La reforma de la ley mordaza se estanca y la ley de secretos oficiales suscita preocupación

Contexto

Estado de derecho

El 10 de octubre de 2022, Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano judicial encargado de nombrar a los jueces y de velar por la independencia judicial, dimitió en signo de protesta por el bloqueo político de casi cuatro años que ha paralizado los nombramientos al CGPJ. En el comunicado en el que anunció su intención de dimitir, Lesmes afirmó haber perdido toda esperanza de rectificación y que permanecer en su cargo solo lo convertiría en cómplice de una situación que aborrece y que es inaceptable. A su juicio, la situación actual compromete gravemente el prestigio y el funcionamiento de todo el sistema judicial.

El mandato del CGPJ expiró en diciembre de 2018 y desde entonces funciona de forma interina, ya que el Gobierno y el Partido Popular (PP) —oposición de derecha— no llegaron a un acuerdo para su composición. El Consejo está formado por el presidente del Tribunal Supremo, doce jueces o magistrados y ocho abogados o juristas de prestigio. Para nombrar a un miembro, es necesaria una mayoría cualificada de tres quintos en el Parlamento (Congreso y Senado).

Tras la dimisión de Lesmes, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el líder del PP Alberto Núñez Feijóo retomaron las negociaciones. Aunque al parecer no hubo avances, el Gobierno y el PP aspiran a resolver el asunto “lo antes posible”. En septiembre de 2022, la vicepresidenta de la Comisión Europea Věra Jourová advirtió que España debía renovar urgentemente el CGPJ. En una carta enviada a Lesmes, Jourová expresó su preocupación por la “desesperada situación” en la que se encuentra el poder judicial español tras años de “anormalidad institucional” e instó a las partes implicadas a desbloquear la situación mediante un espíritu de lealtad mutua y cooperación sincera.

Ley de memoria democrática

Después de haber sido aprobado por el Congreso de los Diputados en julio de 2022, el Senado, la cámara alta del Parlamento, aprobó a principios de octubre un proyecto de ley histórico que prohibirá las expresiones de apoyo al difunto dictador Francisco Franco. La ley de memoria democrática obligará al Estado español a buscar los restos de las 114 000 personas que permanecen en paradero desconocido desde la guerra civil de los años treinta. Se creará un banco de ADN para ayudar a rastrear, identificar y ubicar a las víctimas del régimen franquista. Quedarán anuladas las condenas impuestas por motivos políticos, religiosos o de orientación e identidad sexual durante la dictadura. Se creará una fiscalía especial dedicada a investigar los delitos de lesa humanidad durante el franquismo. Quedarán prohibidas las organizaciones que glorifiquen las políticas y los líderes del régimen de Franco, una dictadura religiosa autoritaria que perduró hasta 1977. En palabras del Gobierno, esta legislación “fomentar[á] un debate compartido basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la ampliación de los derechos humanos y las libertades constitucionales”. Sin embargo, el PP, el principal partido de la oposición, considera que la legislación buscar reabrir heridas del pasado y se ha comprometido a derogarla si gana las elecciones en 2023.

Reunión pacífica

A pesar de las expectativas y promesas, el Gobierno no ha avanzado en la reforma de la ley mordaza, que permite a las autoridades sancionar y silenciar la disidencia.

En este periodo ha habido varias manifestaciones pacíficas, por ejemplo:

• El 26 de junio de 2022, antes de una cumbre de la OTAN, más de 2 000 manifestantes protestaron contra la OTAN en Madrid. Los participantes expresaron su descontento con el papel de la OTAN en la invasión rusa de Ucrania.
• El 1 de julio de 2022, miles de personas se manifestaron en varias ciudades por la muerte de por lo menos 23 inmigrantes en la frontera con Marruecos bajo el eslogan “Las vidas negras importan”.
• El 12 de septiembre de 2022, propietarios de burdeles, trabajadoras del sexo y sus aliados se manifestaron frente al Congreso de los Diputados contra los planes del partido gobernante de sancionar a los clientes de la prostitución, los propietarios de burdeles y los proxenetas con penas de hasta cuatro años de prisión. El proyecto de ley aún debe ser aprobado por el Congreso y el Sanado.
• El 24 de septiembre de 2022, miles de personas se manifestaron en Madrid contra las corridas de toros y para reclamar que se protejan los derechos de los animales. La manifestación fue convocada por el partido animalista PACMA para exigir “la abolición total de las corridas de toros, así como de todos los encierros y festejos crueles con animales en España”. 

• El 8 de octubre de 2022, alrededor de 2 000 bomberos forestales se manifestaron en Madrid para exigir mejores condiciones laborales.

Libertad de expresión

Acoso a mujeres periodistas

El 5 de octubre de 2022, el Instituto Internacional de Prensa (IPI), Article 19 Europe y la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) publicaron sus recomendaciones para la investigación de los casos de ciberacoso a mujeres periodistas. Según las organizaciones de vigilancia, a menudo las mujeres periodistas carecen de los apoyos necesarios cuando son acosadas y se les aconseja limitar su presencia en redes o acostumbrarse a los ataques. A su entender, las autoridades, las redes sociales, los medios de comunicación y las asociaciones periodísticas tienen la responsabilidad de mejorar la situación.

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los discursos de apoyo a ETA

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera que España vulneró el derecho a la libertad de expresión del expolítico independentista vasco Tasio Erkizia Almandoz, quien en 2008 pronunció un discurso en homenaje a un antiguo miembro de la extinta organización separatista ETA. En 2011, un tribunal español dictaminó que su discurso “se inscribe en un marco claro de apoyo a acciones terroristas concretas”, lo condenó a un año de prisión y le prohibió presentarse a elecciones durante siete años. Sin embargo, según el TEDH, Almandoz “no pretendía, ni mediante el contenido de sus comentarios ni de la forma en la que fueron formulados, incitar al uso de la violencia ni justificar o exaltar el terrorismo”. España fue condenada a pagar 6 000 euros a Almandoz en concepto de daños no pecuniarios y 5 000 euros por gastos y costas.

Acoso sexual en grupo

El 7 de octubre de 2022, la Fiscalía abrió una investigación penal por un delito de odio contra los estudiantes varones de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que gritaron amenazas misóginas desde un colegio mayor masculino a un colegio mayor femenino adyacente de manera coordinada. Más tarde, un vídeo de suceso se volvió viral. En las imágenes, se ve a un hombre en una ventana de un colegio mayor masculino mientras grita: “¡Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas!”. El mayor sindicato de estudiantes de España anunció que organizará una manifestación contra esas imágenes “sexistas y repugnantes”.

Ataques contra periodistas

• El 4 de julio, un tribunal de Madrid admitió a trámite una denuncia del Gobierno marroquí contra el reportero de El Confidencial Ignacio Cembrero, dando así luz verde a la apertura de una causa contra el periodista. El Gobierno de Marruecos lo acusa de “publicación y difusión reiteradas de noticias maliciosas e injuriosas”. Esta acusación se produjo después de que Cembrero hubiera desvelado y afirmado que Gobierno marroquí usó el programa Pegasus para espiarlo.
• El 4 de julio de 2022, el partido de derecha VOX presentó una querella por lo penal contra Ignacio Soto Pérez, director general de la Cadena SER; Aimar Bretos, director del programa Hora 25, y Héctor de Miguel, presentador de Hora Veintipico, una sección satírica de Hora 25. Los acusa de un delito de odio y contra los sentimientos religiosos en virtud de los controvertidos artículos 524-526 del Código Penal. La Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información (PLI) condenó la causa judicial de VOX contra la Cadena SER y pidió que se reforme el Código Penal.

• El 9 de julio de 2022, tras una entrevista a la presidenta del Parlament Laura Borràs en el programa Preguntes Freqüents de TV3, el diputado y vicepresidente de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases y Borràs se comportaron de forma abusiva, tanto física como verbalmente, con una periodista que desea permanecer en el anonimato. La encerraron en una habitación, le gritaron y la acusaron de ser “mala periodista”. El altercado se produjo después de que se vivieran momentos de tensión durante la entrevista a Borràs, sobre quien pesan acusaciones de corrupción. Las asociaciones de periodistas condenaron los hechos y la dirección de TV3 abrió una investigación.
• El 28 de julio de 2022, Alberto Núñez Feijóo, líder de la formación de oposición Partido Popular (PP), impidió que periodistas hicieran preguntas durante una rueda de prensa, a pesar de haberlos invitado a asistir al acto. Las asociaciones de prensa defendieron que se trata de “una forma solapada de censura” y destacaron que en ocasiones anteriores el PP se ha negado a dialogar con los medios de comunicación.
• En septiembre de 2022, las autoridades del fútbol español introdujeron modificaciones a las normas sobre la retransmisión de los partidos de la temporada 2022-2023, entre ellas, la prohibición a los periodistas de hacer preguntas incómodas a futbolistas y directivos. En un comunicado, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) denunció que la decisión de La Liga supone “un control férreo que va contra el ejercicio objetivo de la información y atenta a la libertad de información y el derecho que tiene el ciudadano a recibir una información equilibrada”.
• El 11 de septiembre de 2022, la fotoperiodista independiente Lorena Sopena fue agredida físicamente y su equipo sufrió daños mientras cubría una manifestación independentista en Barcelona para RTVE. Sufrió heridas leves.
• El 15 de septiembre de 2022, un periodista que informaba desde Valencia sobre un desahucio con gran repercusión mediática fue blanco de insultos y agredido físicamente por un agente de policía, a pesar de haber presentado su carné de prensa.

Preocupación por la ley de secretos oficiales

La sociedad civil manifestó su preocupación por la nueva ley de información clasificada o ley de secretos, la cual, por otro lado, gozó de un buen recibimiento ya que remplazará una ley franquista de 1968, aún en vigor. Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la limitación de la participación a consecuencia del plazo reducido para las consultas públicas (solo ocho días hábiles) y pidieron una prórroga. También se inquietaron por el contenido de la ley, ya que pretende establecer criterios, categorías y plazos para clasificar y desclasificar información secreta del Estado. Amnistía Internacional España expresó su preocupación por la ausencia de un marco en materia de derechos humanos en el texto y pidió que se desclasificara la información sobre violaciones de derechos humanos. También inquieta el prolongado periodo para la desclasificación de la información al igual que las multas propuestas, que van de cincuenta mil a tres millones de euros, por la difusión de documentos clasificados, lo que podría perjudicar a los medios de comunicación y los periodistas de investigación.