El programa Pegasus se usó para espiar a periodistas, militantes y figuras separatistas catalanas

Reunión pacífica

Llamamientos reiterados para que se reforme la ley mordaza

El 30 de mayo de 2022, un grupo de ONG fustigó al Gobierno español por el estancamiento de su supuesta reforma de la infame ley mordaza. Esta crítica se produjo después de meses de expectación ante la posibilidad de que el Gobierno por fin introdujera cambios en una ley que ha servido para multar a varios miles de personas y encarcelar a decenas de ellas desde 2015. En 2021, cuando se anunció que se reformaría la ley, miles de policías y simpatizantes de derecha se echaron a las calles para manifestar su oposición. La izquierda española, al igual que más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, cree que las reformas que se han propuesto seguirían sin cumplir las normas internacionales en materia de derechos humanos. En la nueva versión de dicha ley no se abordan varias cuestiones importantes, como las relacionadas con los inmigrantes y refugiados, la elaboración de perfiles raciales por parte de la policía y el apoyo pleno al derecho a la libertad de información.

Grupos de ONG que incluyen a organizaciones de gran tamaño, como No Somos Delito, Amnistía Internacional y Greenpeace, han reiterado sus llamamientos al Parlamento para que revise la legislación. Las exigencias del grupo están en consonancia con lo que expresó la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa Dunja Mijatović en una carta que remitió al Gobierno español.

Los aspectos de la ley mordaza que suscitaron una preocupación especial fueron:

• El artículo 36.6 sobre la «Resistencia, desobediencia o negativa a identificarse» y el artículo 37.4 sobre las «Faltas de respeto a la autoridad», ya que dieron lugar al 70 % de las sanciones que se impusieron bajo esta ley y no se han modificado en la propuesta de reforma.
• Fotografiar a agentes sigue siendo una infracción y no existe ningún mecanismo independiente que supervise el comportamiento de los agentes.
• No se prohíben las expulsiones colectivas en las fronteras, aunque son contrarias al derecho internacional.
• No se prohíben las redadas, los perfiles raciales y las identificaciones racistas.
• No se elimina el artículo 36.11, cuya aplicación supone que las mujeres que ejercen la prostitución y son víctimas de trata se ven obligadas a ejercer en lugares apartados.
• No se prohíbe el uso de balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad.
• Aunque se reconoce el derecho a manifestación espontánea, podrá suspenderse en caso de «alteración del orden público».

Libertad de expresión

El programa Pegasus se usó para espiar a políticos, militantes y periodistas

El 3 de mayo de 2022, cerca de treinta organizaciones, entre ellas Rights International Spain, rechazaron el uso del programa informático Pegasus en España tras confirmarse que ha sido empleado para espiar a periodistas, abogados y más de sesenta figuras separatistas catalanas y políticos españoles, incluido el presidente de Gobierno y la ministra de Defensa. La coalición de ONG exigió que se abra una investigación y que se garanticen los derechos civiles relacionados con la privacidad y la libertad de información. El grupo también solicitó que se revise la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para facilitar una mayor claridad, accesibilidad y protección de los derechos civiles.

La ministra de Defensa Margarita Robles, quien también fue vigilada, afirmó que el CNI siempre ha cumplido la ley y que cuando vigiló a dieciocho separatistas catalanes, lo hizo con plena aprobación judicial. Paz Esteban, directora del CNI, fue destituida tras el escándalo. Los críticos denunciaron que se la usó como chivo expiatorio para complacer a ciertos partidos y mantener el apoyo al Gobierno de izquierdas actual que se presentará a las elecciones de 2023.

El 7 de junio de 2022, Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural, una ONG catalana, aseguró que «la reacción del Gobierno español al escándalo catalán es incompatible con el Estado de derecho». Antich añadió que Madrid ha guardado silencio y no ha asumido ninguna responsabilidad para con las víctimas, en violación de «los compromisos internacionales». Asimismo, considera que estos casos de espionaje forma parte de la estrategia represiva del Estado contra la disidencia catalana.

Amnistía Internacional España solicitó:

«Una investigación exhaustiva, independiente y eficaz de los casos de vigilancia a personalidades catalanas y vascas, incluida la apertura de una comisión cuyos resultados se pongan a disposición de una comisión ad hoc del Parlamento Europeo sobre las infracciones a la legislación de la Unión Europea por el uso de Pegasus».

Ataques contra periodistas

• El 8 de abril de 2022, policía catalana cacheó y detuvo al periodista Jesús Rodríguez y al fotoperiodista Víctor Serri después de documentar una manifestación contra un desalojo. Durante la movilización, los manifestantes penetraron en el vestíbulo de un hotel barcelonés, pero, según Serri, los periodistas solo observaron la escena desde fuera. A pesar de esto y de que se identificaron como periodistas y facilitaron sus credenciales del Sindicato de Periodistas de Cataluña a los agentes de policía, los colocaron contra una pared para registrarlos. Grupos locales que militan a favor de la libertad de prensa criticaron la actuación de la policía.

• El 19 de abril de 2022, Miguel Rodríguez, jefe de gabinete del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presuntamente habría empujado a la periodista Andrea Ropero mientras intentaba hacerle preguntas a Isabel Ayuso, la actual presidenta autonómica. La reportera contaba con la autorización para ello y mantuvo un diálogo breve con Rodríguez, quien afirma que no la empujó. Sin embargo, cuando se percató de que el suceso había sido grabado en vídeo, Rodríguez se acercó al cámara y le pidió que borrara la grabación.

• El 3 de mayo de 2022 se supo que el número de móvil del periodista español Ignacio Cembrero constaba en la base de datos del programa Pegasus. El móvil de Cembrero figuraba en una lista de más de doscientos números españoles que un cliente del grupo israelí NSO había seleccionado como potenciales objetivos de espionaje. Se cree que Marruecos estaría detrás de la operación. La labor de Cembrero se ha centrado en el Magreb y en el pasado se ha enfrentado a demandas y presiones legales de la élite marroquí. La Fiscalía Provincial de Madrid no encontró pruebas de que el teléfono hubiera sido infectado y recomendó archivar las investigaciones por «no haber motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores».
• Mapping Media Freedom señalo que el 4 de mayo de 2022, VOX, un partido populista de la extrema derecha, presentó otra demanda contra el periodista Antonio Maestre por sus comentarios sobre el partido y varios de sus miembros. Entre otros, Maestre ha afirmado que dicho partido es «neonazi» y «corresponsable de la violencia machista». En ocasiones anteriores, el Tribunal Supremo ha dictaminado que llamar «fascista» o «nazi» a un partido político, como hizo Maestre, está protegido por la libertad de expresión. La demanda de VOX sigue en curso.

Multan a un periodista bajo la ley mordaza

El 13 de junio de 2022 fue multado con 960 euros el fotoperiodista Javier Bauluz por «faltar al respeto a un agente» y «negarse a identificarse» en virtud de los artículos 36.6 y 37.4 de la ley mordaza. Los hechos remontan a noviembre de 2020, cuando Bauluz, ganador de un premio Pulitzer, estuvo documentando la llegada de migrantes y refugiados al puerto de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria. Bauluz buscaba captar las terribles condiciones de vida a las que se ven sometidos. Una mañana, Balauz estaba tomando fotos de un barco de rescate mientras arribaba. Entonces, agentes de policía lo habrían agarrado por el brazo y habrían insistido para que abandone el lugar, según se aprecia en un vídeo. Cuando Bauluz protestó, un policía lo amenazó con multarlo. Según el Instituto Internacional de Prensa, Bauluz afirmó que no pagará la multa. Cabe destacar que la legislación española no admite recursos contra este tipo de sanciones. Bauluz también aseguró que «la libertad de prensa en España seguirá sufriendo» mientras no se reforme la ley mordaza

Un avance para los derechos de las mujeres

El 17 de mayo de 2022, el Gobierno español aprobó un proyecto de ley sobre el aborto que permitirá interrumpir un embarazo sin permiso de los padres a partir de los dieciséis años de edad. Además, esta legislación también convertirá a España en el único país en autorizar bajas por menstruación dolorosa. El proyecto todavía tiene que ser aprobado por el Parlamento para sustituir la legislación actual sobre el aborto, el cual obliga a contar con el permiso paterno para abortar hasta los diecisiete años. La ley también prevé la gratuidad de las píldoras anticonceptivas, que antes costaban unos veinte euros.