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Nicaragua: detienen a cuatro aspirantes a la presidencia durante la represión de la oposición

Nicaragua: detienen a cuatro aspirantes a la presidencia durante la represión de la oposición
La policía reprime una manifestación en Managua, noviembre de 2019. REUTERS/ Oswaldo Rivas TPX IMAGES OF THE DAY

Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, en mayo de 2021 las autoridades nicaragüenses iniciaron una investigación sobre los antiguos trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, incluida su exdirectora Cristiana Chamorro, por presuntas irregularidades financieras. Las organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el objetivo de la investigación era desacreditar a Chamorro y disuadirla de presentarse como candidata de la oposición en las próximas elecciones presidenciales.

El 1 de junio de 2021, los fiscales acusaron a Chamorro de delitos de "blanqueo de capitales, falsedad ideológica y gestión abusiva" y anunciaron haber solicitado su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Al día siguiente, se allanó su domicilio y Chamorro quedó bajo arresto domiciliario. Durante una oleada de detenciones que se produjo los días siguientes, las autoridades nicaragüenses también ordenaron la detención de otros tres precandidatos presidenciales, a saber: Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.

En las siguientes secciones se detallan varios acontecimientos relacionados con estos actos de represión de la oposición política y del espacio cívico.

Asociación

El 28 de mayo de 2021, policías y civiles armados detuvieron a Walter Gómez y Marcos Fletes, dos exempleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Se les acusó de un presunto delito de blanqueo de capitales y se les impuso un periodo de detención preventiva de 90 días mientras se lleva a cabo una investigación policial. Una reforma del Código Penal en febrero de 2021 amplió el periodo durante el cual una persona puede permanecer en prisión sin cargos, el cual pasó de 48 horas a 90 días; esta era la primera vez que se aplicaba la nueva legislación a representantes de la sociedad civil.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó esta detención sin orden judicial e instó al Estado nicaragüense a informar inmediatamente sobre el paradero de Gómez y Fletes. Según Nicaragua Investiga, a 4 de junio de 2021, ambos seguían detenidos y sin poder comunicarse con sus familias.

Por otra parte, el Ministerio Público publicó un comunicado en el que precisó que la detención del precandidato de la oposición Félix Maradiaga está relacionada con una investigación sobre presuntas irregularidades y actividades ilícitas de los grupos de la sociedad civil Fundación Libertad y el Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (IEEPP), el cual él dirigía. Al IEEPP le fue revocada su personalidad jurídica en 2018 en el marco de una ofensiva contra la sociedad civil.

Mientras tanto, la policía citó al precandidato de la oposición Juan Sebastián Chamorro para que declarase en una investigación contra la OSC Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES). Fue detenido cuando se presentó a dicha citación. La policía lo acusó de haber actuado con el fin de "menoscabar la soberanía y la independencia" en virtud en una ley aprobada recientemente y sobre la cual la sociedad civil advirtió que podría usarse para perseguir a la oposición y reducir aún más el espacio cívico.

Reunión pacífica

El 28 de mayo de 2021, agentes de la policía impidieron que se llevara a cabo una pequeña manifestación de los miembros de Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) contra el Gobierno y contra la reciente represión de la oposición. Nicaragua Actual grabó un video en el que se ve a agentes de la policía rodear y empujar al grupo de manifestantes contra un muro cuando intentaban iniciar una marcha. El 8 de junio de 2021, la directora de la UNAB Violeta Granera fue detenida por haber cometido presuntos actos que "menoscaban la soberanía y la independencia".

Por otro lado, el 30 de mayo de 2021, policías y civiles armados atacaron a miembros de la Asociación Madres de Abril (AMA) que celebraban un acto privado en la Universidad Centroamericana en conmemoración de las víctimas de la Masacre del Día de la Madre, la cual se saldó con la muerte de 19 manifestantes a manos de la policía en 2018. Los agentes de policía golpearon al líder Francis Mejía, interrogaron a Raquel Sevilla y se incautaron de material reivindicativo que le pertenecía tanto a ella como a otros miembros de la AMA. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, los actos de acoso y los ataques contra los miembros de la AMA aumentaron en el tercer aniversario de la crisis de los derechos humanos en Nicaragua a medida que las familias intentaron organizar actos conmemorativos.

Expresión

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señaló que al menos dieciséis periodistas recibieron una citación para declarar como testigos en la investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En declaraciones al CPJ, María Lilly Delgado, corresponsal de Univisión, relató que recibió una citación para el 24 de mayo de 2021 y que el día de su comparecencia los fiscales se negaron a interrogarla en presencia de su abogado. En un segundo encuentro, se le comunicó que su "condición había pasado de testigo a investigada", hecho que quedó confirmado posteriormente en un comunicado de los fiscales en el cual solicitaron medidas precautelares en su contra. Otras dos personas pasaron a ser consideradas como sospechosas al negarse a declarar sin la presencia de sus abogados.

Los periodistas que intentaron cubrir las detenciones de los líderes de la oposición también afirmaron que la policía intentó intimidarlos y obstruyó su labor. Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron estos hechos y aseguraron que estas acciones buscan intimidar a los periodistas y silenciar a la prensa independiente en el contexto electoral. Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, también comentó:

"Es aterrador advertir que no hay un solo poder del Estado que quede fuera del sofisticado dispositivo de censura que se ha activado en Nicaragua. Las citaciones “express” a periodistas por parte de la Fiscalía son el método más reciente para intimidar y asfixiar el debate público".