Liberan a 91 presos políticos mientras personas defensoras de los DD.HH. siguen sufriendo hostilidad

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Amenazas contra defensores de los DD. HH y organizaciones de la sociedad civil

El 16 de diciembre de 2019 el defensor de los derechos humanos Juan Chamorro afirmó que había recibido varias amenazas de muerte por parte de los partidarios del presidente Daniel Ortega. Chamorro es el director de la coalición de la oposición Alianza Cívica. Chamorro declaró que su número de teléfono fue difundido entre las redes de los simpatizantes del gobierno tras su enfrentamiento con un hombre que presuntamente habría agredido a una manifestante que exigía justicia para los presos políticos. Varios videos del enfrentamiento fueron publicados en las redes sociales y los partidarios del gobierno afirmaron que Chamorro humilló a un trabajador durante el suceso. Chamorro aseguró que intervino después de que el hombre golpeara a una manifestante con un tubo. "La dictadura será responsable de lo que sea que me pase. No he hecho nada malo, solo defendí a una mujer de un agresor salvaje y cobarde que debería estar en la cárcel por usar la violencia contra una mujer", declaró al periódico La Prensa.

El 31 de diciembre de 2019, la casa base de la organización feminista Asociación de Mujeres Estelí Xilonem fue vandalizada por personas que estarían vinculadas al partido gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En las paredes de la casa se podía leer pintas con insultos y eslóganes como "fuera golpistas". Estas amenazas parecían estar dirigidas a Susy Martínez, una integrante de la asociación, cuyo nombre también apareció pintado. Según la red regional de derechos humanos IM-Defensoras, varias mujeres de esta misma asociación han recibido amenazas desde 2018, pero no las han denunciado por miedo. El 17 de enero de 2020, un blog local informó que la estructura de una casa en construcción perteneciente a esta misma organización había sufrido daños durante la noche.

Liberan a 91 presos políticos, pero siguen enfrentándose a la hostilidad

El 30 de diciembre de 2019 fueron puestos en libertad 91 presos políticos. Según la AFP, el Ministerio del Interior de Nicaragua declaró que los "opositores" habían sido liberados en el marco de un "programa especial de convivencia familiar". Entre los liberados se hallaban los dieciséis jóvenes que habían sido detenidos por llevar agua a los huelguistas de la Iglesia de San Miguel Arcángel en noviembre de 2019. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos les habían otorgado medidas cautelares el 24 de diciembre de 2019. Asimismo, la organización de derechos humanos Cenidh publicó una lista con 65 presos políticos que aún permanecen detenidos.

Entre las personas liberadas a finales de diciembre de 2019 se hallaba la defensora de los derechos humanos Amaya Eva Coppens, líder del Movimiento Estudiantil 19 de Abril. Durante su detención, Coppens y su familia denunciaron los malos tratos a los presos por parte de las fuerzas de seguridad nicaragüenses. Según señaló Frontline Defenders, Amaya tuvo un acceso limitado al agua durante dos días y sufrió ataques de asma debido a las malas condiciones de la prisión. A causa de todo esto la tuvieron que llevar al hospital dos veces. También se le habría negado el acceso a la asistencia médica y a medicamentos para la presión arterial durante tres días, lo que resultó en problemas de presión arterial. La familia de Coppens se ha enfrentado a la hostilidad de los partidarios del gobierno y sus hermanos fueron agredidos el 24 de diciembre de 2019 después de pegar calcomanías de la campaña "Navidad sin presos políticos" en Chinandega. El 31 de diciembre de 2019 y el 1 de enero de 2020, poco después de la liberación de Coppens, un grupo de personas no identificado en motocicletas atacó y vandalizó su vivienda.

Intento de secuestro de familiares de una defensora de los DD. HH.

El 5 de enero de 2020 en Ciudad Sandino, Managua, miembros de un grupo paramilitar intentaron secuestrar al hijo de la defensora de los derechos humanos Reyna Isabel Rodríguez Palacios y a uno de sus sobrinos. Álvaro Antonio Báez Rodríguez y Andison Francisco Chávez Rodríguez corrieron para huir, pero los secuestradores armados los persiguieron y les dispararon varias veces. Uno de los dos hombres resultó herido en el talón izquierdo, mientras que una bala provocó lesiones en el cuero cabelludo al otro. Según informó IM-Defensoras, la policía y las fuerzas paramilitares han asediado la casa de Rodríguez desde finales de noviembre de 2019. A principios de enero se intensificaron los ataques contra la defensora de los derechos humanos en represalia por su elección al Consejo Político del grupo de la oposición Unidad Nacional Azul y Blanco. Rodríguez cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 17 de septiembre de 2018.

Asedian residencia de un disidente

El 11 de enero de 2020 en León, un grupo de civiles armados rodeó la casa de Bayron Corea Estrada, un expreso político al que la CIDH había otorgado medidas cautelares. Según Corea, los atacantes pertenecían a un grupo paramilitar progubernamental. Armados con machetes y tubos, insultaron y amenazaron a Corea y a su familia. Según declaraciones del propio Corea al periódico La Prensa, tanto él como su familia han sufrido un acoso constante por su oposición al gobierno de Ortega.

Reunión pacífica

El 16 de diciembre de 2019, durante su intervención en una ceremonia de graduación de la academia de policía, el presidente Daniel Ortega advirtió que su gobierno no permitirá otra ola de protestas en Nicaragua, en referencia a las manifestaciones generalizadas que comenzaron en abril de 2018 y que desencadenaron una crisis sociopolítica. En su discurso, Ortega afirmó que los movimientos de oposición tenían la intención de convocar un paro indefinido y que el gobierno cuenta con los instrumentos legales para "defender la paz y la estabilidad".

El 19 de enero de 2019 la organización nicaragüense de derechos humanos Cenidh informó que la policía impidió que se desarrollara una manifestación de familiares de presos políticos en el hotel Holiday Inn.

Expresión

El 12 de diciembre de 2019, agentes de policía cargaron contra las personas que se manifestaban frente al Hotel Intercontinental de Managua. Durante el suceso tres agentes arrinconaron y agredieron a la periodista del Canal 12, Kastalia Zapata, le tiraron del pelo y le robaron su teléfono celular. El camarógrafo Luis Alemán, que trabaja con Zapata, declaró que los agentes intentaron arrebatarle su cámara y le rompieron la pantalla. El periódico La Prensa informó que los agentes de policía también empujaron a su fotoperiodista Oscar Navarrete provocando que se cayera y que rompiera la lente de su cámara. El periodista de Boletín Ecológico, David Quintana, también fue agredido durante la carga policial.

Según un informe de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), entre octubre y el 15 de diciembre de 2019 se documentaron 120 ataques contra periodistas en Nicaragua. Dicho informe detalla violaciones de derechos entre las que se incluyen amenazas, obstrucción del trabajo periodístico, acoso y agresiones perpetradas por fuerzas paramilitares, empleados públicos, agentes de la parapolicia, partidarios del partido gobernante y agentes de la policía nacional. La mayoría de los casos se produjeron en los departamentos de Managua, Masaya y Matagalpa. El 39 % de estas agresiones estuvieron dirigidas contra mujeres periodistas y existen casos de chantaje, de amenazas de violación, de agresiones sexuales y de ciberacoso.