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Miedo y autocensura tras las manifestaciones multitudinarias contra el Gobierno

Un anónimo muestra una imagen publicada en las redes sociales en la que se ve al rapero Maykel Osorbo con esposas. Abril de 2021, REUTERS/ Alexandre Meneghini.

Reunión pacífica

Tras el estallido de las manifestaciones antigubernamentales en toda Cuba el 11 de julio de 2021, el grupo defensor de derechos Cubalex señaló que más de 500 personas habían sido detenidas o habían desaparecido en el marco de las manifestaciones. En respuesta a una solicitud de la sociedad civil, el 15 de julio de 2021 el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó al Estado cubano una acción urgente para buscar y localizar a 187 personas dadas por desaparecidas, y para proteger sus vidas e integridad.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet pidió la pronta liberación de todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de opinión, expresión y reunión pacífica. "Es especialmente preocupante que entre ellas haya personas presuntamente incomunicadas y personas cuyo paradero se desconoce", lamentó.

El 14 de julio de 2021, representantes de la Fiscalía General y del Ministerio del Interior declararon en la televisión estatal que estaban intentando elucidar las responsabilidades individuales en la organización de las manifestaciones y en los presuntos delitos que habrían cometidos los manifestantes. Representantes del Gobierno también negaron las denuncias de desapariciones, volvieron a estigmatizar a los manifestantes y calificaron las manifestaciones pacíficas de "disturbios".

El 17 de julio de 2021, la organización de la sociedad civil Prisoners Defenders denunció que las autoridades cubanas han violado las garantías procesales durante los juicios de los manifestantes. Según la organización, se están formulando acusaciones y se está llevando a los acusados ante tribunales municipales mediante la aplicación del atestado directo, un procedimiento que equivale a un juicio sumario en el que la policía controla la investigación y las audiencias de principio a fin. Este procedimiento acelerado permite que las autoridades inicien las audiencias sin la presencia de un abogado defensor.

El fotógrafo Anyelo Troya fue detenido por participar en las manifestaciones y fue condenado el 21 de julio de 2021 a un año de prisión por "desórdenes públicos"; al parecer su juicio se habría llevado a cabo mediante este procedimiento. Medios de comunicación cubanos informaron que al menos otros diez jóvenes fueron condenados en el mismo juicio. El actor y poeta Alexander Diego Gil y el artista plástico Carlos González también fueron detenidos y condenados. El 25 de julio de 2021, Troya, González, Diego Gil y una estudiante y manifestante menor de edad fueron puestos bajo arresto domiciliario a la espera del resultado de sus apelaciones. PEN International se congratuló de la noticia, pero exigió la revocación de sus condenas.

Asociación

Tras las manifestaciones generalizadas del 11 de julio de 2021, el Gobierno cubano detuvo a militantes y manifestantes a los que acusó de desorden público, propagación de una epidemia e incitación a delinquir. Luis Manuel Otero Alcántara, miembro del Movimiento San Isidro, fue detenido y acusado de resistencia, tentativa de atentado y desacato.

El 23 de julio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las denuncias de violaciones graves de los derechos humanos en el marco de las manifestaciones en Cuba. Según la información que recibió la organización, tras las jornadas de protesta se produjo un amplio despliegue policial que habría durado varios días; los agentes ocuparon las calles y se personaron en el domicilio de particulares. Además de la detención de los manifestantes, los militantes locales denunciaron la vigilancia y el control de los domicilios, así como la apertura de procesos judiciales sumarios sin que se garantizase debidamente el derecho a la defensa de todas las personas bajo custodia del Estado. La organización afirmó que la sociedad civil cubana se enfrenta a un ambiente marcado por el miedo y la autocensura, y que algunos familiares de las personas desaparecidas temen incluso denunciar su desaparición a las autoridades por miedo a las represalias. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la CIDH hicieron un llamado al Estado cubano para que inicie un diálogo y cese su distanciamiento de los sistemas internacionales de derechos humanos.

Expresión

El artista gráfico y militante Hamlet Lavastida fue detenido tras regresar a Cuba el 21 de junio de 2021, después de terminar una residencia artística en un centro cultural de Alemania. Lavastida estaba cumpliendo la cuarentena obligatoria en un centro de La Habana cuando las fuerzas de seguridad del Estado se presentaron en las instalaciones, lo detuvieron y lo trasladaron a una prisión de alta seguridad. Según PEN Internacional, Lavastida había sido una de las personas más activas en la denuncia de los actos de represión desde el extranjero; de hecho, el artista se unió a la plataforma 27N y organizó manifestaciones solidarias en Alemania. Romana Cacchioli, directora ejecutiva de PEN International, advirtió:

"Recientemente las autoridades cubanas han amenazado, atacado o encarcelado a numerosos escritores, periodistas y artistas. Estas acciones, que intentan acallar las voces disidentes, demuestran que Cuba no respeta sus obligaciones como Estado al limitar la libertad de expresión, la libertad artística y el derecho a participar en la vida cultural".

El 19 de julio de 2021, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó a la CIDH la concesión de medidas cautelares de protección a tres profesionales cubanos de la comunicación que se hallan en peligro. Según advierte la asociación, los tres comunicadores trabajan para la revista La Hora de Cuba. Se trata de la fotoperiodista Iris Mariño, de la diseñadora Neife Rigau y del periodista Henry Constantín Ferreiro, director de la revista y vicepresidente de la comisión sobre la libertad de prensa e información de la SIP para Cuba. Las autoridades detuvieron a los tres el 11 de julio de 2021 y fueron puestos en libertad al cabo de diez días, al parecer tras varios interrogatorios y amenazas de las autoridades. A pesar de esto, los tres comunicadores siguen bajo arresto domiciliario y se les acusa de "desorden público" por su cobertura de las manifestaciones del 11 de julio.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) también condenó la detención y el acoso de periodistas en el marco de las manifestaciones. Los periodistas Niober García y Rolando García fueron detenidos en la provincia de Guantánamo; ambos trabajan para la agencia de noticias independiente Palenque Visión. Orelvis Cabrera de Cubanet fue detenido en la provincia de Matanzas. Como ya informamos, también fue detenida Camila Acosta, reportera de Cubanet y corresponsal del diario español ABC. El CPJ también dijo que las autoridades habían impedido de forma intermitente que decenas de reporteros salieran de sus domicilios, entre ellos, la reportera de 14ymedio Luz Escobar y al menos 26 reporteros pertenecientes a la organización de libertad de prensa ICLEP.

Las organizaciones de vigilancia de Internet también notificaron varios cortes de Internet desde el inicio de las manifestaciones. Los datos del Open Observatory of Network Interference (OONI) mostraron que las autoridades cubanas bloquearon WhatsApp, Telegram y Signal el 11 de julio de 2021. El bloqueo se prolongó durante toda la semana siguiente. Asimismo, los datos de Cloudflare evidenciaron una interrupción del tráfico de Internet, sobre todo desde dispositivos móviles. Kentik registró estas interrupciones el 17 de julio de 2021 y Netblocks el 27 de julio de 2021. Las redes sociales también permanecieron bloqueadas durante las manifestaciones.