Manifestación contra las políticas del presidente Mario Abdo Benítez para combatir la pandemia. 9 de marzo de 2021, Asunción. REUTERS/Cesar Olmedo.

Reunión pacífica

Miles de manifestantes salieron a las calles en Paraguay en marzo de 2021 para protestar contra la respuesta gubernamental a la pandemia de COVID-19 y para denunciar problemas socioeconómicos crónicos, como la corrupción, la desigualdad y la pobreza. El 3 de marzo de 2021, médicos, enfermeras, pacientes y sus familias se manifestaron para reclamar más medicamentos y equipos. Dos días después, miles de personas se manifestaron en el centro histórico de Asunción en un contexto marcado por una creciente indignación por el aumento del número de infecciones y la precaria situación del sistema sanitario. El ministro de Sanidad dimitió el mismo día debido a la falta de medicamentos y de equipos para tratar a los pacientes con coronavirus, así como por la lentitud de la vacunación.

Las fuerzas de seguridad dispararon balas de goma y gases lacrimógenos contra grupos de manifestantes que se habían congregado en las inmediaciones del Congreso el 5 de marzo de 2021. Algunos de los manifestantes reaccionaron rompiendo las barreras de seguridad, quemando neumáticos y tirando piedras a los agentes. Según ciertas noticias, al menos veinte personas resultaron heridas: ocho manifestantes y doce policías. El 6 de marzo de 2021, el presidente Mario Abdo Benítez anunció la reorganización de su gabinete y solicitó la dimisión de varios ministros.

Sin embargo, las manifestaciones, en su mayoría pacíficas, continuaron y muchos exigieron la dimisión del presidente Abdo. "Hemos venido porque estamos cansados", afirmó Rosa Bogarín, una de las manifestantes. "Necesitamos vacunas gratuitas para todos y para todas, medicamentos, educación y una salida popular a esta situación".

Las manifestaciones se intensificaron el 17 de marzo de 2021, después de que el Congreso rechazara una proposición de los legisladores de la oposición para destituir al presidente, al vicepresidente y al resto del gabinete de gobierno paraguayo. Un grupo de manifestantes provocó un pequeño incendio en la sede del Partido Colorado, el partido del Gobierno. La policía controló rápidamente el incendio y no hubo daños importantes ni heridos. A finales de mes fueron detenidos tres jóvenes por el incendio y por una presunta «alteración del orden público»; se trata del líder estudiantil Vivian Genes, de Pedro Areco y de Luis Trinidad. Al parecer se presentaron cargos y emitieron órdenes de detención contra otras dos personas.

El 6 de abril de 2021, grupos de estudiantes se manifestaron contra la criminalización de las movilizaciones y exigieron la liberación de los tres jóvenes detenidos. Los estudiantes corearon "Libertad para los presos por la lucha" y "¡Vivi, no estás sola!", y organizaron actividades artísticas en señal de protesta. En declaraciones al medio feminista Latfem antes de su detención, Vivian Genes destacó el papel de los jóvenes en las manifestaciones de Marzo Paraguayo 2021: "Los estudiantes fuimos para sumar nuestras voces a las de otros sectores. Conversamos en la calle, con la gente, porque somos sujetos políticos, no somos gente apolítica. Los jóvenes impulsaron consignas, memes y cánticos". Los tres manifestantes detenidos fueron puestos bajo arresto domiciliario en abril de 2021.

Codehupy pide que los fiscales reciban formación sobre el derecho a manifestarse

A finales de marzo de 2021, la red de la sociedad civil Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) solicitó a la Fiscalía General que formara a los miembros del Ministerio Público en el derecho a la protesta social garantizado por la Constitución paraguaya y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Según Codehupy, durante las manifestaciones de marzo de 2021 la respuesta de las fuerzas del orden se centró en la detención y el enjuiciamiento de los manifestantes. El grupo señaló que castigar a las personas por defender sus derechos legítimos es contrario al espíritu de la Constitución. En una carta, argumentó:

"La represión de las manifestaciones, sea con violencia o mediante la criminalización, no es más que el síntoma de una sociedad que ha fracasado en sus intentos de pluralidad y de búsqueda de consensos. El Estado paraguayo, representado por las autoridades públicas, en este caso el Ministerio Público, no puede renunciar a su rol tutelar de protector de este derecho."

Expresión

Hieren a periodistas durante las manifestaciones

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) informó que trabajadores de la prensa resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones que comenzaron el 5 de marzo de 2021. Al menos cinco periodistas fueron agredidos el primer día de las manifestaciones y los equipos de otros trabajadores de los medios de comunicación habrían sufrido daños. El SPP y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) repudiaron estos actos de violencia y exigieron la aplicación de medidas sanitarias y de seguridad para los trabajadores que cubren las manifestaciones. También instaron a la Policía y a las autoridades paraguayas a cumplir con su obligación de defender la libertad de expresión.

Asociación

Civiles armados atacan y acosan a una comunidad mbya guaraní

El 18 de marzo de 2021, acosaron y agredieron con gran violencia a la comunidad indígena mbya guaraní de Loma Piro'y, departamento de Caaguazú. Según los medios de comunicación, los agresores quemaron varias viviendas e hirieron al menos a nueve indígenas. Un ataque similar tuvo lugar tres meses antes, en diciembre de 2020, cuando treinta hombres armados amenazaron a los mbya guaraníes y mataron a los perros de la comunidad. Al parecer un terrateniente que reclama la propiedad del terreno donde se asienta la comunidad habría contratado a los autores de las agresiones.

Codehupy publicó un comunicado en el que denunció el ataque y juzgó que era "representativo de la estrategia de apropiación y de acaparamiento de tierras impulsada por el emporio sojero". Según el grupo de derechos humanos, estos actos de acoso y los intentos para expulsar a las comunidades indígenas de sus tierras se producen con la complicidad de un Estado ausente que descuida los derechos de los indígenas. Tal y como informó la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, otras comunidades indígenas de Paraguay se han enfrentado a ataques similares.

El 20 de abril de 2021, tres personas fueron acusadas de intentar desalojar a los mbya guaraníes de forma violenta y sin orden judicial.

Examen Periódico Universal de Paraguay

En mayo de 2021, el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU examinó por tercera vez el historial de Paraguay en materia de derechos humanos. Antes de este examen, varias organizaciones de derechos humanos presentaron informes sobre el estado del espacio cívico del país.

Amnistía Internacional afirmó que en los últimos tiempos se ha producido un aumento de la estigmatización y de la persecución judicial de las personas defensoras de los derechos humanos en Paraguay. Las autoridades no han condenado estas campañas ni han destacado la importante labor de las personas defensoras de los derechos humanos. La organización también recalcó que las investigaciones sobre el presunto uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes en 2017 aún siguen en curso. Como informó el CIVICUS Monitor en su momento, una persona perdió la vida y más de doscientos manifestantes fueron detenidos durante las manifestaciones contra una enmienda constitucional que habría permitido al presidente presentarse a su reelección.

Los grupos defensores de la libertad de expresión IFEX y SPP señalaron que entre 2016 y 2019 varios periodistas sufrieron agresiones, de las cuales más de la mitad fueron perpetradas por funcionarios públicos. También destacaron el acoso judicial que padecen los periodistas, los casos de censura y de autocensura, así como el despido masivo de trabajadores por parte de los medios de comunicación. CIVICUS y Semillas para la Democracia también subrayaron la creciente hostilidad, estigmatización y criminalización a la que se enfrentan los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos.

Durante el examen de la ONU del 5 de mayo de 2021, Paraguay recibió 210 recomendaciones. Varios países expresaron sus preocupaciones por el espacio cívico y formularon diversas propuestas, entre ellas:

  • la adopción de medidas que garanticen que las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas puedan realizar su trabajo en un entorno seguro, sin riesgo a sufrir represalias (Italia);
  • la promoción del debate parlamentario para la aprobación de una ley que proteja a periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos con la participación de todos los actores pertinentes y que incluya un marco institucional para la Mesa para la Seguridad de Periodistas (Uruguay);
  • la supresión de las trabas legales para el ejercicio de la libertad de asociación, en especial en el lugar de trabajo, y la investigación de los casos de persecución del sindicalismo (República Bolivariana de Venezuela);
  • la ratificación del Acuerdo de Escazú y la asignación de recursos adecuados para su aplicación a nivel nacional con el fin de mejorar la protección de las personas defensoras del medio ambiente, incluidos los pueblos indígenas, los líderes rurales y los periodistas (Canadá).