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Continúa la estigmatización de la oposición en Bolivia

Manifestantes exigen la liberación de la expresidenta interina Jeanine Añez, 25 de agosto de 2021. Foto: Gastón Brito/ Getty Images.

Asociación

El 14 de agosto de 2021, el Observatorio de Defensores de los Derechos Humanos de la organización de la sociedad civil UNITAS alertó sobre la criminalización y la estigmatización de la oposición en Bolivia. La organización destacó tres casos que se produjeron en julio y agosto de 2021. En dichas ocasiones varios funcionarios públicos hicieron declaraciones en las que denigraron a la oposición, vincularon a los manifestantes con actividades delictivas y se mostraron intolerantes con la disidencia. El 7 de agosto de 2021, el presidente Luis Arce afirmó que los grupos opositores que organizan manifestaciones contra el cierre de la investigación sobre el presunto fraude electoral en las elecciones de 2019 pretenden "paralizar" y "desestabilizar" el país.

UNITAS explicó que entre los tipos de violación analizados por el Observatorio, la estigmatización es uno de los más frecuente; de hecho, se han registrado 125 casos desde 2018. En palabras de la organización:

"Estos actos generan un entorno de intolerancia y rechazo contra quienes son estigmatizados, provocando su autocensura, entendida como la restricción de expresiones por temor a represalias".

Reunión pacífica

El 2 de agosto de 2021, la policía detuvo a cinco jóvenes manifestantes que intentaron derribar una estatua de Cristóbal Colón en La Paz en el marco de una manifestación por el Día Nacional de la Revolución Agraria. Los manifestantes también pintaron la cara de la estatua y le ataron una cuerda al cuello. Según información publicada en la prensa, una veintena de personas se sumaron a la manifestación vestidas con trajes tradicionales y ondeando una bandera wiphala. Los manifestantes detenidos fueron puestos en libertad, pero al parecer se enfrentarán a cargos por vandalismo.

Por otro lado, grupos de la oposición convocaron manifestaciones después de que las autoridades anunciaran el cierre de la investigación sobre el presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2020. El 5 de agosto de 2021, en el marco de una manifestación, varios manifestantes de la oposición se enfrentaron a grupos relacionados con el Movimiento Al Socialismo (MAS), los cuales habían organizado una contramanifestación. El exdiputado y militante del MAS, Gustavo Torrico, fue grabado mientras atacaba a los manifestantes. Un legislador de la oposición resultó herido durante los enfrentamientos. Hubo manifestaciones pacíficas en Santa Cruz, Cochabamba y en otras ciudades.

El 15 de agosto de 2021, cientos de manifestantes indígenas bloquearon una carretera entre San Ignacio de Mojos y San Borja, departamento de Beni. Las organizaciones indígenas que participaron en la movilización publicaron un manifiesto en el que afirmaban que el Estado sigue manteniendo prácticas burocráticas, discriminatorias y excluyentes contra los pueblos indígenas. Entre sus exigencias figuran la autonomía de las comunidades indígenas y el pleno reconocimiento de sus derechos políticos y a la tierra. Después de cinco días, los manifestantes llegaron a un acuerdo con las autoridades locales y nacionales, y levantaron el bloqueo.

A finales de agosto de 2021, los partidarios de la expresidenta interina Jeanine Áñez organizaron una serie de manifestaciones para exigir su puesta en libertad. Como ya informó CIVICUS Monitor, Áñez fue detenida en marzo de 2021 y acusada de "terrorismo" y "sedición". Se enfrenta a una serie de procesos judiciales, entre ellos, uno por "genocidio", debido a su presunta responsabilidad en los asesinatos que tuvieron lugar durante las revueltas sociales de 2019. Sus partidarios intensificaron los llamamientos para su liberación después de que los medios de comunicación revelaran en agosto de 2021 que la salud de Áñez se había deteriorado (padece de depresión e hipertensión) y que recientemente había intentado autolesionarse. El 25 de agosto de 2021, una persona resultó herida en los enfrentamientos entre partidarios y detractores de Áñez durante las manifestaciones frente a la cárcel de Miraflores, en La Paz, donde se encuentra detenida la expresidenta interina.

Informe sobre el uso excesivo de la fuerza durante la crisis política

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el 17 de agosto de 2021 su informe sobre los acontecimientos que se produjeron en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019, cuando unos comicios controvertidos desataron una crisis política en el país. Tras ocho meses de trabajo en Bolivia, el GIEI aseguró haber hallado pruebas del uso desproporcionado de la fuerza militar y policial contra civiles durante la crisis sociopolítica. Según el informe, "es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos y todas el reconocimiento de su calidad de víctimas". Los expertos formularon 36 recomendaciones sobre las estrategias gubernamentales para prevenir la violencia y sobre cómo hacer justicia y ofrecer reparación a las víctimas.

Expresión

El 12 de agosto de 2021, la empresa de servicios digitales Yahoo notificó al periódico El Diario de La Paz que su cuenta de correo podría haber sufrido un ataque informático. El periódico recibió un correo electrónico en el que se le informó de que su cuenta podría haber sido objeto de ataques perpetrados por agentes respaldados por el Gobierno que buscaban acceder a sus datos. Según la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP-Bolivia), este medio de comunicación ha sido perseguido a menudo por la independencia de su línea editorial.