El 30 de marzo de 2021, el Ministerio del Interior venezolano promulgó la Providencia Administrativa 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados, la cual exigiría que todas las organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro del país deberán proporcionar información confidencial sobre sus actividades. Bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, la medida obliga a las organizaciones de la sociedad civil a registrarse para su control y supervisión; este trámite comportaría facilitar información sobre sus donantes, socios, movimientos financieros y sobre la identidad de los beneficiarios, entre otros. Según Human Rights Watch, la amplia definición de "beneficiarios" de esta normativa crearía un requisito que ha generado alarma entre las organizaciones humanitarias y de derechos humanos, ya que las obligará a revelar la identidad de las víctimas y de las comunidades vulnerables para las que trabajan.
Las organizaciones de la sociedad civil condenaron la medida y denunciaron que la posibilidad de que sus integrantes sean criminalizados y encarcelados por incumplimiento comprometería el trabajo de miles de organizaciones que brindan apoyo a los sectores más vulnerables de la población. También argumentaron que esta normativa es inconstitucional, ya que viola el derecho de asociación y los principios de presunción de inocencia y de legalidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión también rechazaron la providencia administrativa e instaron al Estado venezolano a dejarla sin efecto y a garantizar el derecho de asociación de las organizaciones no gubernamentales. En un comunicado, ambos organismos argumentaron que los nuevos requisitos podrían promover la estigmatización de las organizaciones y de las personas defensoras de los derechos humanos, y advirtieron que las autoridades no deben servirse de la lucha contra el terrorismo para justificar la represión de estos actores.
A principios de mayo de 2021 se remplazó la providencia administrativa original por la Resolución Administrativa N.º 002-2021, la cual eliminó los disposiciones que obligaban a las organizaciones a proporcionar al Gobierno una lista de sus beneficiarios. Sin embargo, la nueva medida también impone nuevos requisitos que, según la sociedad civil, exceden de forma arbitraria a los establecidos en el marco legal actual. La nueva normativa también mantiene elementos que podrían usarse para criminalizar el trabajo de la sociedad civil.
Por otra parte, el 15 de abril de 2021, la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, bajo el control del Gobierno, aprobó un proyecto de ley que limitará los fondos procedentes del extranjero que recibe la sociedad civil. La nueva legislación mantiene el texto de una propuesta anterior que fue criticada por autorizar al Gobierno a regular lo que pueden o no pueden hacer las organizaciones no gubernamentales legítimas, así como su acceso a los fondos de la cooperación internacional.
Según Human Rights Watch, estas medidas son las últimas de varias iniciativas destinadas a restringir, criminalizar e intimidar a la sociedad civil. En octubre de 2020, el Gobierno de Maduro promulgó una resolución que exige a los miembros de sociedad civil internacional que operan en Venezuela registrar sus actividades e intenciones. En noviembre de 2020, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), un organismo tutelado por el Gobierno, anunció que exigiría a todas las instituciones financieras venezolanas que supervisaran todas las operaciones comerciales y financieras de organizaciones sin ánimo de lucro presentes en el país.
Detienen a un defensor de los derechos humanos
Orlando Moreno, un activista de los derechos humanos que continúa detenido en Tucupita.
¿Su delito? Ayudar a familias venezolanas con la búsqueda de sus seres queridos y víctimas ante un nuevo naufragio entre Venezuela y Trinidad y Tobago.
Exigimos que #LiberenAOrlandoMoreno pic.twitter.com/6t4n7NDCIn
— PROVEA (@_Provea) April 28, 2021
El 25 de abril de 2021 las fuerzas de seguridad detuvieron a Orlando Moreno, defensor de los derechos humanos y coordinador de la organización de la sociedad civil Foro Penal en el estado de Delta Amacuro. Cuando se produjo su detención, Moreno estaba tomando declaraciones a los familiares de los venezolanos que había huido a bordo de una embarcación que se hundió de camino a Trinidad y Tobago a finales de abril. Las autoridades afirmaron que Moreno había "instigado al odio". Foro Penal denunció que se había violado el derecho al debido proceso, ya que 48 horas después de su detención el defensor no había comparecido ante un tribunal. Las organizaciones de la sociedad civil lanzaron una campaña para exigir su liberación y recordaron que Moreno solo cumplía con su labor de persona defensora de los derechos humanos. Moreno fue puesto en libertad bajo fianza y con medidas cautelares el 30 de abril de 2021.
Expresión
#DenunciaEP | Luego del incendio registrado en el Colegio Nacional de Periodistas seccional #Cumaná el lunes #19abr, el informe del cuerpo de bomberos comprobó que se trató de una acción «probablemente de factor humano activo». pic.twitter.com/cAIQZauaLv
— Espacio Público (@espaciopublico) April 25, 2021
El 19 de abril de 2021, atacantes no identificados incendiaron la sede regional del Colegio Nacional de Periodistas(CNP) en el estado de Sucre. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, los bomberos afirmaron que el incendio fue provocado por una acción humana y hallaron un agujero en el techo del edificio que los incendiarios probablemente habrían usado para entrar. Si bien nadie resultó herido en el ataque, las oficinas quedaron completamente destruidas.
#VENEZUELA: We are alarmed by the seizure of the headquarters of the @ElNacionalWeb newspaper, as partial payment of the damages ordered by the Supreme Court in favor of Diosdado Cabello.
Cabello had sued the outlet for defamation.https://t.co/5jvajsAB8t
— CPJ Américas (@CPJAmericas) May 15, 2021
El 14 de mayo de 2021, un tribunal de Caracas ordenó el embargo de la sede del periódico El Nacional. La Guardia Nacional Bolivariana allanó la sede del periódico, ubicada en la zona de Los Cortijos, en Caracas, evacuó al personal del medio y tomó el control del edificio. El embargo se produjo tras la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de condenar a El Nacional a pagar un monto equivalente a más de trece millones de dólares americanos en concepto de daños y perjuicios por difamación a Diosdado Cabello, diputado y vicepresidente del Partido Socialista, el partido del Gobierno. La CIDH condenó el embargo y recordó a las autoridades venezolanas que estas acciones arbitrarias vulneran las libertades de expresión y de prensa.
Informes
La organización de la sociedad civil Espacio Público registró 19 sucesos que dieron lugar a 36 violaciones de la libertad de expresión en Venezuela durante el mes de abril de 2021. Los tipos de violaciones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las amenazas. Estas acciones fueron obra de instituciones estatales, agentes de seguridad y funcionarios públicos en la mayoría de los casos, mientras que los periodistas fueron las víctimas más frecuentes. Por ejemplo, el 27 de abril de 2021, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a los periodistas Lenin Danieri y Edwin Prieto mientras cubrían una manifestación de la comunidad yukpa en Zulia. Según los reporteros, los agentes de la Guardia los hicieron desnudarse para registrarlos y borraron el material que habían grabado.
Un informe elaborado por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) reveló que la censura digital venezolana afectó a 153 medios de comunicación a lo largo de 2020. La organización registró al menos 4 262 pruebas de restricciones y de actos de censura en Internet que afectaron a medios de comunicación, a periodistas y a la sociedad civil.
Reunión pacífica
Le seguimos el pulso a las protestas en Venezuela.
🚨 Así han sido en 2021.
Informe enero-marzo: https://t.co/uFKEk3GSGB
Informe abril: https://t.co/RMLJNqz8n5#OVCS pic.twitter.com/4AzhnRzLv6
— Observatorio de Conflictos (@OVCSocial) May 24, 2021
El 22 de abril de 2021, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) publicó un informe sobre las manifestaciones durante el primer trimestre de 2021. Según sus datos, entre enero y marzo de 2021 se llevaron a cabo 1 506 acciones de protesta, con una media de diecisiete manifestaciones al día. Esta cifra representa un descenso del 24 % con respecto al mismo periodo de 2020. Alrededor del 76 % de las manifestaciones estuvieron motivadas por reivindicaciones relacionadas con derechos económicos, sociales y culturales. La exigencia de salarios dignos y su dolarización fueron las principales reivindicaciones de las manifestaciones de los trabajadores en un contexto marcado por una hiperinflación que ha reducido su poder adquisitivo. El OVCS denunció que las autoridades reprimieron 23 manifestaciones en 13 estados del país, las cuales se saldaron con la detención de 13 manifestantes, mientras que otros seis acabaron heridos y uno perdió la vida.
La organización registró 548 manifestaciones en abril de 2021, la mayoría de las cuales se llevaron a cabo para exigir servicios básicos, asistencia sanitaria y derechos laborales. El 17 de abril de 2021, por ejemplo, los profesionales sanitarios y los grupos de la oposición se congregaron en Caracas para exigir igualdad en la distribución de las vacunas contra la COVID-19. Afirmaron que el Gobierno había politizado la vacunación, priorizando a ciertos grupos en detrimento de otros.
➡️ Over 400 civil society organizations demand the repeal of Administrative Ruling 002-2021
— Cepaz (@_CEPAZ) May 26, 2021
We raise our voices to eliminate this new threat & to guarantee the civic space that Venezuela needs #EliminenLaProvidencia002https://t.co/MpUw003cAt pic.twitter.com/N4usv0lIK2
Asociación
Restricciones al derecho de asociación y a la financiación de la sociedad civil