Expulsan a 135 personas presas políticas y cierran 1500 OSC en un mes

Libertad de asociación

Las autoridades expulsan a 135 personas presas políticas y les retiran la nacionalidad

El 5 de septiembre de 2024, el Gobierno nicaragüense puso en libertad por razones humanitarias a 135 personas presas políticas que habían sido detenidas de forma arbitraria y que permanecían encarceladas en duras condiciones. Fuentes señalaron que estas personas sufrieron presuntos actos de torturas y malos tratos durante su detención y que entre ellas había activistas, autoridades religiosas y profesionales del periodismo. Tras ser liberadas fueron expulsadas a Guatemala.

La medida se produjo en respuesta a la creciente presión internacional, en particular de Estados Unidos, que facilitó la liberación por la vía diplomática. El Departamento de Estado estadounidense anunció que se les ofrecerían vías legales para establecerse en Estados Unidos o en otros países a su llegada a Guatemala. El Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas en Nicaragua informó que a septiembre de 2024 había al menos 45 personas presas políticas, entre ellas autoridades indígenas y miembros de la oposición política y del funcionariado del Estado.

El 9 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia por la que revocó la nacionalidad nicaragüense de las 135 personas presas políticas liberadas y ordenó la confiscación de sus bienes. El tribunal fundamentó su decisión en la Ley núm. 1055 sobre la Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, y en la Ley Especial núm. 1145 que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense.

También precisó que el fallo fue dictado tras una resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua que determinó que estas personas fueron condenadas por actos delictivos que socavaron la soberanía, la independencia y la autodeterminación de la población nicaragüense. Asimismo, la Corte aseguró que las 135 personas excarceladas también incitaron a la violencia, el odio, el terrorismo y la desestabilización económica, perturbando la paz, la seguridad y el orden constitucional.

Esta reciente oleada de expulsiones y de retiradas de nacionalidad ha aumentado la preocupación por la persecución sistemática del Gobierno nicaragüense contra las personas consideradas como opositoras. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó que las autoridades privaron arbitrariamente de su nacionalidad a al menos 317 personas (60 mujeres y 257 hombres) en 2023. Estas medidas vulneran la legislación internacional en materia de derechos humanos, dejan a muchas personas apátridas y tienen repercusiones duraderas sobre sus derechos.

El 11 de septiembre, organizaciones de derechos humanos exigieron el fin de la persecución de las voces críticas, el restablecimiento de la libertad de expresión y el cumplimiento de las normas internacionales en materia de derechos humanos. También instaron a la comunidad internacional a seguir apoyando y solidarizándose con las personas afectadas.

Nuevas reformas legales contra la disidencia y las personas en el exilio

El 3 de septiembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó modificaciones substanciales al Código Penal que ampliaron aún más los poderes del Gobierno para perseguir a quienes considere como disidentes. Las personas nicaragüenses o extranjeras podrán ser procesadas por delitos que hayan cometido fuera del país, incluidos los delitos contra la administración pública, el Estado o sus instituciones.

Estos cambios permitirán que se enjuicie a personas que no se encuentren en el país, una situación que afectará especialmente a los miembros de la ciudadanía nicaragüense en el exilio o privados de nacionalidad. Bajo este nuevo marco legal, las personas acusadas de terrorismo, blanqueo de capitales o delitos contra el orden público se enfrentarán a multas y penas de prisión de hasta treinta años en caso de delitos graves. Las autoridades justificaron estas reformas asegurando que eran necesarias para reforzar la seguridad nacional y el sistema judicial.

Nueva oleada de cierres de OSC bajo un marco normativo más estricto

En agosto de 2024, el Gobierno nicaragüense tomó medidas legales sin precedentes que afectaron a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que operan en el país. El 19 de agosto de 2024, el ministro del Interior promulgó el Acuerdo Ministerial N.º 38-2024-OSFL, por el cual canceló la personalidad jurídica de 1500 OSC, incluidos 700 grupos religiosos, entre ellos algunas de las últimas organizaciones influyentes e independientes del país.

En el documento, el Ministerio justificó su decisión afirmando que esas organizaciones no presentaron los estados financieros correspondientes a sus primeros treinta y cinco años de actividad. Dicho acuerdo también dispone que los bienes muebles e inmuebles de las organizaciones sancionadas serán transferidos al Estado a través de la Procuraduría General de la República. Estas cancelaciones se promulgaron en el marco de la Ley N.º 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL), y de otras normas que regulan la supervisión de las entidades sin ánimo de lucro.

El 20 de agosto de 2024, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley N.º 1115 y a la Ley N.º 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Estas reformas introdujeron normas más estrictas para las OSC nacionales y extranjeras presentes en el país, que dieron lugar a un nuevo marco operativo para las OSFL, especialmente para aquellas que desarrollan proyectos o programas relacionados con competencias atribuidas por ley a entidades estatales. En este marco, denominado “alianzas de asociación”, las OSFL estarán obligadas a colaborar directamente con las instituciones gubernamentales en cualquier iniciativa relacionada con funciones estatales.

El 13 de septiembre de 2024, el presidente Daniel Ortega Saavedra promulgó el Decreto Presidencial N.º 13-2024, que desarrolla la reglamentación aplicable a las “alianzas de asociación” para las OSFL. El texto establece que la sociedad civil deberá contar con la aprobación previa del Ministerio del Interior o del Ministerio de Asuntos Exteriores para llevar a cabo todos y cada uno de sus proyectos, aumentando así la supervisión estatal.

La cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de 1500 OSC y la introducción de normas más estrictas han suscitado preocupación entre numerosos organismos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, el 20 de agosto de 2024, Liz Throssell, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), instó al Gobierno nicaragüense a que cese de imponer restricciones severas a la sociedad civil y a los espacios democráticos. También hizo hincapié en la necesidad de que el Estado nicaragüense garantice el respeto de los derechos humanos, de conformidad con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado el 22 de agosto de 2024 en el que pidió a las autoridades nicaragüenses poner fin a las acciones represivas y restablecer el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales en el país. También expresó su preocupación por las amplias repercusiones de los cambios legislativos en el espacio cívico y en derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de asociación.

El cierre de más de 5664 OSC para agosto de 2024 evidencia el importante deterioro que ha sufrido el espacio cívico nicaragüense y constituye el mejor ejemplo de la intensidad de los ataques del Estado contra el pluralismo. Según datos de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia (ACDD), entre 2007 y 2024 fueron disueltas de forma arbitraria cerca del 80% de las ONG presentes en el país.

Un informe de las Naciones Unidas destaca la represión sistemática de liderazgos de comunidades indígenas y afrodescendientes

El 10 de septiembre de 2024, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua publicó un informe en el que reveló la existencia de un patrón de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe entre 2018 y 2024. Entre esas violaciones cabe destacar la vulneración generalizada de derechos colectivos, como el derecho a la autodeterminación, a la autonomía, al control sobre sus tierras ancestrales y al uso de recursos naturales. En el informe también se describe cómo los colonos, alentados por actividades económicas respaldadas por el Estado como los proyectos agroindustriales o extractivos, han invadido territorios indígenas, desplazando a comunidades y erosionando sus sistemas culturales y económicos.

Desde 2018, el Gobierno nicaragüense, junto con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y otros grupos aliados, ha socavado el autogobierno de las comunidades indígenas y afrodescendientes con el fin de consolidar su control político y de reprimir toda oposición. También se ha ignorado el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades y se ha limitado su autonomía, al tiempo que se tolera la apropiación ilegal de tierras por parte de colonos. Estas violaciones, agravadas por el empleo de tácticas intimidatorias, han coartado fuertemente la capacidad de las comunidades para hacer valer sus derechos y proteger sus territorios.

Además de estas violaciones de derechos colectivos, el Grupo de Expertos destaca las detenciones arbitrarias, el acoso y la ausencia de investigaciones sobre los delitos perpetrados por los colonos. Los liderazgos indígenas y las personas defensoras del derecho a la tierra se encuentran entre los grupos más perseguidos y han sido víctimas de actos de criminalización, de vigilancia y de violencia física. Los casos de Brooklyn Rivera, dirigente de YATAMA, y de Nancy Henríquez son un ejemplo de la estrategia represiva del Gobierno. Estos hechos han creado un clima de miedo e impunidad que ha fragilizado la representación política indígena e inhibido las movilizaciones sociales.

Libertad de expresión

Reforma de la ley de ciberdelitos: más control gubernamental y penas más duras

El 10 de septiembre de 2024, el Gobierno presentó una propuesta para reformar la Ley N.º 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, que fue aprobada por la Asamblea Nacional al día siguiente. Esta reforma y las recientes modificaciones del Código Penal forman parte de un paquete de cambios legislativos que refuerzan los poderes del Gobierno para perseguir la disidencia, especialmente en el ámbito digital.

La reforma extiende el ámbito de aplicación de la Ley Especial de Ciberdelitos a las redes sociales y a las aplicaciones móviles, y faculta a las autoridades a investigar, procesar y sancionar a personas físicas por publicar contenidos en internet que el Gobierno considere “ciberdelitos”. Esto incluye los mensajes que inciten a la discriminación, el odio o la violencia por motivos políticos o sociales, o los que sean vistos como una amenaza para el orden público, la seguridad nacional o la estabilidad económica. Bajo las nuevas disposiciones, las penas por estos delitos pasan de cinco a diez años de prisión.

Además de hacer posible la persecución de quienes se encuentren en el país, la reforma dota a la ley de un carácter extraterritorial, ya que autoriza al Gobierno a procesar a nacionales o extranjeros por actividades realizadas fuera del país. Estas disposiciones son un reflejo de los cambios recientes en el Código Penal (ver más arriba). Asimismo, las enmiendas otorgan mayores poderes a la policía, que desde ahora podrá acceder a datos digitales personales, incautarse de dispositivos electrónicos, consultar registros de comunicaciones y geolocalizar a personas investigadas, entre otros, sin necesidad de una orden judicial en casos urgentes. Estas medidas amplían el alcance de la vigilancia gubernamental.

Las recientes enmiendas a la Ley Especial de Ciberdelitos, junto con otras reformas legislativas, son una muestra del empeño creciente del Gobierno para reprimir la libertad de expresión y asociación, tanto dentro del país como fuera de sus fronteras.

La Oficina de Article 19 para México y Centroamérica expresó su alarma ante la posibilidad de que estas reformas exacerben la represión de la sociedad civil: “Article 19 expresa su rechazo a las reformas de ley implementadas en días recientes y con carácter de urgencia por parte del gobierno nicaragüense en materia penal y de ciberdelitos. Las reformas están encaminadas a la transnacionalización y el reforzamiento del sistema represivo que impera en el país y opera en contra del ejercicio de las libertades fundamentales, entre ellas la libertad de expresión y de prensa”.

Continúa la represión de la prensa independiente

El 7 de octubre de 2024, la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED) publicó un informe en el que documentó treinta casos de violaciones de la libertad de prensa entre julio y septiembre de 2024. Estas violaciones fueron perpetradas tanto por agentes estatales como no estatales, lo que demuestra que se trata de una iniciativa coordinada para reprimir el periodismo independiente y restringir la libertad de expresión. En el 80% de estos 30 casos las víctimas fueron personas físicas, principalmente profesionales del periodismo, y en el 20% personas jurídicas. El caso más grave de este periodo fue la desaparición forzada de la periodista Fabiola Tercero, ilocalizable desde julio de 2024.

La violación más frecuente fue el uso de discursos estigmatizadores —47% de los casos—, con el fin de desacreditar a profesionales del periodismo y de los medios de comunicación mediante declaraciones difamatorias o la denigración pública. Esta táctica ha sido empleada tanto por funcionarios del Gobierno como por medios de comunicación afines al partido gobernante para desvirtuar la labor de la prensa independiente. En julio y septiembre de 2024, el empresario sandinista Enrique Quiñones difamó a Miguel Mendoza, un cronista deportivo exiliado en Estados Unidos, durante dos emisiones de su programa de radio Choque de Opiniones. Quiñones se burló repetidamente de la carrera de Mendoza empleando un lenguaje homófobo y lo acusó de ser portavoz del político de la oposición Félix Maradiaga y de actuar como infiltrado.

Además, el 30% de los casos entrañaron agresiones físicas y actos de acoso, a menudo perpetrados por fuerzas policiales o agentes no identificados que actuaban con impunidad. Por ejemplo, el 9 de julio, un periodista independiente en el exilio denunció casos de vigilancia policial, ciberataques y continuos actos de acoso y de intimidación contra su familia, presuntamente por parte de individuos no identificados que se hacían pasar por funcionarios del Ministerio de Sanidad. El periodista afirma que su familia ha recibido presiones para que revele su paradero y que él ha sufrido intentos de pirateo y ha recibido enlaces maliciosos y amenazas de violencia física. También asegura que su cuenta de ahorros en el Banco de la Producción (BANPRO) fue cerrada debido a acusaciones de fraude infundadas.

El 10 de julio de 2024, la policía allanó los domicilios de cuatro profesionales del periodismo independiente distintas localidades del país. Los cuatro, que pidieron mantener el anonimato debido a las reiteradas amenazas que han recibido, relataron que los agentes se personaron en sus domicilios por la noche, sin presentar una orden judicial ni explicar el motivo del operativo. Durante las redadas había menores presentes que habrían quedado traumatizados por la actuación desproporcionada de los uniformados. Los agentes realizaron registros exhaustivos de las viviendas y se incautaron de todos los dispositivos electrónicos, incluidos los de otros miembros de la familia. Posteriormente les informaron que estaban siendo investigados y les ordenaron que se presenten diariamente en las delegaciones policiales correspondientes para firmar.

En el informe, la FLED también destaca el exilio forzoso de al menos 15 profesionales del periodismo durante el tercer trimestre de 2024, lo que eleva a 278 el número de profesionales en el exilio desde 2018. En Nicaragua los profesionales del periodismo siguen siendo víctimas de amenazas, actos de acoso y vigilancia por parte de agentes estatales que obligan a muchos de ellos a huir para salvar su vida y preservar sus medios de subsistencia.

El 9 de julio, las autoridades nicaragüenses expulsaron del país a la periodista Nohelia González Valdivia, quien se desempeñó como jefa de información de La Prensa hasta 2018 y posteriormente colaboró con el Canal Católico de Nicaragua. Según informaciones publicadas por la prensa, habría sido detenida por la policía y luego deportada por la fuerza a Estados Unidos. Su hermano Eddie González, mayor retirado y actualmente preso político, denunció la expulsión. Relató que los agentes se personaron en el domicilio de su hermana a las seis de la mañana, la detuvieron y la escoltaron hasta el aeropuerto para su expulsión inmediata.

La FLED documentó la extinción del periodismo independiente en nueve departamentos, incluido León, que pasó a engrosar la lista de estas localidades recientemente. Estos departamentos abarcan el 53% del territorio del país y se encuentran bajo pleno control del Estado.

El 22 de agosto, el Ministerio del Interior anunció la cancelación de la personalidad jurídica de la Cámara Nicaragüense de Radiodifusión (CANIRA), una asociación civil que llegó a representar a más de 55 emisoras de radio en 2018. CANIRA fomentaba el crecimiento y el desarrollo del sector de la radiodifusión, promovía la libre competencia y defendía principios fundamentales como la libertad de expresión, la democracia, la justicia y los derechos humanos. La organización también desempeñó un papel clave en la promoción de leyes y regulaciones para modernizar la actividad radial.

Las Naciones Unidas documentan violaciones generalizadas de la libertad de culto y de otras libertades fundamentales

El 22 de julio de 2024, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua publicó un informe detallado en el que documentó violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos de los miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas (A/HRC/55/CRP.5). Estos abusos vienen ocurriendo desde 2018 y forman parte de la estrategia del Gobierno para reprimir cualquier forma de disidencia o crítica, especialmente cuando provienen de instituciones sociales influyentes como las organizaciones confesionales.

En el documento se describe una serie de violaciones, entre ellas la restricción de actividades religiosas, amenazas y actos de acoso contra el clero, detenciones arbitrarias y la confiscación de bienes pertenecientes a entidades confesionales. También se documentan numerosos casos de intimidación, incluidas campañas de difamación y agresiones físicas contra figuras religiosas.

Además, el Grupo de Expertos destaca las violaciones de derechos fundamentales como la libertad de culto, de expresión y de asociación, así como los atentados contra la seguridad personal. También se ha acusado al Gobierno de despojar arbitrariamente a figuras religiosas de su nacionalidad y de restringir su libertad de circulación. La cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones religiosas ha dificultado aún más su labor y ha exacerbado la represión contra ellas.

El Grupo de Expertos subrayó que estas violaciones forman parte de una política estatal más amplia para mantener el control, limitar la disidencia y reprimir cualquier oposición que pudiera surgir. Las conclusiones del informe plantean serias dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por parte del Gobierno.