Watchlist March 2026 Spanish

LISTA DE SEGUIMIENTO DE MARZO DE 2026

Última actualización: 26 de marzo de 2026 - La nueva Lista de Vigilancia de CIVICUS Monitor destaca serias preocupaciones sobre el ejercicio de las libertades cívicas en Benín, Ecuador, Georgia, Irán y Filipinas.

La Lista de Vigilancia llama la atención sobre países donde existe un grave deterioro en el respeto del espacio cívico, basado en una evaluación de los hallazgos de investigación de CIVICUS Monitor, nuestros socios de investigación y consultas con activistas sobre el terreno. En las próximas semanas y meses, CIVICUS Monitor seguirá de cerca los acontecimientos en cada uno de estos países como parte de los esfuerzos para garantizar una mayor presión sobre los gobiernos. CIVICUS insta a estos gobiernos a hacer todo lo que esté en su poder para poner fin de inmediato a las represiones en curso y asegurar que los responsables rindan cuentas. A continuación se presentan descripciones de las violaciones del espacio cívico que ocurren en cada país. Si tiene información para compartir sobre el espacio cívico en alguno de estos países, por favor escriba a monitor@civicus.org.

El espacio cívico se ha deteriorado rápidamente en Ecuador debido a la limitación de las libertades fundamentales, la ampliación de las facultades de las Fuerzas Armadas, y la apuesta del Gobierno por la militarización de las labores de seguridad para hacer frente a la violencia de la delincuencia organizada. A partir de enero de 2024, las autoridades empezaron a invocar la existencia de un presunto “conflicto armado interno” para justificar medidas excepcionales que no se ajustan a las normas internacionales en materia de derechos humanos. Según informes procedentes de fuentes fidedignas, la militarización creciente de la seguridad pública ha ido acompañada de violaciones graves de los derechos humanos. Desde 2020, el espacio cívico del país figura en la categoría “obstruido” de la clasificación elaborada por CIVICUS Monitor.

En septiembre y octubre de 2025, las protestas lideradas por los pueblos indígenas fueron reprimidas con una fuerza excesiva y letal tras la declaración del estado de excepción por parte de las autoridades y el despliegue de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas. Las protestas se produjeron en el marco de un “paro nacional” de 31 días que se materializó a través de una oleada de manifestaciones de gran envergadura lideradas por movimientos indígenas, principalmente en la región andina, tras la retirada del subsidio al diésel por parte del presidente Daniel Noboa. La medida gubernamental desembocó en un aumento de más del 50 % del precio del combustible y afectó a las comunidades indígenas y rurales.

Las fuerzas de seguridad habrían asesinado al menos a los líderes de la comunidad indígena kichwa de la provincia de Imbabura Efraín Fuérez, de Cotacachi, de un disparo en la espalda, el 28 de septiembre; y José Guamán, de Otavalo, de un disparo en el pecho, el 14 de octubre. Una tercera víctima, Edison Farinango, falleció el 27 de diciembre tras pasar dos meses en estado crítico. Fue alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno durante las protestas en Imbabura. La represión violenta de las movilizaciones se saldó con cerca de 500 heridos, de los cuales al menos 25 presentaban heridas graves y 12 eran militares, así como con más de 200 detenciones arbitrarias. La organización de derechos humanos Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador documentó al menos dieciséis casos de desaparición forzada de corta duración. Las autoridades también habrían interrumpido los servicios de internet y telefonía móvil en Cotacachi, Otavalo y La Esperanza.

En paralelo a la represión violenta, cargos públicos y algunos medios de comunicación promovieron discursos que vinculaban a las organizaciones indígenas y a las guardias indígenas (grupos de protección comunitarios basados en los sistemas de gobernanza indígenas) con el terrorismo y la delincuencia organizada, alimentando así la estigmatización y la criminalización. Las autoridades también abrieron investigaciones contra al menos 61 líderes indígenas y defensores del medioambiente por terrorismo, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Este patrón de criminalización se ha afianzado desde 2025. El Frente Nacional Antiminero (FNA) ha señalado que más de doscientos líderes sociales han sido investigados o procesados en Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Los Ríos y Azuay, cinco provincias con poblaciones rurales e indígenas significativas. El 23 de febrero de 2026, tres defensores fueron condenados a cuatro años de prisión por violación de la propiedad privada, en relación con su oposición al proyecto minero Curipamba-El Domo, en la provincia de Bolívar. Mientras tanto, treinta y dos defensores permanecen bajo investigación en las provincias de Bolívar y Los Ríos por su lucha contra proyectos mineros.

La libertad de asociación también se enfrenta a amenazas crecientes. Tras obtener un mandato de cuatro años en abril de 2025, el Gobierno del presidente Noboa promovió leyes de gran alcance que reforzaron el control del Estado sobre las organizaciones de la sociedad civil, gran parte de las cuales fueron aprobadas por la Asamblea Nacional mediante trámites de emergencia acelerados. Entre ellas, cabe destacar la Ley de Transparencia Social, aprobada en agosto de 2025, y su reglamento de aplicación, publicado en octubre de 2025. Tanto la ley como el reglamento imponen obligaciones onerosas en materia de información a las organizaciones de la sociedad civil, autorizan la congelación administrativa de cuentas bancarias y limitan las labores de defensa contra los proyectos mineros aprobados por el Estado, lo que resulta especialmente preocupante en un país donde la minería y la extracción de petróleo exacerban los conflictos medioambientales y por tierras. A pesar de que en 2025 se presentaron varios recursos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado al respecto.

Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el nuevo marco jurídico ya está siendo utilizado para atacarlas. Desde septiembre de 2025, las autoridades han congelado las cuentas bancarias de varias organizaciones indígenas y ecologistas en el marco de presuntas investigaciones contra el blanqueo de capitales dirigidas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a menudo sobre la base de informes confidenciales de “inteligencia”. Las organizaciones afectadas afirmaron que no pueden acceder a las pruebas presentadas en estos informes ni impugnarlas, una situación que pone de manifiesto el riesgo de que los controles financieros se utilicen de manera abusiva contra la sociedad civil.

Por ejemplo, el 27 de septiembre de 2025, durante el paro nacional, la Fundación Pachamama denunció que sus cuentas habían sido congeladas y que se había abierto una investigación penal contra su presidente. Al menos veintisiete organizaciones fueron objeto de medidas similares, entre ellas Alianza Ceibo, el FNA, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y Yasunidos. En diciembre de 2025, Human Rights Watch advirtió de que las congelaciones injustificadas de cuentas bancarias estaban perturbando las actividades de la sociedad civil y suscitaban serias preocupaciones sobre el respeto de las garantías procesales.

Según la organización defensora de la libertad de prensa Fundamedios, la vulneración de la libertad de expresión y de prensa sigue generando alarma, tal y como demostró el asesinato de al menos cinco periodistas en 2025. El 20 de noviembre de 2025, sujetos no identificados asesinaron a tiros al periodista Robinson del Pezo en La Libertad, una ciudad costera de la provincia de Santa Elena. Del Pezo había fundado y dirigido el portal informativo La Voz del Pueblo, desde donde informaba sobre presuntos casos de corrupción relacionados con contratos municipales, la compraventa de terrenos y proyectos de obras públicas. Además, durante el paro nacional de 2025, las organizaciones de defensa de la libertad de prensa documentaron 55 agresiones a periodistas en al menos cinco provincias.

GEORGIA

El espacio cívico se está desmoronando rápidamente en Georgia. En 2024, CIVICUS Monitor rebajó la calificación del espacio cívico georgiano, que pasó de la categoría de “estrecho” a la de “obstruido”, y en diciembre de 2025 volvió a rebajarla a la categoría de “represivo”. Con el fin de reprimir las protestas masivas y contener una crisis política cada vez más profunda, las autoridades georgianas han adoptado una serie de leyes que amplían las restricciones a las libertades fundamentales y a la participación política, y que amenazan la supervivencia de la sociedad civil y de los medios de comunicación del país.

A partir del 28 de noviembre de 2024, las autoridades reprimieron con una fuerza excesiva las manifestaciones desencadenadas por la decisión del Gobierno del partido Sueño Georgiano de suspender las negociaciones de adhesión a la UE hasta 2028. Llevaron a cabo detenciones arbitrarias, utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua, y tanto la policía como individuos encapuchados sospechosos de estar afiliados al Gobierno utilizaron la violencia. Un año después del inicio de las protestas, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) informaron que, según sus estimaciones, unas 160 personas habían sido sometidas a investigaciones penales, 300 a actos de tortura y malos tratos, más de 600 a detenciones administrativas y más de 1000 habrían sido multadas.

Aunque siguen organizándose concentraciones más modestas a diario, las autoridades no han cesado en sus ataques contra los manifestantes, imponiendo multas cuantiosas y procediendo a detenciones en virtud de nuevas leyes restrictivas. Desde 2024, una serie de modificaciones legislativas sucesivas ha ampliado incesantemente la lista de actos de protesta habituales que pueden dar lugar a detenciones administrativas inmediatas, por ejemplo, cubrirse la cara, cortar el tráfico u “obstruir la circulación de personas” en zonas peatonales. Además, en caso de reincidencia, los infractores se enfrentan a cargos penales que pueden acarrear penas de hasta dos años de prisión. En febrero de 2026, una docena de personas denunciaron que les habían embargado las cuentas bancarias por el impago de multas derivadas de su participación en protestas, a pesar de que habían recurrido las sanciones.

Al mismo tiempo, las autoridades georgianas siguen endureciendo las restricciones a la financiación de los actores de la sociedad civil y de los medios de comunicación, sometiéndolos a acoso administrativo y amenazando su supervivencia. A pesar de las manifestaciones multitudinarias, en 2024 las autoridades aprobaron una ley de “agentes extranjeros” y, en abril de 2025, otra similar. Esta última era una traducción directa de la Foreign Agents Registration Act estadounidense y también se aplicaba a los particulares, y establecía responsabilidad penal en caso de incumplimiento. La ley de 2025 también prohíbe que las emisoras de radio y televisión reciban financiación de “potencias extranjeras” y exige que las organizaciones de la sociedad civil obtengan la aprobación del Gobierno antes de aceptar subvenciones provenientes del extranjero, entre otras restricciones.

Como consecuencia de esta represión legislativa, numerosas OSC y medios de comunicación han sido objeto de inspecciones por parte de las autoridades anticorrupción, de investigaciones penales por motivos espurios y de la congelación de cuentas bancarias. En febrero de 2026, una cadena de televisión crítica con el Gobierno denunció haber sido sometida a un procedimiento administrativo por haber recibido una donación única procedente de Estados Unidos, que, al parecer, habría sido hecha por un ciudadano georgiano residente en el extranjero.

El último episodio de este aluvión legislativo represivo tuvo lugar en marzo de 2026 con la introducción de modificaciones que amplían radicalmente la definición de “subvenciones extranjeras”. De ahora en adelante, toda contribución financiera o ayuda material recibida del extranjero que se considere destinada a “influenciar” las políticas públicas será calificada como “subvención extranjera”. También se ha ampliado la definición de “donantes extranjeros” para incluir a particulares, sin fijar un umbral mínimo, por lo que incluso las contribuciones financieras de poca cuantía procedentes de ciudadanos extranjeros podrían dar lugar a responsabilidades penales, susceptibles de desembocar en penas de hasta seis años de prisión, en caso de carecer de la autorización para recibir subvenciones desde el extranjero.

Durante la misma sesión, se aprobó otra ley que establece responsabilidades penales y penas de prisión por “extremismo contra el orden constitucional” para toda persona que pretenda “establecer la impresión” de que las autoridades georgianas son ilegítimas, una disposición que muchos consideran que ha sido concebida para acallar las críticas respecto a las elecciones parlamentarias de octubre de 2024. El paquete legislativo también incluía disposiciones que prohíben afiliarse a un partido político durante ocho años a cualquier persona que haya trabajado para una organización que represente “intereses extranjeros”, lo que, en esencia, supone excluir de la vida política a cualquier persona que haya estado involucrada en la sociedad civil o en medios de comunicación financiados desde el extranjero.

El Gobierno no solo ha reprimido duramente a la prensa, las OSC y los manifestantes, sino también a la oposición política. En noviembre de 2025, la Fiscalía General anunció que había presentado cargos penales contra ocho figuras destacadas de la oposición por sabotaje, colaboración con intereses extranjeros y llamamiento a derrocar el Gobierno, entre otros, y solicitó penas de hasta quince años de prisión para algunas de ellas. La mayoría ya se encontraba en prisión, tras haber sido condenadas a penas de cárcel y a dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por haberse negado a declarar ante una comisión parlamentaria que investiga presuntos delitos cometidos por cargos gubernamentales entre 2003 y 2012, durante el gobierno del partido Movimiento Nacional Unido (MNU), actualmente en la oposición.

IRAN

El espacio cívico se deteriora rápidamente en Irán. Tras la represión mortal desencadenada por las autoridades en respuesta a las manifestaciones masivas, el ataque ilegal de Estados Unidos e Israel contra el país ha traído consigo aún más restricciones. Dado que los países vecinos también están restringiendo las libertades mientras se suceden las represalias de Irán, el conflicto amenaza con deteriorar todavía más las libertades fundamentales en la región.

Las manifestaciones, que recorrieron todo el país, comenzaron el 28 de diciembre de 2025, motivadas por el deterioro de la situación económica que siguió a la depreciación repentina de la moneda nacional, la inestabilidad económica general y las reformas políticas de gran envergadura. Fueron descritas como las mayores movilizaciones desde 2009, cuando millones de manifestantes salieron a protestar a raíz de unas elecciones controvertidas.

El 8 de enero de 2026, las autoridades cortaron por completo el acceso a internet en todo el país, así como las redes telefónicas y móviles. Entre el 8 y el 11 de enero de 2026, las fuerzas del Estado habrían masacrado a miles de manifestantes mediante el uso de una potencia de fuego abrumadora. Según informes, las autoridades habrían restringido las actividades y los desplazamientos en el espacio público a través de medidas similares a las previstas por la ley marcial. El 19 de enero de 2026, Reuters informó que las autoridades habían confirmado que al menos 5000 personas habían sido asesinadas en el marco de las protestas, entre ellas alrededor de 500 miembros del personal de seguridad. Según la agencia iraní de noticias de activistas de derechos humanos HRANA, durante ese periodo se practicaron más de 24 000 detenciones. Actualmente algunos manifestantes se enfrentan a penas de muerte, un indicio preocupante de la inminencia de represalias brutales por las manifestaciones. Anteriormente, el jefe del Poder Judicial iraní Gholamhossein Mohseni Ejei había amenazado a los manifestantes, advirtiéndoles que serían sancionados “de forma irrevocable, con la máxima severidad y sin contemplación legal alguna”.

El deterioro del espacio cívico iraní que siguió a las protestas se agravó aún más tras los ataques aéreos coordinados de las fuerzas estadounidenses e israelíes del 28 de febrero de 2026, que acabaron con la vida de al menos 1255 personas e hirieron a unas 10 000, según datos proporcionados por los responsables iraníes el 10 de marzo de 2026.

Las autoridades cortaron el acceso a internet en todo el país, por segunda vez en tan solo dos meses. También se ha bloqueado o interrumpido el acceso a redes VPN y plataformas de gran importancia, limitando así fuertemente las comunicaciones y el intercambio de información que podría salvar vidas. Los periodistas se han visto obligados a recurrir a enlaces por satélite, aplicaciones encriptadas y al contrabando de grabaciones, a menudo mediante herramientas prohibidas como Starlink, pese a los graves riesgos que esto conlleva.

Entretanto, persiste gran preocupación por la integridad de las personas detenidas durante las protestas, los manifestantes víctimas de desaparición forzada y otros activistas encarcelados, entre ellos la defensora de los derechos humanos Narges Mohammadi, a quien recientemente se le impuso una pena adicional de siete años de prisión. En estas circunstancias, nunca se insistirá lo suficiente en la necesidad de proteger y garantizar la seguridad de los periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos atrapados en zonas de conflicto activo.

FILIPINAS

Casi cuatro años después de la llegada al poder del presidente Ferdinand Marcos Jr., activistas y grupos de la sociedad civil han expresado su profunda preocupación por los esfuerzos de las autoridades para restringir el espacio cívico y silenciar la disidencia.

En septiembre de 2025, las protestas contra la corrupción fueron reprimidas con una fuerza excesiva y detenciones. La policía arrestó y detuvo arbitrariamente a más de 200 personas, entre ellas 91 niños, y les impidió comunicarse con sus familias y acceder a asistencia legal.

Las fuerzas del Estado también infligieron abusos físicos a los manifestantes, entre ellos infracciones que pueden constituir actos de tortura y otros malos tratos. Las víctimas explicaron que, mientras se encontraban detenidas, la policía les propinó puñetazos, patadas y golpes con porras —incluso a niños— y que los terribles malos tratos se prolongaron durante su detención. Nadie ha rendido cuentas por estas violaciones.

El 3 de noviembre de 2025, el Departamento de Justicia anunció que había iniciado diligencias penales contra al menos 97 manifestantes y había presentado cargos contra 72 personas por sedición e incitación a la sedición en virtud de la Ley de Prevención de la Ciberdelincuencia de 2012. Los manifestantes también han sufrido actos de acoso. Entre las personas que recibieron citaciones del Departamento de Justicia figuraba Renato Reyes Jr., presidente de la alianza de organizaciones de izquierda Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN). Al menos cuatro dirigentes estudiantiles también recibieron citaciones para comparecer ante el Departamento de Justicia.

Los activistas y los defensores de los derechos humanos siguen siendo blanco de ataques. El 25 de febrero de 2026, la policía arrestó y detuvo en Mandaluyong City a los defensores de los derechos humanos Edel Parducho y Three Odeña durante la marcha en conmemoración del 40.º aniversario de la Revolución del Poder del Pueblo en las inmediaciones del Santuario EDSA, un monumento conmemorativo de dicha revolución. Odeña es un activista juvenil y Parducho es responsable de educación en derechos humanos de la coalición Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA).

También se informó de la detención de manifestantes que se oponen a la minería en Dupax del Norte (Nueva Vizcaya), en enero de 2026, así como de la detención, en febrero del mismo año, de agricultores y vecinos por las protestas relacionadas con antiguos conflictos por tierras en La Laguna.

En noviembre de 2025, defensores del derecho a la tierra fueron detenidos o agredidos en Negros Occidental y Cagayan Valley, dos provincias fuertemente afectadas por los tifones Tino y Uwan.

Las autoridades filipinas también están presentando cargos infundados por financiación del terrorismo contra activistas y grupos de la sociedad civil. En diciembre de 2025, varios activistas fueron detenidos y acusados falsamente de financiación del terrorismo, entre ellos Carmilo Tabada, exempleado del centro Central Visayas Farmers' Development Center (FARDEC), y Michael Cabangon, líder sindical y trabajador de la cultura de la región de Cordillera.

BENIN

En vísperas de las elecciones presidenciales previstas para el 12 de abril de 2026, Benín ha sido incluido en la lista de vigilancia de CIVICUS Monitor debido a la erosión del espacio cívico y democrático. Esta situación se ha puesto de manifiesto mediante la represión transnacional, la suspensión de medios de comunicación, la detención arbitraria y el procesamiento de críticos y periodistas, y la prohibición frecuente de manifestaciones. 

Si bien el presidente Patrice Talon ha decidido respetar el límite constitucional de dos mandatos y no presentarse, solo dos candidatos han obtenido la aprobación del Tribunal Constitucional para concurrir a los comicios presidenciales: Romauld Wadagni, actual ministro de Finanzas y sucesor de Talon, bajo la bandera de la coalición presidencial mayoritaria, y Paul Hounkpè, bajo las siglas de Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), quien se ha posicionado como un opositor “moderado”. Los candidatos de otras formaciones políticas, incluido el del partido de oposición Les Démocrates, han quedado excluidos debido a los estrictos requisitos del Código Electoral de 2024.

El espacio democrático y el margen para la participación electoral de la oposición política se han erosionado sustancialmente bajo el mandato de Patrice Talon, con el aumento de los umbrales establecidos en el Código Electoral de 2024 para que los partidos políticos tengan representación en la Asamblea Nacional, así como del porcentaje de avales necesarios para que los candidatos puedan presentarse a los cargos de presidente o vicepresidente, entre otras exigencias categóricas. Algunos de estos requisitos se establecieron en el Código Electoral de 2019 y se endurecieron en 2024. 

Estas exigencias provocaron que la oposición política no obtuviera representación en la Asamblea Nacional tras las elecciones legislativas y municipales del 11 de enero de 2026. La reforma constitucional de noviembre de 2025 y otras medidas han ido concentrando el poder en el Ejecutivo de forma creciente. Además, el respeto de las libertades fundamentales se ha erosionado aún más tras el golpe de Estado frustrado de diciembre de 2025.

Desde la adopción del Código Digital (Ley 2017-20) en 2018, las autoridades han utilizado con frecuencia sus disposiciones restrictivas contra los críticos, en particular el artículo 550, que tipifica como delito la “publicación de noticias falsas” y el “acoso por medios electrónicos”. Los críticos, activistas y periodistas suelen ser procesados por el Tribunal de Represión de Delitos Económicos y Terrorismo (CRIET), una jurisdicción especializada. El 12 de enero de 2026, este tribunal prolongó de seis meses la detención preventiva del periodista Huguès Comlan Sosoukpé, denunciante de irregularidades y célebre crítico de Talon, violando así la legislación nacional sobre la duración de las detenciones preventivas y otras garantías procesales. Sosoukpé, que también ejerce como periodista y director del medio de comunicación Olofofo, y secretario general de la organización Association Béninoise des Web Activistes (ABWA), fue detenido el 11 de julio de 2025 en Abiyán (Costa de Marfil), donde se había exiliado, y entregado a las autoridades beninesas. Ha sido acusado de “acoso por medios electrónicos”, en virtud del Código Digital, así como de “incitación a la rebelión” y “apología del terrorismo”, entre otros cargos. Su abogado, Dossou Stanic Adjacotan, fue detenido en enero de 2026 en el aeropuerto de Cotonú a su llegada y presentado ante el CRIET por acusaciones de “apología de un golpe de Estado”. Posteriormente fue puesto en libertad mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes.

Otros periodistas y críticos han sido detenidos o procesados, entre ellos el ciberactivista Steve Amoussou, que fue secuestrado en Lomé (Togo) y condenado en junio de 2025 a una pena de dos años de prisión y una multa por “injurias por motivos políticos” y “difusión de información falsa” en una página de Facebook crítica con el Gobierno. Asimismo, en julio de 2025 fue detenido en Sinendé el reportero de la emisora de radio comunitaria Nonsina, Djobo Bio, y acusado de “difusión de noticias falsas” por una noticia publicada en la página de Facebook del medio sobre la agresión a un pastor y su esposa. El 15 de julio de ese mismo año, agentes del Centro Nacional de Investigaciones Digitales (CNIN) detuvieron al periodista y redactor jefe del periódico La Boussole Cosme Hounsa por “acoso a través de medios electrónicos”, a raíz de una denuncia presentada por un ministro. 

También se han producido nuevas detenciones arbitrarias, incluso de internautas y de usuarios de redes sociales, tras el intento frustrado de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2025. La periodista e influencer Angèle Kpeidja habría sido detenida por sus comentarios en redes sociales sobre el intento de golpe de Estado. Otras personas, entre ellas un periodista y un banquero jubilado, estarían siendo procesadas por varios cargos. 

La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), el organismo regulador de los medios de comunicación, suspende periódicamente a medios de comunicación y retira las acreditaciones de prensa a periodistas. En marzo de 2025, la HAAC suspendió el portal Bénin Web TV y retiró el carné de prensa a su director, Paul Arnaud Deguenon, al que acusó de incurrir en incoherencias en la cobertura de la presentación del presupuesto de la HAAC ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento. Esto ocurrió tras la suspensión de cinco medios de comunicación en enero de 2025. En noviembre de ese mismo año, la HAAC retiró las frecuencias a cinco radioemisoras y suprimió los segmentos de múltiplex de tres canales de televisión. En diciembre de 2025, la entidad informó que los medios impresos, las plataformas digitales y las emisoras de radio y televisión estaban obligados a difundir de forma inmediata y exacta, sin edición ni dilación, toda información de servicio público emitida por el Gobierno. En caso de incumplimiento, los medios de comunicación podrían enfrentarse a sanciones.