Venezuela: estigmatización y censura de los medios de comunicación a principios de 2022

Expresión

El 7 de enero de 2022, el directivo de un medio de comunicación progubernamental publicó en redes sociales varios mensajes intimidatorios contra once periodistas y comunicadores a los que acusó de ser "ladrones". En dichas publicaciones también pidió que los buscaran y trataran como criminales. Posteriormente, tanto Diosdado Cabello, vicepresidente del partido gobernante (PSUV), como los partidarios del Gobierno difundieron dichas publicaciones.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó los hechos y publicó un comunicado en el que expresó su preocupación por las declaraciones estigmatizadoras, el cierre de medios de comunicación y los procesos judiciales contra periodistas en el país.

Según el grupo de la sociedad civil Espacio Público, en enero de 2022 se registraron 24 casos en los que se produjeron 57 violaciones de la libertad de expresión en Venezuela. Los tipos de violaciones más frecuentes fueron el hostigamiento, la intimidación y la censura. Esto supone un aumento del 90% respecto al mismo mes de 2021.

Entre los casos de intimidación y censura que documentó la organización, varios se produjeron en el estado de Barinas, donde se repitieron las elecciones para elegir al gobernador el 9 de enero de 2022. Funcionarios de la CONATEL, el regulador de telecomunicaciones, y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) censuraron un programa de radio en el que hacía campaña el candidato opositor Sergio Garrido y amenazaron con cerrar dos emisoras de radio si emitían contenidos sobre su candidatura. Los periodistas que cubrieron las elecciones también denunciaron que se les impidió llevar a cabo su labor y que fueron blanco de actos intimidatorios.

Además, varios periodistas fueron agredidos y amenazados mientras cubrían la recogida de firmas de apoyo para la celebración de un referéndum con el fin de revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Juan Carlos Neira de Noticiero Digital aseguró que miembros de un grupo progubernamental lo golpearon y le robaron su equipo.

En febrero de 2022, Espacio Público publicó un informe en el que reveló que 2021 fue el año con el menor número de ataques a la libertad de expresión desde 2015. La organización documentó 246 violaciones, entre ellas, 161 casos de intimidación y 144 de censura. Los periodistas fueron las víctimas más frecuentes, aunque también hubo casos de particulares que sufrieron represalias por difundir información a través de mensajes de texto o en redes sociales.

Asociación

La organización de derechos humanos Foro Penal publicó su informe anual sobre la represión política en Venezuela durante el 2021. Ese año, el grupo registró un total de 44 detenciones por motivos políticos y a finales de diciembre de 2021 había 244 detenidos a los que consideraba presos políticos. La mayoría de las detenciones políticas las llevaron a cabo las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). La organización también documentó la muerte de tres presos políticos que se hallaban bajo custodia del Estado.

En febrero de 2022, Amnistía Internacional publicó una investigación sobre la represión en Venezuela en la que demostró que existe una correlación entre la estigmatización y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en el país. Dicho informe es fruto de la colaboración entre Amnistía Internacional, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) y Foro Penal. Gracias al análisis de casos que van de 2019 a 2021, los grupos descubrieron que el discurso estigmatizador y discriminatorio que promueven las autoridades del Gobierno de Maduro es una forma de persecución y está estrechamente relacionada con las detenciones arbitrarias por motivos políticos.

Sus datos demostraron que cuando aumenta los actos de estigmatización, también lo hacen las detenciones arbitrarias, y lo mismo puede predecirse cuando disminuyen. Según su análisis, más que hechos aislados, los actos de estigmatización son una parte fundamental de la política de represión y acentúan el factor discriminatorio y persecutorio de las detenciones arbitrarias. Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, comentó las conclusiones del informe:

"Esta correlación es un nuevo indicador de una política sistemática de represión y podría evidenciar la existencia del crimen de lesa humanidad de persecución, el cual debe ser investigado por la justicia internacional".

Reunión pacífica

El grupo de la sociedad civil Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) publicó su informe anual, según el cual hubo 6 560 protestas en Venezuela en 2021. Esta cifra supuse un descenso en comparación con 2020, cuando la organización documentó más de 9 000 protestas. El 74% de las manifestaciones de 2021 fueron para reivindicar derechos sociales, económicos y culturales; a menudo para reclamar el acceso a bienes y servicios básicos, especialmente agua potable y mejores salarios y condiciones laborales. El OVCS también registró 107 casos de represión de protestas, los cuales se saldaron con 10 heridos, 32 detenidos y 1 fallecido.