Manifestaciones de comunidades indígenas contra los desalojos forzosos. Asunción, octubre de 2022. REUTERS/Cesar Olmedo.

Asociación

Homicidio de un dirigente campesino

El 12 de septiembre de 2022, presuntos empleados de la empresa Agroganadera La Leña dispararon al dirigente campesino Artemio Cabral. La empresa cuestiona la propiedad de tierras que pertenecen a campesinos de Ñacunday en Colonia Santa Lucía, distrito de Itakyry, Alto Paraná. Un grupo de empleados de la empresa penetró en el terreno en disputa con el fin de ocuparlo, al parecer, acompañado por un comisario y agentes de policía. Un individuo armado disparó a Cabral mientras se quejaba al comisario de policía de la invasión de dichas tierras. Sufrió heridas graves y fue trasladado a un hospital, pero falleció cuatro días más tarde. Base Investigaciones Sociales (Base-Is) informó que un testigo presencial relató que solo uno de los agresores fue detenido y que los demás fueron puestos en libertad. También refirió que el fiscal del caso no se desplazó hasta la localidad para hablar con los testigos ni con la familia de Cabral.

Detención de un líder indígena tras una expulsión violenta

El 2 de noviembre de 2022, fue detenido de forma arbitraria el líder ava guaraní Santiago Sosa de la comunidad 15 de Enero de Nueva Toledo. La detención se habría producido cuando Sosa intentaba denunciar ante la policía los abusos perpetrados por agentes de policía durante un desalojo forzoso de la comunidad dos semanas antes, el 19 de octubre de 2022. Durante dicha expulsión fueron destruidos cultivos, viviendas y pertenencias de los miembros de la comunidad indígena. Varias personas resultaron heridas y más de veinte fueron detenidas.

Organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales han expresado su preocupación por el aumento de la violencia contra los pueblos indígenas en los últimos años debido a la expansión de la agroindustria y la defensa constante de los intereses de los grandes terratenientes por parte de las autoridades. Base-Is señaló que la represión aumentó a partir de octubre de 2021, tras la promulgación de la Ley 6.830/2021 (ley Riera-Zavala), la cual estableció disposiciones más severas por la invasión y la ocupación de tierras, dos figuras penales que a menudo se han usado para criminalizar a líderes comunitarios cuando se producen conflictos por tierras. Además, los desalojos se han visto empañados por actos violentos y, a veces, se han llevado a cabo sin orden judicial. El 12 de octubre de 2022, cientos de personas indígenas marcharon por las calles de Asunción para exigir que se protejan los territorios ancestrales y que se ponga fin a los desplazamientos forzosos.

Reunión pacífica

La policía impidió una manifestación del personal sanitario

El 15 de agosto de 2022, la policía de Asunción bloqueó una protesta de trabajadores sanitarios. Los agentes colocaron vallas en una vía pública para impedir el paso de la marcha, lo que provocó enfrentamientos entre manifestantes y la policía. El personal sanitario pretendía sumarse a una procesión religiosa que se estaba desarrollando en Asunción en esos momentos. Ese mismo día, personal sanitario y asociaciones médicas se manifestaron por todo el país para exigir un reajuste salarial.

En declaraciones al diario La Nación, Rosanna González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), sostuvo que el incidente fue lamentable, pero recalcó que históricamente los carteles han participado en procesiones religiosas y eventos similares en Paraguay. También añadió que antes de la procesión habían informado a las autoridades religiosas y a la Policía Nacional de la marcha, y que también habían publicado el itinerario y otras informaciones sobre la movilización en redes sociales.

Expresión

Un periodista perdió la vida una localidad fronteriza

El 6 de septiembre de 2022, un agresor armado a bordo de una motocicleta mató a tiros al periodista Humberto Coronel de Radio Amambay y del medio digital Mbykymi Noticias en Pedro Juan Caballero, una ciudad en la frontera con Brasil asolada por la violencia del narcotráfico. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, Coronel recibió ocho disparos cuando abandonó las oficinas de Radio Amamba, donde presentaba un programa diario de noticias y música y a veces denunciaba casos de corrupción política y presuntos actos de incompetencia policial.

Antes de los hechos, tanto Coronel como su colega Gustavo Báez habían recibido amenazas de muerte por escrito. Poco después del asesinato de Coronel, el diario ABC Color desveló que un usuario de Facebook envió mensajes amenazantes a la cuenta de la radio esa red social. El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) pidió que se investigara sin demora el asesinato de Coronel y aseguró que su homicidio era el resultado de la "inacción estatal". El SPP afirmó que Amambay se encuentra entre las regiones paraguayas más peligrosas para los periodistas y que este crimen vino a demostrar el avance incontestable de los grupos criminales en el país y en la región.

La sentencia de una causa por difamación podría sentar un precedente negativo

El 18 de noviembre de 2022, la editora de ABC Color Natalia Zuccolillo y el periodista Juan Carlos Lezcano fueron declarados culpables de difamación por seis reportajes de investigación publicados en 2019 sobre presuntas irregularidades en un proceso de contratación pública. La demanda fue presentada por Marta González Ayala, exviceministra de Tributación durante la presidencia de Horacio Manuel Cartes Jara. Zuccolillo fue condenada a pagar una indemnización de más de 68 000 USD, mientras que a Lezcano se le impuso el pago de unos 840 USD. El equipo jurídico de los periodistas aseveró que recurriría el fallo.

Varias organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), advirtieron que esa resolución judicial constituye un "grave atentado contra la libertad de prensa". Las organizaciones arguyeron que ABC Color investigó presuntos actos de corrupción perpetrados por una funcionaria pública en el ejercicio de sus funciones y que, por lo tanto, se trataba de un asunto de interés público. También citaron las normas nacionales e internacionales de derechos humanos sobre la libertad de expresión que protegen la labor periodística, e instaron a las autoridades judiciales a aplicarlas y a poner fin a la persecución penal de periodistas en esta causa y en otras similares.

Asimismo, el SPP afirmó que el sistema judicial paraguayo ha sido instrumentalizado con el fin de silenciar a quienes denuncian casos de corrupción. El grupo pidió a las autoridades que garanticen que los tribunales no se usen para censurar a los periodistas. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también publicó un comunicado en el que condenó el fallo y afirmó que vulnera los principios interamericanos en materia de libertad de prensa. También advirtió que este caso podría conducir a la autocensura de los periodistas de investigación. A principios de año, la SIP había expresado su preocupación por el acoso judicial contra dos miembros de ABC Color, subrayando que Zuccolillo y Lezcano se enfrentaban a tres demandas por difamación y calumnias. En septiembre de 2022, ambos fueron absueltos en otra causa por difamación iniciada por el exviceministro González.