Ecuador: las manifestaciones indígenas son reprimidas una vez más

Reunión pacífica

Represión de las manifestaciones indígenas

El 13 de junio de 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones indígenas convocaron un paro nacional contra las políticas económicas y sociales del Gobierno. Desde entonces, decenas de miles de manifestantes han tomado las calles en todo el país. Estas entidades, a las que se unieron sindicatos y organizaciones campesinas y sociales, exigieron, entre otras cosas, que se respeten los derechos de las comunidades indígenas, mayores derechos laborales, precios justos para los productos agrícolas y que se limite el aumento de los precios de los combustibles y de otros productos de primera necesidad. Durante los primeros días del paro, los manifestantes bloquearon las carreteras en por lo menos siete provincias.

En respuesta a la situación, las autoridades estigmatizaron las protestas y criminalizaron a las organizaciones y los líderes indígenas. El 14 de junio de 2022, agentes de la Policía Nacional de Cotopaxi detuvieron de madrugada a Leónidas Iza Salazar, defensor de los derechos indígenas y presidente de la CONAIE, y lo mantuvieron incomunicado durante veinticuatro horas. Las autoridades lo acusaron de "paralizar servicios públicos", pero finalmente fue puesto en libertad condicional por orden judicial. A pesar de esto, aún pesan cargos en su contra.

Tras la detención, los medios de comunicación informaron de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que se saldaron con varios heridos por el impacto de botes de gas lacrimógeno. A lo largo de las manifestaciones se notificaron sucesos similares perpetrados por las fuerzas de seguridad, quienes detuvieron a manifestantes de forma arbitraria, hicieron un uso excesivo de la fuerza y llegaron incluso a disparar a los manifestantes con armas menos letales directamente al cuerpo. Por ejemplo, en Riobamba, entre el 17 y el 18 de junio, los manifestantes denunciaron haber sufrido heridas causadas por perdigones y lesiones en la cabeza y los ojos. También se señalaron actos vandalismo y enfrentamientos violentos, así como casos en los que los manifestantes detuvieron e hirieron a agentes de policía.

El 17 de junio de 2022, el presidente Guillermo Lasso sancionó el Decreto Ejecutivo N.º 455 que declaró «el estado de excepción por grave conmoción interna» en las provincias de Cotopaxi, Pichincha e Imbabura y por el cual quedaron suspendidas las libertades de asociación, reunión y tránsito durante treinta días. La primera versión del decreto autorizaba el uso de la fuerza letal y restricciones al derecho de acceso a la información, pero rápidamente fue remplazada por otra versión sin estas disposiciones. Posteriormente, el estado de excepción se extendió a las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Pastaza. Sin embargo, los manifestantes desafiaron el estado de excepción y las protestas se extendieron a casi todas las veinticuatro provincias del país.

El 18 de junio de 2022, la CONAIE denunció que individuos no identificados dispararon a la ventana del vehículo de Leónidas Iza cuando estaba vacío. Un día después, la organización afirmó que vehículos militares vigilaban y asediaban su sede en Quito.

El seguimiento que hizo la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador (Alianza DD. HH.), una coalición de la sociedad civil, demostró que hasta el 25 de junio de 2022, por lo menos 200 personas habían resultado heridas y 145 habían sido detenidas durante las manifestaciones. Cinco manifestantes perdieron la vida, entre ellos, un manifestante kichwa que falleció el 21 de junio de 2022 en Puyo por el impacto de un bote de gas lacrimógeno en la cabeza.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta el 24 de junio de 2022, los grupos de la sociedad civil habían documentado por lo menos ochenta y seis actos graves de violencia contra la prensa durante su cobertura del paro nacional. También se notificaron diversos tipos de agresiones físicas —como el uso de látigos y lanzas, y el lanzamiento de líquidos calientes a los periodistas—, amenazas, acoso, la incautación ilegal de equipos y ataques con bombas lacrimógenas. Además, algunos periódicos y organizaciones informaron de ataques a sus páginas web.

Reprimen una manifestación de estudiantes de medicina

El 16 de mayo de 2022, la policía empleó una fuerza excesiva durante la represión de una sentada pacífica de estudiantes de medicina en la Universidad de Guayaquil. La protesta de los estudiantes estuvo motivada por la falta de aulas y de docentes asignados a su curso el primer día de clases. Según el diario El Universo, los periodistas estaban cubriendo la protesta, pero tan pronto como los equipos de los medios de comunicación se fueron, la policía empezó a disolver la manifestación. Los agentes confiscaron las pancartas de los estudiantes y emplearon gases lacrimógenos para dispersarlos. Los estudiantes grabaron videos en los que se ve a varios policías empujar y golpear con palos a algunos de los manifestantes. El grupo de la sociedad civil Comité de Protección de Derechos Humanos de Guayaquil denunció el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y afirmó que varios estudiantes resultaron heridos y que un líder estudiantil fue detenido.

Asociación

Acosan en redes a la directora de una ONG

El 19 de mayo de 2022, Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la organización de la sociedad civil Corporación Participación Ciudadana, fue víctima de una campaña de desprestigio en redes sociales. Los hechos se produjeron después de que comentase una decisión judicial inminente sobre un recurso de habeas corpus del exvicepresidente Jorge Glas, quien fue condenado por corrupción. Los ataques contra Hidalgo adoptaron la forma de insultos, amenazas misóginas y comentarios sobre su aspecto físico.

Informe anual de Amnistía Internacional

La organización publicó su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo a finales de marzo de 2022. En la sección dedicada a Ecuador, el informe señala la falta de políticas de protección para las personas defensoras de los derechos humanos en peligro. También se destaca el caso de las personas defensoras criminalizadas por denunciar la falta de garantías procesales en la causa judicial de los pueblos kichwa perjudicados por un vertido de petróleo en 2020. En cuanto a la libertad de reunión pacífica, Amnistía Internacional aseguró que hasta finales de 2021 nadie había rendido cuentas por el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones multitudinarias de 2019.

Expresión

Violaciones del derecho de acceso a la información pública

El 12 de abril de 2022, la Red Voces del Sur presentó un informe sobre el acceso a la información pública en América Latina. En ese documento la organización evaluó la regulación y la aplicación de las políticas para la defensa de este derecho en la región. En la sección sobre Ecuador, titulada El eterno laberinto de la información pública, se afirma que, en la práctica, la legislación ecuatoriana en materia de transparencia y de acceso a la información pública se viola constantemente. Según su análisis, existe una cultura del secreto que conduce a una utilización indebida de excepciones y reservas para ocultar información a la ciudadanía.

En 2021, el grupo registró treinta y cinco alertas por violaciones del derecho de acceso a la información, de las cuales diecinueve correspondieron a casos de denegación, omisión o de entrega parcial o incompleta de información por parte de los organismos públicos; y dieciséis a casos de obstrucción de la labor periodística. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Sanidad limitó el acceso a los datos de salud pública y la Contraloría General del Estado negó a los periodistas el acceso a información sobre el patrimonio de varios funcionarios. Como hecho positivo, cabe destacar que la sociedad civil presentó un proyecto de ley en el que se proponen mejoras a la actual Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ecuador escala posiciones en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa

Entre los 180 países evaluados, Ecuador ascendió al 68.º puesto de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 de Reporteros Sin Fronteras. La organización señaló que en Ecuador los periodistas trabajan en un clima de peligro creciente y bajo ataques constantes, perpetrados en gran parte por agentes del Gobierno. Dichos ataques suelen producirse durante las manifestaciones. Sin embargo, también afirmó que las tensiones entre el Gobierno y los medios de comunicación privados se redujeron durante los Gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y de Guillermo Lasso (2021-actualidad).