ES.Watchlist July 2024
JULIO LISTA DE VIGILANCIA 2024
Última actualización: 10 de julio de 2024 -La nueva lista de vigilancia del CIVICUS Monitor pone de manifiesto profundas preocupaciones por el ejercicio de las libertades cívicas en Kirguistán, Tailandia, Mali, El Salvador y Palestina.
La lista de vigilancia destaca los países en los que se ha producido un deterioro grave y rápido del espacio cívico, según la evaluación de CIVICUS Monitor y de personas asociadas de investigación con el asesoramiento de personas defensoras de derechos humanos y activistas.
En las próximas semanas y meses, el CIVICUS Monitor seguirá de cerca los acontecimientos en cada uno de estos países en el marco de los esfuerzos necesarios para aumentar la presión sobre los Gobiernos. CIVICUS hace un llamamiento a estos Gobiernos para que hagan todo cuanto esté en sus manos para poner fin, de inmediato, a las medidas represivas en curso y para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos.
A continuación, encontrará una descripción de las violaciones del espacio cívico que se producen en cada país. Si desea hacernos llegar información sobre el espacio cívico de alguno de estos países, por favor, escribanos a monitor@civicus.org.
Kirguistán permanece en nuestra Lista de vigilancia debido a la ratificación de la ley sobre “agentes extranjeros” por el presidente el 2 de abril de 2024. Las organizaciones no gubernamentales que reciban financiación del extranjero y lleven a cabo actividades políticas deberán registrarse como “representantes extranjeros” antes del 16 de julio. De no hacerlo, correrán el riesgo de ser disueltas o de que se suspendan sus actividades. Medios de comunicación han señalado que algunas organizaciones ya han cesado sus operaciones por temor a las posibles consecuencias de la ley.
Al final de un largo proceso judicial, más de veinte periodistas, militantes, defensores de los derechos humanos y figuras de la oposición detenidos en 2022 en el marco del caso Kempir-Abad fueron absueltos el 14 de junio de 2024. Sin embargo, la Fiscalía ha recurrido el fallo y las autoridades siguen deteniendo a críticos bajo acusaciones falsas y amenazándolos con duras penas de prisión.
Once periodistas del grupo de investigación Temirov Live fueron juzgados en junio. Habían sido detenidos en enero de 2024 y acusados de llamar a la “desobediencia” y a la revuelta por ejercer su labor periodística. De ser declarados culpables, podrían enfrentarse a penas de hasta ocho años de prisión. Cuando comenzó el juicio, cuatro de ellos permanecían en prisión preventiva, entre ellos Makhabat Tajibek Kyzy, directora de Temirov Live y esposa de Bolot Temirov, redactor jefe del grupo expulsado del país en 2022. Denunció haber sido golpeada por un funcionario de prisiones en abril y, posteriormente, los representantes de la oficina del defensor del pueblo confirmaron que presentaba contusiones en la cara, las manos y el cuerpo. Pese a esto, la fiscalía anunció el cierre de la investigación sobre dichas denuncias y la acusó de simular sus lesiones.
El espacio para el ejercicio de la libertad de expresión sigue reduciéndose. En mayo de 2024, un tribunal de apelaciones confirmó el cierre del portal de investigación Kloop. Pese a numerosas críticas, la preparación del proyecto de ley sobre medios de comunicación sigue su curso y otro proyecto de ley podría autorizar al Gobierno a imponer multas por “calumnias” o “insultos” en los medios de comunicación o en Internet sin pasar por los tribunales. Además, un número cada vez mayor de blogueros militantes ha sido objeto de causas penales por su compromiso cívico y sus publicaciones en redes sociales. Por ejemplo, el escritor y militante Olzhobay Shakir fue condenado recientemente a una pena de cinco años de prisión, el poeta y músico Askat Zhetigen a tres años de prisión y el militante de los derechos humanos Ondurush Toktonasyrov a una multa equivalente a unos 1 000 euros por sus publicaciones en redes sociales.
El estado del espacio cívico en Tailandia suscita una profunda preocupación, especialmente la persecución de militantes, críticos y opositores por parte del Gobierno del primer ministro Srettha Thavisin.
El Gobierno sigue utilizando las disposiciones sobre el delito de lesa majestad y del artículo 112 del Código Penal para detener y condenar a activistas, críticos y políticos por insultar a la monarquía. Es frecuente que los tribunales denieguen la libertad bajo fianza a los acusados o impongan condiciones estrictas cuando la conceden. Según Thai Lawyers for Human Rights (TLHR), desde principios de 2020, más de 270 personas han sido acusadas de violar la ley y por lo menos 17 se encuentran en prisión preventiva.
Entre los casos más recientes, podemos citar el del destacado abogado de los derechos humanos y activista por la democracia Arnon Nampa, condenado a dos años de prisión adicionales en abril de 2024, y el de la diputada de la oposición Chonthicha Jangrew del partido Move Forward Party, condenada a dos años de prisión en mayo de 2024. La activista Netiporn “Bung” Sanesangkhom, detenida desde enero de 2024, falleció de un paro cardíaco en mayo de 2024 mientras se encontraba bajo custodia policial. Nadie ha rendido cuentas por su muerte.
En un informe publicado en mayo de 2024, Amnistía Internacional denunció que las mujeres y los activistas LGTBI están siendo objeto de actos de ciberacoso y de vigilancia digital ilegal mediante el programa espía Pegasus, entre otros, por parte de agentes estatales y no estatales con el fin de silenciarlos.
La represión transnacional en Tailandia también suscita preocupación. En mayo de 2024, Human Rights Watch denunció un recrudecimiento de la represión contra los extranjeros que solicitan asilo en Tailandia. Gobiernos de otros países han acosado, vigilado y agredido físicamente a disidentes y activistas exiliados, a menudo con la complicidad y el conocimiento de las autoridades tailandesas. El activista vietnamita Y Quynh Bdap fue detenido en Tailandia el 11 de junio de 2024 y actualmente corre el riesgo de ser expulsado y devuelto a Vietnam, donde podría ser objeto de una intensa persecución.
Pese a haber obtenido el mayor número de escaños en las elecciones parlamentarias de 2023, el partido de la oposición Move Forward Party corre el riesgo de ser disuelto por el Tribunal Constitucional por su compromiso a favor de la modificación de las disposiciones legales sobre el delito de lesa majestad.
El espacio cívico en Mali se ha deteriorado tras los golpes militares de agosto de 2020 y de mayo de 2021. En los últimos meses, ha aumentado la censura y la represión de los críticos, en particular de aquellos que reivindican el fin del gobierno militar y el restablecimiento del orden constitucional. En septiembre de 2023, la junta militar aplazó indefinidamente las elecciones previstas para febrero de 2024, alegando “razones técnicas”.
El 10 de abril de 2024, el Consejo de Ministros aprobó por motivos de orden público el Decreto 0230/PT-RM, el cual suspende “hasta nuevo aviso” las actividades de los partidos políticos y las actividades “de carácter político” de las asociaciones. La medida se tomó a raíz del llamamiento, el 31 de marzo de 2024, de más de ochenta partidos políticos y asociaciones malienses que exigen el restablecimiento del orden constitucional y la organización de elecciones presidenciales. Al día siguiente, la Alta Autoridad de la Comunicación (HAC), el organismo regulador de los medios de comunicación de Mali, invitó a todos los medios a dejar de emitir y de publicar las actividades de las asociaciones y de los partidos políticos.
Desde diciembre de 2023, las autoridades militares han disuelto por lo menos cinco asociaciones y movimientos políticos, algunos de ellos, aparentemente, por sus críticas o sus llamamientos al restablecimiento del régimen civil. Se trata de la Coordinación de Organizaciones del Llamamiento del 20 de febrero de 2023 para Salvar Mali, disuelta en abril de 2024; la Asociación de Alumnos y Estudiantes de Mali y la Coordinación de Movimientos, Asociaciones y Partidarios del Imán Mahmoud Dicko, disueltas en marzo de 2024; la asociación Kaoural Renouveau, disuelta en febrero de 2024, y la OSC Observatorio de las Elecciones y la Buena Gobernanza, disuelta en diciembre de 2023.
Mientras tanto, activistas, periodistas y personalidades políticas han sido detenidos de forma arbitraria y llevados a juicio, en particular por criticar la situación del país o a la junta militar. Por ejemplo, el 20 de mayo de 2024, el economista, activista y profesor universitario Etienne Fakaba Sissoko fue condenado a una multa y a dos años de prisión, de los cuales uno en suspenso, por “difamación”, “atentado contra el prestigio del Estado” y “difusión de noticias falsas” a raíz de la publicación de su libro Propaganda, agitación y acoso: la comunicación gubernamental durante la transición en Mali. En junio de 2024, diez figuras de la oposición política fueron detenidas y acusadas de “conspiración contra el Gobierno” y “atentado contra el orden público”, entre otros delitos. Todas ellas son miembros de la Plataforma Opositora de la Declaración del 31 de marzo, que reclama el restablecimiento del orden constitucional.
A todo esto se añade la suspensión periódica de medios de comunicación por parte de la HAC, a menudo por informar sobre la inseguridad en el país o por hacer comentarios al respecto. En febrero de 2024, la HAC suspendió el canal de televisión pública francesa France 2, a la que acusó de “enaltecimiento del terrorismo” al “contraponer la potencia de fuego de los grupos terroristas armados” con la del ejército maliense en un reportaje del canal sobre la seguridad en el país.
El estado del espacio cívico no ha cesado de empeorar bajo el estado de excepción. Desde el inicio de su primer mandato en 2019, el presidente Nayib Bukele ha encabezado una implacable represión de los grupos del crimen organizado. También ha tomado medidas drásticas contra sus críticos y ha adoptado leyes que restringen las libertades fundamentales de los ciudadanos con el fin de consolidar su poder. Esas actuaciones condujeron a la inscripción de El Salvador en la Lista de Vigilancia del CIVICUS Monitor en marzo de 2022.
Desde su reelección en febrero de 2024 y su toma de posesión cuatro meses después, existe una gran preocupación por el deterioro significativo del respeto de las libertades cívicas. El entorno es cada vez más hostil para el ejercicio de la libertad de expresión y de asociación, y se han documentado casos contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
La difamación, la intimidación, las campañas de desprestigio y la denegación de acceso a la información siguen siendo tácticas empleadas frecuentemente contra los periodistas. Las restricciones y la hostilidad del entorno hacia la prensa quedaron plasmadas en las 319 violaciones de la libertad de prensa que registró la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) durante las elecciones generales del 4 de febrero de 2024 y las elecciones municipales del 3 de marzo de 2024, las cuales fueron perpetradas principalmente por agentes públicos.
Según la organización de derechos humanos Cristosal, el contexto en el que se han desenvuelto los defensores de los derechos humanos durante los últimos cuatro años ha sido el más difícil desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Los defensores de los derechos humanos han padecido actos de vigilancia, acoso y otras formas de violencia, entre ellas las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias de mujeres defensoras de los derechos humanos, como informó la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) en 2024. La retórica estigmatizadora de los altos cargos del Gobierno contra los defensores de los derechos humanos también ha aumentado.
Las mujeres periodistas se han enfrentado a actos de intimidación y a toda una serie de amenazas digitales y físicas. A principios de febrero de 2024, la Alianza de Medios de Comunicación Feministas denunció las amenazas sexistas en línea que hacen referencia a rasgos físicos con el fin de intimidar o de humillar a las periodistas.
También se han adoptado reformas legales restrictivas que podrían obstaculizar aún más el ejercicio de las libertades cívicas. Un proyecto de ley sobre los “agentes extranjeros” podría usarse para silenciar a las OSC, ya que impondría un impuesto del 40 % sobre una parte su financiación internacional y limitaría las actividades legítimas de las OSC que reciben fondos o apoyo del extranjero. Además, las obligaría a inscribirse como “agentes extranjeros” en el Ministerio del Interior. El proyecto de ley ha sido aprobado parcialmente, pero su aprobación definitiva por el pleno de la Asamblea Legislativa aún está pendiente.
Asimismo, el 27 de abril de 2024, la Asamblea Nacional aprobó una modificación del artículo 248 de la Constitución que autoriza la adopción de reformas constitucionales durante una misma legislatura. Hasta entonces, dichas modificaciones debían ser ratificadas durante una segunda legislatura. La reforma podría limitar la rendición de cuentas, la transparencia y la participación en futuros procesos constitucionales. Adicionalmente, el 7 de junio de 2024, las autoridades renovaron el estado de excepción por vigesimoséptima vez, prorrogándolo treinta días más hasta julio de 2024, prolongando así las medidas abusivas que han impedido que los periodistas y los defensores de los derechos humanos puedan trabajar de forma libre y segura.
Palestina permanece en la Lista de Vigilancia mientras continúan los bombardeos de Israel. A 9 de junio de 2024, se había registrado el asesinato de más de 37 000 palestinos y 1139 israelíes, de los cuales, por lo menos 105 eran periodistas (100 palestinos, 2 israelíes y 3 libaneses). Más de 250 trabajadores humanitarios han sido asesinados en Gaza desde el ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, las fuerzas israelíes han llevado a cabo por lo menos ocho ataques contra convoyes y locales de trabajadores humanitarios en Gaza, pese a que las organizaciones habían facilitado sus coordenadas a las autoridades israelíes para garantizar su protección.
A pesar de la devastación a la que se enfrenta Palestina, la congelación de los fondos de los principales donantes amenaza la existencia de la UNRWA y de las OSC palestinas. Si bien la mayoría de los donantes ha reanudado la transferencia de fondos a la UNRWA tras la oleada de suspensiones a principios de año, la financiación de algunos donantes clave como los Estados Unidos y el Reino Unido sigue paralizada. En marzo de 2024, mientras continúa la catástrofe humanitaria de Gaza, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de presupuesto por valor de 1,2 billones de dólares que prohíbe la financiación de la UNRWA.