Nicaragua: juzgan y condenan a varios presos políticos

Asociación

Durante enero y febrero de 2022, las autoridades nicaragüenses reanudaron los juicios sumarios de presos políticos, los cuales estuvieron empañados de irregularidades procesales. Las audiencias de los presos políticos no se celebraron en los tribunales, sino en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la prisión conocida como el nuevo Chipote. Los juicios duraron solo unas horas al cabo de las cuales fueron condenados los acusados. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) alertó de que, a pesar de que los juicios debían ser públicos, los familiares no pudieron asistir. También informaron de un fuerte despliegue policial en el exterior de la DAJ.

Según un comunicado del Ministerio Público del 31 de enero de 2022, los detenidos fueron acusados en virtud de la Constitución, del Código Penal y de la Ley N.º 1055 sobre la seguridad soberana. En dicha publicación se los acusa de comprometer la paz y la seguridad, y de promover actos terroristas y el "intento de golpe de Estado de 2018". Se han abierto causas penales contra más de cuarenta presos políticos, entre ellos, periodistas, empresarios, estudiantes, diplomáticos, defensores de los derechos humanos y líderes de todo el espectro político.

El grupo de la oposición Alianza Cívica publicó un comunicado en el que enumeró las ilegalidades de estos procesos judiciales, como la ausencia de órdenes y de mandatos judiciales para muchas de las detenciones, la desaparición de presos políticos durante varios meses, la negación de una defensa legal adecuada, las audiencias secretas durante el proceso, entre otras. "Que nadie se confunda. Estos no son juicios", explicó Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, a Associated Press. "Son farsas represivas que el régimen utiliza para imponer condenas y seguir intimidando al pueblo".

Pese a que la información pública sobre estas causas ha sido limitada, las organizaciones de la sociedad civil confirmaron que los siguientes detenidos han sido procesados:

• Donald Alvarenga, exguerrillero sandinista, fue declarado culpable de "incitación al odio" en redes sociales en virtud de la Ley N.º 1055 y de la ley de ciberdelitos el 13 de enero de 2022. Fue condenado a doce años de prisión, de los cuales ocho por "conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional" y cuatro por "propagación de noticias falsas".
• Douglas Cerros Lanzas también fue declarado culpable de "conspiración" y "propagación de noticias falsas" en virtud de la Ley N.º 1055 y de la ley de ciberdelitos el 27 de enero de 2022.
• Yader Parajón, hermano del militante estudiantil Jimmy Parajón asesinado en mayo de 2018, fue detenido por haber reivindicado justicia para las víctimas de la represión gubernamental. Fue declarado culpable de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional" el 2 de febrero de 2022.
• Yaser Muhamar Vado, disidente sandinista, fue declarado culpable de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional" y condenado durante la misma audiencia que Parajón.
• Ana Margarita Vijil, militante feminista y expresidenta del grupo opositor Unamos, fue condenada el 2 de febrero de 2022. Su familia denunció que padeció malos tratos mientras estuvo detenida.
• Dora María Téllez, disidente sandinista y líder del grupo opositor Unamos, fue condenada el 3 de febrero de 2022. Según informaciones publicadas por la prensa, su juicio duró poco más de tres horas y entre las pruebas contra ella figuraban varias de sus publicaciones en Twitter. Los fiscales solicitaron una pena de quince años de prisión.
• Lesther Alemán, líder estudiantil de Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), fue condenado el 3 de febrero de 2022. AUN relató que su juicio apenas duró seis horas. Los fiscales solicitaron una pena de quince años prisión.
• Miguel Mora, excandidato presidencial, periodista y fundador de 100% Noticias, fue condenado el 4 de febrero de 2022. Al igual que en los casos de Téllez y Alemán, los fiscales pidieron una pena de quince años de prisión.
• María Fernanda Flores, exprimera dama durante el mandato del expresidente Arnoldo Alemán, fue declarada culpable el 4 de febrero de 2022. Los fiscales solicitaron una pena de ocho años de prisión.

Como informamos en el CIVICUS Monitor, se han denunciado varios casos de malos tratos y torturas a presos políticos en Nicaragua y estas denuncias se han seguido produciendo hasta hoy. El 31 de enero de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado en el que afirmó haber recibido informaciones sobre las condiciones deplorables de los presos recluidos en "el Chipote". Entre ellas, la falta de agua potable, de alimentos y de acceso a medicamentos, al igual que tratos inhumanos y crueles. La CIDH destacó la situación de las presas políticas, que siguen sufriendo represalias mediante medidas de aislamiento prolongado, amenazas e interrogatorios constantes.

Clausuran organizaciones religiosas y académicas

El 2 de febrero de 2022, la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personería jurídica de catorce universidades y organizaciones de la sociedad civil. Muchas de estas organizaciones son asociaciones vinculadas a la iglesia católica, especialmente a la diócesis de Estelí. Entre las universidades afectadas se hallan la Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse) y la Politécnica de Nicaragua (Upoli), considerada como un bastión de las protestas antigubernamentales de 2018.

El legislador sandinista Filiberto Rodríguez, quien propuso la cancelación, argumentó que estas organizaciones infringen la Ley General N.º 147 sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro al lucrarse con sus actividades. En un informe del Gobierno también se alegó que estas organizaciones habían incumplido las normas en materia de supervisión y presentación de informes, y que habían violado las leyes sobre el lavado de activos. La anulación fue aprobada por setenta y cinco votos a favor y ninguno en contra. Momentos antes de esta votación también se había la personería jurídica de otras dos asociaciones profesionales.

Las organizaciones estudiantiles Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Movimiento UNA, Alianza de Jóvenes y Estudiantes nicaragüenses (AJEN) y Movimiento Estudiantil 19 de Abril rechazaron los ataques a las instituciones académicas en un comunicado en el que afirmaron:

"La educación ha sufrido las embestidas de este régimen que pretende hegemonizar la educación superior y controlar la libertad de cátedra y de pensamiento de los jóvenes de estas universidades".

Expresión

El 26 de enero de 2022, WAN-IFRA Women in News publicó una investigación internacional sobre el acoso sexual en los medios de comunicación en 2021. El estudio concluyó que Nicaragua y El Salvador son los dos países de América Central con las mayores tasas de acoso sexual entre los profesionales de los medios de comunicación. En promedio, el 74 % de las mujeres que trabajan en los medios de comunicación de la región ha sufrido actos de acoso sexual verbal y más del 40 % ha padecido acoso físico. Los datos de la organización muestran que las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada, ya que sufren por lo menos cuatro veces más actos acoso sexual que los hombres. En la investigación se afirma que el 80 % de las mujeres no denuncia esos actos de acoso por miedo a represalias o a perder su trabajo.