El conservador Guillermo Lasso del partido derechista Creando Oportunidades (CREO) tomó posesión como nuevo presidente de Ecuador el 24 de mayo de 2021. Exbanquero, Lasso llega al poder en un país que se enfrenta a dificultades económicas y a importantes problemas en materia de derechos humanos que se han agravado debido a la pandemia de COVID-19. Los 137 legisladores de la Asamblea Nacional también comenzaron su mandato de cuatro años en mayo de 2021. Guadalupe Llori, del partido indígena de izquierda Pachakutik, fue elegida presidenta del órgano legislativo.

Asociación

Criminalización y detención de personas defensoras

En mayo de 2021, la empresa petrolera estatal Petroecuador abrió una causa penal contra el líder kichwa Wilson Geovanni Quindinga Salazar y su asesor jurídico Luis Xavier Solís Tenesaca a quienes acusan de haber paralizado servicios públicos. La denuncia de Petroecuador hace referencia a la manifestación pacífica de miembros de la comunidad El Edén el 10 de mayo de 2021, tal y como detallamos en la sección Reunión pacífica de esta actualización. Petroecuador afirmó que dicha manifestación le impidió enviar los suministros necesarios para continuar sus actividades. A ambos defensores se les notificó la apertura de la causa penal el 22 de junio de 2021, el mismo día en que la Gobernación de la provincia de Orellana anunció que retomaba el diálogo sobre las necesidades básicas de la comunidad.

La coalición de la sociedad civil Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos publicó un comunicado en el que denunció las acciones de Petroecuador, afirmando que las denuncias penales forman parte de una estrategia bien conocida destinada a explotar la vía penal con el fin de presionar a las comunidades protestatarias. La Alianza exhortó a que se deje de usar las "investigaciones pendientes" de la Fiscalía General del Estado como un instrumento para intimidar y criminalizar a las personas defensoras, y cuestionó la apertura de dichas investigaciones.

Por otra parte, la Alianza también se pronunció sobre la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y del medioambiente de La Merced de Buenos Aires en la provincia de Imbabura, que protestaron durante más de sesenta días contra la actividad minera y contra una presunta invasión de la empresa minera australiana HANRINE. Los pobladores se han opuesto a la actividad minera en la región debido a su impacto medioambiental y social, y han defendido la apertura de un proceso consultivo en el que pueda participar la comunidad. La organización señaló que al menos setenta personas, entre ellas miembros de los indígenas awá, activistas de la sociedad civil y funcionarios públicos, se enfrentan a procesos de investigación penal promovidos por la empresa minera. La coalición expresó su solidaridad con las personas defensoras criminalizadas y exigió que el Estado ecuatoriano garantice el ejercicio seguro de sus derechos.

Por otra parte, el 20 de junio de 2021 la Policía Nacional detuvo en Puyo a Antonio Vargas, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Vargas dirige la organización kichwa PAKKIRU en la provincia de Pastaza y ha sido objeto de varias denuncias por su defensa del derecho a la tierra de los pueblos indígenas. Tras un juicio por "ocupación, uso ilegal del suelo o tráfico de tierras" en 2017, fue condenado a tres años y ocho meses de prisión. En la fecha de su detención, Vargas ya había cumplido sanciones alternativas a la prisión en virtud del artículo 10 del Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas. La CONAIE arguyó que está última detención evidencia la persecución que sufre Vargas, puesto que ya estaba cumpliendo con el trabajo comunitario que se le había impuesto.

Situación de las personas defensoras de los derechos humanos en Ecuador

El 15 de junio de 2021, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos presentó un informe en el que se identifican los patrones de violación de los derechos de las personas defensoras en Ecuador. En ese documento se analizan 22 casos que ilustran las violaciones de derechos a las que se han enfrentado al menos 449 personas defensoras en la última década. Dichas violaciones incluyen amenazas, actos de acoso, persecución sistemática y asesinatos. El informe documenta conflictos relacionados con la explotación de los recursos naturales, el mal uso de la justicia penal y la estigmatización de las personas defensoras de los derechos humanos por parte de los representantes y de las instituciones del Estado. Entre los casos detallados en el informe figuran la criminalización de las comunidades que se oponen a la minería en Río Blanco y el asesinato del defensor del agua Andrés Durazno, que ya habíamos señalado en el CIVICUS Monitor, así como el asesinato y el acoso sistemático de líderes shuar por la defensa de territorios ancestrales contra las concesiones mineras.

Reunión pacífica

Despenalización del aborto en caso de violación

Los movimientos ecuatorianos por los derechos de la mujer lograron una victoria histórica en abril de 2021, cuando una sentencia de la Corte Constitucional despenalizó el aborto en caso de violación. El 28 de abril de 2021, con siete votos a favor y dos en contra, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales dos artículos del Código Penal. La legislación ecuatoriana sobre la interrupción del embarazo solo autorizaba el aborto cuando peligrara la vida de la mujer o en casos de violación de mujeres con discapacidades mentales. Los magistrados ordenaron la supresión de la expresión "persona con discapacidad mental" del correspondiente artículo del Código Penal, una modificación que abrirá una vía para una interpretación más amplia de la ley.

Esta decisión es fruto de la reivindicación de grupos de defensa de los derechos de la mujer, los cuales se congregaron frente al edificio de la Corte en Quito para celebrarlo. La Coalición Nacional de Mujeres, la Fundación Desafío y Mujeres con Voz difundieron una declaración en la que afirmaron que se trata de un logro de gran calado y también prometieron seguir luchando por la legalización del aborto en cualquier circunstancia. Militantes antiabortistas también se manifestaron el día de la sentencia.

Comunidad indígena se manifiesta contra Petroecuador

El 10 de mayo de 2021, miembros de la comunidad indígena El Edén, en la región amazónica de Ecuador, iniciaron una manifestación pacífica contra Petroecuador. Durante más de un mes bloquearon el acceso a los campos de Petroecuador ubicados en el territorio ancestral Kichwa Naporuna, en Orellana. La contaminación del agua, de la tierra y del aire derivada de la extracción de petróleo afecta a unos 1 000 habitantes de la región. Los comuneros de El Edén exigieron la renovación de un acuerdo que les permitía obtener una compensación de Petroecuador por el impacto de su actividad.

En junio de 2021, Petroecuador, la comunidad y las autoridades locales llegaron a un acuerdo y cesaron las manifestaciones. En este nuevo acuerdo de cinco años, la petrolera se comprometió a financiar el suministro de agua potable para la comunidad, a poner en marcha un proyecto de repotenciación del servicio eléctrico local y a mejorar las instalaciones sanitarias.

Expresión

Ataques contra periodistas

El 28 de mayo de 2021, dos asaltantes en motocicleta dispararon al periodista Calixto Zambrano cuando regresaba a su domicilio en El Carmen. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), dos de los disparos alcanzaron a Zambrano mientras huía y tuvo que ser operado de varias heridas. Zambrano, quien ha trabajado como periodista durante 35 años, explicó que él aborda diversos temas en su programa de noticias nocturno en la emisora independiente Radio Eco FM. Recientemente había informado de acusaciones de corrupción en la renovación de un hospital local y en la gestión del sistema de buses de la ciudad.

El 24 de junio de 2021, un hombre no identificado amenazo de muerte al periodista Luis Eduardo Vivanco en Quito. Según Vivanco, el hombre comenzó a gritarle desde el interior de un vehículo. El agresor salió entonces del coche y le gritó: "Vivanco, hijo de puta, te voy a matar". El periodista grabó el suceso con su teléfono y afirmó que el desconocido se fue del lugar al ver que lo estaban filmando. Al día siguiente Vivanco recibió mensajes amenazantes por WhatsApp en los que se hacía referencia a las críticas que había formulado contra Jorge Yunda, alcalde de Quito.

Leyes sobre la libertad de expresión

La Asamblea Nacional aprobó el 6 de mayo de 2021 la Ley [...] para Prevenir y Combatir la Violencia Sexual Digital y Fortalecer la Lucha contra los Delitos Informáticos, también conocida como la ley contra la violencia digital. Según el CPJ y una declaración de Fundamedios, esta ley incluye varios artículos que amenazan la capacidad de los periodistas para cubrir noticias sin temor a sanciones penales. El proyecto de ley, presentado inicialmente como un instrumento para proteger a las víctimas de violencia sexual del acoso en línea, amplia el artículo 179 del Código Penal relativo a la revelación de secretos y establece sanciones penales por revelar o difundir contenidos de carácter personal "de alguien sin su consentimiento, en virtud de que ha querido mantener esta información en secreto". En virtud de este artículo se podrán imponer penas de hasta tres años de prisión. El texto legislativo también amplió las disposiciones penales sobre la difamación.

La Sociedad Interamericana de Prensa ( SIP) y Human Rights Watch también criticaron la legislación y pidieron al presidente Lasso que vetara las disposiciones problemáticas. El 11 de junio de 2021, Lasso objetó catorce artículos del proyecto de ley, incluidas las disposiciones que había rechazado la sociedad civil. En julio, la Asamblea Nacional modificó el texto para proteger el ejercicio del periodismo.

En otro orden de cosas, el 27 de mayo de 2021, el nuevo Gobierno envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la adopción de la nueva Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación. En su toma de posesión, el presidente Lasso se comprometió a derogar la actual Ley Orgánica de Comunicación (LOC), promulgada durante el Gobierno de Rafael Correa.

Los medios de comunicación comunitarios advirtieron que el proyecto de ley supondría un retroceso en materia de derechos. En una carta abierta firmada por una treintena de organizaciones se afirma que el proyecto de ley promueve una noción individualista de la libertad de expresión, reduciéndola a un derecho exclusivo de los periodistas y de los medios de comunicación, y no como un derecho de la toda la ciudadanía. Argumentan que si bien el texto reconoce el derecho a la comunicación intercultural y plurinacional, lo hace solo de forma declarativa y sin abordar acciones específicas que se consideran vitales, como la apertura del acceso a las frecuencias de radio y televisión a los medios comunitarios. En la declaración, las organizaciones argumentaron:

"Para garantizar una verdadera libertad de expresión, la democratización de la comunicación y la producción audiovisual propia e independiente en nuestro país, es necesario mantener la base de las acciones afirmativas previstas en la Ley Orgánica de Comunicación vigente: capacitación, exenciones de impuestos para la importación de equipos, créditos preferenciales y fondos de fomento".

Además, la propuesta del Gobierno suprimirá el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de las Comunicaciones (Cordicom) mediante la derogación de los artículos de la LOC que la establecieron. La SIP criticó dicho órgano en 2014 por haber formulado una advertencia "inapropiada" a los medios de comunicación sobre sus criterios editoriales.

Reconocimiento de la responsabilidad del Estado

El 15 de junio de 2021, el Estado ecuatoriano reconoció parcialmente su responsabilidad en la violación del derecho a la libertad de expresión del periodista Emilio Palacio y del diario El Universo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2011, el entonces presidente Rafael Correa demandó al periodista y los tres directores del periódico por difamación. Los cuatro fueron condenados a penas de tres años de prisión y al pago de multas por un total de cuarenta millones de dólares estadounidenses en concepto de indemnización por un artículo de opinión sobre la situación política del país.

Durante una audiencia, el representante de Ecuador aseguró que el Estado reconoce que la sanción penal y la indemnización civil fueron desproporcionadas e innecesarias, y añadió que estas sanciones "podrían producir un efecto intimidatorio para el ejercicio de la libertad de expresión" entre los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad ecuatoriana.