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Escalada de ataques contra medios independientes y organizaciones de la sociedad civil

Portadas de periódicos venezolanos el primer día de cuarentena, 18 de enero de 2021. Fotos: Leonardo Fernández Viloria/ Getty Images.

Expresión

En enero de 2021 varias organizaciones internacionales de los derechos humanos y de la prensa alertaron sobre la represión de la prensa en Venezuela. Human Rights Watch, Amnistía Internacional, WOLA y otras organizaciones publicaron un comunicado conjunto en el que afirman que el medio de comunicación Efecto Cocuyo, la cadena de radios comunitarias Fe y Alegría, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, VPI TV y Panorama, entre otros medios, han sido el blanco de campañas de estigmatización y de operativos de fiscalización dirigidos por autoridades que responden ante Nicolás Maduro. Desde el 6 de enero de 2021 medios de comunicación oficialistas y autoridades públicas han acusado a estos y a otros medios independientes de recibir financiación extranjera para llevar a cabo acciones de injerencia en el país.

El 8 de enero de 2021 las autoridades tributarias y de telecomunicaciones procedieron al desmantelamiento de la redacción de VPI TV en Caracas y a la incautación de sus equipos en el marco de una operación conjunta. El canal de noticias anunció que esta intervención le obliga a cesar temporalmente sus operaciones en Venezuela. El mismo día el periódico digital Tal Cual fue víctima de un ciberataque. En paralelo, las autoridades tributarias sancionaron al diario Panorama de Maracaibo con el cierre de su oficina y la suspensión de sus actividades durante cinco días. Su página web ha permanecido inactiva desde el 7 de enero de 2021. Además, la radio comunitaria Fe y Alegría de Monagas fue víctima de una irrupción en sus oficinas y del robo de sus equipos.

El 11 de enero de 2021 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la violación sistemática de la libertad de prensa en Venezuela. Esta declaración se produjo en respuesta a lo que la organización califica de escalada de ataques contra medios independientes. Reporteros Sin Fronteras también denunció la reciente ola de ataques. El director de su oficina en América Latina Emmanuel Colombié comentó con pesar:

"La censura estatal que ejerce el gobierno de Nicolás Maduro contra la prensa crítica y de oposición tiene consecuencias dramáticas para el pueblo venezolano, que ve cada vez más limitado el acceso a información plural y contrastada".

Asociación

El 12 de enero de 2021 las fuerzas de seguridad del Estado allanaron la sede de la organización de la sociedad civil Azul Positivo y detuvieron a seis de sus empleados en Maracaibo, estado de Zulia. La organización trabaja en la prevención del VIH y desde 2014 ha ofrecido atención sanitaria y ayuda humanitaria en Zulia. Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, durante el allanamiento de las oficinas de Azul Positivo los agentes se incautaron de documentos de la ONG y cinco trabajadores permanecieron detenidos durante dos días sin poder comunicarse con sus familiares o abogados. De las personas detenidas solo el conductor ha sido puesto en libertad. El 14 de enero de 2021 se celebró la audiencia judicial de presentación durante la cual se comunicó al personal de Azul Positivo los delitos que se le imputan, a saber: legitimación de capitales, fraude y asociación para delinquir. Los cinco trabajadores humanitarios han sido puestos bajo detención preventiva.

Unos días después, el 22 de enero de 2021, organizaciones locales informaron que los trabajadores de Azul Positivo presentaban síntomas de COVID-19. Un tribunal estatal desestimó la solicitud de sus abogados para el traslado de los defensores detenidos a un centro de salud y para la revisión de las medidas preventivas habida cuenta de la situación sanitaria. ONUSIDA y un portavoz del secretario general de la ONU António Guterres hizo un llamado para la liberación inmediata de los trabajadores humanitarios. Según este portavoz, las Naciones Unidas han hecho un seguimiento del caso junto con el gobierno venezolano.

Por otro lado, la detención de otra defensora de los derechos humanos también movilizó a las organizaciones venezolanas en enero de 2021. Vanessa Rosales, profesora y activista en Mérida, fue detenida en octubre de 2020 por ayudar a una niña de 13 años a interrumpir su embarazo. Según los medios de comunicación, la niña se quedó embarazada después de ser víctima de reiteradas violaciones. A continuación Rosales, quien realizaba labores sociales en la región, le facilitó un medicamento abortivo a petición de la familia de la menor. Rosales ha sido imputada y puesta bajo arresto domiciliario a la espera de su juicio. Más de 200 grupos que defienden los derechos humanos y abogan por los derechos de las mujeres firmaron una declaración en la que afirman que la causa abierta contra la defensora ha estado plagada de irregularidades. Los firmantes exigieron un juicio justo para Vanessa, así como la revisión de la legislación del país, la cual prohíbe el aborto salvo en el caso de que exista un riesgo para la vida de la madre. Este caso generó polémica y reavivó el debate sobre la restrictiva legislación venezolana.

Por otro lado, el 13 de enero de 2021 el legislador del PSUV Diosdado Cabello denigró a un coordinador de la organización de derechos humanos PROVEA en su programa de televisión. Cabello, uno de los políticos más poderosos del país, se sirve con frecuencia de su programa de televisión para atacar a los disidentes y para criminalizar y estigmatizar a activistas y personasdefensores de los derechos humanos. En esta ocasión criticó un tuit del coordinador de PROVEA Rafael Uzcátegui y afirmó que debería ser investigado y llevado ante los tribunales por sus comentarios.

Seguimiento y restricciones burocráticas

La sociedad civil venezolana advirtió que las nuevas normas aprobadas a fines de 2020 amplían el control gubernamental sobre el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro en el país. Según Acceso a la Justicia, una nueva norma obliga a los organismos internacionales que operan en el país a inscribirse en el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas (REGONG) para poder seguir trabajando. Según su análisis, esta norma limita la actividad de estas organizaciones a la ayuda y la cooperación internacional en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas e impone nuevos obstáculos burocráticos a su trabajo.

Según consta en la Gaceta Oficial de Venezuela, el propósito de esta norma es "vigilar y prevenir el fomento y desarrollo de cualquier actividad que resulte en delincuencia organizada, el terrorismo y su financiamiento, tráfico ilícito de drogas y otras actividades ilícitas" ( Gaceta Oficial N.º 41 994 del 27 de octubre de 2020). Además, la autoridad venezolana del sector bancario Sudeban transmitió instrucciones para que los bancos y otras instituciones financieras refuercen el seguimiento de las transacciones de organizaciones sin fines de lucro. Según una nota de la Sudeban, el propósito de dichas instrucciones es identificar a las personas que reciben o envían fondos a estas organizaciones y detectar actividades sospechosas relacionadas con la legitimación de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, las autoridades venezolanas han utilizado a menudo este discurso para promover la hostilidad contra las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos, y justificar su persecución.

Reunión pacífica

El 25 de enero de 2021 la organización de la sociedad civil el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) publicó su informe anual. Su análisis muestra que las manifestaciones no se cesaron a pesar de la pandemia de COVID-19 y de la represión, aunque el número total de manifestaciones documentadas en 2020 fue un 42 % inferior al registrado en 2019. El OVCS documentó 9 633 manifestaciones durante 2020, de las cuales 412 fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado y por grupos paramilitares. Al menos 415 personas fueron detenidas y 150 resultaron heridas. El 85 % de las manifestaciones se organizaron para exigir derechos sociales, económicos y culturales básicos. Aquí se incluyen las manifestaciones relacionadas con los servicios públicos, la alimentación, la educación y la sanidad, entre otras preocupaciones.