ACNUDH: Persiste la represión de la disidencia en Nicaragua

A pesar de las negociaciones entre el gobierno de Nicaragua y la coalición de oposición Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y de la liberación de 56 presos políticos a principios de 2019, persiste la represión de la disidencia en Nicaragua. Esta es la conclusión del último informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación del país, publicado el 4 de septiembre de 2019. Según los datos del ACNUDH, más de trescientas personas perdieron la vida en el contexto de las manifestaciones de 2018 y de su represión –desde abril de 2018 hasta finales de julio de 2019–. Otras 2 000 resultaron heridas y más de 80 000 se vieron obligadas a huir de Nicaragua. El ACNUDH encontró pruebas de violaciones de los derechos humanos, incluido el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que resultó en algunas ejecuciones extrajudiciales, y casos generalizados de malos tratos, tortura y agresiones sexuales en los centros de detención.

A pesar de las pruebas de estas violaciones, el ACNUDH destaca que "las autoridades estatales han negado hasta el momento cualquier responsabilidad y, más bien, han culpado a los líderes sociales y de la oposición, a los defensores de los derechos humanos y a los manifestantes de lo que ellos llaman la 'violencia golpista' y de la repercusión negativa en la economía del país".

Según el informe:

"La fase más reciente de la represión contra los sectores críticos con el Gobierno se ha caracterizado por la violación de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Además, los funcionarios del Gobierno han recurrido a la retórica para desacreditar y atacar a los defensores de derechos humanos, los periodistas y las personas críticas con el Gobierno. Esta situación ha conducido a una reducción continua y notable del espacio cívico."

El 10 de septiembre de 2019, Amnistía Internacional publicó una declaración instando al Consejo de Derechos Humanos a responder, dada la gravedad del informe de la Alta Comisionada, y a tomar medidas en su próxima sesión si el gobierno de Nicaragua no inicia la implementación de las recomendaciones de la ACNUDH.

La siguiente actualización detalla los acontecimientos ocurridos en Nicaragua desde el 16 de julio hasta el 16 de septiembre de 2019.

Asociación

El 16 de julio de 2019, la organización de abogados defensores de los derechos humanos Defensores del Pueblo denunció que sus oficinas en Managua habían sido rodeadas por patrullas de la policía y que tres personas que intentaban acceder a sus oficinas habían sido desalojadas de las inmediaciones por los agentes. Según Julio Montenegro, líder de la organización, este episodio de acoso se produjo en represalia por los recientes casos en los que los abogados defendieron a presos políticos nicaragüenses.

En agosto de 2019, dos jóvenes fueron detenidos de forma arbitraria. El 1 de agosto de 2019, los medios de comunicación informaron de la desaparición y detención de Kevin Monzón Mora de 18 años, quien había participado en manifestaciones antigubernamentales. Según su padre, la única información que le dio la policía fue que Mora estaba en "proceso de investigación". El 8 de agosto de 2019, el abogado defensor de los derechos humanos, Julio Montenegro, publicó un video de Mora en el que afirmaba que había sido puesto en libertad tras pasar siete días detenido. Durante ese tiempo la policía lo interrogó sobre su ideología, profesión y convicciones religiosas. El 2 de agosto de 2019, Brayan José Putoy, de 15 años, habría sido detenido en Monimbó, departamento de Masaya. La información que se le proporcionó a su familia en un principio fue que Putoy había sido detenido bajo sospecha de haber lanzado bombas de contacto durante las manifestaciones. Sin embargo, el 6 de agosto de 2019 el adolescente fue puesto en libertad después de que un juez determinara que su detención había sido ilegal porque no se habían formulado acusaciones contra él. Según su madre, Putoy recibió numerosos golpes durante su interrogatorio en la cárcel y la policía se negó a proporcionarle información e impidió que el adolescente se comunicar con ella mientras estuvo detenido.

El 1 de septiembre de 2019, el activista Ulises Josué Rivas fue detenido en Comalapa, departamento de Chontales. Anteriormente, Rivas había huido de Nicaragua tras ser perseguido por su participación en las manifestaciones de abril de 2018, pero regresó al país en marzo de 2019 porque su padre estaba gravemente enfermo. Ha sido acusado de robo agravado y de herir a dos turistas de Estados Unidos. La familia de Rivas ha acusado a las autoridades de inventarse estas acusaciones y de incriminar falsamente al activista. Según su familia y abogado, a Rivas le cubrieron la cabeza y lo golpearon con fuerza tras su audiencia preliminar. Julio Montenegro, abogado defensor de Rivas, publicó en Twitter que la audiencia judicial prevista para el 13 de septiembre de 2019 fue cancelada por un juez que afirmó que la policía no condujo al activista a los juzgados. Sin embargo, videos publicados en las redes sociales muestran supuestamente a Rivas llegando al juzgado en un vehículo policial. El 19 de septiembre de 2019, Montenegro denunció irregularidades en el proceso judicial de Rivas, incluida la restricción de las reuniones entre Rivas y su abogado.

En otro caso, el 10 de septiembre de 2019, la coordinadora de la Asociación Nicaragüense de Transgeneras (ANIT), Ludwika Vega, fue agredida en las oficinas de la ANIT en Managua. Según el informe de la OSC Race & Equality, dos hombres entraron en la oficina y golpearon a Vega con una piedra, arrancándole varios dientes y haciéndola sangrar. La atacaron con un objeto cortopunzante ocasionándole lesiones en el pecho, la espalda y los costados. Los asaltantes también se llevaron la computadora personal y la cartera de la activista. En una entrevista, Vega declaró que no estaba segura de si había una motivación política detrás de la agresión e instó a la policía a realizar investigaciones exhaustivas.

Por otro lado, el 18 de septiembre de 2019, Félix Maradiaga, del movimiento de oposición Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), denunció que había sido acosado por paramilitares armados a bordo de motocicletas, quienes siguieron y rodearon el vehículo en el que viajaba el activista. Maradiaga había permanecido en el exilio desde julio de 2018 y había regresado al país solo dos días antes de que se produjera este episodio. Un portavoz de la policía nicaragüense negó la presencia de paramilitares, pero reconoció que la implicación de civiles armados. El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió el video de Maradiaga e instó al gobierno a proteger a los exiliados políticos que volvían al país. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también publicó un mensaje en Twitter exigiendo el pleno respeto de los derechos civiles y políticos del activista.

Reunión pacífica

El 3 de septiembre de 2019, la policía denegó la autorización para la realización de una marcha pacífica programada por Unidad Médica Nicaragüense (UMN) para el 10 de septiembre de 2019 en Managua. La marcha había sido convocada bajo el lema "Unidos por la justicia y la paz en Nicaragua". Mediante una retransmisión de video en directo en Facebook, líderes de la UMN denunciaron que la policía nicaragüense les negó el derecho a reunirse pacíficamente sin razón alguna que justificara su decisión, violando así los derechos consagrados en la Constitución del país. En agosto de 2019, la UMN denunció que varios médicos habían sido despedidos de sus puestos en hospitales públicos en represalia por asistir a manifestantes heridos en las manifestaciones que se sucedieron a lo largo del 2018 y del 2019.

El 9 de septiembre de 2019, la policía antidisturbios rodeó el campus de la Universidad Centroamericana en Managua debido a una manifestación programada por el Movimiento Defensa Estudantil (MDE). Según noticias publicadas en la prensa, la policía utilizó perros y patrullas para intimidar a manifestantes y transeúntes. Pese a la fuerte vigilancia policial, un pequeño grupo de estudiantes lograron reunirse dentro de la universidad para manifestarse y reivindicar la autonomía de la institución. El mismo día, se informó de que la policía también había rodeado la Catedral Metropolitana de Managua en respuesta a una pequeña manifestación en la zona.

Expresión

En agosto de 2019, periodistas nicaragüenses exiliados denunciaron el creciente acoso y amenazas contra sus vidas y las de sus familias. Un representante de Committee to Protect Journalists declaró que no habían recibido respuesta desde que alertaron al gobierno de esta situación.

El 2 de septiembre de 2019, la asociación internacional de escritores PEN International afirmó que la represión de la libertad de expresión en Nicaragua se está agravando, tal y como demuestran las decisiones de los diarios La Prensa y El Nuevo Diario de reducir el número de ejemplares de su edición impresa debido a la negativa de las autoridades a desaduanar el papel y la tinta importada por los los medios de comunicación. Se estima que esta crisis ha conducido al exilio a cien periodistas nicaragüenses desde el inicio de la crisis política en 2018, según lo expuesto por el ACNUDH. El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, también denunció la constante represión de los medios de comunicación nicaragüenses, afirmando que pocas veces la prensa había vivido una situación tan grave en América Latina. 

El 7 de septiembre de 2019, la fachada del domicilio del periodista y propietario de Radio Darío, Anibal Toruño, amaneció cubierta de pintas amenazantes. Los mensajes fueron pintados durante la noche por ocho personas no identificadas. En ellos se afirmaba que Toruño estaba siendo vigilado. El periodista había regresado a Nicaragua pocos días antes, el 30 de agosto de 2019. El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, condenó el ataque e instó al gobierno a adoptar medidas para proteger al periodista.

El 16 de septiembre de 2019, el medio independiente Nicaragua Investiga publicó un reportaje centrado en las mujeres periodistas del país detallando los riesgos adicionales que corren estas profesionales debido a su género. Según las periodistas entrevistadas, las fuerzas policiales nicaragüenses suelen emplear amenazas de agresiones sexuales para intimidar a las mujeres que informan de la situación del país.