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Crisis política en Bolivia: manifestaciones violentas y posibles ejecuciones extrajudiciales

Crisis política en Bolivia: manifestaciones violentas y posibles ejecuciones extrajudiciales
Manifestación por la muerte de personas indígenas en Senkata. El Alto, 20 nov. 2019. Gaston Brito Miserocchi/ Getty images.

El 10 de noviembre de 2019 Evo Morales renunció como presidente de Bolivia tras semanas de disturbios por las controvertidas elecciones generales de finales de octubre del mismo año. Poco antes, el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Bolivia le había retirado públicamente su apoyo y había instado a Morales a que renunciara. En cuestión de horas, varios funcionarios políticos clave en la línea de sucesión, incluido el vicepresidente y los líderes del Senado y la Cámara de Diputados, también renunciaron. Durante los siguientes días se intensificaron los enfrentamientos violentos entre los partidarios del gobierno y sus opositores, y se señaló la existencia de saqueos generalizados y de barricadas en La Paz. Durante una transición negociada bajo presión, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, surgió como presidenta interina el 12 de noviembre de 2019. Añez, exsenadora de la oposición, reemplazó rápidamente a los ministros del gabinete y a otros altos cargos.

La violencia persiste y se han producido enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los partidarios de Morales, así como entre manifestantes provenientes de todo el espectro político. Mientras el gobierno interino buscaba restablecer el orden, se ha señalado en múltiples casos de represión de manifestaciones y de ataques contra la prensa. Entre el 20 de octubre y el 27 de noviembre de 2019, al menos 36 personas fueron asesinadas y 804 resultaron heridas en los disturbios.

A principios de enero de 2020, un tribunal electoral fijó el 3 de mayo de 2020 como la fecha para las nuevas elecciones generales.

A continuación encontrará información adicional sobre sucesos relacionados con las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.

Reunión pacífica

Manifestaciones violentas

El 7 de noviembre de 2019, la alcaldesa de Vinto, provincia de Cochabamba, fue arrastrada descalza por las calles por los manifestantes, quienes también la cubrieron con pintura, le cortaron el pelo a la fuerza y la obligaron a firmar una carta de renuncia. Según informaciones publicadas por la BBC, manifestantes enfurecidos de una protesta contra los resultados electorales se dirigieron hacia la alcaldía después de que se difundieran rumores sobre la muerte de dos manifestantes en enfrentamientos con partidarios de Morales. Los manifestantes acusaron a la alcaldesa Patricia Arce, del partido MAS de Morales, de traer a partidarios en autobuses hasta la ciudad y la culparon de dichas muertes. Además de agredir a Arce, el edificio del ayuntamiento también fue vandalizado durante la manifestación. Según las noticias publicadas en los medios, tras varias horas dos hombres no identificados extrajeron a Arce de la multitud y la entregaron a un agente de policía.

Mayor libertad para los militares

El 14 de noviembre de 2019, el gobierno interino de Bolivia publicó el Decreto Supremo 4078. Este documento otorga al ejército un amplio margen de maniobra para el uso de la fuerza para contener las manifestaciones. Las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones internacionales argumentaron que este decreto no es compatible con el derecho y las normas internacionales, y urgieron a las autoridades a que lo deroguen de inmediato. Según Amnistía Internacional, este decreto permitiría que no se castigaran las posibles violaciones de los derechos humanos al eximir de responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas que participa en operaciones para el restablecimiento del orden interno y de la seguridad pública. A pesar de la indignación que provocó, el decreto se mantuvo vigente hasta el 28 de noviembre de 2019. Durante este período se registraron múltiples denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes.

Masacres en Sacaba y Senkata

El 16 de noviembre de 2019, Associated Press informó que al menos cinco manifestantes fueron asesinados en la ciudad de Sacaba después de que las fuerzas de seguridad dispararan contra los manifestantes pro Morales. Según testigos, los actos de violencia comenzaron después de que los manifestantes, en su mayoría cocaleros, intentaran cruzar un control militar para entrar en la ciudad de Cochabamba. Si bien las fuerzas de seguridad afirmaron que los manifestantes estaban armados, estos últimos denunciaron que la policía abrió fuego indiscriminadamente contra la multitud.

El 19 de noviembre de 2019, al menos ocho personas perdieron la vida en El Alto durante los enfrentamientos con los militares: las fuerzas armadas intervinieron para desbloquear el acceso a la planta de combustible de Senkata bloqueada por los leales a Morales. El ministro de Defensa Fernando López declaró en la televisión que los manifestantes "son terroristas que buscan perjudicar a Bolivia, a su gente y a sus empresas estratégicas". Testigos locales acusaron a las fuerzas armadas de cometer una masacre. Una investigación inicial confirmó que la muerte de las víctimas de Senkata se produjo por armas de fuego.

Informe de la CIDH sobre Bolivia y creación de un grupo independiente para investigar abusos

El 12 de noviembre de 2019, varias organizaciones de la sociedad civil en Bolivia enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instando a la organización a realizar una visita in loco a Bolivia.

El 19 de noviembre de 2019, la CIDH condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de los militares bolivianos en el marco de las manifestaciones e instó a Bolivia a derogar el Decreto Supremo 4078. El 23 de noviembre de 2019 la organización comenzó su visita técnica en Bolivia y se reunió con autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil, periodistas, manifestantes heridos y demás afectados por la crisis política. El 10 de diciembre de 2019 la CIDH publicó las conclusiones preliminares de su visita y afirmó que sus delegados hallaron claros indicios de ejecuciones extrajudiciales tanto en Sacaba como en Senkata. La organización solicitó una investigación internacional autónoma sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos.

Aunque el gobierno interino de Bolivia rechazó el informe alegando que era injusto e impreciso, el 12 de diciembre de 2019 el gobierno boliviano y la CIDH firmaron un acuerdo para la creación de un mecanismo para apoyar las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos. Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se encargará de planificar y de asesorar las investigaciones, propondrá medidas para garantizar la seguridad de los involucrados y formulará recomendaciones sobre planes para ayudar a las víctimas.

Expresión

Ataques a periodistas durante la crisis política

El 10 de noviembre de 2019, un periodista y un camarógrafo de Paceñísima TV fueron agredidos mientras cubrían las manifestaciones pro Morales en Ceja de El Alto, una ciudad en las inmediaciones de La Paz. La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) informó que un grupo de simpatizantes de Morales atacó a la periodista Isabel Poma: le tiraron del pelo, la arrojaron al suelo y le propinaron golpes y patadas. Poma tenía moretones en los brazos y en las piernas, y las heridas hicieron que le sangrara la nariz. El camarógrafo Juan Pardo fue golpeado con un palo y recibió amenazas de muerte. Los agresores también quemaron el micrófono y el cable de los periodistas, y les quietaron su cámara.

Además, el 10 de noviembre de 2019, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, expresó en Twitter que la organización había recibido varios informes sobre agresiones contra periodistas y contra la prensa en Bolivia. Dichas agresiones fueron perpetradas tanto por partidarios del gobierno como por miembros de movimientos de la oposición. Según Lanza, la CIDH recibió información sobre la ocupación de canales de comunicación públicos y sobre el corte de su transmisión por parte de grupos anti Morales.

El 14 de noviembre de 2019, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) informó que desde el 20 de octubre de 2019 76 periodistas y 14 medios de información han sido objeto de ataques en Bolivia.

El 19 de noviembre de 2019, la CIDH declaró que durante las manifestaciones postelectorales recibió denuncias sobre restricciones a la labor de los periodistas y de los medios de comunicación. Según la CIDH, los trabajadores de los medios de comunicación en Bolivia han estado bajo presión: algunos canales de televisión recibieron amenazas de cierre y varias estaciones de radio habrían sido incendiadas. Además, la organización recordó que el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad de los periodistas y comunicadores que cubren las manifestaciones con el fin de evitar que sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados durante la realización de su trabajo.

Hostilidad y ataques contra los corresponsales extranjeros

En noviembre de 2019, varios corresponsales extranjeros fueron amenazados y agredidos mientras informaban sobre la situación en Bolivia.

El periodista Mariano García del canal argentino Telefe declaró que la agresión de la que fue víctima comenzó después de entrevistar a Luis Fernando Camacho el 12 de noviembre de 2019. El 13 de noviembre de 2019, un periodista de otro canal argentino tuvo un altercado verbal con una mujer boliviana durante una transmisión en vivo. Varias personas se arremolinaron en torno al equipo de grabación y un hombre golpeó la cámara; todo quedó grabado.

El 14 de noviembre de 2019, la ministra de Comunicación Roxana Lizárraga, nombrada por la presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, acusó a algunos "periodistas y pseudoperiodistas" extranjeros y bolivianos de provocar sedición. Lizárraga afirmó que estos periodistas han sido identificados y que el ministro de Gobierno tomará medidas en su contra.

Las agresiones aumentaron ese mismo día. Mientras realizaba un reportaje en vivo desde La Paz para el canal de televisión argentino Todo Noticias, varios transeúntes interrumpieron a la periodista Carolina Amoroso y la siguieron mientras gritaban "¡regresen a su país!, ¡váyanse, mentirosos!". La situación fue captada por la cámara y el equipo de grabación acabo rodeado. Más tarde, los mismos periodistas se enfrentaron a comportamientos hostiles mientras cubrían una manifestación a favor de Morales. Periodistas de América Noticias, Telefe y Crónica TV también señalaron que fueron objeto de comportamientos hostiles y de agresiones por parte de manifestantes de ambos bandos durante la crisis política. Según El País , los manifestantes amenazaron con prenderle fuego a un equipo de periodistas, les tiraron piedras y los siguieron hasta su a su hotel. Mariano García de Telefe denunció que, más tarde ese mismo día, a él y a otros periodistas argentinos les advirtieron que un grupo con la intención de agredirles había roto las cámaras de seguridad cercanas a su hotel. Asediados, los periodistas solicitaron ayuda a las autoridades diplomáticas. Fueron evacuados hasta la embajada de su país y regresaron a Argentina al día siguiente.

El 15 de noviembre de 2019, la corresponsal de Al Jazeera Teresa Bo fue rociada con gases lacrimógenos mientras cubría una manifestación en La Paz. Un video del suceso muestra a un agente de policía gaseando intencionadamente a la periodista en la cara mientras realizaba un reportaje.

También el 15 de noviembre de 2019, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó su alarma por los comentarios de la ministra Lizárraga y afirmó que las autoridades estatales no deben estigmatizar a la prensa.

Autocensura

En noviembre de 2019 al menos dos periódicos con presencia en Cochabamba (Los Tiempos y Opinión Bolivia) anunciaron medidas de autocensura temporales por razones de seguridad. Tras las amenazas a sus periodistas, el periódico Los Tiempos optó por cancelar temporalmente la circulación de su edición impresa. Según informaciones publicadas en la prensa, dos medios de comunicación estatales también dejaron de transmitir su programación habitual debido a amenazas.

El 4 de diciembre de 2019, Alejandro Salazar (Al-Azar), editor gráfico del periódico La Razón de La Paz, suspendió la publicación de sus ilustraciones a causa del acoso y de las amenazas de las que fue objeto en las redes sociales debido al contenido político de su trabajo.

Decreto para restaurar la libertad de expresión

El 10 de diciembre de 2019, la ministra de Comunicación de Bolivia anunció que el gobierno presentará una legislación para restaurar la libertad de expresión y garantizar los derechos de los trabajadores de la prensa. La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) saludó la iniciativa y destacó que es esencial restablecer las garantías para la labor de los medios y para el ejercicio del periodismo en el país.

Asociación

El 10 de noviembre de 2019, la casa de Waldo Albarracín, defensor de los derechos humanos y rector de la Universidad Mayor de San Andrés, fue saqueada e incendiada con su familia dentro. Según un informe de la OSC Frontline Defenders, una muchedumbre compuesta por unas 500 personas se acercó hasta la casa de Albarracín, hecho que condujo a la familia a evacuar la residencia de inmediato. Dos de los hijos del defensor quedaron arrinconados hasta que lograron escapar y refugiarse en la casa de un vecino. Un día antes, el 9 de noviembre de 2019, funcionarios públicos afines al expresidente Morales habrían realizado un llamamiento para que Waldo Albarracín y a otros líderes sociales abandonen el departamento de La Paz por "generar convulsión, violencia y división". En octubre de 2019, Albarracín sufrió contusiones craneales leves tras recibir un golpe en la cara con un bote de gas lacrimógeno durante una manifestación. Desde entonces ha recibido mensajes en las redes sociales con amenazas de muerte dirigidas a él y su a familia.

El 28 de noviembre de 2019, un grupo de organizaciones de la sociedad civil de Argentina viajó hasta Bolivia para documentar las denuncias de violaciones de los derechos humanos durante la crisis política. La delegación Solidaridad con Bolivia denunció que sus miembros fueron detenidos y amenazados en el transcurso de su visita. Un grupo de personas agredió a los miembros del grupo a su llegada y, según la delegación, catorce de sus miembros fueron interrogados por las fuerzas de seguridad en el aeropuerto Viru Viru. Horas después de la llegada de la delegación, Arturo Murillo, ministro de Interior del gobierno interino, afirmó públicamente: "Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país hechos a las mansas palomitas, tratando de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo".