A principios de septiembre de 2021, militantes del partido del Gobierno amenazaron desde un programa de radio con perseguir por la vía judicial a Franco Albarracín, defensor de los derechos humanos. Simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) han acusado a Albarracín de haber participado en la crisis política que condujo a la renuncia del expresidente Evo Morales tras las elecciones polémicas de 2019.
Amparo Carvajal, miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos La Paz (APDHLP), también fue objeto de las amenazas en redes sociales de dos hombres que afirmaron pertenecer a un grupo que exige justicia por las masacres perpetradas por las fuerzas del orden en Senkata y Sacaba en 2019. En un vídeo difundido en septiembre de 2021, dichos individuos afirmaban que había que quemar la vivienda de Carvajal. Carvajal ha abogado por la liberación de personas que ella considera presos políticos, como la expresidenta interina Jeanine Añez, entre otros. El 6 de octubre de 2021, las oficinas de la APDHLP en La Paz amanecieron cubiertas de grafitis.
El 12 de octubre de 2021, la Defensoría del Pueblo de Bolivia expresó su preocupación por las declaraciones de figuras públicas que cuestionan la legitimidad de la wiphala, emblema de numerosos pueblos indígenas andinos. El 24 de septiembre de 2021, durante un acto público en Santa Cruz, miembros de la oposición política retiraron una bandera wiphala momentos después de haberla izado. Líderes de la oposición descalificaron después a los manifestantes que llevaban la wiphala y afirmaron que el MAS, el partido gobernante, ha usado ese símbolo para dividir a la sociedad. La Defensoría del Pueblo defendió que la wiphala es un símbolo de la resistencia indígena reconocido por la Constitución y que las declaraciones que buscan desacreditarla constituyen un acto de discriminación.
Durante su 70.º periodo de sesiones, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CESCR, por sus siglas en inglés) examinó el informe sobre Bolivia y la aplicación del pacto internacional sobre estos derechos. En sus observaciones finales, expertos independientes expresaron su preocupación por la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos y recomendaron al Estado boliviano adoptar una política integral para garantizar su protección que incluya medidas para prevenir ataques, en particular contra personas defensoras indígenas. También pidieron que Estado boliviano luche contra la impunidad de dichos ataques.
Reunión pacífica
#LaPazBo | La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) a la cabeza de Octavio Ramos, se movilizan en una marcha por el centro paceño en contra de leyes que perjudican al sector cooperativo.
📷Josué Cortéz - APG pic.twitter.com/ImKITsoFly— El Día (@Diario_ElDia) August 25, 2021
El 25 de agosto de 2021, miles de mineros del oro marcharon hacia La Paz para protestar contra el Gobierno, ya que, según ellos, no ha aplicado medidas económicas para contribuir a la recuperación del sector tras la pandemia de COVID-19. Durante la manifestación convocada por las cooperativas mineras, los trabajadores bloquearon las calles de la capital durante dos días con el fin de obtener una reunión con representantes del Gobierno.
El 30 de septiembre de 2021, cientos de indígenas llegaron a Santa Cruz después de una marcha de quinientos cincuenta kilómetros que había comenzado casi cuarenta días antes en Trinidad, departamento de Beni. Los manifestantes indígenas portaban la bandera de la flor de patujú y otros símbolos, y pedían la protección de sus territorios ancestrales. Presentaron una lista con quince reivindicaciones que incluía la creación de un fondo indígena, la derogación de leyes y reglamentos que afectan a sus territorios y el desarrollo de políticas sanitarias y educativas para las poblaciones indígenas. También destacaron el aumento de los conflictos territoriales y la violencia que sufren los pueblos indígenas a manos de los colonos.
El 11 de octubre de 2021, grupos de la oposición organizaron manifestaciones contra el Gobierno en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y otras ciudades. Estos grupos condenaron las decisiones del Gobierno de Luis Arce y rechazaron el proyecto de ley 218 contra los delitos financieros que han propuesto legisladores oficialistas. Afirmaron que esa legislación, que aborda cuestiones como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, otorgaría al Estado poderes especiales que podrían usarse para la persecución política. Las asociaciones de prensa también expresaron su preocupación por el proyecto de ley (véase Libertad de Expresión). En La Paz y Cochabamba, la policía empleó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que habían bloqueado las calles. Por lo menos dos manifestantes fueron detenidos en Cochabamba.
El 29 de octubre de 2021, grupos feministas se manifestaron frente a las oficinas de la Conferencia Episcopal en La Paz para exigir que se respete el derecho al aborto legal y seguro, después de que el caso de una niña embarazada de once años reavivara el debate sobre aborto. En octubre de 2021, los medios de comunicación informaron de que una organización asociada a la Iglesia católica había intervenido para convencer a la niña y a su familia de que dieran marcha y no interrumpieran el embarazo, una práctica legal en Bolivia en los casos de violación. Grupos feministas también habían organizado marchas por el derecho al aborto un mes antes, el 28 de septiembre de 2021, Día Internacional del Aborto Legal y Seguro.
Expresión
Testimonio del periodista Carlos Quisbert, que fue arrestado por la Policía cuando hacía la cobertura del conflicto por Adepcoca. Fue conducido a la FELCC pic.twitter.com/q1TZVZtRpp
— ERBOL (@ErbolDigital) September 21, 2021
El 21 de septiembre de 2021, agentes de policía agredieron y detuvieron al periodista Carlos Quisbert de Página Siete mientras cubría un conflicto entre cocaleros en Villa Fátima, La Paz. En declaraciones a los medios de comunicación, Quisbert relató que un policía en moto lo empujó varias veces y cuando reaccionó e intentó defenderse, ocho agentes lo rodearon, lo golpearon y le rociaron la cara con gases lacrimógenos. Lo arrestaron y permaneció detenido en una comisaría durante más de cinco horas. Las asociaciones de prensa condenaron la actuación de la policía y afirmaron que les habían informado de que los agentes también gasearon a otro periodista que cubría el conflicto. El 24 de septiembre de 2021, el comandante de la policía del departamento pidió disculpas públicamente a Quisbert.
El 16 de octubre de 2021, el ministro de Justicia Iván Lima retuiteó una publicación del Papa Francisco en la que pedía a los medios de comunicación "terminar con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio." En su tuit, Lima etiquetó a seis medios de comunicación e insinuó que el mensaje del Papa podría aplicarse a ellos. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) condenó la agresión verbal del ministro contra la prensa. La ANP también denunció que funcionarios del Gobierno han atacado a los medios de comunicación que cubren temas polémicos, como la detención preventiva de la expresidenta interina Jeanine Añez o el conflicto entre los cocaleros y el Gobierno.
Proyectos de ley que afectan a la libertad de expresión
La #prensa de #Bolivia rechazó el sábado el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que prohíbe invocar el secreto de fuente cuando el gobierno a través de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) requiera información. (gs)https://t.co/jrQaal5xF9
— DW Español (@dw_espanol) September 19, 2021
En el marco de la 77.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la organización publicó un informe sobre Bolivia en el que subrayó el peligro que suponen para la libertad de expresión dos proyectos de ley que están estudiando los legisladores bolivianos.
Una de esas propuestas legislativas es el proyecto de ley 218 contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo. Según las organizaciones de prensa, esta ley comporta un artículo susceptible de atentar contra el secreto de las fuentes periodísticas, en particular las que denuncian la corrupción. El artículo 11 del proyecto de ley establece que no podrá invocarse el secreto profesional y la confidencialidad para denegar información a la Unidad de Investigaciones Financieras. Esta última respondió a las críticas afirmando que dicho artículo no se aplica a la prensa ni a los periodistas. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, pero fue retirado del Senado en octubre de 2021, después de que el Gobierno se echara atrás por las protestas de la oposición.
Por otro lado, el proyecto de ley 253 sobre la elaboración de estadísticas oficiales otorgará al Instituto Nacional de Estadística (INE) competencias para la obtención y la centralización de datos. Según el informe de la SIP, las organizaciones de la sociedad civil temen que la legislación pueda restringir el acceso a la información al otorgar a una agencia gubernamental el poder para decidir qué puede divulgarse y qué no. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley en septiembre de 2021.
Bolivia obtuvo el decimoquinto puesto entre los veintidós países analizados por el Índice Chapultepec 2021, un barómetro de la SIP que mide los niveles de libertad de prensa y expresión en las Américas. El país se encuentra entre aquellos con una «restricción parcial» a la libertad de expresión, al igual que Argentina, México y Guatemala.
El reconocido defensor de #DDHH Franco Albarracin ha recibido amenazas y acusaciones infundadas y peligrosas. Demandamos al gobierno de @LuchoXBolivia protección para @albarracin_fra y reconocimiento a la importante labor de personas defensoras de #DDHH en #Bolivia 🇧🇴 https://t.co/Q89vvpFpIy
— Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) September 3, 2021
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