Reunión pacífica
LA POLICÍA DE CIUDAD DE MÉXICO INTENTA DESALOJAR POR LA FUERZA A FAMILIAS INDÍGENAS DE UN EDIFICIO GUBERNAMENTAL
El 12 de octubre, integrantes de la comunidad indígena otomí salieron a las calles de Ciudad de México para exigir que Martí Batres, jefe de Gobierno de la ciudad, los reciba y les ayude a resolver los problemas de vivienda crónicos que padecen cuarenta familias otomíes. La movilización provocó el cierre temporal de la avenida México Coyoacán.
En respuesta a la movilización, el 15 y 16 de octubre, unos quinientos policías de la Ciudad de México intentaron desalojar violentamente a familias otomíes que ocupaban las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INTI) en la capital, también conocida como Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes. Por lo menos diez personas resultaron heridas, entre ellas adolescentes de trece años. Periodistas y organizaciones de derechos humanos documentaron la llegada de desconocidos que amenazaron a quienes se habían reunido allí y efectuaron tres disparos.
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México Ricardo Ruiz declaró que el operativo buscaba poner fin al plantón que comenzó el 12 de octubre, ya que la ciudadanía se había quejado del impacto del bloqueo de la vía en la libre circulación. Además, Ruiz relató que durante la operación, un grupo de unas cuarenta personas golpeó con tubos, piedras, extinguidores y otros objetos a trece integrantes de la policía y de los servicios urbanos.
El 12 de octubre se cumplieron tres años de la ocupación del edificio por parte de la comunidad otomí, que desde entonces ha reivindicado incesantemente su derecho a la vivienda y otros derechos fundamentales que el Gobierno sigue ignorando. En un primer momento, las familias de ascendencia otomí se vieron obligadas a abandonar sus domicilios ancestrales en el estado de Querétaro debido a la falta de agua, electricidad y educación.
La comunidad otomí mantuvo bloqueada la avenida hasta finales de octubre de 2023 en el marco de una serie de iniciativas para establecer un diálogo con el gobernador de la ciudad.
MANIFESTANTES TOMARON LAS CALLES DE CIUDAD DE MÉXICO EN RECUERDO DE CASOS EMBLEMÁTICOS DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
El 26 de septiembre, familiares de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos por la fuerza hace nueve años marcharon por las calles de México para exigir respuestas. Las y los manifestantes corearon los nombres de los estudiantes desaparecidos, aseguraron que no se había hecho lo suficiente para establecer responsabilidades por los asesinatos y exigieron que se publicaran los documentos aún sin revelar.
El caso es uno de los más conocidos de México en materia de graves violaciones a los derechos humanos y ha puesto de manifiesto la existencia de un patrón de impunidad en materia de derechos humanos y de violencia que enfrenta el país. Hasta la fecha, personal militar y del Gobierno ha sido detenido, pero se ha ocultado información clave.
Tal y como informó el CIVICUS Monitor, en julio de 2023 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se retiró de la investigación porque el Gobierno no le permitió acceder a información esencial para llevar a cabo su labor. En septiembre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró: “Aún no se ha logrado conocer el paradero de los jóvenes desaparecidos, esclarecer definitivamente los hechos y sancionar a las personas responsables”.
El 2 de octubre, varias generaciones de estudiantes se reunieron en las calles de Ciudad de México en memoria de la masacre de más de trescientos estudiantes a manos de militares durante una protesta pacífica antes los Juegos Olímpicos de 1968, también conocida como la Masacre de Tlatelolco. Cada año, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas convoca varias marchas en Ciudad de México en esa fecha para conmemorar la masacre y recordar que sigue habiendo muchos problemas en el sistema educativo. Adolfo Cruz, un estudiante que participó en la manifestación, comentó: “Con esta movilización también queremos recordar a todos nuestros compañeros fallecidos, ya que es gracias a ellos que hoy tenemos el derecho a manifestarnos. Nosotros también queremos cambiar las cosas”. La agencia EFE informó que unos desconocidos infiltraron la movilización e intentaron perturbar la concentración con fuegos artificiales, petardos y algunas pintadas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital desplegó cientos de policías.
El 23 de octubre, más de 1800 manifestantes se concentraron en Ciudad de México para mostrar su apoyo a Palestina y exigir el cese de los ataques israelíes. El acto fue convocado por más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil en representación de estudiantes, grupos feministas y activistas de los derechos humanos. Las personas manifestantes calificaron al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de “criminal de guerra” y pidieron al Gobierno mexicano que exija el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y del derecho internacional, y que rompa las relaciones diplomáticas con Israel.
EL APARATO JUDICIAL FEDERAL SE MANIFIESTA CONTRA LOS RECORTES INMINENTES DE PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES
El 19 de octubre, unos 55 000 empleadas y empleados judiciales sindicados iniciaron una huelga de cuatro días en previsión de la posible extinción de trece fideicomisos. Tres días después, miles de empleadas y empleados judiciales de más de veinte ciudades salieron a las calles para defender su derecho a la vivienda, la cobertura sanitaria, la jubilación y a una pensión. “La finalidad de estos fondos es disponer de recursos que no estén sujetos a cambios presupuestarios”, explicó el jurista Rodrigo Brito Melgaregjo. “Existen precisamente para evitar que quienes trabajan para la Justicia tomen parte en actos de corrupción”.
El 24 de octubre, el Senado aprobó un proyecto de ley que detraería 865 millones de dólares de los fondos presupuestarios especiales para el Poder Judicial, lo que podría afectar a las pensiones y prestaciones sanitarias de más de 50 000 trabajadoras y trabajadores federales.
Libertad de asociación
ACUSAN A EMPRESAS DE VULNERAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN Y SEÑALAR EN UNA LISTA A PERSONAS EXEMPLEADAS
Después de que el personal de una planta de VU Manufacturing en Piedra Negras, Coahuila, formara un sindicato independiente en 2022, la empresa presuntamente habría colaborado con las élites empresariales locales para cerrar las instalaciones y confeccionar un lista identificando a extrabajadoras y extrabajadores. Tal y como informó el CIVICUS Monitor, en agosto de 2022 el personal de la planta VU Manufacturing —una empresa con sede en Michigan— ganó unas elecciones históricas que permitieron la creación de la Liga Obrera Mexicana, el primer sindicato independiente de la ciudad.
Tras ello, VU Manufacturing se negó a negociar un nuevo contrato colectivo, redujo la producción, despidió a 400 trabajadoras y trabajadores y cerró la planta en julio de 2023. En septiembre, exempleadas y exempleados aseguraron que la empresa estaba colaborando con la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), un sindicato afín a la patronal, con el objetivo de señalar, mediante la creación de una lista, a expersonal de VU Manufacturing y evitar que sean contratadas por otras empresas de la ciudad.
En enero de 2023, integrantes de la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) presentaron una segunda queja en el marco de la protección de los derechos laborales y del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRP) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), alegando que en las instalaciones de VU Manufacturing en Coahuila se estaban vulnerando los derechos del personal. Según la denuncia, VU Manufacturing “favorece a la CTM, el sindicato anterior, en detrimento de la LSOM, dificultando el acceso a las instalaciones, imponiendo medidas disciplinarias a quienes respaldan a la LSOM y mostrando su apoyo a la CTM”.
En marzo de 2023, el Gobierno de Estados Unidos y de México anunciaron un plan de reparación para subsanar la continua denegación de derechos. El 10 de octubre de 2023, la representante comercial de EE. UU. Katherine Tai expresó:
“Estados Unidos trabaja constantemente con sus socios en México para garantizar que las relaciones comerciales son justas y respetan los derechos de las personas trabajadoras. Estados Unidos seguirá de cerca la situación en la planta de VU Manufacturing y verificará que se respetan los derechos de las personas exempleadas de la empresa, que se pagan los salarios atrasados y que ni la empresa ni sus futuros dirigentes violan los términos del T-MEC”.
El MLRP recibió quejas similares en los últimos meses. El 25 de septiembre de 2023, la representante comercial de EE. UU. solicitó al Gobierno mexicano que investigara las denuncias de las personas trabajadoras de la planta de Teklas Automotive en Aguascalientes, quienes afirman que se les está denegando el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva.
Un mes después, la representante comercial de EE. UU. pidió al Goberno mexicano que investigara otro conflicto laboral y determinara si se está denegando a los trabajadores de la filial de Caterpillar Tecnología Modificada, en Nuevo Laredo, el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva.
NUEVO INFORME REVELA UN NÚMERO ALARMANTE DE DESAPARICIONES FORZADAS DE ECOLOGISTAS
La plataforma de noticias sobre conservación y ciencia medioambiental sin ánimo de lucro Mongabay publicó un informe en el que reveló que 93 personas defensoras del medioambiente y del derecho a la tierra fueron víctimas de desaparición forzada entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de agosto de 2023. De entre ellas, 62 eran personas defensoras de comunidades indígenas. Los estados de Guerrero, Michoacán, Sonora, Jalisco y Oaxaca ―en especial en zonas con actividades mineras y madereras― destacan como los epicentros de la violencia contra quienes defienden el medioambiente y su territorio.
Durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se documentó la desaparición de 58 personas defensoras del medioambiente y del derecho a la tierra, de las cuales 28 fueron halladas muertas, 10 aparecieron con vida y 20 permanecen en paradero desconocido.
La investigación #DefensoresDesaparecidos, realizada por @MongabayLatam, @quintoelab y @DesaparecerEnMx, documenta por primera vez cuántos defensores del ambiente y el territorio fueron víctimas de desaparición desde diciembre de 2006 en México. https://t.co/yYxS5MEbnW
— Mongabay Latam (@MongabayLatam) October 20, 2023
Libertad de expresión
CONTINÚAN LOS ATAQUES CONTRA PERIODISTAS
El 25 de septiembre, el veterano reportero de sucesos Jesús Gutiérrez y un policía fueron asesinados a tiros en la ciudad de San Luis Río Colorado, en la frontera con EE. UU. Tres agentes resultaron heridos durante el tiroteo. Según el alcalde de la ciudad, el ataque iba dirigido a los policías. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) pidió la apertura de una investigación:
SI BIEN LA DETENCIÓN DE TRES SOSPECHOSOS UN DÍA DESPUÉS DEL ATAQUE ES UNA BUENA NOTICIA EN UN PAÍS EN EL QUE LA GRAN MAYORÍA DE LOS ASESINATOS DE PERIODISTAS QUEDAN IMPUNES, ES IMPRESCINDIBLE QUE LAS AUTORIDADES DETERMINEN EL MÓVIL DEL TIROTEO Y SI TIENE ALGUNA RELACIÓN CON LA LABOR DE GUTIÉRREZ.
- Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México.
El 16 de octubre, la policía de Ciudad de México agredió físicamente a una periodista mientras informaba sobre el desalojo violento de integrantes de la comunidad otomí (Ver Reunión pacífica). La periodista relató que los agentes la rodearon, la tiraron al suelo y le propinaron golpes en la cabeza. A pesar de que les informó de que era periodista, intentaron arrebatarle el teléfono y la cámara, y finalmente se hicieron el objetivo de esta última. Sólo consiguió librarse gracias a la intervención de un miembro de la comunidad que también fue víctima de agresiones físicas cuando acudió a ayudarla.
CONDENAN A LOS ASESINOS DE UN PERIODISTA
El 14 de septiembre de 2023, en el estado de Guanajuato, en el centro de México, un juez federal condenó a veintisiete años y seis meses de cárcel al asesino del reportero Israel Vázquez. Otro individuo ya había sido condenado a veinte años de cárcel por el asesinato del periodista. Ambos eran miembros de una banda criminal local.
Otros sucesos
FALLO HISTÓRICO PARA LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
El 6 de septiembre de 2023, la Suprema Corte de México despenalizó el aborto al eliminar las penas federales y dictaminó que las leyes que prohíben la intervención son inconstitucionales y violan los derechos de las mujeres. De ahora en adelante, los servicios sanitarios públicos y todas las entidades sanitarias federales estarán obligadas a practicar un aborto a quien lo solicite, ya que si bien la interrupción voluntaria del embarazo está permitida a nivel federal, veinte estados mexicanos seguían prohibiéndola.