Intervención del Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ginebra, 24 de febrero de 2020. Foto: ONU/ Violaine Martin.

En octubre de 2020 CIVICUS y la organización de la sociedad civil Semillas para la Democracia publicaron su comunicación conjunta sobre Paraguay en el marco del Examen Periódico Universal de la ONU. Dicho informe analiza el estado de las libertades de la sociedad civil en el país y destaca la creciente hostilidad, estigmatización y criminalización a la que se enfrentan los periodistas y los defensores de los derechos humanos y, sobre todo, los miembros de los movimientos campesinos, indígenas, sindicales y estudiantiles. En mayo 2021 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinará el historial de Paraguay en materia de derechos humanos dentro del 38.º periodo de sesiones del Examen Periódico Universal.

Reunión pacífica

En octubre y noviembre de 2020 miles de trabajadores rurales, pueblos indígenas y organizaciones sociales se movilizaron para exigir una serie de reivindicaciones, entre ellas una mayor justicia social, la redistribución de tierras y medidas de apoyo económico durante la pandemia de COVID-19. El 13 de octubre de 2020 los manifestantes marcharon por las calles de Asunción y establecieron un campamento temporal en zonas céntricas de la ciudad. El 12 de noviembre de 2020 y tras de varios días de manifestaciones, más de mil personas se unieron a otra marcha en Asunción. Las manifestaciones fueron convocadas por los movimientos sociales Articulación Campesina Indígena y Popular y por la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI).

Belarmino Balbuena, líder del Movimiento Campesino Paraguayo, comunicó en noviembre a la Agencia EFE que el gobierno había incumplido un acuerdo alcanzado el mes anterior, el cual incluía compromisos como la refinanciación de la deuda de los trabajadores rurales, la reasignación de recursos del Ministerio de Agricultura y la concesión de ayudas durante la pandemia. Balbuena también destacó que los problemas a los que se enfrentan los campesinos paraguayos se producen en un contexto marcado por la producción extensiva de soja en detrimento de las pequeñas explotaciones y por la desigual distribución de la propiedad de la tierra. El país aún no ha resuelto por completo los problemas causados por la concentración de tierras promovida durante la dictadura de Stroessner.

Asociación

Desalojan y agreden a campesinos

El 13 de diciembre de 2020 la policía desalojó con gran violencia un campamento campesino en Cerro Yvy, distrito Tres de Mayo, en la provincia de Caazapá. Según informó Base Investigaciones Sociales (Base IS), más de 150 familias habrían sido desalojadas sin mandato judicial. Asimismo, 37 personas fueron detenidas tras enfrentarse a los agentes de la policía para evitar ser desalojadas. La Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos afirmó que los detenidos fueron sometidos a malos tratos.

Por otro lado, en enero de 2021 civiles armados amenazaron y agredieron a familias campesinas del asentamiento Rosarino, ubicado en Maracaná, departamento de Canindeyú. Según miembros del campamento, el grupo armado, presuntamente contratado por acaparadores de tierras, disparó contra la comunidad el 9 de enero de 2020 con el fin de intimidarlos. Unos días después dicho grupo regresó y disparó contra un vehículo que salía de Rosarino. Si bien se hizo una denuncia formal, los miembros del asentamiento denunciaron que la policía local también los amenazó con desalojarlos. La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) expresó su preocupación por estos ataques y destacó las similitudes con otros casos acaecidos en la región y que condujeron a actos de violencia y asesinatos.

El informe de Base IS sobre los agronegocios en Paraguay titulado Con la soja al cuello 2020 halló que más de 14 000 personas participaron en manifestaciones por el derecho a la tierra entre agosto de 2019 y agosto de 2020. Según esta organización, al menos 5 061 campesinos se vieron afectados por la violencia, la represión y los desalojos durante ese período. Además, se criminalizó y persiguió por la vía judicial a varios líderes del movimiento.

Campaña de difamación contra OSC defensora del medioambiente

La organización de la sociedad civil para la promoción del desarrollo sostenible Alter Vida denunció haber sido víctima de una campaña de difamación por su labor con la comunidad indígena Loma en Infante Rivarola, cerca de la frontera con Bolivia. Esta OSC ha apoyado a los pueblos guaraní ñandéva en proyectos relacionados con la agroecología, la gestión del agua y la ganadería en el marco de un proceso de recuperación de tierras en la región. Alter Vida señaló que la comunidad ha sido objeto de amenazas y de actos de intimidación de ganaderos y de acaparadores de tierras locales durante todo el proceso de titulación de tierras.

La organización ha sido blanco de una campaña de difamación que la acusa de fomentar la invasión de tierras, la corrupción y el lavado de dinero, entre otros. Estas acusaciones han sido publicadas en los principales periódicos paraguayos y habrían sido formuladas por grupos de indígenas ajenos a la comunidad Loma y con el apoyo de ganaderos locales. El 9 de octubre de 2020 la Asociación de ONG de Paraguay POJOAJU publicó un comunicado en el que expresó su apoyo a Alter Vida y a la comunidad Loma en alusión a la campaña de difamación en su contra.

Informe sobre los derechos humanos en Paraguay

La Codehupy publicó su informe anual sobre los derechos humanos en Paraguay. Este documento destaca el papel clave de la sociedad civil en la respuesta a la pandemia de COVID-19, por ejemplo, en la coordinación de la distribución de alimentos y de ayuda, y en la transmisión de inquietudes sobre diversos derechos. El informe también aborda casos relacionados con la vigilancia digital, incluidas las labores policiales de seguimiento en Internet para la identificación de manifestantes.

Expresión

Vigilancia durante la pandemia

La investigación realizada por TEDIC descubrió que Paraguay podría haber usado tácticas de vigilancia durante la pandemia de COVID-19. En un caso la fiscalía de la Unidad de Delitos Informáticos acusó a una persona de publicar un mensaje en las redes sociales en el que habría amenazado con infectar a otras personas con la COVID-19. Los fiscales también usaron contenido publicado en las redes sociales para identificar y acusar a manifestantes antigubernamentales de deteriorar un monumento nacional. Asimismo, la TEDIC también manifestó su preocupación por la filtración de información confidencial recopilada para labores de seguimiento sanitario y para la aplicación de programas de ayuda, así como por el uso de drones para supervisar el cumplimiento de las medidas de cuarentena.

Asesinan en Argentina a un yutúber paraguayo

El 3 de enero de 2021 fue hallado degollado el cuerpo sin vida del yutúber paraguayo de 24 años Nery Ariel Aguilera Cardozo en la ciudad de Florencia Varela, Argentina. Cardozo tenía un canal de YouTube desde el cual lanzaba fuertes críticas contra la comunidad paraguaya; situación que habría enfurecido a algunos de sus compatriotas. El cuerpo fue hallado por su pareja, quien afirmó que Cardozo había recibido varias amenazas anteriormente. Según los medios de comunicación, la policía investiga si el joven fue asesinado en represalia por sus comentarios en YouTube.