Reunión pacífica
Uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones de octubre de 2019
Entrevista| Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago con Hoja de Ruta (@rutahoja), ratifica que la DPE fue una de las pocas instituciones que hizo un llamado al diálogo desde el inicio de las manifestaciones de octubre de 2019. pic.twitter.com/FXJz8gFyc6
— DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) February 18, 2020
El 14 de enero de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre su visita a Ecuador entre el 28 y el 30 de octubre de 2019 para observar la situación de los derechos humanos en el país en el contexto las multitudinarias manifestaciones contra la austeridad que tuvieron lugar a principios de ese mes. En dicho informe, la CIDH afirma que las manifestaciones "en determinados casos, fueron reprimidas mediante uso excesivo de la fuerza, principalmente, contra integrantes de comunidades indígenas que se sumaron a las manifestaciones en Quito y en sus territorios ancestrales".
Los delegados de la CIDH entrevistaron a 439 personas y registraron un total de 380 testimonios de personas que denunciaron graves violaciones de los derechos humanos. Según el Defensor del Pueblo Ecuatoriano, 1340 personas resultaron heridas durante las manifestaciones que se produjeron entre el 3 y el 13 de octubre de 2019, incluidos 458 agentes policiales. Asimismo, 1228 personas fueron detenidas durante dicho actos de protesta. La CIDH también tuvo conocimiento de alrededor de 120 ataques contra periodistas y medios de comunicación, así como de restricciones a la labor periodística. Además, la CIDH señaló que sus delegados sufrieron la hostilidad de algunos agentes de seguridad cuando intentaron entrevistar a algunos detenidos.
Basándose en sus observaciones, en las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial, la CIDH realizó once recomendaciones instando a Ecuador a abordar e investigar estas violaciones con diligencia.
Según información publicada en los medios, el gobierno de Ecuador reaccionó afirmando que el informe de la CIDH es "parcial y poco objetivo" ya que objeta la acción del Estado por hechos aislados que aún se hallan en investigación, a la par que minimiza la responsabilidad de agentes y grupos organizados en la violencia. "Para quienes estuvimos en el país, quienes lo vimos con nuestros ojos, quienes sabemos lo que pasó, es un informe que tiene un sesgo, lamentablemente" expresó la ministra María Paula Romo ante los medios de comunicación.
Por su lado, el 10 de diciembre de 2019, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció la creación de la Asociación de Víctimas del Paro Nacional Inocencio Tucumbi y afirmó que el gobierno ha ocultado información y la verdad a las víctimas de la represión estatal durante las manifestaciones.
Asociación
Amenazan al defensor del pueblo
Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago, en entrevista en radio Morena de #Guayaquil, explica que la defensa de los #DDHH no tiene una línea u enfoque político, "los #Derechos son para todas y todos sin distinción". pic.twitter.com/3qOk6Jk2AJ
— DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) February 14, 2020
En febrero de 2020 el defensor del pueblo de Ecuador, Freddy Vinicio Carrión Intriago, informó haber recibido amenazas de muerte, incluida una amenaza de bomba en su domicilio. El 14 de febrero de 2020 publicó una carta abierta en la que afirmaba que, además de los ataques personales que ha recibido, la oficina del Defensor del Pueblo también ha sufrido una serie de ataques que buscan comprometer la credibilidad de la institución. Asimismo, denunció los obstáculos administrativos que buscan socavar el ejercicio efectivo de su labor.
Amnistía Internacional publicó un comunicado instando a Ecuador a proteger al defensor del pueblo y a su familia. Erika Guevara-Rosas, directora de la organización para las Américas, afirmó :
"Es irónico que las personas y organizaciones de los derechos humanos que tuvieron un papel fundamental en la denuncia de las violaciones de derechos humanos durante la crisis son quienes ahora se encuentran en riesgo y sin la debida protección. El caso del defensor del pueblo y de la Defensoría constituyen une evidencia clara de esa situación. Las autoridades ecuatorianas deben tomar de inmediato las medidas necesarias para garantizar su seguridad ante las graves amenazas a las que se enfrenta."
Expresión
Agreden a periodista
Authorities in #Ecuador should conduct a speedy and transparent investigation into the explosion of a device at the home of journalist Víctor Aguirre, and hold those responsible to account.https://t.co/5P2MpIIKuW
— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) February 12, 2020
El 8 de febrero de 2020 un artefacto explosivo estalló en la vivienda del periodista Víctor Aguirre en la ciudad de Naranjal, provincia del Guayas. Tanto el periodista como su esposa, que se hallaba en la vivienda en ese momento, resultaron ilesos. Sin embargo, la explosión daño algunos electrodomésticos y el suelo del garaje. Aguirre dijo al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que un tanque de gasolina conectado al dispositivo no explotó. Aguirre cubre la información política en el Naranjal para VA Televisión, un medio digital. En el pasado Aguirre había denunciado varias amenazas después de cubrir una confrontación entre el alcalde de Naranjal, Luigi Rivera, y manifestantes antigubernamentales.
Retiran licencia de transmisión a radio pública
El 23 de enero de 2020 la Agencia Ecuatoriana de Regulación y Control de Telecomunicaciones (ARCOTEL) publico una resolución mediante la cual revoca la licencia de transmisión de Radio Pichincha Universal, una estación de radio pública dirigida por el gobierno provincial del Pichincha. ARCOTEL declaró que Pichincha Universal actuó contra la seguridad nacional durante las manifestaciones nacionales de octubre de 2019 y de las cuales ya informamos en el CIVICUS Monitor. Washington Yépez, director general de la estación, negó haber transmitido contenido ilegal y precisó al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que el medio es conocido por transmitir información "que no sigue la línea del régimen de Lenín Moreno". Yépez anunció al CPJ que la estación recurriría la decisión.
Las oficinas de la estación de radio fueron allanadas en octubre de 2019 bajo acusaciones de "incitación a la discordia entre ciudadanos" según informó el CPJ en esos momentos. Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, declaró que la revocación de la licencia y el cierre de un medio de comunicación son medidas muy graves. Del mismo modo, expresó su preocupación por esta resolución y solicitó el mantenimiento de las medidas de protección judicial para la radio.