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Las autoridades cubanas prohíben una marcha pacífica y sus partidarios son víctimas de acoso

Un vehículo de las fuerzas especiales pasa junto a un coche en el centro de La Habana, 13 de julio de 2021. REUTERS/ Alexandre Meneghini.

Reunión pacífica

En septiembre de 2021, el grupo militante Archipiélago anunció que el 20 de noviembre de este mismo año organizaría una marcha cívica y pacífica por el cambio en La Habana. Los convocantes exigen que se respeten de los derechos de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos y la adopción de mecanismos de democráticos para la resolución de conflictos. Grupos de Santa Clara, Holguín y otras ciudades expresaron su apoyo y notificaron a las autoridades locales su intención de convocar marchas similares en sus localidades ese mismo día en el marco del movimiento.

Tras el anuncio de la marcha cívica, el Gobierno cubano programó ejercicios militares en todo el país del 18 al 20 de noviembre. Archipiélago denunció que varios de los signatarios de las solicitudes de autorización para las manifestaciones se enfrentaron a actos de intimidación y acoso. Además, cuando los convocantes decidieron reprogramar la marcha para el 15 de noviembre de 2021, las autoridades cubanas les denegaron el permiso correspondiente alegando que "no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha." También afirmaron que las expresiones de apoyo del extranjero demostraban que la movilización pretendía desestabilizar el país y que, por lo tanto, era ilegal.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó una declaración en la que condenó la prohibición de la manifestación:

"Estamos ante una vulneración flagrante de los derechos humanos. De manera formal, aunque en un clima de amenazas, detenciones arbitrarias y retenciones en casas de los promotores de la iniciativa, el Gobierno cubano una vez más cierra las puertas a la participación ciudadana mediante la criminalización del ejercicio de un derecho."

A pesar de que se les denegó la autorización, los organizadores expresaron su firme intención de llevar a cabo la marcha de forma pacífica en noviembre. El 21 de octubre de 2021, fiscales cubanos citaron a los líderes de la manifestación y les advirtieron que no convocaran las concentraciones.

Informe sobre la represión de las manifestaciones de julio

El 19 de octubre de 2021, Human Rights Watch (HRW) publicó un nuevo informe en el que se detalla la represión de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en todo el país. La organización afirmó que las manifestaciones fueron pacíficas en su gran mayoría y que, a pesar de esto, el Gobierno respondió con detenciones arbitrarias sistemáticas y la apertura de causas penales abusivas contra los manifestantes. En el marco de esta represión brutal se produjeron casos de violencia de género y de malos tratos contra los manifestantes detenidos, y también se vulneraron las debidas garantías procesales. El análisis de HRW mostró la existencia de patrones constantes y repetidos de abusos perpetrados por diversas fuerzas de seguridad en múltiples localidades.

En agosto, las autoridades cubanas dieron a conocer que sesenta y siete personas habían sido juzgadas por las manifestaciones, de las cuales solo había sido absuelta. Según el informe de HRW, en la mayoría de los casos los manifestantes pacíficos fueron condenados a penas de entre diez meses y un año de prisión, si bien unos pocos fueron condenados a penas de arresto domiciliario tras haber apelado o fueron puestos en libertad después de haber pagado una multa. HRW afirmó que cientos de personas permanecen en prisión o bajo arresto domiciliario, incluidos algunos menores.

Asociación

El 23 de agosto de 2021, agentes de la seguridad del Estado amenazaron a la madre de Laritza Diversent, directora de Cubalex, debido a la labor de la organización en defensa de los derechos humanos. A la madre de Diversent se le informó de que podría ser procesada por el trabajo de su hija, que vive en el exilio. Los agentes también habrían amenazado con secuestrar a Diversent en el extranjero y procesarla en Cuba.

A finales de septiembre de 2021, la Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE) denunció que las autoridades cubanas han reprimido y acosado a personas que expresaron su apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio. Asimismo, medios de comunicación patrocinados por el Gobierno difamaron a Yunior García Aguilera, uno de los organizadores de la manifestación. Uno de los organizadores de Holguín fue acusado de desacato y estuvo detenido durante dos días. La policía habría detenido por lo menos a tres activistas que expresaron su apoyo a la marcha; de hecho, los agentes les advirtieron que no se permitiría que se llevara a cabo la marcha, los amenazaron con detenerlos y con vulnerar su integridad física.

El 10 de octubre de 2021, fecha en la que Cuba conmemora el inicio de las guerras de independencia, las autoridades cubanas desplegaron a las fuerzas de seguridad para vigilar y detener a varios defensores de los derechos humanos, periodistas y disidentes. Cubalex registró al menos veintinueve casos de represión, incluida la detención de dos miembros de la organización de derechos humanos Corriente Martiana y de cuatro miembros del Movimiento Opositor por una Nueva República. Varios activistas denunciaron que los vigilan, que vehículos policiales permanecen aparcados frente a sus domicilios y que la policía citó a algunos de ellos.

El 12 de octubre de 2021, fuerzas de seguridad del Estado amenazaron a María Elena Mir Marrero, destacada militante prodemocracia. Efectivos de la Seguridad del Estado se enfrentaron a ella en su casa y la amenazaron con emprender acciones legales si no cesaba su actividad militante. A continuación, la pusieron bajo arresto domiciliario y le dijeron que sería encarcelada si abandonaba su vivienda. La militante ha sido detenida decenas de veces y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le concedió medidas cautelares por el acoso constante al que la han sometido las autoridades cubanas.

Liberan a un defensor de los DD. HH. y lo obligan a exiliarse

El 25 de septiembre de 2021 fue exiliado del país el artista Hamlet Lavastida. Lavastida, quien permanecía detenido desde junio de 2021, y su pareja Katherine Bisquet se marcharon rumbo a Polonia después de que las autoridades decidieran liberarlo con la condición de que tanto él como Bisquet abandonaran el país. Tras su llegada a Europa, Bisquet, que es escritora y poeta, publicó una crónica sobre el acoso que sufrió. Bisquet relató que "la policía política impuso el exilio de ambos como única opción para la liberación de Hamlet. Desde el comienzo de su insólita detención y durante los noventa días que permaneció privado de libertad bajo un proceso de investigación infundado, yo, Katherine Bisquet, escritora y activista, he sido blanco de acoso, coacción, privación ilegal de libertad (prisión domiciliaria durante sesenta y cinco días), tortura psicológica, detenciones ilegales y amenazas de procesamiento por parte de la Seguridad del Estado."

Expresión

En el marco del viaje del presidente Miguel Díaz-Canela a México en septiembre de 2021, la organización de la sociedad civil Article19 publicó una declaración sobre la represión de la libertad de expresión y de prensa en Cuba. La organización afirmó que en el contexto de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 había registrado veinte agresiones perpetradas por las fuerzas de seguridad contra comunicadores. Una de esas agresiones fue contra un medio de comunicación, mientras que el resto fue contra periodistas —doce hombres y siete mujeres—.

Según Article 19, las detenciones de periodistas en el marco de las manifestaciones de julio siguen una pauta: se llevó a los reporteros a centros de detención, se les privó de asistencia jurídica y a sus familiares no se les informó de su paradero, por lo que durante varios días permanecieron en situación de desaparición forzada. En varios casos a los detenidos no se les informó de los cargos que se les imputaban hasta poco antes de que concluyera su juicio; a buena parte de ellos los acusaban de haber cometido "desórdenes públicos" y otros delitos conexos. Por lo menos en dos casos las autoridades se valieron de las normas sanitarias contra el coronavirus para imponer multas por la "propagación de epidemias." Numerosos periodistas señalaron estar sometidos vigilancia y acoso policial.