El 6 de febrero de 2025 se descubrió que las autoridades encargadas de la lucha contra el terrorismo y el blanqueo de capitales habían estado revisando sin motivo aparente las cuentas personales de personas activistas destacadas. El 25 de febrero, la policía registró las oficinas de cinco organizaciones de la sociedad civil y anunció la apertura de una investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales y “uso indebido de fondos de los contribuyentes estadounidenses”, amparándose en declaraciones de funcionarios estadounidenses contra el programa USAID. Civic Initiatives, uno de los grupos afectados, relató que una veintena de agentes de policía, algunos armados, registraron sus oficinas sin una orden judicial, detuvieron al personal durante catorce horas y se incautaron de documentos contables. El registro de las oficinas de CRTA (Centre for Research, Transparency and Accountability) se prolongó durante 28 horas, durante las cuales los agentes exigieron que les entregaran 8 500 páginas de documentos sobre sus proyectos.
Estados Unidos de América calificación de espacio cívico: ESTRECHO
Los Estados Unidos de América han sido añadidos a la Lista de Vigilancia debido a las crecientes restricciones indebidas a las libertades cívicas bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump. Los abusos flagrantes del Poder Ejecutivo suscitan profundas inquietudes respecto a las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación.
Desde su investidura el 20 de enero de 2025, Donald Trump ha firmado al menos 125 decretos que desmantelan políticas federales y que tendrán profundas consecuencias para los derechos humanos y el Estado de derecho. Algunas de estas órdenes ejecutivas califican erróneamente de discriminatorios los programas federales para la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI), los eliminan e introducen medidas contra personas inmigrantes indocumentadas y personas trans y de género no conforme.
Desde mediados de enero, un sinfín de organizaciones de la sociedad civil, tanto en EE. UU. como en el extranjero, se han visto obligadas a cancelar o recortar programas humanitarios y de defensa de los derechos humanos debido a la creciente incertidumbre provocada por la suspensión arbitraria de la ayuda exterior y la congelación de numerosos fondos federales. Además, la ambigüedad de las directrices ha generado una avalancha de recursos judiciales en todo el país.
El Gobierno ha tomado medidas para desmantelar la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), una institución con décadas de antigüedad, y ha despedido a miles de sus empleados. Asimismo, ha abandonado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se ha retirado del Acuerdo de París y rechazado la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También ha anunciado sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), su personal y las personas y entidades que cooperan con ella. Estas decisiones podrían socavar aún más las iniciativas internacionales a favor de la justicia climática, los derechos humanos y las libertades cívicas.
Estas medidas se enmarcan en un contexto más amplio de restricciones potenciales a la libertad de asociación. El 21 de noviembre de 2024, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que autoriza al Departamento del Tesoro a revocar las exenciones fiscales de las organizaciones sin ánimo de lucro que considere que apoyan el terrorismo, sin respetar las garantías procesales. Esta propuesta otorgaría al Ejecutivo un poder considerable para paralizar financieramente a las organizaciones de la sociedad civil en función de criterios amplios y ambiguos.
Al mismo tiempo, se están imponiendo sanciones sin justificación y cada vez más severas a estudiantes y docentes en el marco de una ofensiva incesante contra las expresiones pacíficas de solidaridad con Palestina en los campus de las universidades. El 30 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó un decreto supuestamente destinado a combatir el antisemitismo que contempla la cancelación de los visados y la expulsión de estudiantes universitarios que no sean nacionales y de otras personas que hayan participado en protestas propalestinas. Ese mismo día, los medios de comunicación informaron que un grupo de extrema derecha estaba elaborando una lista de personas manifestantes propalestinas con vistas a su posible expulsión.
Las autoridades también han perseguido a las personas activistas por la justicia climática que protestan contra la construcción del gasoducto Mountain Valley Pipeline en Virginia y contra las instituciones financieras que apoyan la expansión de los combustibles fósiles. El papel cada vez más importante de las empresas privadas en la represión del activismo ecologista también suscita preocupación. Dos acontecimientos clave ilustran esta situación: por un lado, la demanda por trescientos millones de dólares presentada por la empresa que gestiona el oleoducto Dakota Access contra Greenpeace y, por otro, la publicación de una investigación que reveló el vínculo entre la industria de los combustibles fósiles y la proliferación de las leyes contra las protestas.
En los primeros meses de 2025, varios estados protagonizaron una ofensiva legislativa alarmante que ha aumentado aún más las amenazas contra la libertad de reunión pacífica. En este contexto, al menos doce proyectos de ley presentados en varios estados entre enero y febrero de 2025 podrían imponer nuevas restricciones a los actos de protestas. Entre ellos destacan el Proyecto Ley SB 286 de Indiana, el HF 25 de Iowa, el HB 601 de Misuri, el S 723 del estado de Nueva York y el HB 1240 de Dakota del Norte, que buscan criminalizar el uso de mascarillas durante las protestas. Estas medidas podrían exponer a las personas manifestantes a tecnologías de vigilancia más intrusivas y a tácticas de intimidación, tal y como demostraron los intentos de divulgación de datos personales de personas manifestantes propalestinas el año pasado.
Mientras tanto, en Minnesota, el Proyecto de Ley SF 1363 establece nuevas responsabilidades civiles y penales para quienes apoyen a personas manifestantes que participen pacíficamente en protestas en instalaciones críticas de servicios públicos, oleoductos, gasoductos u otras propiedades relacionadas con los servicios públicos. Estas limitaciones evidencian una tendencia más amplia que se viene observando desde 2017, a saber el endurecimiento constante de las restricciones a los actos de protestas. Además, estas medidas podrían desencadenar una nueva ola de represión contra quienes expresen opiniones disidentes.
La libertad de expresión y el acceso a la información también suscitan gran preocupación, sobre todo en el caso de los profesionales del periodismo que cubren temas de alta sensibilidad política. El 11 de febrero de 2025 se prohibió a dos periodistas de Associated Press (AP) asistir a las ruedas de prensa de la Casa Blanca debido a la política editorial de la agencia, que sigue refiriéndose al Golfo de México por su denominación oficial internacional y no como “Golfo de América”, tal y como decretó el presidente. AP presentó una demanda contra funcionarios del Gobierno para que sus periodistas pudieran asistir nuevamente, sin restricciones y con efecto inmediato, a los actos presidenciales; sin embargo, un juez federal la rechazó porque estimó que el acceso al presidente queda a su discreción y no es un derecho constitucional.
Además, el 25 de febrero, la portavoz de la Casa Blanca anunció que el Gobierno decidirá qué medios de comunicación pueden asistir a las ruedas de prensa de la presidencia. Estas decisiones recientes han suscitado inquietud debido a las restricciones sin precedentes que limitan el acceso de la ciudadanía a una información independiente sobre los asuntos gubernamentales.