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Se profundiza el retroceso democrático en El Salvador

Panorámica del Congreso antes de un discurso del presidente Bukele, 1 de junio de 2021. Foto: Roberto Martínez/ APHOTOGRAFIA/ Getty Images

Los nuevos legisladores tomaron posesión de sus cargos en la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2021, después de que el partido gobernante Nuevas Ideas obtuviera una mayoría de dos tercios en febrero de 2021. En su primer día, los aliados del Gobierno en la Asamblea Legislativa votaron destituir y sustituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, así como al fiscal general.

Durante su mandato, el presidente Bukele se ha opuesto públicamente a las sentencias de los magistrados. Según Human Rights Watch, su destitución "constituyó un ataque frontal a la independencia judicial, ya que las normas internacionales dejan claro que ningún juez ha de ser destituido simplemente porque sus sentencias no gustan al Gobierno".

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que la medida socava profundamente la democracia y el estado de derecho en el país. En un comunicado afirmó:

"La separación de poderes es la piedra angular de cualquier democracia. Debilitar el control que uno ejerce sobre el otro provoca la erosión de los pilares del estado de derecho y, por ende, del sistema democrático de un país".

Durante su primer mes los legisladores también aprobaron un préstamo de 730 millones de dólares para financiar el plan de seguridad del presidente Nayib Bukele. La oposición de la anterior Asamblea a este préstamo provocó un conflicto entre los legisladores y el Gobierno, que culminó en un polémico suceso en febrero de 2020, cuando Bukele entró en la Asamblea Legislativa de El Salvador acompañado por varios soldados armados.

Por otro lado, el 1 de julio de 2021 el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo público la Lista Engel, un registro con los nombres de más de cincuenta funcionarios, exfuncionarios, empresarios y líderes políticos de El Salvador, Guatemala y Honduras, a los que consideraba como "actores corruptos y antidemocráticos" y a quienes había prohibido la entrada al país. En esta lista aparecen los nombres de funcionarios y de exfuncionarios de El Salvador, entre ellos el del jefe de gabinete de Bukele, el de su asesor jurídico, el del ministro de Trabajo y el de un magistrado del Tribunal Electoral.

Reunión pacífica

Tras la polémica destitución de los magistrados de la Sala Constitucional y del fiscal general, manifestantes antigubernamentales organizaron una serie de movilizaciones contra el autoritarismo del gobierno de Nayib Bukele y de sus legisladores aliados. El 5 de mayo de 2021, 43 sindicatos y grupos populares organizaron un acto público contra el "golpe de los legisladores". El 6 de junio de 2021, unos 50 manifestantes participaron en una manifestación en San Salvador. Miembros del movimiento Resistencia Ciudadana portaron pancartas en las que se podía leer: "¡No hay democracia sin independencia judicial!". El 3 de julio de 2021, abogados y estudiantes de derecho se manifestaron frente al Monumento a la Constitución de San Salvador y defendieron que las recientes acciones del Gobierno han violado la Constitución salvadoreña. "La justicia no es el juguete de los que tienen el poder", se podía leer en una pancarta de los manifestantes.

Por otra parte, el 8 de junio de 2021, organizaciones de la sociedad civil y grupos religiosos celebraron la 21.ª edición de la Caminata Ecológica en conmemoración del Día Mundial del Medioambiente. Más de 5 000 manifestantes se sumaron a la marcha, al cabo de la cual sus líderes pretendían entregar una carta a la Asamblea Legislativa en la que pedían el reconocimiento de los derechos humanos al agua, al saneamiento y a la alimentación. Sin embargo, la policía levantó barricadas y les impidió llegar a la sede del órgano legislativo.

Asociación

El 19 de mayo de 2021, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de El Salvador decidió archivar la propuesta de ley para el reconocimiento y la protección integral de las personas defensoras de los derechos humanos, la cual había sido presentada a los legisladores para su discusión. Esta propuesta de ley contaba con el apoyo de varias organizaciones y colectivos de la sociedad civil que conforman la Mesa por el Derecho a Defender Derechos. Las organizaciones pidieron a los representantes que reconsideraran su decisión y se comprometieran a proteger a las personas defensoras en el país. En un comunicado, IM-Defensoras y la Red Salvadoreña de Defensoras afirmaron:

"El archivo de la ley, además de constituir una falta de respeto para el trabajo de las organizaciones que la han promovido, es un golpe a la agenda de derechos humanos en el país, ya que prolonga la hostilidad y la indefensión a la que se enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos cuando realizan su labor".

Por otro lado, las organizaciones de los derechos humanos Red Salvadoreña de Mujeres Defensoras, IM-Defensoras y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la concesión de medidas cautelares para la abogada y exfiscal penal Bertha María DeLeón. DeLeón fue asesora del presidente Bukele y se enfrentó al acoso en línea de sus partidarios después de que empezara a mostrarse crítica con su gobierno. También se ha enfrentado a la criminalización, a amenazas y a una campaña de difamación de Walter Araujo, el expresidente de la Tribunal Supremo Electoral, después de que ella presentara una denuncia contra él. Su denuncia condujo a la inhabilitación de Araujo, quien no pudo presentarse a las elecciones legislativas como candidato del partido gobernante Nuevas Ideas.

Expresión

El 5 de mayo de 2021, los legisladores aprobaron una reforma del artículo 8 de la ley de imprenta del país, el cual establecía una exención fiscal para los suministros importados destinados a la prensa escrita. El nuevo texto contó tanto con el apoyo de los aliados del Gobierno como con el del partido de la oposición FMLN. Esta reforma pone fin a las exenciones arancelarias y a las deducciones de beneficios que antes se aplicaban a los periódicos.

El 31 de mayo de 2021, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) publicó un informe sobre las agresiones a la prensa durante el primer cuatrimestre del año. Según la organización, en esta plazo se produjeron 113 agresiones contra periodistas; el doble de las registradas en el mismo periodo del año anterior. Las violaciones más recurrentes fueron la obstrucción al trabajo periodístico, la estigmatización y la restricción del acceso a la información. El 46 % de los periodistas afectados son hombres y el 34 % mujeres; el porcentaje restante corresponde a las agresiones perpetradas contra grupos, medios de comunicación, la propia APES y personas LGBTQI+. Los principales autores de las agresiones son policías y funcionarios públicos.

Por otra parte, el 8 de junio de 2021, Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, reconoció que su ministerio hace un seguimiento del trabajo de los periodistas "porque la libertad de expresión tiene su límite". Villatoro estigmatizó la labor de la prensa y afirmó que algunos periodistas promueven la violencia y publican contenidos carentes de ética. La APES rechazó las declaraciones del ministro, que, según ella, se produjeron después de que periodistas cubrieran un acto del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Medicina Legal en el que se denunció la manipulación de pruebas en el caso de una fosa clandestina en Chalchuapa. La fosa fue localizada en el domicilio de un expolicía y contenía decenas de cadáveres. El caso de Chalchuapa conmocionó a El Salvador y ha gozado de una amplia cobertura en los medios de comunicación locales.

En relación con este caso, el 14 de junio de 2021 el Juzgado Primero de Paz de Santa Ana ordenó a la Revista Factum retirar un artículo sobre la investigación en curso. La Fiscalía acusó a la revista digital de violar la Constitución salvadoreña. Según la sentencia, el portal incurrió en una violación del principio del debido proceso en una causa penal en curso, en concreto, en cuanto atañe a la sepultura y al derecho a la intimidad de las víctimas indirectas de los crímenes. Sin embargo, el Juzgado no especificó qué partes del artículo violaron dicho principio. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) pidió a las autoridades salvadoreñas que anularan la orden judicial y permitieran a los medios de comunicación informar libremente sobre temas de interés público. Natalie Southwick, coordinadora del programa de América Central y del Sur de la organización, cuestionó la prohibición genérica del tribunal:

"Las autoridades no pueden utilizar argumentos ambiguos para justificar la censura de un artículo completo. Deben revertir esta decisión de inmediato para no sentar un peligroso precedente".