Crisis de los derechos humanos, una constante durante los tres años de Gobierno de Bukele

Las labores de seguimiento de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales revelaron que durante el estado de excepción se produjeron violaciones masivas de los derechos humanos en el país. Tal y como informamos en el CIVICUS Monitor, el presidente Nayib Bukele declaró el estado de excepción por primera vez el 27 de marzo de 2022, tras el aumento de los asesinatos perpetrados por pandillas. Desde entonces, la medida ha sido prolongada en tres ocasiones.

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de El Salvador (OUDH El Salvador) afirmó que se llevaron a cabo más de 35 000 detenciones arbitrarias entre el 27 de marzo y el 27 de mayo de 2022. También registraron casos de torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y muertes de detenidos debido a abusos policiales.

Asociación

En un informe sobre la crisis actual de derechos humanos en El Salvador, Amnistía Internacional destacó los casos de criminalización y detención de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. La organización aseguró que funcionarios públicos del más alto nivel han acusado públicamente a organizaciones de derechos humanos de defender los crímenes perpetrados por las pandillas. Entre otros casos, la Red Salvadoreña de Defensores de Derechos Humanos denunció la detención de seis líderes comunitarios del municipio de Jiquilisco, Usulután, en el marco del estado de excepción. En un principio, las autoridades los pusieron bajo arresto domiciliario sin decirles por qué. Posteriormente, los acusaron de estar vinculados a las pandillas. CIVICUS Monitor detalló casos similares en mayo de 2022.

Además, Amnistía Internacional también documentó la detención de cuatro dirigentes sindicales. Por ejemplo, el 6 de mayo de 2022, Dolores Almendares, empleada de la Alcaldía de Cuscatancingo y secretaria general del sindicato SETRAMUC, fue detenida mientras estaba de baja por una lesión en el brazo. La acusaron de pertenencia a un grupo ilegal y le impusieron un régimen de prisión preventiva. Amnistía Internacional explicó que, bajo el estado de excepción, las autoridades salvadoreñas perpetraron violaciones masivas en materia de derechos humanos, entre las que se incluyen miles de detenciones arbitrarias y violaciones de las garantías procesales, así como actos de tortura y malos tratos.

El 13 de junio de 2022, la organización de la sociedad civil Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) publicó un comunicado en el que condenó los actos de intimidación, la censura y los ataques que padecen las personas defensoras de los derechos humanos en El Salvador. La organización registró 39 casos de estigmatización y ataques a la libertad de expresión entre enero y abril de 2022. La FESPAD también señaló que sufrió actos de acoso a través de su cuenta de Twitter. Con frecuencia, dichas acciones fueron la obra de cuentas anónimas de simpatizantes del Gobierno, pero también de cuentas oficiales de autoridades y entidades estatales. Además, la organización desveló que sus oficinas habían sido vigiladas.

Nuevas directrices para las inscripciones de las OSC

El 7 de junio de 2022 entró en vigor una nueva directiva para la inscripción de las entidades sin fines de lucro en el registro de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, el organismo encargado de investigar delitos financieros como el lavado de dinero. La nueva normativa exige que las entidades ya inscritas en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro también se inscriban ante el organismo investigador y le entreguen información financiera.

En una rueda de prensa, la FESPAD y la organización Legis defendieron que este procedimiento es "invasivo y coarta la libertad de asociación al imponer un nuevo registro a [todas las organizaciones de la sociedad civil]". También argumentaron que los nuevos requisitos no fueron comunicados de manera adecuada y que esto podría repercutir en el estatus legal de muchas organizaciones de la sociedad civil que simplemente no se enteraron de ellos. Henry Fino, director de FESPAD, se lamentó:

"Tengan en cuenta que nosotros estamos inscritos en el registro de organizaciones y asociaciones y ahora nos hacen inscribirnos en un ente cuya finalidad es la persecución de delitos. No estamos en contra de los controles; sin embargo, se nos está criminalizando".

Expresión

Informes sobre El Salvador

El 31 de mayo de 2022, las organizaciones de la sociedad civil de la Mesa de Protección a Periodistas expresaron su preocupación por la libertad de prensa en el país durante una rueda de prensa y mediante un comunicado. Afirman que los medios de comunicación del país están sometidos a fuertes presiones para que suavicen sus líneas editoriales y favorezcan al Gobierno. Para presionar a los medios de comunicación, las autoridades salvadoreñas se sirven de la difamación y los amenazan con privarlos de ingresos publicitarios. También aseguraron que, bajo el mandato de Bukele, los periodistas se han enfrentado a amenazas constantes, ataques directos en las redes sociales, actos de acoso y la vigilancia de sus domicilios. Sus labores de seguimiento revelaron una tendencia al alza de las agresiones a periodistas: en 2019 registraron 77 casos, 125 en 2020 y 220 en 2021. La mayoría de estos ataques fueron perpetrados por funcionarios públicos y fuerzas de seguridad.

En la rueda de prensa, César Castro Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), refirió que por lo menos nueve periodistas habían abandonado el país, sobre todo debido a las reformas legislativas que sancionan con penas de prisión las comunicaciones que reproduzcan mensajes de pandillas o que presuntamente podrían provenir de dichos grupos. Castro también señaló que la nueva legislación ha dado lugar a casos de autocensura, en particular, entre algunos medios de comunicación que temen retomar la investigación de El Faro sobre supuestas negociaciones entre Gobierno y las pandillas.

De igual manera, el informe Global Expression Report 2022 de Article 19 señaló a El Salvador como uno de los cinco países en los que más se deterioró el respeto a la libertad de expresión entre 2016 y 2021. El informe considera que la libertad de expresión se halla "restringida" en El Salvador. Según la organización internacional, el presidente Bukele evita las ruedas de prensa y utiliza Twitter para insultar a periodistas. Además, Article 19 destacó que El Salvador empleó el programa informático Pegasus para espiar a periodistas y ONG y que, posteriormente, legalizó el espionaje a periodistas y a la sociedad civil mediante una reforma legislativa. En dicho informe también se destacan las reformas del Código Penal que penalizan la cobertura de las pandillas y las opiniones al respecto.