Censuran en Internet a medios independientes y detienen a una mujer mayor por un video satírico

Asociación

El 20 de marzo de 2022, efectivos militares mataron a cuatro indígenas yanomamis en el sector Parima B del Alto Orinoco, estado de Amazonas. Otros tres indígenas, entre ellos un adolescente y dos militares, resultaron heridos durante el presunto "enfrentamiento". Según la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la violencia comenzó después de que los militares se negaran a devolver un router de internet que pertenecía a dos hermanos indígenas. El diario El País informó que los testigos relataron que los militares exigieron un pago en oro para devolverles el dispositivo y que esto provocó la indignación de la comunidad.

Amnistía Internacional publicó un comunicado el 6 de abril de 2022 en el que afirmó que dos de los jóvenes indígenas heridos durante el incidente habían sido trasladados de forma irregular desde el hospital donde estaban recibiendo cuidados médicos. A ambos se los considera testigos en el marco de la investigación de los hechos. Según la organización, se los llevaron del hospital en un avión de las Fuerzas Armadas sin informar de los detalles exactos de su destino. De acuerdo con Amnistía Internacional, estas acciones podría constituir un caso de desaparición forzada. Medios de comunicación locales informaron posteriormente que ambos testigos yanomamis se encontraban en un hospital de Caracas, donde, a 21 de abril de 2022, todavía seguían bajo vigilancia militar constante.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato de los cuatro indígenas yanomami y destacó los altos niveles de violencia a los que están sometidos los pueblos indígenas de la región. La organización internacional pidió al Gobierno venezolano que lleve a cabo una investigación imparcial y efectiva, y que ofrezca a las víctimas, sus familias y la comunidad reparaciones que incorporen un enfoque intercultural.

Reunión pacífica

El 7 de abril de 2022, Orledys López Caldera, coordinadora del equipo de monitoreo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), reveló que la organización había registrado más de cuatrocientas protestas en los últimos dos meses en Venezuela. La mayoría de estas movilizaciones fueron para exigir derechos laborales y servicios básicos de calidad. El 6 de abril de 2022, por ejemplo, varios sindicatos del sector público convocaron protestas frente al Ministerio de Trabajo en Caracas para reivindicar salarios dignos y mejores condiciones laborales.

Por otro lado, en abril de 2022, un grupo de pobladores indígenas y vecinos bloquearon durante unos doce días la carretera Machiques-Colón en el sector de El Cruce, estado de Zulia. Exigían la convocatoria de elecciones en el municipio de Jesús María Semprún tras la detención de la alcaldesa por presuntos vínculos con el narcotráfico. Según el OVCS, desde la detención de la alcaldesa se ha producido un vacío de poder y abusos contra productores e indígenas barí y wayuú. Una persona resultó herida el 21 de abril de 2022 durante enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

En abril de 2022, la organización de la sociedad civil PROVEA publicó una síntesis de las violaciones del derecho de reunión pacífica en Venezuela durante las últimas dos décadas a partir de abril de 2002, cuando la represión de las protestas dejó cientos de heridos. Según PROVEA, desde 2002 hasta 2020, un total de 9 138 personas resultaron heridas y 320 perdieron la vida en el contexto de manifestaciones. La organización afirmó que el 11 de abril de 2002 marcó el inicio de un prolongado proceso de criminalización y obstrucción del ejercicio de los derechos de asociación, reunión y protesta pacíficas, el cual ha continuado y cobrado fuerza. La impunidad de las violaciones de estos derechos ha sido generalizada, ya que los agentes han seguido empleando una fuerza excesiva y el Estado no ha establecido una política integral de reparación para las víctimas.

Expresión

El 13 de abril de 2022, un tribunal venezolano dictó una orden de detención contra Olga Mata y su hijo Florencio Gil Mata por "promoción o incitación al odio". Ambos habían publicado un vídeo humorístico en la red social TikTok en el que aludieron a varias personalidades públicas, como el expresidente Hugo Chávez, el legislador Diosdado Cabello y la esposa del presidente Nicolás Maduro Cilia Flores. En la grabación satírica, Mata, de 72 años, presenta distintos tipos de arepas que ha rellenado con ingredientes que evocan el pasado de los políticos antes mencionados. El video gozó de una amplia difusión en las redes sociales y numerosos funcionarios del Gobierno afirmaron que incitaba a la violencia contra personalidades públicas. Olga Mata y su hijo fueron detenidos en virtud de la legislación venezolana contra el odio. El 18 de abril de 2022, la obligaron a grabar un video en el que pidió disculpas públicamente a los funcionarios mencionados en el vídeo.

Por otra parte, en abril de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó una carta de Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre la libertad de opinión y expresión, en la que solicitó a las autoridades venezolanas información adicional sobre la causa penal por difamación abierta por el legislador Diosdado Cabello contra el periódico El Nacional. Como informamos en el CIVICUS Monitor, este proceso judicial condujo a los tribunales a ordenar el embargo de la sede del periódico en Caracas para contribuir al pago de una compensación por daños y perjuicios a Cabello. En su carta, Khan señaló que en enero de 2022 un tribunal adjudicó a Cabello la propiedad del edificio de El Nacional y del terreno que ocupa. Khan expresó su preocupación por la demanda por difamación y por el carácter aparentemente desproporcionado de la indemnización y de la adjudicación en concepto de daños y perjuicios. Según la experta, la cantidad aparentemente desproporcionada que tuvo que pagar el periódico obligó al embargo de los bienes del periódico y afectó gravemente a la continuidad de su labor periodística.

Restricciones en Internet

En marzo de 2022, la organización de la sociedad civil Espacio Público registró 17 casos y 25 violaciones de la libertad de expresión en Venezuela. Los cortes de Internet, la censura y la intimidación fueron las violaciones que se registraron con mayor frecuencia. Según sus datos, hubo doce casos en los que se interrumpió el servicio de Internet, principalmente como consecuencia de fallos en el servicio por parte de los proveedores y de cortes de electricidad que afectaron a la conectividad. A un medio de comunicación digital le piratearon sus cuentas y por lo menos tres radios de Mérida no pudieron continuar con sus emisiones durante varias horas en marzo de 2022 debido a los cortes de electricidad. Los periodistas también denunciaron haber sufrido actos intimidación y hostigamiento.

Asimismo, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) informó de que en febrero de 2022 los proveedores privados de servicios de Internet (PSI) llevaron a cabo una campaña de bloqueos de páginas web de medios de comunicación independientes. En declaraciones al CPJ, periodistas y expertos en Internet afirmaron que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro aumenta cada día la presión sobre los PSI privados —que dominan el mercado de la telefonía móvil— para obligarlos a censurar a la prensa. Luis Carlos Díaz, presidente de la sección venezolana de Internet Society, explicó al CPJ que los PSI privados reciben órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para que procedan al bloqueo de páginas web. En sus palabras, estas órdenes son decisiones administrativas arbitrarias que no se pueden impugnar por la vía judicial. También señaló que de ignorar estas órdenes, los PSI pueden ser sometidos al pago de multas elevadas, la expropiación de sus bienes o incluso a consecuencias peores.

Informe de la SIP

El 19 de abril de 2022, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó sus conclusiones durante la clausura de su Reunión Virtual de Medio Año. La SIP destacó la toma de la sede de El Nacional en Venezuela y añadió que los periodistas y los medios de comunicación en el país son víctimas de la persecución y la represión con una frecuencia extraordinaria. El grupo incluyó a Venezuela en una lista de países en los que proliferan las restricciones al acceso y a la cobertura informativa, y en los que los presidentes han estigmatizado a los periodistas y a los medios de comunicación.