Manifestantes toman las calles para protestar contra el FMI y la minería a gran escala

Asociación

Conflicto por tierras con la comunidad mapuche de la Patagonia

El 24 de septiembre de 2021, la policía de Neuquén desalojó a la comunidad mapuche Lof Quemquemtreu del territorio que había ocupado cerca de El Bolsón, provincia de Río Negro. La policía desalojó con violencia y mediante un uso desproporcionado de la fuerza a unos treinta indígenas mapuche que se habían asentado pacíficamente en la zona para reclamar sus territorios ancestrales. Durante la intervención, los agentes emplearon balas de goma y armas de fuego, y cuatro personas fueron detenidas. Los mapuches se disputan dicho territorio con un terrateniente que se dedica a la explotación forestal de pinos con fines comerciales.

Algunos miembros de la comunidad permanecieron en la zona bajo vigilancia policial. Según las organizaciones que supervisan la situación, la policía cortó el acceso al grupo que permaneció en el lugar e impidió que estas formaciones pudieran llevarles alimento y abrigo. A pesar de la presencia policial, el 21 de noviembre de 2021, varios atacantes se adentraron en el territorio y dispararon a Elías Garay y Gustavo Cabrera, dos miembros de la comunidad. Garay fue asesinado de un disparo en la cabeza.

Organizaciones indígenas y de derechos humanos reclamaron la instauración de una mesa de diálogo en la que participen las autoridades provinciales y nacionales, y exigieron a las autoridades que respeten el derecho a la tierra de los pueblos indígenas.

Agreden y detienen de forma arbitraria a un defensor

El 23 de noviembre de 2021, agentes de policía detuvieron de forma violenta a Guillermo Galantini, presidente de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia (CODEJU), y a otros miembros de la organización cerca de Monte Caseros, mientras asistía a un desalojo por mandato judicial. Durante los hechos también fue detenido Galileo Galantini, hijo de Guillermo Galantini. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos, las detenciones se produjeron durante el desalojo violento de varias familias en el paraje Paso Vallejos. Los militantes de CODEJU habrían recibido golpes y permanecido detenidos durante por lo menos veinticuatro horas sin cargos.

Al día siguiente, Galileo Galantini y dos miembros de la CODEJU fueron puestos en libertad, pero Guillermo Galantini siguió detenido y fue trasladado a una comisaría de la provincia de Corrientes. El 27 de noviembre de 2021 se le impuso una medida de aseguramiento y se le acusó de «resistencia a la autoridad; lesiones leves calificadas por la condición de funcionario policial del lesionado y lesiones graves calificadas por la condición de funcionario policial en concurso ideal; obstrucción del tránsito público; instigación a la comisión de delitos y desobediencia judicial en concurso real». El 3 de diciembre de 2021, miembros de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos de toda Argentina se manifestaron en el centro de Corrientes para exigir la liberación inmediata de Galantini. Las organizaciones publicaron un comunicado de prensa en el que afirmaron:

"Con la detención de Galantini se intenta disciplinar a quienes luchan contra las políticas de ajuste, de concentración de tierras y de extractivismo".

El defensor fue puesto en libertad el 13 de diciembre de 2021, pero todavía pesan cargos en su contra.

Reunión pacífica

El 11 de diciembre de 2021, miles de personas se manifestaron en Buenos Aires para protestar contra las negociaciones entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la deuda que tiene el país con el organismo mediante un rescate récord. El acto de protesta fue convocado por organizaciones sociales, grupos de izquierda, sindicatos y movimientos estudiantiles bajo el lema "No al pago de la deuda externa". Los manifestantes argumentaron que el reembolso de 45 000 millones de dólares en préstamos al FMI exigiría la aplicación de medidas de austeridad. "El Gobierno tiene que suspender el pago de la deuda para poder redirigir ese dinero a ayudar a la gente que más lo necesita, que es la que no puede llegar a fin de mes y que tiene que ir a un comedor comunitario para poder alimentar a su familia", arguyó Ana Barreto, dirigente de la organización social Libres del Sur.

El 27 de enero de 2022 se llevó a cabo otra movilización contra el pago de la deuda durante la cual varias organizaciones expresaron sus exigencias al Gobierno mediante el lema "Primero lo primero: ni un dólar más para el FMI". Los manifestantes exigieron un referéndum sobre el pago de la deuda, arguyendo que es el pueblo quien debe decidir. A pesar de las manifestaciones, el 28 de enero de 2022, el presidente Alberto Fernández anunció que se había alcanzado un acuerdo para la refinanciación de la deuda con el FMI. Según el Ministerio de Finanzas, dicho acuerdo no prevé la aplicación de recortes en el gasto ni en las subvenciones a la energía.

Indignación popular contra la minería

En Chubut, una provincia patagónica con casi 600 000 habitantes, una tentativa de modificación de la legislación minera desencadeno protestas y provocó disturbios en diciembre de 2021. Una ley de 2003 prohibía la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en el proceso de producción; sin embargo, el 13 de diciembre de 2021, el Gobierno provincial aprobó una nueva ley de zonificación que autoriza los proyectos de minería a gran escala en Gastre y Telsen, dos departamentos de la provincia. Cabe destacar, que en esta se región se ubica el yacimiento de plata y plomo Navidad, propiedad de la multinacional Pan American Silver.

Tras conocerse la noticia, se produjeron manifestaciones multitudinarias en Rawson, la capital de la provincia, y en Trelew, las cuales fueron reprimidas. El 15 de diciembre de 2021 por la noche, la policía empleó gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes, y estos últimos lanzaron piedras a los agentes. A pesar de la represión de las fuerzas de seguridad, las manifestaciones se extendieron por toda la provincia y se sucedieron durante seis días de forma ininterrumpida.

Si bien las protestas fueron pacíficas en su mayoría, se produjeron actos violentos, como el incendio de por lo menos dieciséis edificios públicos en Rawson y un ataque incendiario contra las oficinas del periódico El Chubut, en Trelew, el 20 de diciembre de 2021 (ver Libertad de expresión).

La presión social hizo que el gobernador de la provincia solicitara a los legisladores la derogación de la ley de zonificación minera y afirmara que el Gobierno local organizaría un plebiscito sobre el asunto. El 21 de diciembre de 2021, la Legislatura de Chubut confirmó la derogación de la legislación. "No entendemos qué quiere plebiscitar Arcioni, ya se lo hicimos gratis en la calle y la respuesta fue 'no'", defendió la militante antiminería Cristina Agüero respecto a la propuesta de plebiscito del gobernador.

Vigilia por la liberación de Milagro Sala

El 15 de diciembre de 2021, militantes que exigían la liberación de Milagro Sala instalaron un campamento de protesta e iniciaron una vigilia frente a la Corte Suprema. Tal y como informamos en el CIVICUS Monitor, Sala es una dirigente indígena del movimiento Tupac Amaru y lleva detenida más de cinco años. Alejandro Garfagnini, coordinador nacional de Tupac Amaru, afirmó que la policía de la ciudad "provocó" a los manifestantes con el despliegue de la Guardia de Infantería y advirtió sobre una posible represión.

Expresión

Ataques a dos medios de comunicación

El 22 de noviembre de 2021, alrededor de las once de la noche, un grupo de atacantes lanzó por lo menos nueve cócteles molotov contra la entrada de la sede bonaerense del grupo de medios Clarín. En el momento de los hechos el edificio estaba cerrado y no hubo víctimas ni daños materiales. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, unas nueve personas participaron en el ataque y huyeron en motocicletas tras lanzar los artefactos explosivos. El Grupo Clarín fue fundado en 1945 y es el mayor conglomerado de medios de comunicación del país.

Según el diario Clarín, las autoridades consideran que se trata de acto de "intimidación pública" y han abierto una investigación bajo ese supuesto. "Quiero expresar nuestro repudio al episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín. La violencia siempre altera la convivencia democrática. Esperamos que se esclarezcan los hechos y se identifique a los autores a través de la investigación que está en marcha", comentó en Twitter el presidente Alberto Fernández a propósito del caso. En un principio la policía detuvo a un sospechoso, pero posteriormente fue puesto en libertad tras no encontrarse pruebas de su participación. En diciembre de 2021 se identificaron a otros tres sospechosos.

Por otro lado, el 20 de diciembre de 2021, un grupo de manifestantes lanzó piedras y bombas incendiarias contra la sede del periódico El Chubut en Trelew, provincia de Chubut. Como detallamos en la sección «Reunión pacífica» de esta actualización, el ataque se produjo en el marco de las protestas contra una ordenanza provincial sobre la zonificación minera que se había aprobado la víspera. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), los atacantes rompieron las ventanas del edificio y provocaron varios incendios. También irrumpieron en el edificio, provocaron daños y robaron equipos y material de archivo. La policía evacuó a los periodistas y al personal, y nadie resultó herido. El Chubut informó que antes de la manifestación se había convocado una concentración frente a las oficinas del periódico por redes sociales, ya que los manifestantes afirmaban que el medio de comunicación había promovido la minería en la región.

Un tribunal ordena a un periodista entregar las grabaciones de sus entrevistas

El CPJ dio a conocer que un tribunal argentino ordenó al periodista Santiago O'Donnell que entregara las grabaciones de sus entrevistas al hermano del expresidente Mauricio Macri. O'Donnell escribió un libro a partir de esas entrevistas y en él se denuncian casos de fraude que implican a miembros de la familia Macri. El periodista deberá entregar dichas grabaciones, según lo dispuesto en una resolución judicial dictada a principios de 2021 en el marco de una causa civil iniciada por Mariano Macri. El 15 de diciembre de 2021, el abogado de O'Donnell informó que la apelación de su cliente contra la orden judicial había expirado. Por otra parte, los abogados de O'Donnell presentaron una moción especial ante la Corte Suprema para que se suspendiera la orden; sin embargo, esa moción sigue pendiente y se desconoce cuándo se pronunciará el tribunal.