El 10 de julio de 2020 fue asesinada a tiros en Tegucigalpa Scarleth Cáceres, defensora de los derechos de las personas LGBTI+. Cáceres tenía 22 años y trabajaba con la organización de la sociedad civil Asociación LGBT Arcoíris de Honduras, que defiende los derechos de la diversidad sexual. Según informó la Agencia Presentes, Scarleth se encontraba con un grupo de amigas en Tegucigalpa cuando un agresor no identificado les disparó varias veces desde el interior de un vehículo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de la militante y pidió que se investigue si los hechos están relacionados con su identidad o su expresión de género como mujer trans. Los miembros de la Asociación Arcoíris se han padecido ataques violentos y casos de acoso durante varios años; de hecho la organización ha solicitado el apoyo del Sistema Nacional de Protección.
El 13 de julio de 2020, el militante ecologista Marvin Damián Castro Molina fue hallado muerto en el municipio de Perspire, Choluteca. Castro lideraba las organizaciones juveniles Red Juvenil de la Asociación de Desarrollo Pespirense-Honduras (ADEPESHN) y Juventud del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida). Según sus compañeros, hace poco Castro había hecho saber al sistema nacional de protección que temía por su vida, en una reunión para revisar las medidas de protección que le habían sido otorgadas en enero de 2019.
El 24 de julio de 2020, desconocidos acosaron, insultaron y amenazaron a María Felícita López, coordinadora de la organización indígena Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz Honduras (MILPAH). A través de mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas los agresores amenazaron con matar a la militante. Días antes, López habría sido advertida de que hombres encapuchados y con machetes la estaban esperando en el camino que conduce a su casa. No es la primera vez que la vida de María Felicita se encontra en peligro por su labor en defensa de los derechos humanos. De hecho, ya en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares. Sin embargo, IM-Defensoras ha denunciado que el Estado hondureño no ha hecho nada para garantizar su protección.
Desaparecen cinco líderes garífunas
#Honduras: Desaparecen cinco personas, cuatro de ellas activistas de @ofraneh, de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz.@JuanOrlandoH @SSEGURIDADHN @MP_Honduras @PoliciaHonduras @sedhHonduras, ¿DÓNDE ESTÁN?
¡Toma acción!➡️https://t.co/V3eJ00uzak#SusVidasSonNuestrasVidas pic.twitter.com/FnTIHLI543
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) July 24, 2020
El 18 de julio de 2020, cinco hombres garífunas fueron secuestrados cuando se hallaban en sus domicilios en Triunfo de la Cruz, departamento de Atlántida. De las personas detenidas, cuatro son militantes y miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Testigos afirmaron que hombres fuertemente armados y vestidos con uniformes de policía llegaron a la comunidad en tres autos sin distintivos y se llevaron a los militantes a punta de pistola. Desde entonces se desconoce el paradero de Milton Martínez, Suami Aparicio, Gerardo Trochez, Junior Rafael Juárez Mejía y Alberth Sneider Centeno. Si bien se detuvo a un sospechoso relacionado con el caso, aún se desconoce el paradero de los defensores.
El 10 de agosto de 2020, manifestantes garífunas bloquearon una carretera para exigir la intervención urgente del gobierno hondureño en las labores de búsqueda de los defensores. "Vivos se los llevaron, vivos los queremos" reclamaron. Desde hace mucho tiempo las comunidades garífunas de Honduras han denunciado el exterminio sistemático de sus líderes. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, un mes antes de esta desaparición, un líder garífuna de avanzada edad fue secuestrado y apareció muerto días después.
Revés judicial en el caso Guapinol
#Honduras: Nueva criminalización contra los defensores de #Guapinol y vulneración de su derecho al debido proceso
🔴La Corte de Apelaciones revoca sobreseimiento definitivo emitido a su favor en 2019
¡Basta de criminalización! #LibertadParaGuapinol
👉https://t.co/UAzWAzOHWG pic.twitter.com/z05ecQMGLO
— The Observatory (@OBS_defenders) August 24, 2020
El 15 de agosto de 2020, una corte de apelaciones revocó el sobreseimiento definitivo a favor de ocho defensores del medioambiente del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), también conocidos como los defensores del agua de Guapinol. Además de ordenar el procesamiento formal de los militantes —en prisión preventiva desde septiembre de 2019—, la corte de apelaciones también dictaminó el procesamiento de otros cinco miembros de la comunidad . Los delitos que se les imputaba a estos cinco defensores habían sido desestimados anteriormente.
La CMDBCP es una organización de Tocoa, Colón, compuesta por varios grupos y organizaciones de bases que defienden los derechos medioambientales y a la tierra en la región. Los miembros del comité municipal han sido criminalizados por su oposición al desarrollo de un proyecto minero que pondría en peligro las fuentes de agua dulce en un área protegida de la región. En un comunicado tras este último fallo, el abogado defensor, Edy Tábora, expresó:
"La decisión de la corte reafirma la clara alianza entre el Ministerio Público, el poder judicial y el sector privado para castigar a todo aquel que se atreva a defender los bienes públicos y comunes de Honduras. No se trata solo de Guapinol. Este caso es emblemático para todos aquellos que defienden sus derechos frente a proyectos extractivos en sus territorios."
Expresión
El 1 de agosto de 2020, el periodista Marvin Ortiz afirmó estar seguro de que alguien había manipulado su vehículo; hecho que resultó un accidente automovilístico. El periodista indicó al Comité por la Libre Expresión (C-Libre) que una de sus llantas delanteras se aflojó por completo mientras conducía al trabajo. En declaraciones a los medios de comunicación, Ortiz adujo que después del suceso llevó su vehículo al mecánico y allí le dijeron que solo la interferencia humana podría haber causado esa falla. Anteriormente el periodista ya había denunciado haber sido objeto de amenazas y acoso.
El 28 de julio de 2020, se impidió al periodista de Corporación Televicentro, Henry Fiallos, y a su camarógrafo que grabaran un intento de fuga de la cárcel La Esperanza en el departamento de Intibucá. Un video del programa TV5 Matutino de la emisora muestra a un agente de policía encapuchado que obliga a los periodistas a abandonar la zona.
Fallece periodista tras contraer la COVID-19 en la cárcel
Journalist David Romero of #Honduras died on July 18, 2020, of #COVID19 he contracted while in jail. In the era of the coronavirus pandemic, jailing journalists can be a death sentence. #FreeThePress pic.twitter.com/p6WRxEz59T
— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) July 22, 2020
El periodista hondureño David Romero murió de insuficiencia respiratoria depués de contraer la COVID-19 mientras se hallaba preso en la Penitenciaría Nacional de Támara. Romero fue director de Radio Globo y Globo TV. Tal y como señalamos en su momento el CIVICUS Monitor, el periodista fue detenido en marzo de 2019 acusado de difamación por su labor de denuncia de presuntos casos corrupción gubernamental. Había sido condenado a diez años de prisión. Natalie Southwick, coordinadora de programa del Comité para la Protección de Periodistas en Centroamérica y Sudamérica, declaró:
"Estamos conmocionados y tristes por la noticia del fallecimiento, el día de ayer, del periodista hondureño David Romero, quien nunca debió haber sido encarcelado por su labor informativa. Tal como el CPJ ha advertido durante meses: las autoridades que continúan encarcelando a periodistas en condiciones poco seguras en medio de una pandemia global, en la práctica están permitiendo que sus condenas se conviertan en una pena de muerte."
📢🚨🆘 #AlertaDefensoras HONDURAS / Asesinan a la activista por los derechos #LGTBI+, Scarleth Cáceres, integrante de @arcoirisghn
— IM-Defensoras (@IM_Defensoras) July 12, 2020
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