Manifestaciones por el alza de precios y la violencia contra defensores de los derechos humanos

Asociación

Asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos

El 3 de diciembre de 2021 fue hallado en el distrito de Puerto Bermúdez, departamento de Posca, el cuerpo sin vida del líder indígena asháninka Lucio Pascual Yumanga; su cadáver presentaba heridas de bala. Había salido de su comunidad, La Paz de Pucharini, el 26 de noviembre de 2021 para cazar y estuvo desaparecido durante varios días. Fueron miembros de la comunidad asháninka quienes encontraron sus restos mortales. Según grupos de derechos humanos, las actividades extractivas ilegales y los grupos de narcotraficantes que operan en la reserva de El Sira, donde se encuentra la comunidad de La Paz de Pucharini, han puesto en peligro a los pueblos indígenas.

El 17 de diciembre de 2021, apenas dos semanas después, se produjo otro caso. El líder awajún Antonio Yagkuag Baais fue asesinado a tiros en la localidad de Santa María de Nieva, Condorcanqui, Amazonas. Era presidente provincial de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas del Perú (CONARC), a través de la cual desarrolló acciones para combatir la trata de personas. Grupos locales sospechan que Yagkuag fue asesinado por su labor como rondero dentro de la comunidad.

El 7 de marzo de 2022, el líder social y exalcalde de Espinar Óscar Mollohuanca fue hallado muerto a unos trescientos metros de su vivienda en la región de Cusco. Mollohuanca se dio a conocer por su apoyo a las manifestaciones de 2012 contra la empresa minera Xstrata Tintaya, acusada de contaminar los ríos de Espinar. Había sido criminalizado por apoyar las demandas de la población, que exigía una mayor protección medioambiental, y lo habían acusado de instigar las protestas y de financiarlas con fondos públicos.

En marzo de 2022 también fueron asesinados otros cuatro defensores del derecho a la tierra y del medioambiente en los departamentos de Madre de Dios y Huánuco. El 25 de marzo de 2022, la coalición de la sociedad civil Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresó su solidaridad con las familias de Juan Fernández, Jesús Berti Antaihua Quispe, Nusat Parisada Benavides y Gemerson Pizango Narvaes. En un comunicado, el grupo afirmó:

"Todas estas muertes —que tienen en común el avance de las mafias vinculadas a la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción— revelan la incapacidad del Estado para responder de forma efectiva a las amenazas crecientes en los distintos territorios, una situación que sigue cobrándose vidas impunemente".

La Coordinadora también pidió que se reforzaran los mecanismos y las políticas de protección y que se investigaran sin demora los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos.

Criminalización y campañas de difamación

En diciembre de 2021, grupos de derechos humanos difundieron un llamamiento urgente en el que expresaron su preocupación por la criminalización de la organización indígena Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y de su presidente Julio Ricardo Cusurichi, así como por la hostilidad hacia ella. El 29 de noviembre de 2021, un tribunal de justicia falló contra la organización y Cusurichi en un juicio por difamación. Según el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, la empresa maderera Canales Tahuamanu presentó una querella por difamación después de que la FENAMAD denunciara la ejecución de operaciones extractivas en el territorio del pueblo mascho piro. Los mascho piro son un pueblo indígena en situación de aislamiento y la FENAMAD había urgido a las autoridades a protegerlos arguyendo que la actividad maderera ponían en peligro su cultura y su seguridad.

Por otro lado, el grupo de comunicación intercultural Servindi advirtió sobre una campaña de difamación en curso contra la defensora de los derechos humanos Raida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor, uno de los estudiantes desaparecidos por agentes de seguridad del expresidente Alberto Fujimori en 1992. Esta desaparición se produjo en el marco de la masacre de La Cantuta, uno de los casos que condujeron a la condena del expresidente por crímenes de lesa humanidad. Servindi afirmó que la amplia difusión de informaciones falsas sobre el caso y sobre Raida Cóndor en redes sociales ha conducido a situaciones de estigmatización y revictimización. El grupo afirmó que estas campañas de difamación se están convirtiendo en una práctica habitual que pone en peligro a los defensores de derechos.

Reunión pacífica

La policía usó armas de fuego para reprimir una manifestación campesina

El 26 de enero de 2022, la policía reprimió una manifestación contra el tráfico de tierras en Pucallpa, Ucayali. La movilización fue convocada por la organización campesina Central Única Regional de Rondas Campesinas Urbanas y Nativas de Ucayali (CUNARC), cuyos miembros bloqueaban desde hace dos días un tramo de una carretera local. Wayka informó que las unidades policiales usaron armas de fuego y gases lacrimógenos para reprimir la protesta. Hubo por lo menos veintidós heridos, entre ellos un dirigente de la CUNARC. Asimismo, dos personas resultaron heridas por armas de fuego y fueron hospitalizadas en estado crítico. Según Servindi, agentes de policía acosaron a los dos manifestantes heridos cuando se hallaban en un centro médico y otros manifestantes fueron detenidos cuando acudieron a centros de salud para curarse las heridas.

Manifestaciones contra la subida de precios

A finales de marzo de 2022, el aumento de los precios del combustible, los fertilizantes y los alimentos llevó a los trabajadores del transporte a convocar una huelga que dio lugar a manifestaciones que pronto se extendieron por todo el país. A partir del 28 de marzo de 2022, los manifestantes, sobre todo los camioneros y agricultores, bloquearon las carreteras de varias provincias para exigir que el Gobierno contenga el alza de los precios. El 2 de abril de 2022, la policía empleó gases lacrimógenos contra los manifestantes que se habían congregado en las inmediaciones de edificios gubernamentales y de las principales arterias viales de Huancayo, la capital de Junín.

El 3 de abril de 2022, el Gobierno confirmó que por lo menos tres personas perdieron la vida y veintidós fueron detenidas durante las protestas de Huancayo. De esas muertes, dos se produjeron en accidentes de tráfico y otra en un río, donde se ahogó un adolescente, al parecer mientras intentaba escapar de la represión policial. No se ha logrado esclarecer si el chico había participado en las manifestaciones. El 4 de abril de 2022, manifestantes quemaron cabinas de peaje y se enfrentaron a la policía cerca de la ciudad sureña de Ica. Los periodistas y equipos de noticias que cubrían las manifestaciones en Ica fueron víctimas de ataques y amenazas. Varios individuos rodearon a Pilar Zárate y Giomar Magallanes de TV Perú, les impidieron grabar, les arrojaron botellas y piedras, y les robaron sus equipos.

Las protestas continuaron pese a que el Gobierno propuso aumentar el salario mínimo y renunciar a la mayoría de los impuestos sobre los combustibles. El 5 de abril de 2022, en un intento por frenar las manifestaciones, el presidente Pedro Castillo impuso un toque de queda que impidió que los habitantes de Lima y Callao salieran de sus viviendas durante el día. La medida fue anunciada apenas unas horas antes de que entrara en vigor. Para justificar esta decisión, las autoridades alegaron que los manifestantes habían levantado barricadas y perpetrado «actos de violencia», ya que se quemaron cabinas de peaje, se saquearon comercios y algunos manifestantes se enfrentaron a la policía. En un comunicado, la Defensoría del Pueblo calificó la medida de desproporcionada e inconstitucional.

A pesar del toque de queda, cientos de personas se sumaron a las protestas contra el Gobierno en Lima. La policía empleó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que se encontraban en las inmediaciones del Congreso y los medios de comunicación informaron de varios actos vandálicos y saqueos en la capital del país. El toque de queda fue objeto de numerosas críticas y el Gobierno decidió suspenderlo pocas horas después de su entrada en vigor mientras se intensificaban las protestas. El grupo de la sociedad civil IPYS señaló que tres periodistas fueron agredidos durante las manifestaciones y que por lo menos un reportero tuvo que buscar atención médica tras ser apedreado por manifestantes.

El 5 de abril de 2022, un manifestante de diecinueve años perdió la vida en Huánuco, provincia de Ambo, presuntamente durante los enfrentamientos entre manifestantes y la policía. El 6 de abril de 2022, un manifestante fue asesinado de un disparo en el pecho en Ica. Un portavoz de la Defensoría del Pueblo pidió que se investiguen estas muertes con el fin de determinar si las fuerzas del orden emplearon armas letales contra los manifestantes.

El 7 de abril de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la restricción de derechos fundamentales durante las protestas en Perú, así como los actos de violencia que produjeron en ese contexto. La CIDH instó al Estado peruano a respetar y garantizar los derechos humanos de los manifestantes y del resto de la población.

Archivan una denuncia contra manifestantes

Como hecho positivo, cabe destacar el archivo de una causa penal contra manifestantes opuestos a la minería. La empresa minera que explota la mina Las Bambas en la provincia de Chumbivilcas presentó una denuncia en enero de 2020, la cual dio lugar al caso conocido como Ccapacmarca 2020. Nueve defensores del medioambiente y líderes indígenas fueron acusados de "disturbios, daños agravados y coacción", en referencia a acciones que presuntamente se habrían llevado a cabo durante una huelga contra la mina. La defensa de los acusados corrió a cargo del grupo de la sociedad civil Derechos Humanos Sin Fronteras.

Expresión

Agresiones contra periodistas

El 26 de noviembre de 2021 fue agredido y detenido el periodista Liubomir Fernández, corresponsal del diario La República en la región de Puno, mientras cubría un enfrentamiento violento en el campo deportivo de un colegio local. Según el grupo de defensa de la libertad de prensa IPYS, Fernández relató que cuando advirtió a agentes de policía que se hallaban en las inmediaciones de que el enfrentamiento se estaba volviendo peligroso, un policía se molestó, lo tiró al suelo, lo enmarrocó y lo detuvo. Entre insultos, el agente habría dicho: "No eres el único periodista que meto preso". Fernández fue puesto en libertad horas más tarde.

El 11 de enero de 2022, unos treinta miembros de grupos de extrema derecha protestaron frente a las oficinas del equipo de periodistas de investigación IDL-Reporteros (IDL-R). Durante la manifestación, los participantes vociferaron amenazas e insultos contra los medios de comunicación y contra el director del IDL-R Gustavo Gorriti, en particular. IDL-R identificó a los manifestantes como miembros de La Resistencia, La Insurgencia y Los Combatientes, todos ellos grupos de derecha que han participado en actos de violencia política y ataques contra la prensa. Agentes de la policía municipal fueron desplegados para proteger las oficinas del equipo de investigación. El grupo se dispersó al cabo de unas dos horas, cuando llegó otro contingente policial.

El 2 de marzo de 2022 fue agredida la periodista Maricarmen García de Willax Televisión cuando cubría una manifestación frente al Ministerio de Salud en Lima. Los hechos se produjeron mientras la periodista entrevistaba a un portavoz de un sindicato de médicos. En ese momento, un grupo de manifestantes antivacunas interrumpió la transmisión en vivo, intentó tapar las cámaras y atacó a la periodista, a quien tiró del pelo y arrebató la mascarilla. El grupo también insultó al personal sanitario y a los medios de comunicación que estaban presentes.

El 8 de marzo de 2022 fueron agredidos por lo menos cinco periodistas de diferentes medios de comunicación mientras cubrían manifestaciones progubernamentales frente al edificio del Congreso en Lima. Según el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), los reporteros de diferentes medios, entre ellos, La República, Caretas, Diario Uno y Latina, fueron víctimas de ataques de los partidarios del Gobierno. Según el grupo de prensa, estos ataques se han vuelto recurrentes durante el Gobierno de Pedro Castillo. El CPP añadió:

"La actitud del Gobierno contra periodistas y medios de comunicación crea un ecosistema agresivo generalizado al que además se han sumado otras instituciones del país y sectores radicalizados de la ciudadanía, tanto de izquierda como de derecha".

Proyecto de ley restringe la libertad de expresión

El 24 de febrero de 2022, una comisión del Congreso aprobó un proyecto de ley para reformar las normas que rigen los acuerdos judiciales que implican la revelación de pruebas en manos del Estado y que en Perú se conocen como "colaboración eficaz". Los acuerdos judiciales en los que una persona se compromete a proporcionar información a las autoridades han sido uno de los mecanismos más usados en las investigaciones anticorrupción en Perú y en toda América Latina. Entre otras cosas, el proyecto de ley restringirá las denuncias de irregularidades y la capacidad de la prensa para informar sobre dichos acuerdos.

El artículo 2 del proyecto de ley sobre la divulgación de información confidencial establece penas de prisión para los funcionarios públicos que filtren información sobre la identidad de un colaborador o el contenido de estos acuerdos. El proyecto de ley también prevé sanciones por la publicación de información sobre los acuerdos y podría afectar a los medios de comunicación y periodistas. El Instituto de Defensa Legal (IDL) aseguró que esta reforma afecta gravemente la libertad de información y de expresión, amenaza la confidencialidad de las fuentes periodísticas, impone la censura y criminaliza a los periodistas que denuncian actos de corrupción.

IPYS también publicó una declaración en la que condenó el proyecto de ley y defendió que la mayoría de las veces el contenido de esos acuerdos alude a información de interés público y, por lo tanto, está protegido por el derecho a la libertad de información. La organización defendió que no se debe criminalizar a los periodistas por informar sobre dichos acuerdos.

Informes sobre la libertad de prensa

En diciembre de 2021, la Defensoría del Pueblo presentó un informe en el que evaluó el estado de la libertad de prensa en Perú durante los primeros 120 días del Gobierno de Pedro Castillo. El informe destaca que altos cargos del Gobierno y el propio presidente hicieron declaraciones que estigmatizan a los periodistas. Según el informe de la Defensora del Pueblo, ese discurso fomenta un clima hostil hacia los medios de comunicación, en particular contra aquellos con una línea editorial crítica. También añade que el Estado no ha cumplido con su obligación de prevenir, investigar y castigar las agresiones a periodistas.

Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos publicó un comunicado el 11 de enero de 2022 en el que alertó de las amenazas que pesan sobre al derecho a la libertad de expresión en el país. El grupo señaló que se ha abusado del sistema judicial con el fin de acosar a periodistas, en especial mediante denuncias por "delitos contra el honor", como la difamación. La organización también destacó un proyecto de ley que podría empeorar la situación al aumentar las sanciones por "difamación agravada" y que podrían desembocar en penas de cárcel. En el comunicado, la Coordinadora afirmó:

"Diversos periodistas vienen sufriendo la criminalización de su labor en los últimos años; a pesar de esto, la Justicia no está garantizando [el derecho a] un debido proceso, generando así un grave riesgo para el periodismo y la democracia".

En el Informe Mundial 2022 de Human Rights Watch, la organización también confirmó que la persecución de periodistas mediante leyes penales sobre la difamación sigue suscitando preocupación en el país. El grupo de derechos humanos también destacó diversos casos de represalias contra periodistas por su cobertura electoral, así como varios proyectos de ley restrictivos que aún se están debatiendo.