Venezuela: Continúan las restricciones al espacio cívico con serias limitaciones a las OSC

CONTEXTO

En noviembre de 2023, el Comité de Derechos Humanos publicó sus observaciones finales sobre el quinto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela (CCPR/C/VEN/CO/5). En su documento, el Comité expresó su preocupación por las fuertes restricciones a la libertad de expresión que se han materializado en los casos de acoso, intimidación, difamación, vigilancia, persecución, detención arbitraria y encarcelamiento de profesionales del periodismo y de activistas. Asimismo, el organismo constató que el Gobierno venezolano se ha servido de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para restringir la libertad de expresión.

Con respecto a la libertad de reunión pacífica, el Comité señaló que “las protestas sociales estén, más allá de las fuerzas del orden, también reprimidas por grupos privados ‘colectivos’, presuntamente financiados o tolerados por las autoridades estatales”. También indicó haber recibido informes sobre el uso de leyes y reglamentos con el fin de limitar la labor de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y de partidos políticos mediante la inscripción obligatoria en varios registros, entre ellos el Registro Unificado de Sujetos Obligados.

El 8 de noviembre, durante el periodo de sesiones 188 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las OSC venezolanas presentaron informes sobre las restricciones al espacio cívico. Hicieron hincapié en la falta de independencia del sistema judicial y en el uso indebido del derecho penal con el objetivo de procesar a quienes se manifiestan o defienden los derechos humanos. Ante esta situación, la CIDH expresó su profunda preocupación por la erosión de la separación de poderes y del Estado de derecho en Venezuela. La CIDH también destacó la valentía de quienes denuncian las violaciones de los derechos humanos y la importancia de hacerlo en un contexto marcado por la persecución.

Finalmente, en diciembre de 2023, a raíz de ataques constantes contra las libertades cívicas, el CIVICUS Monitor rebajó la calificación del espacio cívico de Venezuela, que pasó de ser considerado como represivo a ser calificado como cerrado —la peor calificación—. En los últimos meses, se han denunciado agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos y profesionales del periodismo. Asimismo, la sociedad civil ha reiterado en múltiples ocasiones su preocupación por las medidas jurídicas que buscan limitar el trabajo de las OSC.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

DETENCIÓN ARBITRARIA DE UN LÍDER SINDICAL

El 17 de enero de 2024, agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Policía del estado de Barina (PEB) detuvieron de forma arbitraria a Víctor Venegas, sindicalista y presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación en Venezuela (Fenatev), y a su hermano. La detención se produjo en Barinas, en el sudoeste de Venezuela, mientras se celebraba una asamblea de docentes.

El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical informó que la policía irrumpió en la sede de la Fenatev, provocó daños materiales e incautó de varias computadoras. También documentó agresiones a enseñantes y menores de edad que se encontraban en el lugar.

En su cuenta de X, el fiscal general Tarek William Saab acusó a Venegas de estar involucrado en actividades que atentan contra la paz de la República y de formar parte de un grupo que busca instigar a actos violentos en Barinas. Saab aseguró que Venegas fue detenido en relación con una conspiración reciente, pero no reveló detalles sobre el lugar del arresto ni especificó los cargos que se le imputaban.

El portal de noticias venezolano Efecto Cocuyo señalo que desde el 17 de enero de 2024 las autoridades no han facilitado información sobre el centro de detención en el que se encuentra Venegas y su hermano: “Se desconoce si han sido presentados ante los tribunales penales del país y tampoco se sabe con exactitud cuál es el centro de reclusión donde los tienen”.

UNA PROPUESTA LEGISLATIVA AMENAZA CON SUSPENDER Y DISOLVER ARBITRARIAMENTE OSC

La posibilidad de que un proyecto de ley pueda usarse para controlar, restringir, criminalizar y, potencialmente, clausurar OSC que trabajan en el país ha suscitado vivas preocupaciones. Como ya informamos desde el CIVICUS Monitor, en enero de 2023 la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura el proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines (ley ONG o Antisociedad). Un año después, el 12 de enero de 2024, se reanudó el debate de la propuesta legislativa con la apertura de un proceso de consulta pública.

Desde que el proyecto fue presentado ante la Asamblea Nacional, el debate en torno a este ha tenido un carácter estigmatizante. Las OSC que llevan a cabo labores sociales, humanitarias y de defensa de los derechos humanos han sido calificadas de “enemigas de la patria” y han sido acusadas de emplear “fondos ilícitos” para “financiar el terrorismo”. La propuesta legislativa otorga al Poder Ejecutivo facultades para supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a organizaciones y a otros sujetos obligados mediante dispositivos legislativos y de fiscalización. Dichas facultades someten a las OSC a la discrecionalidad de los intereses del gobierno de turno y vulneran su autonomía e independencia.

El 26 de enero, la CIDH instó a las autoridades venezolanas a abstenerse de aprobar leyes o reglamentos que limiten de forma arbitraria el derecho a la libertad de asociación, de expresión y de participación en asuntos de interés público. También destacó la importancia de la labor de las personas defensoras de los derechos humanos en la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera.

Asimismo, el 22 de enero, el Relator Especial sobre libertad de asociación de la ONU Clement Voule pidió a las autoridades venezolanas que tuviesen en cuenta las observaciones de las OSC y que revisasen el proyecto de ley para que se ajuste a las normas internacionales en materia de derechos humanos.

LIBERACIÓN DE SEIS SINDICALISTAS TRAS UN ACUERDO CON EE. UU.

Los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alfonzo Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueron puestos en libertad el 20 de diciembre de 2023. Los seis permanecían en prisión desde junio de 2022 por su participación en varias manifestaciones. Como ya informamos desde el CIVICUS Monitor, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Caracas los condenó en agosto de 2023 a dieciséis años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

Su liberación se produjo a raíz de un acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos para la excarcelación de diez presos estadounidenses y veinte venezolanos. El intercambio se produjo después de que EE. UU. indultara al empresario colombiano Alex Saab, aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien finalmente volvió a Venezuela. En el marco del acuerdo, Maduro se comprometió a liberar a veinte reclusos vinculados a la oposición, incluidos los sindicalistas.

Reunión pacífica

MANIFESTACIÓN POR UN ALTO AL FUEGO EN GAZA

Decenas de personas se manifestaron pacíficamente el 21 de octubre frente a las oficinas del PNUD en Caracas para reclamar un alto al fuego en Gaza en el marco del conflicto que estalló entre Israel y Palestina en octubre de 2023.

Las personas que se manifestaban portaban pancartas y banderas palestinas. “Estamos planteando algunas exigencias a una instancia que se ha convertido en una entelequia, en una especie de adorno para la humanidad. Queremos que las Naciones Unidas sirvan o simplemente sean sustituidas por otra organización democrática, donde los pueblos del mundo tengan voz y voto de igual manera”, explicó Hindu Anderi, representante de la Plataforma de Solidaridad con Palestina.

MANIFESTACIÓN A FAVOR DE LA LIBERACIÓN DE PRESAS Y PRESOS POR MOTIVOS POLÍTICOS

El 1 de noviembre, decenas de personas protestaron de forma pacífica en Caracas para exigir la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos y el fin de la tortura y los tratos crueles. “Más que nunca, vamos a elevar la exigencia por la libertad de los presos políticos, pero además […] por el cierre de todos los centros de tortura, que se ha evidenciado que son una realidad y, además, una política de Estado en Venezuela”, afirmó la activista Sairam Rivas.

Según Human Rights Watch, más de 15 800 personas han sido detenidas por motivos políticos desde 2014. Recientemente, Foro Penal, una red venezolana de profesionales de la abogacía que presta sus servicios pro bono, señaló que en octubre de 2023 había 271 personas privadas de libertad por razones políticas. De entre ellas, 255 eran hombres y 16 mujeres.

CAMINATA DE LAS MARIPOSAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El 25 de noviembre, cientos de personas se concentraron en Caracas para denunciar la violencia de género y llamar a aunar esfuerzos para erradicarla. Mujeres de todas las edades vestidas con alas de mariposa de diferentes colores, materiales y tamaños desfilaron por las calles de la capital. En las alas se podían leer varias consignas, entre ellas “Somos el grito de las que ya no tienen voz. #Ni una menos”, “Libertad para las presas políticas” o “Tu miedo a mi libertad es machismo”.

“Vengo a hablar en nombre de los miles de mujeres que hemos sido víctimas y sobrevivientes de secuestros, de malos tratos, de agresiones y de violaciones de distintos tipos, me refiero a la violencia de género, y también de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. No es posible cuantificar la cantidad real de mujeres que permanecen en el anonimato porque no han podido alzar su voz para ser escuchadas y atendidas en su clamor de justicia”, afirmó Linda Loaiza, abogada de los derechos humanos y activista defensora de los derechos de la mujer.

Su caso fue el primer proceso por violencia de género en Venezuela del que se ocupó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hasta septiembre de 2023, el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) había documentado 201 casos de femicidio y 107 de intentos de femicidio, lo que equivale a un acto violento de esta índole cada veintiuna horas. El mismo día, el fiscal general Tarek William Saab informó que los casos de violencia contra la mujer en Venezuela se redujeron en un 65% entre 2017 y 2022. También señaló que en 2022 se denunciaron 12 509 casos de violencia física contra mujeres, lo que supone un notable descenso con respecto a los 36 139 casos denunciados en 2017.

EL SECTOR PÚBLICO Y EL EDUCATIVO SE MOVILIZAN POR MEJORAS SALARIALES

Continúan las protestas por la erosión de los salarios y la degradación de las condiciones laborales. Como ya informamos, en enero de 2023 se produjo una oleada de protestas por los derechos laborales en todo el país. Las movilizaciones estuvieron encabezadas por sindicatos y personal del sector público que exigían salarios dignos.

Un año después, en enero de 2024, los sindicatos del sector sanitario, del transporte y de la educación convocaron nuevas movilizaciones los días 10, 15 y 23 de enero. En esas fechas, cientos de personas trabajadoras del sector público de toda Venezuela se manifestaron para exigir mejores salarios y pensiones, en un momento en que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro se enfrenta a un aumento de la inflación.

“Trabajadores resteados del sector público de más de ochenta municipios del país, de veintitrés Estados y de Caracas, salen a protestar a nivel nacional contra la burla del aumento salarial de Bs.13 [menos de $1] que presupuestó el Gobierno y la Asamblea Nacional, contra la paralización de los ajustes salariales y contra la persecución a dirigentes sindicales”, reivindicó la Coalición Sindical Nacional.

Según informaciones publicadas por Reuters, el salario mínimo, que entonces ascendía a Bs.130 al mes (alrededor de $6), se ajustó en marzo de 2022, cuando la inflación interanual alcanzó el 305%.

El 15 de enero, coincidiendo con el Día Nacional del Maestro, cientos de docentes se manifestaron para exigir aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. En todo el país se registraron 44 protestas. La Federación Venezolana de Maestros, uno de los sindicatos de docentes más antiguos, fue la encargada de organizar las manifestaciones a las que también se sumó el profesorado universitario, ONG, personas defensoras de los derechos humanos y OSC.

Por cuarto año consecutivo, el sector educativo aseguró que “no hay nada que celebrar”, al tiempo que sus miembros salieron a las calles a protestar por los bajos salarios del rubro, que oscilan entre $3,60 y $10,51 mensuales. El profesorado del sistema educativo público venezolano tiene los salarios más bajos de América Latina.

La Federación Venezolana de Maestros precisó que durante el año escolar 2022-2023 se registraron 3185 protestas de docentes por “salarios dignos”.

Libertad de expresión

INTIMIDAN A PERIODISTAS QUE INTENTABAN INFORMAR SOBRE EL REFERÉNDUM CONSULTIVO DE ESEQUIBO

En diciembre de 2023, la organización de la sociedad civil Espacio Público documentó 17 casos y 42 tipos de violaciones a la libertad de expresión. Algunas de estas violaciones fueron documentadas durante el referéndum consultivo de Esequibo en diciembre de 2023, la mayoría por restricciones a la información pública.

El 3 de diciembre, miembros de la Milicia Nacional Bolivariana, un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) formado por reservistas voluntarios civiles que complementan la labor de los cuerpos regulares, impidieron que un periodista del diario El Tiempo accediera a un centro de votación en Carúpano, en el norte del país. El mismo día, varios militares cortaron el paso a siete medios de comunicación y periodistas que buscaban acceder al centro electoral ubicado en la Escuela Básica Bolivariana Ligia Cadenas Alvarado, en el municipio de Tinaquillo, estado de Cojedes. Según informaciones publicadas en la prensa, oficiales militares ordenaron a los agentes proceder de esa manera en ambos casos.

En el centro de votación Las Delicias, en Maracay, estado Aragua (norte), un militar ordenó al periodista de El Periodiquito David Marcano borrar las fotos que había tomado durante la cobertura del referendo consultivo.

En el estado de Trujillo, en oeste del país, varios militares impidieron que el periodista Eduardo Viloria tomase fotografías o recabase información en un colegio electoral. Posteriormente, lo despojaron de su credencial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y lo condujeron a un puesto de policía. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) explicó que una vez allí le devolvieron la credencial, le pidieron disculpas y reconocieron que contaba con la autorización de la CNE para informar sobre la consulta.

PROHÍBEN A PERIODISTAS INFORMAR SOBRE UN VERTIDO DE PETRÓLEO EN LA REFINERÍA EL PALITO

El 27 de diciembre, agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) prohibieron a las periodistas Ruth Lara Castillo y María Torres y al reportero Juan Carlos Hernández informar sobre el vertido de petróleo ocurrido en la refinería El Palito, en el Estado de Carabobo.

Tras el vertido el 26 de diciembre, los medios independientes y las redes sociales se hicieron eco del suceso. Los tres miembros de la prensa recogieron testimonios, captaron material gráfico y recopilaron información sobre el impacto del derrame. Tanto funcionarios de la DGCIM como de PDVSA les denegaron la autorización para documentar el incidente. Frente a la negativa, intentaron grabar imágenes de la zona costera afectada desde lejos. También pidieron información oficial a funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo y de Inparques de Carabobo, pero no la obtuvieron.

Posteriormente, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) habrían obligado a las periodistas Lara y Torres a borrar todo el material que habían grabado con sus celulares.