El 12 de mayo de 2021, los miembros recién elegidos de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declararon sin lugar un recurso de marzo de 2020 que había paralizado la aplicación del Decreto 4-2020, también conocido como la ley de ONG, un conjunto de enmiendas a las leyes que regulan las organizaciones no gubernamentales. Este fue uno de los primeros fallos de gran calado de la Corte de Constitucionalidad después de que el Congreso guatemalteco bloqueara la reelección de la magistrada Gloria Porras en abril de 2021, una medida que fue interpretada como una represalia por sus fallos anteriores en casos de corrupción.
Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, esta reforma impone amplios controles a la sociedad civil y restringirá la libertad de asociación en el país. La aplicación de este decreto controvertido había sido paralizada por una medida cautelar concedida gracias a un recurso interpuesto por la sociedad civil. En el nuevo fallo, los magistrados de la Corte consideraron que dicho decreto no supone una amenaza inminente y permitieron que el Presidente procediera su ratificación y promulgación.
Organizaciones de la sociedad civil han advertido que el decreto contraviene las normas internacionales, ya que otorga al Gobierno la capacidad de controlar de forma estricta y arbitraria la sociedad civil. Por ejemplo, el decreto permite que el Gobierno decida de forma discrecional la disolución y la desincripción de las organizaciones y de las asociaciones de la sociedad civil cuando lo considere oportuno. Esta legislación también facilita la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil que usen fondos provenientes del extranjero para llevar a cabo actividades que el Gobierno considere que alteren el orden público en el territorio nacional. El texto de este ley incluye definiciones ambiguas que podrían usarse para criminalizar a la sociedad civil.
Más de 200 organizaciones firmaron una declaración en la que expresaron su rechazo a esta legislación, afirmando que "concede al Ejecutivo un poder casi absoluto para decidir quiénes sí pueden y quiénes no pueden expresarse y organizarse". El 19 de mayo de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció en contra de la aplicación del decreto y pidió al Estado guatemalteco la derogación de dicha legislación. La CIDH argumentó que la adopción de estas leyes afectaría gravemente la capacidad de las organizaciones de los derechos humanos para cumplir con su labor legítima de defensa de los derechos humanos en Guatemala.
Funcionarios públicos coordinaron un campaña de difamación
#ComunicadoPDH | Ante las campañas de desprestigio contra funcionarios públicos promovidas desde la oficina de Comunicación Social del @CongresoGuate, el @PDHgt @JordanRodas recomienda al @MPguatemala una pronta investigación de los hechos. pic.twitter.com/SU5I3JuIPU
— PDH Guatemala (@PDHgt) May 21, 2021
El 20 de mayo de 2021, los medios de comunicación Artículo35 y Vox Populi publicaron un informe en el que se afirmaba que los funcionarios públicos que trabajan para el Congreso guatemalteco habían encabezado una estructura dedicada a atacar a los representantes de la oposición y a los funcionarios de otras instituciones. Dicho documento incluye audios y capturas de pantalla de presuntos mensajes entre funcionarios públicos del departamento de Comunicación Social del Congreso. En esos mensajes, los directivos habrían instruido a los trabajadores de dicho departamento para que elaborasen videos que desacreditasen la labor del procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade. Dicho grupo también habría coordinado un ataque contra el diputado Samuel Pérez de Bancada Semilla.
Los representantes de Bancada Semilla presentaron una denuncia contra los directores del departamento por abuso de autoridad. La Procuraduría de los Derechos Humanos también publicó un comunicado en el que recomendó al Ministerio Público la apertura de una investigación por estas acusaciones. Según informó Prensa Libre, en una declaración uno de los funcionarios involucrados en el caso afirmó que miembros de la Comisión Permanente del Congreso habían solicitado información sobre el procurador con el objetivo de presentar un escrito a una delegación de la Organización de Estados Americanos que visitó Guatemala para investigar la crisis que desataron las manifestaciones de noviembre de 2020.
Expresión
🚨🇬🇹 El informe #Guatemala, el Estado contra la prensa y la libre expresión da muestra de cómo la criminalización de periodistas por parte del Ejecutivo ha llegado a niveles sumamente preocupantes.
Conoce más en:https://t.co/gOuc1sTOwE pic.twitter.com/HGKF1VAdHN
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) May 20, 2021
El 3 de mayo de 2021, las organizaciones de la sociedad civil Article 19, Artículo 35 y el Centro Civitas de Guatemala publicaron un informe sobre la libertad de expresión titulado "Guatemala: Estado contra la prensa y la libre expresión". Entre enero de 2011 y julio de 2020, el Ministerio Público registró 820 denuncias por agresiones contra periodistas en Guatemala. Las amenazas y las coacciones fueron las violaciones que se documentaron con mayor frecuencia durante este periodo. Otro hecho preocupante: el 90 % de las mujeres periodistas afirman haber sufrido acoso sexual en el ejercicio de su labor.
Según dicho informe, los periodistas de Guatemala han sufrido diversas restricciones durante los tres últimos Gobiernos —los de Pérez Molina, Morales y Giammattei—, entre ellas la criminalización, los ataques al periodismo de investigación y el enfrentamiento directo con los propios presidentes. También denunciaron la persecución de las radios comunitarias, la denegación de información y el uso de "netcenters" para desacreditar y amenazar a los comunicadores en internet. El análisis concluye que el Estado no ha cumplido o ha descuidado el cumplimento de sus obligaciones y que será necesario un esfuerzo extraordinario para reducir gradualmente los obstáculos al ejercicio de la libertad de prensa en el país.
Por otro lado, los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid se enfrentan a cargos penales por una querella que presentaron familiares de un exfuncionario en mayo de 2021. Ambos trabajan como periodistas de investigación para Vox Populi, medio que publicó informes sobre las finanzas y la compra de bienes del exfuncionario Miguel Martínez. La madre del exfuncionario y su hermana presentaron una querella contra los periodistas, alegando que habían sufrido traumas emocionales y psicológicos debido a su labor, en violación de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer del país. El 31 de mayo de 2021, un grupo de más de 60 organizaciones guatemaltecas publicó una declaración en la que condenaron el uso "malicioso" de la ley nacional contra la violencia doméstica en la causa abierta contra los periodistas de Vox Populi, el cual calificaron de "abuso del poder público".
El 18 de mayo de 2021, la corresponsal de CNN Michelle Mendoza denunció haber sido sufrido un episodio de acoso en internet tras asistir a una rueda de prensa del Gobierno. Ella y la periodista Jody García aseguraron que un juez había tomado fotografías de Mendoza durante el evento; posteriormente, una cuenta anónima se sirvió de dichas imágenes para acosarla. Jordán Rodas, el procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, señalo que el acoso constante que sufre Mendoza es preocupante y que las denuncias de la periodista han de investigarse de forma urgente.
El 22 de mayo de 2021, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) advirtió de la creciente criminalización, deslegitimación, persecución y detención de periodistas en Guatemala. El observatorio de esta asociación registró 54 agresiones, restricciones y actos de acoso contra la prensa en 2021. La organización expresó su preocupación por las acciones de los tres poderes del Estado para restringir los derechos fundamentales y acallar las críticas. La APG también expresó su solidaridad con los periodistas que han sufrido actos de persecución y acoso, al igual que campañas de difamación.
Reunión pacífica
Desde la vertiente de Chisec las comunidades Q'eqchi's caminan y resisten para liberar a los ríos.#LibertadParaBernardo #LibertadRioCahabon pic.twitter.com/PuIxteVVGV
— Festivales Solidarios (@festivalesgt) June 4, 2021
El 4 de junio de 2021, manifestantes de varias regiones guatemaltecas organizaron marchas para exigir la liberación del defensor maya q'eqchi Bernardo Caal Xol, un profesor y sindicalista que lleva más de tres años en prisión por su defensa de los derechos medioambientales y al que se considera preso de conciencia. La movilización fue organizada por varios grupos indígenas, organizaciones comunitarias y personas defensoras del medio ambiente.
Organizarse en un entorno libre y seguro fortalece la democracia. Sin embargo, vemos con preocupación la entrada en vigencia de la reforma a la #LeyDeONG y el #DecretoLey106 en #Guatemala, que atenta contra los derechos de las personas.
— Due Process of Law Foundation (@DPLF_info) May 20, 2021
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En una carta abierta, Human Rights Watch advirtió que el presidente Alejandro Giammattei y su coalición en el Congreso guatemalteco están maniobrando con el fin de frenar los esfuerzos anticorrupción y de bloquear la financiación de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, a cuyo titular han intentado destituir en varias ocasiones. La organización afirmó que las autoridades guatemaltecas se han esforzado por destituir a los últimos jueces independientes y sustituirlos por aliados, en un esfuerzo evidente para frenar una campaña anticorrupción en la que se han visto implicados muchos políticos de alto rango.
Asociación
Restablecen la ley restrictiva sobre las ONG
