Partidarios del candidato indígena Yaku Pérez exigen un recuento de votos. Fotos: Cristian Toapanta/ Agencia Press South/ Getty Images.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas se celebró el 7 de febrero de 2021. Andrés Arauz, economista y candidato de Alianza Unión por la Esperanza (UNES), se erigió como favorito. El exbanquero y candidato de Creando Oportunidades (CREO) Guillermo Lasso obtuvo el 19,74 % de los votos y quedó en el segundo puesto. La pequeña ventaja de Lasso frente el candidato indígena Yaku Pérez, que obtuvo el 19,38 % de los votos, provocó manifestaciones, denuncias de fraude y que se exigiera un recuento de votos.

El 21 de febrero de 2021 se proclamaron los resultados de la primera vuelta sin que se procediera a un recuento y tras varios días de parálisis en el seno del consejo electoral al respecto. Se ha previsto que la segunda vuelta electoral se celebre el 11 de abril de 2021.

Reunión pacífica

Pueblos indígenas se manifiestan por los resultados de las elecciones

El 23 de febrero de 2021 cientos de manifestantes se congregaron frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito para exigir un recuento de los votos de estas elecciones, cuyo resultado había confirmado el Consejo dos días antes. La movilización la convocó Pachakutik, el partido político del candidato indígena Yaku Pérez. Según los medios de comunicación, los manifestantes gritaron consignas como "Transparencia sí, fraude no" mientras agitaban banderas de los pueblos indígenas de Ecuador. Muchos de los manifestantes formaban parte de una caravana que partió del sur del país y que marchó durante varios días hasta llegar a Quito. Después de la manifestación, Yaku Pérez habría presentado ante el CNE 16 000 papeletas con irregularidades.

El 26 de febrero de 2021 la policía uso gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar otra manifestación frente al CNE. El 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, la líder del movimiento indígena ecuatoriano, Blanca Chancosa, celebró una ceremonia ancestral frente al CNE.

Comunidades indígenas exigen justicia y reparación

Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, en abril de 2020 un derrame de crudo contaminó vías fluviales vitales para varias comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Las comunidades kichwa resultaron perjudicadas y presentaron una demanda para solicitar una indemnización por la pérdida de sus tierras y de sus medios de subsistencia. Sin embargo, un juez de primera instancia desestimó su denuncia en septiembre de 2020 afirmando que el Tribunal Constitucional, que se ocupa de las violaciones de derechos, no era la vía legal adecuada para exigir la rehabilitación del medioambiente.

El 5 de marzo de 2021, casi un año después de los hechos, las comunidades afectadas por el derrame se manifestaron frente al Consejo de la Judicatura en Quito para exigir justicia y reparación. Denunciaron la repercusión de la contaminación de las aguas en la salud de los pueblos indígenas de la zona. También se celebró una sentada frente a la Corte Constitucional. El 24 de marzo de 2021 un tribunal de Orellana rechazó la apelación de las comunidades kichwa.

Las organizaciones indígenas y de los derechos humanos que apoyan la demanda publicaron un comunicado en el que afirmaron que seguirán manifestándose y que tienen la intención de llevar el caso ante la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana. También denunciaron la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos involucrados en el caso. Como detallaron en su comunicado, los demandantes y los abogados fueron citados y se enfrentan cargos penales por su trabajo en defensa de las reivindicaciones de las comunidades indígenas. Asimismo, denunciaron que el juez de primera instancia los había intimidado y acusado de instigación. Según estas organizaciones, esta es una prueba escalofriante de los esfuerzos del poder judicial para desacreditar la iniciativa legal del pueblo kichwa.

Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo de 2021 grupos de mujeres organizaron marchas y acciones artísticas en Quito, Cuenca, Guayaquil y en otras ciudades. Cientos de mujeres se unieron a los actos del día y en algunas localidades llegaron a manifestarse bajo una intensa lluvia. En muchos de estos eventos las mujeres exigieron la despenalización del aborto, el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, y la creación de políticas que reduzcan las altas tasas de violencia de género del país. Por su parte, las mujeres indígenas se movilizaron para exigir que se respeten sus derechos territoriales y para protestar contra la explotación del medioambiente.

Asociación

El 17 de marzo de 2021 fue asesinado el defensor del medioambiente Andrés Durazno cerca de su domicilio en Llantahuayco, provincia del Azuay. Durazno presidía un sistema comunitario de agua y riego en la inmediaciones del Parque Nacional Cajas y se había opuesto a la extracción minera en la zona, tanto a proyectos autorizados por el gobierno como a la minería ilegal. Varias organizaciones de los derechos humanos y movimientos indígenas denunciaron su asesinato, expresaron su solidaridad y exigieron una investigación exhaustiva del caso para que se determine si dicho crimen está relacionado con la labor militante de Durazno contra la minería.

Por otro lado, un informe preliminar del Centro de Derechos Humanos de la Asociación Americana de Abogados halló pruebas de presuntas irregularidades en los procesos penales contra el sindicalista Jorge Acosta. La organización realiza observaciones sobre procesos judiciales en todo el mundo con el fin de fomentar el cumplimiento de las normas sobre juicios justos. Acosta defendía los derechos de los trabajadores, coordinaba el sindicato ecuatoriano de trabajadores bananeros ASTAC y se habia enfrentado a acusaciones penales relacionadas con sus esfuerzos organizativos. Además, había sido objeto de tres denuncias penales por diversos delitos, incluida la difusión de información falsa, la invasión de la privacidad y fraude fiscal. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, el sindicalista también se había a enfrentado amenazas relacionadas con su defensa de los derechos de los trabajadores.

Libertad de expresión

El 27 de enero de 2021 fue asesinado en Guayaquil el actor y comunicador Efraín Ruales, quien además presentaba el programa de televisión En Contacto de Ecuavisa. Los atacantes le dispararon al menos cuatro veces cuando se hallaba en su vehículo de regreso a su domicilio. Según la Prensa, Rúales utilizó sus redes sociales para denunciar presuntos casos de corrupción. En junio de 2020 el presentador afirmó haber recibido varias amenazas. Las autoridades ecuatorianas detuvieron a tres sospechosos relacionados con el crimen. Según informaciones publicada en la prensa, los tres sospechosos, que serán juzgados por asesinato, tienen lazos con un grupo delictivo y podrían haber sido contratados para llevar a cabo el asesinato.

Otros ataques contra periodistas

El 19 de enero de 2021 un individuo ingresó en el restaurante de la periodista radiofónica Marilú Capa en Nueva Loja, Sucumbíos, y le disparó seis veces. El agresor huyó del lugar en una motocicleta conducida por otro hombre no identificado. Capa fue ingresada en un hospital en estado crítico. La periodista presenta un programa diario en Radio Sucumbíos que incluye comentarios sobre los derechos humanos, migración y otras noticias. También coproduce un programa de radio semanal sobre los problemas de salud y los casos de violencia contra las mujeres. El 20 de enero de 2021 varios periodistas locales organizaron una vigilia frente al hospital para expresar su apoyo a Capa.

Por otro lado, el 15 de diciembre de 2020 fueron hallados dos tubos de dinamita en el domicilio del periodista Mario Pinto en la ciudad de Machala, provincia de El Oro. Según la Federación Internacional de Periodistas, Pinto, que trabaja para el portal MPNoticias, fue alertado de la presencia de los explosivos por una persona que realizaba reparaciones en su casa. Más tarde, la policía descubrió que la dinamita estaba armada y lista para explotar, pero no se había encendido la mecha. La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE) precisó que Pinto fue uno de los primeros reporteros en alertar sobre la existencia de una red de tráfico de estupefaciente y de personas en la región, ubicada cerca de la frontera con Perú. La Federación solicitó a las autoridades que se le concedan medidas de protección a Pinto.

Expresidente amenaza y acosa judicialmente a una periodista

El 27 de enero de 2021 el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz publicó un video en su cuenta personal de Facebook en el que formuló claras amenazas contra la periodista Dayanna Monroy y el actor David Reinoso. En el video original, que fue eliminado de su página, Bucaram se quejó de la cobertura que hizo Monroy de presuntos actos delictivos que lo involucraba a él y a su familia, y apuntó: "¿No se han preguntado que quizá mejor debería matarla a ella?". Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, en 2020 el hijo de Bucaram amenazó a varios periodistas por informar sobre su supuesta participación en un escándalo de corrupción.

Monroy, que trabaja para el canal Teleamazonas TV, presentó una denuncia y ha recibido protección policial. El 28 de enero de 2021 la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que pidió a la Policía ecuatoriana investigar los posibles riesgos que corren los periodistas y denunciantes, y en el que destacó que la democracia se basa en el respeto a la libertad de expresión.

El 1 de febrero de 2021 Bucaram presentó una demanda penal en la que acusó a Monroy de publicar información confidencial sobre su familia, según declaraciones de Monroy al Comité para la Protección de los Periodistas. De ser declarada culpable, Monroy podría enfrentarse a una pena de hasta tres años de prisión. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó que el fiscal Javier Pucha Paguay había solicitado información sobre los bienes de Monroy a diversas instancias estatales y había urgido a Teleamazonas a entregar videos y notas periodísticas referidas al hijo de Bucaram, Jacobo Bucaram Pulley. La SIP denunció que Dayanna Monroy se enfrenta a un caso de acoso judicial que calificó de "acto de intimidación que socava la libertad de prensa".