La Corte Suprema anula el juicio de los defensores del agua de Guapinol y los deja en libertad

El 27 de enero de 2022, Xiomara Castro de Partido Libre tomó posesión como presidenta de Honduras. Asumió el cargo en medio de una disputa con los disidentes de su propio partido, quienes se opusieron a la candidatura que ella había propuesto para el liderazgo del Congreso. El 7 de febrero de 2022, el diputado de Partido Libre Jorge Cálix aceptó hacerse a un lado y poner fin a la polémica que había dividido a los legisladores, permitiendo así que Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras, asumiera la jefatura del Congreso sin mayor oposición.

Por otro lado, el 15 de febrero de 2022, fue detenido el expresidente Juan Orlando Hernández por tráfico de drogas, tras una solicitud de extradición de Estados Unidos. Hernández se enfrenta a cargos relacionados con el narcotráfico y armas en Estados Unidos, cuyas autoridades afirmaron que el expresidente había participado en una "conspiración violenta de narcotráfico" que ha transportado unos 500 000 kilos de cocaína desde 2004.

Asociación

Liberan a los defensores del agua de Guapinol

Tras dos años y medio de prisión preventiva, los defensores del agua de Guapinol y del Sector San Pedro fueron finalmente puestos en libertad el 24 de febrero de 2022. El grupo había participado en un campamento de protesta contra la minería a cielo abierto que los llevó a enfrentarse a una serie de cargos penales en un proceso empañado de irregularidades.

Finalmente fueron puestos en libertad después de que la Corte Suprema de Honduras resolviera un recurso de amparo que cuestionaba la constitucionalidad de los cargos y dictaminara, el 10 de febrero de 2022, que los defensores nunca tendrían que haber sido juzgados. La víspera, un tribunal local de Trujillo había absuelto a dos de los ocho defensores de Guapinol y condenado a seis por "daños agravados" y "privación ilegal de libertad".

La Corte Suprema consideró que el caso nunca debería haber llegado a juicio porque la jueza que cursó la acusación contra los defensores y que, posteriormente, ordenó la prisión preventiva, carecía de competencia para ello. En el fallo se afirma que los cargos deben anularse, ya que la jueza instructora violó las garantías procesales al presidir casos que están fuera de su jurisdicción. A pesar de esto, el expediente del caso tardó dos semanas en llegar hasta el tribunal local encargado de liberar a los defensores. El 24 de febrero, los defensores fueron recibidos a las puertas del Palacio de Justicia de Trujillo por cientos de personas, entre ellas, sus familiares, vecinos de Guapinol y comunidades aledañas, y representantes de organizaciones locales e internacionales.

Sin embargo, unos días antes de su liberación, se produjo un ataque contra el domicilio de la defensora de los derechos humanos y líder del Comité Ambiental de Guapinol Juana Zúniga. El 16 de febrero de 2022, varios agresores a bordo de motocicletas y de un vehículo particular abrieron fuego en la esquina de la vivienda, desde donde estaba a punto de salir un autobús con varios miembros del Comité; hubo por lo menos veinte disparos. Zúniga se ha enfrentado a actos violentos y de vigilancia por su labor en defensa de la comunidad y de los defensores detenidos.

Continúan las amenazas contra personas defensoras garífunas

El 26 de febrero de 2022, Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), denunció haber recibido amenazas de muerte por teléfono horas después de haber denunciado actos intimidatorios contra la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz. Ese mismo día, Miranda había advertido en redes sociales que hombres fuertemente armados se habían presentado en la comunidad y habían preguntado por un líder joven.

Tal y como informamos en el CIVICUS Monitor, en julio de 2020, varios líderes garífunas que se hallaban en Triunfo de la Cruz fueron secuestrados y desde entonces las autoridades del país no han proporcionado la información necesaria sobre la investigación de esas desapariciones.

Informe sobre Honduras

El 8 de marzo de 2022, durante una actualización oral sobre Honduras, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet destacó los ataques y amenazas contra 302 personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, 10 de los cuales fueron asesinados en 2021. También expresó su alarma por el hecho de que los conflictos por tierras entre empresas extractivas y comunidades sigan provocando desalojos forzosos y ataques contra las personas defensoras del medioambiente y del derecho a la tierra. Bachelet instó al Gobierno hondureño a mejorar las políticas actuales para reforzar la protección de todas las personas que defienden los derechos humanos.

A lo largo de su informe, la alta comisionada también subrayó los altos niveles de violencia y afirmó que su Oficina había registrado 318 muertes violentas de mujeres y 28 muertes violentas de personas LGBTQIA+ en Honduras en 2021. Asimismo, en declaraciones a los medios de comunicación en febrero de 2022, la militante trans Rihanna Ferrera denunció que tan solo en las primeras semanas de 2022 fueron asesinadas cinco personas LGBTQIA+ en el país. También pidió al Gobierno entrante que promueva políticas de inclusión y protocolos de atención diferenciada para las personas vulnerables.

Expresión

Disparan contra la sede de una radio

El 7 de marzo de 2022, un individuo a bordo de una motocicleta efectuó múltiples disparos contra el edificio donde se hallan las oficinas de Radio Globo en Tegucigalpa y destruyó varias ventanas de una comercio adyacente. El ataque no provocó daños en las oficinas del medio de comunicación que se encuentra en la segunda planta del edificio. En declaraciones al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Héctor Amador, director de Radio Globo, relató que se encontraba en el aparcamiento de la emisora cuando oyó los disparos. Al día siguiente, las autoridades hondureñas detuvieron a dos sospechosos. En declaraciones a los medios de comunicación, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) afirmó que ambos individuos pertenecerían a la banda criminal Pandilla 18.

Según el CPJ, Amador cree que el ataque podría haberse producido en represalia por la cobertura del medio de comunicación de los procedimientos de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. El CPJ pidió a las autoridades hondureñas investigar de forma exhaustiva este último ataque y determinar su móvil.

Otros sucesos

Como hecho positivo, cabe señalar que el 2 de marzo de 2022 los legisladores hondureños derogaron una legislación que los críticos denominaron "ley de secretos oficiales" y que se ha usado para declarar confidenciales documentos públicos sobre seguridad y defensa nacional. Esta ley permitía que las instituciones públicas pudieran clasificar dicha información como confidencial, secreta o como alto secreto durante un periodo que va de cinco a veinticinco años. Fue promulgada en 2014, bajo el mandato del expresidente Orlando Hernández, cuyo Gobierno había defendido la legislación afirmando que era necesaria para evitar poner en peligro las operaciones policiales contra los cárteles de la droga y las bandas, ya que posibilita que ciertos documentos y contratos queden al margen del escrutinio público. El 4 de marzo de 2022, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) saludó la derogación de este instrumento legal que, en sus palabras, se empleaba para gobernar sin transparencia e instaurar una "cultura del secreto".

Por otro lado, también el 2 de marzo de 2022, Dagoberto Rodríguez, expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), denunció que la Presidencia exige a los periodistas rellenar un formulario extenso con datos personales, como sus antecedentes penales y judiciales, para poder acreditarlos como corresponsales. Rodríguez aseguró que se trata de "un claro exceso" y recordó que nunca antes la Presidencia había solicitado dichas informaciones.