El 9 de noviembre de 2020 el Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra por acusaciones de corrupción. El proceso de destitución de Vizcarra salió a delante con 105 votos a favor y 19 en contra, y se basó en una controvertida cláusula de "incapacidad moral" de la legislación peruana.
El expresidente anunció que no tomará ninguna acción legal contra la decisión y dimitió. Una encuesta de El Comercio-Ipsos publicada a fines de octubre de 2020 indicó que Vizcarra aún gozaba del apoyo popular y que la mayoría de los peruanos estimaba que debería terminar su mandato —en 2021— y enfrentarse a las investigaciones de corrupción después. El 10 de noviembre de 2020, el presidente del Congreso Manuel Merino asumió el cargo de presidente.
Después de la votación del Congreso, estallaron manifestaciones multitudinarias por todo el país. La represión de estas manifestaciones dejó al menos dos muertos y estuvo seguida de un aumento de la presión contra los legisladores y el nuevo gobierno. El 15 de noviembre de 2020, después de permanecer en el cargo durante solo cinco días, Merino y varios miembros de su recién nombrado gabinete presentaron su renuncia. Al día siguiente, los legisladores eligieron a Francisco Sagasti del Partido Morado como presidente del Congreso, convirtiéndolo así en presidente interino de Perú. La celebración de elecciones presidenciales se ha previsto para abril de 2021.
Reunión pacífica
Manifestaciones contra el proceso de destitución acelerado del presidente peruano
Miles de personas se unieron a las manifestaciones diarias contra el Congreso peruano después de que los legisladores votaran la destitución del expresidente Martín Vizcarra el 9 de noviembre de 2020. Manifestantes pacíficos, muchos de ellos jóvenes, marcharon por las calles varias ciudades, entre ellas Lima, Cusco, Arequipa y Trujillo, para expresar su indignación contra la clase política del país y para exigir la dimisión de Manuel Merino, principal líder del proceso de destitución. Durante las marchas que se sucedieron a lo largo de esa semana los manifestantes iban vestidos de negro, golpearon ollas y sartenes, y portaban pancartas en las que se podía leer: "¡Merino no es presidente!" y "Amo a mi Perú, pero me avergüenzan los que gobiernan".
Durante las manifestaciones la policía hizo un uso excesivo de la fuerza, reprimió a los manifestantes, lanzó gases lacrimógenos y disparó perdigones de forma indiscriminada. De hecho, algunos medios de comunicación señalaron que los agentes usaron armas de fuego y detuvieron a varios manifestantes de forma arbitraria. El 13 de noviembre de 2020 una portavoz de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos denunció que los agentes de policía habían hecho un mal uso de armas subletales, llegando incluso a disparar botes de gas lacrimógeno directamente contra el cuerpo de los manifestantes.
El 14 de noviembre de 2020 por la noche las fuerzas del orden intensificaron su respuesta represiva. Jack Brian Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo, dos jóvenes manifestantes, fueron asesinados a tiros y 94 personas resultaron heridas. La oficina del Defensor del Pueblo confirmó que se desconocía el paradero de varias personas tras su participación en las manifestaciones de esa noche. Un manifestante que había sido reportado como desaparecido afirmó en un video haber sido golpeado, detenido de forma arbitraria, mantenido incomunicado y sin comida durante tres días. Según el Ministerio de Salud de Perú, al menos 207 personas buscaron atención médica debido a las lesiones que sufrieron durante las manifestaciones que se desarrollaron entre el 10 y el 17 de noviembre.
Según el Comité para la Protección de los Periodistas, al menos 35 reporteros resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones. La secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú sostuvo en una entrevista que los manifestantes eran responsables de un pequeño número de ataques contra la prensa y que la policía había cometido la mayoría de dichos ataques. El 12 de noviembre de 2020, por ejemplo, los medios de comunicación informaron que el periodista Ernesto Benavides de la AFP había sido víctima de disparos de perdigones mientras que Alonso Balbuena de Ojo Público sufrió una herida grave en la pierna debido al impacto de un bote de gas lacrimógeno.
El 16 de noviembre de 2020 ciudadanos de todo el país organizaron vigilias y marchas para exigir justicia para los dos manifestantes muertos y para todos los heridos. El 17 de noviembre de 2020 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos anunció que presentaría una denuncia penal contra Manuel Merino y contra otras cuatro autoridades por las violaciones de derechos humanos acaecidas durante las manifestaciones. Las Naciones Unidas declararon que el gobierno encabezado por Francisco Sagasti había invitado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a emprender una misión para evaluar el impacto de la crisis política en los derechos humanos en Perú.
Hieren a once manifestantes indígenas y asesinan a otros tres
#Perú: Condenamos el uso de la fuerza letal contra manifestantes indígenas Kukama en la región de Loreto el 9/08
— OMCT (@omctorg) August 25, 2020
📢El Estado debe investigar los hechos y poner fin a los homicidios ilegítimos de personas indígenas en contexto de protesta social: https://t.co/zRYppijtZI pic.twitter.com/t9AQ0D5LvY
El 9 de agosto de 2020 tres manifestantes indígenas murieron y once resultaron heridos durante la represión policial de una manifestación de los pueblos kukama en la comunidad de Bretaña, departamento de Loreto, en el noreste del país. Tres policías también resultaron heridos. Los manifestantes protestaron contra la petrolera canadiense PetroTal, a la cual exigen una compensación por el uso de la tierra y de sus recursos, y denunciaron la falta de medicamentos y de atención médica para los pacientes con COVID-19 en los hospitales de la región. La manifestación se desarrolló durante el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
La policía local afirmó estar investigando los asesinatos que tuvieron lugar durante la manifestación y explicó que los agentes habían reaccionado después de que los manifestantes dispararan perdigones contra la policía. El ministro del Interior Jorge Montoya precisó que los seis policías heridos presentaban marcas de perdigones en el cuerpo. Por su lado, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) afirmó que los tres manifestantes asesinados habían sido víctimas de disparos de armas de fuego y que los manifestantes solo portaban flechas y lanzas, herramientas de defensa tanto ancestrales como culturales. "La policía vino a matarnos prácticamente. Somos un pueblo pacífico", relató el líder indígena Mayter Flores Crispin, hermano de uno de los manifestantes asesinados.
La ORPIO también manifestó que la presencia policial en la región había aumentado después del suceso. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) publicó un comunicado en el que condenó la violencia contra la población indígena kukama y exigió la apertura de una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias en las que los policías utilizaron fuerza letal contra ciudadanos indígenas.
Manifestación de los trabajadores sanitarios
El personal sanitario siguió convocando manifestaciones para exigir mejores salarios y mejores condiciones laborales. El 13 de agosto de 2020 trabajadores del sector manifestaron frente al Ministerio de Salud. Ese mismo día, el expresidente Martín Vizcarra develó un obelisco en el Colegio Médico del Perú en honor a 125 médicos que perdieron la vida debido a la COVID-19.
Los días 26 y 27 de agosto decenas de profesionales sanitarios se sumaron a un paro nacional de dos días y protestaron frente al Ministerio de Salud y frente a uno de los hospitales más grandes de Lima. Exigieron un aumento del presupuesto público para el sector sanitario, así como equipos de protección para los trabajadores sanitarios que luchan contra la pandemia de COVID-19. El presidente del sindicato médico Federación Médica Peruana expresó que los trabajadores también reclaman una mayor seguridad laboral: "El presidente nos llama héroes y se refiere a notros con muchos adjetivos positivos. Sin embargo, cuando estuvo en sus manos nombrar a trabajadores para darles estabilidad laboral se lo negó. Son trabajadores que llevan esperado trece años y que acumulan siete años de contratos administrativos de servicios".
Las manifestaciones continuaron y se produjeron algunos enfrentamientos con la policía. A principios de noviembre de 2020, la policía utilizó cañones de agua para dispersar a los manifestantes en al menos dos ocasiones distintas.
Se intensifican los conflictos mineros
Las comunidades locales de la provincia de Espinar, departamento de Cusco, fueron violentamente reprimidas tras convocar una serie de manifestaciones y un paro indefinido para exigir ayuda para las familias afectadas por la pandemia y por la recesión económica. En mayo de 2020 la sociedad civil había propuesto que se efectuaran pagos solidarios de 1 000 soles por persona (alrededor de 275 USD) para paliar las consecuencias de la pandemia en la región. Estos pagos provendrían de un fondo creado previamente como parte de un acuerdo marco entre la provincia y la empresa minera de cobre Antapaccay, propiedad de la anglosuiza Glencore. Si bien la mayoría del comité de gestión del fondo aprobó la propuesta, la empresa la rechazó.
El 15 de julio de 2020 las organizaciones comunitarias convocaron un paro indefinido. Durante el paro los manifestantes bloquearon las carreteras de la región y al menos dos vehículos fueron incendiados. El 22 de julio de 2020 la policía reprimió con gran violencia a los manifestantes, usó gases lacrimógenos y perdigones, y detuvo al menos a 25 personas. También se señaló que tres personas, entre ellas dos menores, resultaron heridas por bala. En un informe especial, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH) y la OSC Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) destacaron los testimonios que relataron cómo agentes sometieron a manifestantes a tratos degradantes y actos de acoso sexual.
El 7 de agosto de 2020 las organizaciones locales levantaron el paro después de negociaciones con la empresa y con las autoridades gubernamentales en la cuales se decidió que los pagos solidarios se realizarían a través de tarjetas de uso múltiple en lugar de efectivo. También se programaron negociaciones adicionales para abordar otras exigencias de la comunidad. En una conferencia de prensa el 25 de agosto de 2020, la CNDDHH y DHSF presentaron su informe sobre las violaciones de derechos humanos en Espinar y pusieron de manifiesto la ausencia de investigación o de reconocimiento de estas violaciones por parte de las autoridades policiales.
Por otro, en octubre de 2020 los habitantes de Tuntuma y Hatun Collana de la provincia de Chumbivilca, departamento de Cusco, también organizaron manifestaciones y bloquearon varias carreteras durante más de una semana. Denunciaron que la minera Las Bambas no había apoyado varios proyectos de desarrollo local.
Sentencia positiva
El 27 de octubre de 2020 un juzgado de Cotabambas absolvió a 19 personas que habían sido criminalizadas por protestar contra el proyecto minero de Las Bambas en 2015. A los manifestantes se los acusaba de participar en disturbios y de fabricación y tenencia de armas, municiones y explosivos. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos celebraron la decisión del juzgado y subrayaron que la sentencia reconoció el derecho a la protesta social como una garantía constitucional.
Asociación
Asesinan a cinco líderes indígenas y ecologistas durante la pandemia
Las defensoras y defensores ambientales de Perú no pueden actuar de forma segura por la defensa de sus territorios y de la vida debido a las amenazas de muerte y asesinatos que ocurren sin ningún cuidado del gobierno.#CuencasSagradas #EscazúAhora #CongresoRatificaEscazú pic.twitter.com/hKOhMszGq2
— Cuencas Sagradas (@CuencasSagradas) October 20, 2020
Al menos cinco líderes indígenas y ecologistas fueron asesinados desde que el gobierno peruano declaró el estado de emergencia el 15 de marzo de 2020. Estos líderes se opusieron a la tala ilegal, la minería y el narcotráfico, a saber:
Arbildo Meléndez Grandes, líder de la comunidad indígena Unipacuyacu, fue asesinado a tiros en Puerto Inca el 15 de abril de 2020. El tirador, que había sido contratado hace poco por el líder indígena, confesó y afirmó haber disparado por error a Arbildo mientras ambos cazaban.
Benjamín Ríos Urimishi de la comunidad asháninca de Kipachari en la provincia de Atalaya, región de Ucayali, fue asesinado el 26 de abril de 2020. La organización indígena Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) denunció que había sido amenazado y acosado por personas relacionadas con el narcotráfico y con el acaparamiento de tierras en la región.
Gonzalo Pio Flores, líder de la comunidad asháninca Nuevo Amanecer Hawai, ubicada cerca de la frontera de las regiones de Junín, Pasco y Ucayali, fue asesinado el 17 de mayo de 2020. Flores luchó por el reconocimiento del derecho a la tierra de su comunidad y contra la tala ilegal en la región.
El activista ecologista Lorenzo Wampagkit Yamil fue asesinado el 29 de julio de 2020. Yamil trabajó durante ocho años como guardaparque en la reserva Chayu Nain (Amazonas).
Roberto Carlos Pacheco Villanueva fue hallado muerto en el departamento amazónico de Madre de Dios el 11 de septiembre de 2020. Él y su padre habían luchado durante mucho tiempo contra la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata. Ambos habían denunciado haber recibido reiteradas amenazas por parte de acaparadores de tierras.
Protección de las personas defensoras de los derechos humanos
En septiembre de 2020, el Tribunal Constitucional de Perú dictaminó que los acuerdos "extraordinarios" entre la policía nacional y el sector privado eran conformes a la Constitución. Este recurso buscaba denunciar la inconstitucionalidad de los contratos firmados por la policía peruana para ofrecer servicios de seguridad a las industrias extractivas. Según un informe de la sociedad civil, la mayoría de las empresas extractivas que firmaron estos contratos tienen proyectos en regiones en las que se han producido levantamientos sociales o en las que las comunidades locales se han opuesto a dichos proyectos, y esta situación afecta a la capacidad de la policía para ser imparcial e independiente. Si bien el Tribunal detalló ciertas reglas para estos acuerdos, el Instituto de Defensa Legal calificó la sentencia de "incongruente", ya que el Tribunal reconoció que estos contratos afectan la objetividad de la policía, pero no los consideró inconstitucionales.
Por otro lado, el 1 de octubre de 2020 el Ministerio de Justicia y de los Derechos Humanos aprobó la creación del Registro de Situaciones de Riesgo de Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Este mecanismo tiene como objetivo recopilar, analizar y gestionar información sobre las situaciones de riesgo a las que se enfrentan los personas defensoras de los derechos humanos en Perú. También contribuirá a la adopción de medidas pertinentes y oportunas para evitar las amenazas contra las personas defensoras de los derechos humanos y garantizar su protección. Este registro es el resultado de un amplio proceso de consultación entre actores gubernamentales, poblaciones indígenas, la sociedad civil y el sector empresarial.
El 6 de octubre de 2020, representantes de organizaciones indígenas y de la sociedad civil participaron en una audiencia pública ante el Consejo Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de denunciar la falta de protección para las personas defensoras del medioambiente en Perú. Presentaron cuatro casos en los que líderes indígenas de la Amazonía fueron atacados con gran violencia tras denunciar actividades ilegales en sus territorios ancestrales. Afirmaron que el gobierno no ha tomado las medidas adecuadas para detener los ataques sistemáticos contra los derechos indígenas y que "el Estado solo brinda protección sobre el papel, pero no en la práctica". Uno de esos ataques violentos tuvo lugar a principios de octubre de 2020, cuando el líder de la ORAU José Luis Malpartida López recibió un disparo y resultó gravemente herido de camino al trabajo, y cuando otros dos líderes indígenas fueron amenazados.
Comisión del Congreso archiva la propuesta de ratificación del Acuerdo de Escazú
El 20 de octubre de 2020 la comisión de relaciones exteriores del Congreso peruano decidió no ratificar y archivar Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), descrito por algunos militantes como el primer tratado de derechos humanos medioambientales de América Latina y el Caribe.
Según algunos medios de comunicación, los congresistas que se opusieron a la ratificación del Acuerdo argumentaron que la legislación peruana ya regulaba varios de los temas cubiertos por este tratado regional. El legislador Carlos Mesías (Fuerza Popular) también afirmó que la defensa del medioambiente, la seguridad de los militantes o los derechos de los pueblos indígenas no son necesariamente cuestiones de derechos humanos, sino de soberanía. El Frente Amplio, el Partido Morado y Somos Perú votaron en contra de la no ratificación y de su archivo, pero fueron derrotados por nueve votos contra tres.
La organización de la sociedad civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) lamentó la decisión de la comisión y afirmó que los argumentos de algunos congresistas generaron desconcierto, ya que Perú fue uno de los principales impulsores del Acuerdo durante sus negociaciones. La coordinadora del programa amazónico de DAR Aida Gamboa afirmó:
"Nosotros, como sociedad civil y de la mano con las organizaciones indígenas, hemos venimos apostando por este proceso y al archivar el Acuerdo de Escazú los congresistas le dan dado la espalda a la ciudadanía, a las organizaciones indígenas, a los pueblos indígenas, a las personas que defienden y protegen el medioambiente, a ser reconocidos como un país comprometido con el medioambiente y, sobre todo, con la protección de los derechos humanos".