Reunión pacífica
#SOSCuba🇨🇺Tras las protestas del #11J y la respuesta represiva del Gobierno, activistas independientes viven bajo constante asedio de las autoridades. Muchos temen ser encarcelados, como cientos de personas que hoy se encuentran en prisión por participar en tales manifestaciones. pic.twitter.com/DRkyaX4tm5
— Race and Equality (@raceandequality) August 19, 2021
El 18 de agosto de 2021, veintiún organizaciones de la sociedad civil cubana e internacional reiteraron su preocupación por el aumento de la represión en el país un mes después de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021, también conocido como 11J. Cubalex registró 837 detenciones, de las cuales aproximadamente la mitad se produjeron el día de la manifestación y al día siguiente; de los detenidos 33 son menores de edad. Hasta ahora, 44 personas han sido puestas en libertad condicional o se hallan bajo arresto domiciliario mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes. Otros detenidos han sido liberados, pero se les han impuesto multas por haber "propagado una epidemia". Diez personas permanecen desaparecidas.
Miembros de la sociedad civil también denunciaron que desde las manifestaciones del 11J las autoridades han asediado constantemente a militantes independientes. También afirmaron que la sociedad civil del país ha constatado que la militarización en las calles ha producido un aumento de la represión y de la intimidación policial.
Asociación
"We’ve named six people prisoners of conscience in #Cuba – in a symbolic gesture to the many hundreds more who likely deserve the designation – and call for their immediate and unconditional release" said @ErikaGuevaraR https://t.co/yI7thfmQFw
— amnestypress (@amnestypress) August 19, 2021
En las semanas que siguieron a las manifestaciones del 11J, varios militantes cubanos destacados fueron detenidos, entre ellos el artista y líder del Movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara y el militante y líder de Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) José Daniel Ferrer García. Las autoridades cubanas revocaron el derecho de este último al arresto domiciliario y ordenaron que cumpliera en prisión los cuatro años restantes de su condena por agresión. Como informó CIVICUS Monitor en su momento, la UNPACU y otras organizaciones de la sociedad civil afirman que las acusaciones contra Ferrer fueron inventadas y tenían una motivación política.
El 19 de agosto de 2021, Amnistía Internacional declaró presos de conciencia a seis personas defensoras que se hallan detenidos en Cuba. La organización otorga este calificativo a las personas encarceladas por sus convicciones políticas, religiosas o de otro tipo que no han empleado o defendido la violencia. En un comunicado, Amnistía Internacional afirmó que este nombramiento constituye un gesto simbólico, dado que, probablemente, muchos más detenidos en Cuba también lo merezcan. Entre ellos, Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer García, el periodista independiente Esteban Rodríguez, la defensora de los derechos humanos Thais Mailén Franco Benítez, el artista Hamlet Lavastida y el músico Maykel Castillo Pérez, también conocido como El Osorbo.
Amnistía Internacional también destacó que, en el marco de la represión de las personas defensoras de derechos tras las manifestaciones, se han aplicado diversas tácticas, como la vigilancia policial de militantes y periodistas, cortes o restricciones de internet, la violación de las garantías procesales y los malos tratos a las personas detenidas por las manifestaciones.
Expresión
Así se llevaron a Ariel González Falcón ( @YoUsoMiNasobuco ) el domingo #11JCuba cuando lo único que pretendía era manifestarse pacíficamente en el Malecón, La Habana, #CubaEsUnaDictadura #SOSCUBA #patriayvida #Cuba pic.twitter.com/XWjh3Ml2If
— Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) July 16, 2021
En agosto de 2021, el influencer Ariel González Falcón, conocido como "Yo uso mí nasobuco", sufrió acoso policial después de difundir mensajes en las redes sociales con la etiqueta #SOSCUBA. El comunicador fue detenido temporalmente en dos ocasiones en un mes tras haber participado en las manifestaciones del 11J. Después de su detención el 4 de agosto de 2021, González publicó un vídeo en el que afirmó que eliminaría todo el contenido de sus redes sociales que llevará la antes mencionada etiqueta. De igual manera, el 5 de agosto de 2021, el periodista deportivo y yutúber Daguito Valdés relató que recibió una citación del Ministerio del Interior y que lo interrogaron por sus publicaciones en las redes sociales relacionadas con la "situación actual del país".
Las nuevas leyes sobre las TIC y la ciberseguridad suscitan preocupación
#Cuba🇨🇺 La @RELE_CIDH manifiesta su preocupación frente a las nuevas regulaciones recientemente aprobadas por el gobierno en materia de telecomunicaciones y ciberseguridad, que contendrían disposiciones contrarias a estándares interamericanos sobre #LibertadExpresión en internet.
— Relatoría Especial p/la Libertad Expresión (CIDH) (@RELE_CIDH) August 18, 2021
El 17 de agosto de 2021, la Gaceta Oficial publicó el Decreto-Ley 35/2021 de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y el Uso del Espectro Radioeléctrico. Como ya informó CIVICUS Monitor, las autoridades habían anunciado la aprobación de esta legislación en abril de 2021, pero no la habían promulgado. En el mismo número del diario oficial también se publicaron otros decretos y resoluciones que completan el Decreto 35 y añaden disposiciones adicionales sobre ciberseguridad y servicios de internet.
El artículo 15 de dicho decreto establece los deberes de los usuarios de las TIC y de las telecomunicaciones, entre los que se encuentra la obligación de no usar estos medios para llevar a cabo acciones o transmitir información que afecten a "la integridad y el honor de las personas", así como a "la moralidad pública y el respeto del orden público". Un decreto adicional obliga a los proveedores de internet a suspender el servicio o rescindir el contrato de los usuarios que no respeten esta normativa. Según un análisis del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el artículo 69 del Decreto 35 también faculta al monopolio estatal de telecomunicaciones ETECSA a bloquear redes y servicios que transmitan información falsa, ofensiva o lesiva para la dignidad humana; que afecten la intimidad personal y familiar, la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público; o que sean usados "como medios para cometer actos ilícitos".
El CPJ también explicó que las nuevas resoluciones tipifican delitos en línea como la "difusión de noticias falsas" y la "difamación con impacto en el prestigio del país", así como la "difusión perjudicial", definida como la difusión de contenidos que "incitan a manifestaciones u otros actos que pueden afectar al orden público". Además, han quedado sin definir términos como el de "información falsa". Esta situación posibilita la criminalización de contenidos en línea, afirmó la organización.
En una entrevista que concedió al CPJ, Norges Rodríguez, director del proyecto cubano sobre derechos digitales YucaByte explicó:
"Con esta norma el régimen cubano legaliza la posibilidad de cortar el acceso a internet y a servicios de telefonía móvil de manera personalizada".
La relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expresó su preocupación por el paquete legislativo y afirmó que contiene disposiciones contrarias a los estándares interamericanos. La Relatoría Especial declaró que la Resolución 105 tipifica nuevos "incidentes de ciberseguridad" como el ciberterrorismo, entendido como aquellas acciones cuyo fin es subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas. A este respecto, el relator especial señaló que la normativa debe proteger la naturaleza abierta, plural y descentralizada de internet, así como promover el intercambio de ideas e información de toda índole.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional Erika Guevara-Rosas arguyó que la legislación "formaliza la represión digital, castigando el uso de redes sociales, mediante la inclusión de categorías ambiguas dentro de los incidentes de ciberseguridad".