Represión de manifestantes: por lo menos una víctima mortal y varias personas heridas

CONTEXTO

Como ya informamos desde el CIVICUS Monitor, el panorama político guatemalteco se ha visto ensombrecido por los ataques continuos al Estado de Derecho y el uso del sistema judicial para intentar manipular el resultado de las elecciones generales de 2023.

El 29 de septiembre de 2023, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) allanó por cuarta vez la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la máxima instancia electoral del país. El presidente del Juzgado Séptimo de lo Penal solicitó el registro y ordenó la incautación de las actas oficiales en las que constan los resultados de las elecciones de agosto de 2023. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos señaló que alrededor de un centenar de agentes de policía arrebataron a los magistrados del TSE las cajas con el recuento de votos. Además, los agentes entorpecieron la labor de las y los periodistas que cubrían el operativo policial.

Dos días antes, la Fiscalía General había solicitado a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que retirara la inmunidad a los magistrados del TSE por presuntos delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por estos intentos incesantes para socavar el proceso electoral:

El 13 de octubre, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció la creación de una misión de mediación para facilitar el diálogo entre el Gobierno del presidente Giammattei y representantes de las autoridades indígenas ancestrales de los 48 cantones de Totonicapán. En un comunicado, la misión aseguró que “rechaza y condena cualquier acto que atente contra la integridad del proceso electoral, los resultados y el proceso de transición que concluirá el 14 de enero de 2024, cuando asumirán sus cargos el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera.

Reunión pacífica

REPRESIÓN DURANTE UN PARO NACIONAL SIN PRECEDENTES

En octubre de 2023, Guatemala vivió una nueva oleada de protestas en respuesta a una serie de procesos judiciales iniciados por la Fiscalía General contra el TSE y el partido Movimiento Semilla. Varias fuentes indicaron que las manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica en todo el país y que las personas manifestantes permitieron la circulación de ambulancias y el transporte de productos perecederos en numerosas localidades.

El 2 de octubre, el Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán —una autoridad maya quiché y una de las estructuras de gobierno más antiguas del país—, junto con otras autoridades indígenas, iniciaron un paro nacional indefinido para exigir la dimisión de la fiscal general María Consuelo Porras, los fiscales de la FECI Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y el juez Fredy Orellana, a quienes acusan de intentar manipular los resultados electorales.

El paro nacional recibió el apoyo de sindicatos, estudiantes, el sector agrícola, profesionales de la medicina, organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil. “No venimos a representar a ningún partido político, el momento es de defensa a la democracia en representación de los pueblos originarios indígenas”, advirtió Luis Pacheco, presidente de la junta directiva de la organización, frente a la sede del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala.

El 4 de octubre, Prensa Comunitaria Kilómetro 169 denunció casos de represión policial en Puerto Quetzal, Escuintla, durante los cuales fuerzas antidisturbios y transportistas agredieron a manifestantes. Alida Vicente, autoridad de la Alcaldía Indígena Poqomam de Palín Escuintla, aseguró que el comisario de ese departamento autorizó el uso de la violencia para disolver la manifestación, lo que provocó heridas a varias personas. El mismo día, en Ciudad de Guatemala, un grupo de personas con pasamontañas se desplazó hasta la sede del Ministerio Público para desalojar por la fuerza a cientos de personas que participaban en un plantón pacífico para exigir la renuncia de la fiscal general.

El 5 de octubre, decenas de miles de manifestantes marcharon de forma pacífica por todo el país. El 9 de octubre, la agencia de noticias EFE informó de más de 120 cortes de vías en todo el país y señaló que más de 200 personas se concentraron frente a una de las residencias de la fiscal general para exigir su dimisión. El mismo día, la fiscal general Consuelo Porras calificó esas manifestaciones de “ilegales” y pidió al Gobierno guatemalteco que tomara medidas contra mayormente manifestantes pacíficos.

Medios de comunicación señalaron que personas encapuchadas no identificadas lanzaron piedras contra las ventanas del Palacio Nacional de la Cultura, antigua sede del Gobierno, lo que llevó a la policía antidisturbios a lanzar bombas lacrimógenas para disolver la manifestación que se estaba desarrollando frente al edificio. Por lo menos doce personas fueron detenidas en todo el país. Al mismo tiempo, el presidente saliente Alejandro Giammattei aseguró que “los bloqueos [eran] ilegales” y que esos actos eran obra de “grupos de choque o infiltrados”. El mandatario también afirmó que la convocatoria de bloqueos constituyen una amenaza para el orden democrático y que se detendría a las y los líderes de las protestas.

Las manifestaciones se intensificaron tras el discurso del presidente Alejandro Giammattei el 9 de octubre. En los días siguientes, se reportaron por lo menos 130 cortes de carreteras y manifestaciones el 12, 13 y 16 de ese mes.

El 16 de octubre, una persona que se manifestaba fue asesinada y cuatro personas resultaron heridas durante enfrentamientos en la ciudad occidental de Malacatán. La policía detuvo a once personas durante los sucesos acaecidos en las inmediaciones de los cuarteles en esa región. En un comunicado, el Gobierno reveló que “unas cincuenta personas provistas de armas de fuego, palos y piedras intentaron desalojar por la fuerza a las y los manifestantes”. El ministro del Interior David Napoleón Barrientos dimitió tras los hechos y después de que la Fiscalía lo acusara de “desobediencia” por su presunta incapacidad para levantar los bloqueos y disolver las manifestaciones de los últimos quince días.

En ese contexto, la Corte de Constitucionalidad dictó al menos tres resoluciones restringiendo el derecho a la libertad de reunión pacífica. Por ejemplo, el 18 de octubre de 2023, la Corte afirmó que algunas protestas no pacíficas podrían constituir delitos de lesa humanidad por provocar el “exterminio de civiles” a raíz de “la destrucción de instalaciones y reservas de agua potable”.

Tras estos hechos, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos destacaron que la Corte señaló que se produjeron actos violentos e ilegales durante las manifestaciones multitudinarias y que, por lo tanto, quedaba autorizado el uso de la fuerza para restablecimiento del orden público. También dichas organizaciones precisaron que sólo se reportaron casos aislados de violencia.

El 30 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del organismo expresaron su preocupación por los intentos para deslegitimar y amedrentar a las personas manifestantes en Guatemala. También destacaron su inquietud por la decisión de la Corte de Constitucionalidad, que busca restringir el derecho a la protesta en el país. Ambas organizaciones indicaron que “el reclamo legítimo y el descontento de la población ha sido expresado de manera pacífica mediante movilizaciones sociales, bloqueos de rutas y otros actos de protesta en el espacio público y frente a los edificios de instituciones estatales”.

A finales de octubre, las manifestaciones se desarrollaron principalmente en Ciudad de Guatemala, lo que condujo al levantamiento temporal de los bloqueos de carreteras en el resto del país. Además, altos mandos de la policía dialogaron con líderes indígenas para garantizar que las manifestaciones se llevaran a cabo de forma pacífica.

Libertad de expresión

ASESINATOS DE PERIODISTAS SUSCITAN PETICIONES URGENTES DE JUSTICIA

El diario La Hora informó que los periodistas Edin Frangeli Alonso López y Hugo Rolando Gutiérrez Alonzo fueron asesinados a tiros por desconocidos el 11 de agosto de 2023, en el departamento de Retalhuleu. Los hechos se produjeron después de que ambos cubrieran un presunto feminicidio. Ambos administraban la página de Facebook Noticias Caballo Blanco, que cuenta con unos 34 000 seguidores y en la que publicaban noticias sobre asuntos de interés general para la comunidad.

Según una alerta del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), un reportero radicado en Retalhuleu, que por motivos de seguridad pidió permanecer en el anonimato, reveló que Alonso y Gutiérrez habían informado a su entorno profesional de las amenazas que habían recibido. A pesar de esto, no denunciaron los hechos ante las autoridades competentes. El CPJ urgió a las autoridades guatemaltecas a “investigar de forma exhaustiva los asesinatos de ambos periodistas y determinar si fueron atacados por su labor”.

Hasta agosto de 2023, tres periodistas habían sido asesinados en Guatemala. Tal y como documentó el CIVICUS Monitor, el periodista Eduardo Fernando Mendizábal Gálvez fue asesinado en las afueras de Ciudad de Guatemala en marzo de 2023.

El 24 de agosto de 2023, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH condenó el asesinato de dos periodistas e hizo un llamamiento a las autoridades guatemaltecas para que procesen y lleven a los responsables ante la justicia cuanto antes: “La Relatoría reitera su llamado al Estado de Guatemala para que incremente los esfuerzos de cara a prevenir la violencia contra la prensa y las y los trabajadores de los medios, e insta al Estado a investigar los hechos de conformidad con los estándares internacionales en la materia”.

CONTINÚAN LOS ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Prensa Comunitaria Kilómetro 169 informó que este año se produjo un aumento importante en la frecuencia de las agresiones a periodistas. Hasta septiembre de 2023, se habían documentado 215 casos, de los cuales, 49 corresponden a casos de restricciones a información pública, 39 a casos de acoso judicial, 29 a ciberataques, 13 a agresiones físicas y 4 a desplazamientos forzosos de periodistas.

Además, durante el periodo electoral, se registraron 96 ataques, la mayoría relacionados con restricciones a información pública.

Libertad de asociación

ASESINATOS DE LÍDERES SOCIALES

El 4 de octubre, sujetos no identificados asesinaron a Doris Lisseth Aldana Calderón, dirigente del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI), cuando regresaba a su domicilio tras concluir su jornada laboral en la localidad bananera del norte del país. Según Banana Link, una organización que promueve una producción y un comercio justos y equitativos del plátano, Aldana era “una de las dos representantes sindicales de BANDEGUA, su empleadora y filial de Del Monte. La otra persona sindicalista fue despedida a principios de septiembre”.

En 2023, la Confederación Sindical Internacional (CSI) reveló que Guatemala es uno de los diez países del mundo con las peores condiciones laborales. La entidad aseguró: “El clima imperante de represión, violencia física e intimidación contra sindicalistas y personas trabajadoras siguió limitando sus actividades durante el 2023”.

Unas semanas más tarde, el 28 de octubre, el dirigente xinka y defensor de los derechos humanos Noé Gómez Barrera fue abatido de un disparo. Gómez desempeñó un papel esencial como líder y convocante de manifestaciones pacíficas durante el Paro Nacional. El Parlamento Xinka denunció el asesinato, pidió que se abriera una investigación y que se acabara con la criminalización y la violencia contra líderes xinka y las personas defensoras de los derechos humanos.

El 30 de octubre, la CIDH instó a las autoridades guatemaltecas a investigar con la debida diligencia las circunstancias en las que se produjo el asesinato de Gómez. Tanto la OEA como la Delegación de la Unión Europea en Guatemala condenaron ambos crímenes.

AGRESIONES CONTRA DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW) publicó sus observaciones finales sobre Guatemala el 30 de octubre de 2023. El CEDAW se mostró alarmado por los ataques, los casos de asesinatos y de violencia de género, la intimidación, la estigmatización, la criminalización, la detención ilegal y las campañas de difamación contra “periodistas y trabajadoras de los medios de comunicación, sindicalistas, mujeres indígenas ecologistas y defensoras de los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex”.

En particular, expresó su preocupación por los casos de represalias contra defensoras de los derechos humanos que trabajan en el ámbito judicial. A modo de ejemplo, citó los casos de la exfiscal Virginia Laparra y de la exintegrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Claudia González. Mediante su trabajo, ambas promovieron el Estado de Derecho, lucharon contra la corrupción y buscaron acabar con la impunidad en el país.

El CEDAW instó al Estado guatemalteco a “proteger a todas las defensoras de los derechos humanos de cualquier ataque, de la violencia de género, de actos acoso o intimidación, así como de toda represalia por su trabajo legítimo; a enjuiciar y castigar debidamente a los autores de esos actos violentos, incluidos los funcionarios públicos, y a garantizar que las activistas y las defensoras de los derechos humanos puedan desempeñar libremente su labor legítima y ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”.