El 22 de septiembre de 2020 los legisladores del partido gobernante de Nicaragua presentaron un proyecto de ley que requerirá que los particulares, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil que reciban fondos del exterior se inscriban como "agentes extranjeros". La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros del Frente Sandinista cita presuntas amenazas a la seguridad y estipula que los particulares u organizaciones registrados como tales deberán abstenerse de participar en actividades relacionadas con la política interna del país.
Las organizaciones de la sociedad civil y los miembros de la oposición política han rechazado la propuesta y han afirmado que su objetivo es reprimir a la oposición y criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos. Este proyecto de ley otorgará al gobierno amplios poderes discrecionales para controlar y amordazar a la sociedad civil, entre ellos la capacidad de congelar los activos de organizaciones y particulares designados como "agentes extranjeros" por el gobierno y que no se hayan inscrito como tales dentro de un plazo de sesenta días. A los inscritos se les exigirá que presenten informes mensuales sobre su financiación y sobre el uso de sus recursos. El proyecto de ley también prohibirá las donaciones anónimas y facultará al gobierno a privar de personalidad jurídica a las organizaciones que no cumplan con los requisitos.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos Mary Lawlor comentó el proyecto de ley y enfatizó que podría tener repercusiones negativas profundas en el espacio cívico:
"He observado una tendencia clara a la represión y a la estigmatización de las personas defensoras de derechos humanos mediante la aplicación de estas leyes en otros países donde se han establecido marcos normativos similares."
Otros sucesos
El 14 de septiembre de 2020 la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos Michelle Bachelet comunicó oralmente información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua durante la 45 a sesión del Consejo de Derechos Humanos. En un comunicado Bachelet declaró que su oficina había registrado treinta casos de amenazas e intimidación contra personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y líderes sociales desde su última actualización en julio de 2020. Además, la alta comisionada de la ONU afirmó que la Ley de Amnistía de Nicaragua ha favorecido la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos durante la crisis política del país.
En septiembre de 2020 los tribunales nicaragüenses aplazaron los juicios de dos presos políticos. IM-Defensoras denunció la violación de las garantías procesales en el caso de la defensora de los derechos humanos Karla Escobar, ya que se le ha negado el derecho a ver a su abogado en reiteradas ocasiones a pesar de una orden judicial. Escobar también habría sufrido malos tratos físicos y psicológicos en la cárcel desde su detención en abril de 2020.
Reunión pacífica
#Nicaragua 🇳🇮 [HILO] El #MESENI de la @CIDH fue informado que la #PolicíaNacional detuvo ayer al líder estudiantil Angel Rocha, de la @AlianzaCivicaNi. Esta detención arbitraria se suma a más de 45 arrestos en el último mes de manifestantes y opositores antigubernamentales. pic.twitter.com/R7MixSFReP
— CIDH - IACHR (@CIDH) September 10, 2020
El 8 de septiembre de 2020 grupos de la oposición organizaron una acción coordinada para colocar carteles antigubernamentales en varias ciudades de Nicaragua en un gesto de protesta pacífico. Al día siguiente, cinco miembros de la coalición opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia fueron detenidos temporalmente. Al menos dos miembros de la coalición también habrían sido acosados por agentes de seguridad estatales.
Entre los detenidos figura Juana Castellanos, una representante de Alianza Cívica en Nueva Segovia, cuyo domicilio fue registrado sin orden judicial. Castellanos denunció haber sido sometida a malos tratos mientras estuvo detenida. Según informó la red de la sociedad civil IM-Defensoras, un grupo de quince hombres vestidos de civil irrumpieron en la casa de su familia en Ocotal, se identificaron como policías, pero no les mostraron ninguna orden de registro ni de detención. También se habrían llevado los teléfonos celulares de Castellanos y de su pareja. Castellanos relató que los agentes la humillaron, la obligaron a quitarse la ropa y a realizar ejercicios físicos frente a ellos a modo de castigo.
El 10 de septiembre de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en un mes se han producido más de cuarenta y cinco detenciones arbitrarias de manifestantes y opositores políticos en Nicaragua.
La organización de la sociedad civil centroamericana Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano convocó un tribunal de conciencia que determinó que las fuerzas de seguridad de Nicaragua torturaron y agredieron sexualmente a manifestantes durante las manifestaciones de abril de 2018. Los miembros del tribunal escucharon a dieciocho víctimas —tanto mujeres como hombres— que denunciaron detenciones arbitrarias, golpes y agresiones sexuales. Esta iniciativa busca ofrecer una justicia y un reconocimiento simbólicos a las víctimas, así como documentar sus casos para presentarlos ante organizaciones internacionales de los derechos humanos. La Fundación Arias, —cuya sede se halla en Costa Rica— también comentó que se enfrentó a una campaña de difamación y a ciberataques de simpatizantes del gobierno nicaragüense después de haber anunciado la convocatoria de este tribunal civil.
Expresión
Incautan activos de los medios de comunicación y abren causas por calumnias
#NICARAGUA: Nicaraguan authorities should immediately release the assets of independent broadcaster Nicavision Canal 12 and allow all media outlets to work freely.
The seizure has been partially imposed as of today. @canal12nicahttps://t.co/EaF4DXtnoe
— CPJ Américas (@CPJAmericas) September 14, 2020
El 11 de septiembre de 2020 un fallo judicial ordenó el embargo de los activos de la emisora Nicavisión Canal 12 tras una evaluación tributaria del organismo recaudador de impuestos nicaragüense. Según informó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la orden de embargo incluye la sede del canal, vehículos pertenecientes a la emisora y los bienes personales de Mariano Valle, cuya familia es propietaria de la emisora. El editor en jefe de Canal 12 dijo al CPJ que la orden de embargo fue ejecutada parcialmente el 14 de septiembre de 2020 y que el canal seguía emitiendo ya que su sala de redacción y sus instalaciones no han sido embargadas. Sin embargo, los pagos al personal se han visto afectados porque el canal ya no puede acceder a sus cuentas bancarias.
Canal 12 habría estado en el punto de mira de las autoridades desde 2018, cuando el canal informó sobre las manifestaciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Una reciente auditoría tributaria del canal acometida por el fisco nicaragüense estableció que el canal adeudaba impuestos atrasados por valor de veintiún millones de córdobas (607 000 USD) que condujeron a este reciente embargo. Según Articulo66, a Canal 10, la mayor emisora independiente de Nicaragua, también se le aplicó un ajuste tributario similar que concluyó que el canal debía ciento diez millones de córdobas (más de tres millones de USD).
Por otro lado, en agosto de 2020 se notificó a dos periodistas nicaragüenses la apertura de dos causas penales en su contra por calumnias. El 10 de agosto de 2020 tres funcionarias de la alcaldía de El Rama pusieron una denuncia por calumnias contra Kalúa Yakari Salazar, jefa de prensa de la radioemisora La Costeñísima. Días antes la periodista había informado sobre un presunto acto de corrupción en el que estarían implicadas las empleadas públicas. Según Salazar, su citación policial circuló por las redes sociales antes de que se le notificara la demanda. La primera audiencia del caso se celebró el 14 de agosto de 2020.
En otro caso, dos particulares presentaron una querella por calumnias e injurias contra el periodista David Quintana luego de que informara de una disputa sobre la propiedad de una vivienda en la que ambos estaban involucrados. Quintana es director del medio digital independiente Boletín Ecológico y había transmitido una entrevista con una familia que afirmó haber sido desalojada violentamente por los querellantes en junio de 2020. Según el CPJ, el reportero solo se enteró de la apertura de la causa en su contra tras la celebración de dos audiencias.
Intimidan y atacan a periodistas
La dictadura sandinista mandó a mi casa en El Rosario Carazo este mensaje con un video amenazandome de muerte. Dejó constancia de cualquier cosa que le pase a mi familia responsabilizo a los operarios políticos de Ortega en mi municipio. Alcaldes, secretarios políticos. pic.twitter.com/LC7SJHRrt1
— Gerall Chávez (@GerallChavez) July 25, 2020
El 6 de agosto de 2020 la organización de la sociedad civil Fundación Violeta Barrios de Chamorro publicó su informe mensual sobre la libertad de expresión, la prensa y el acceso a la información pública en Nicaragua. En julio de 2020 la organización registró treinta violaciones, entre ellas agresiones, discursos estigmatizadores y la obstrucción del acceso a la información. Según dicho informe, el acoso policial se ha convertido en el método más utilizado para coaccionar, amenazar e intimidar a periodistas y medios de comunicación independientes. Resulta preocupante que la organización descubriera que en julio de 2020 estos episodios aumentaron un doscientos por ciento respecto al número de casos registrados en abril y junio del mismo año.
En julio de 2020 el periodista Gerall Chávez y su familia fueron amenazados a pesar de que el periodista se encontraba fuera del país. Chávez es cofundador del medio de comunicación digital Nicaragua Actual y vive exiliado en Costa Rica. El 25 de julio de 2020 recibió amenazas a través de las redes sociales entre las cuales figuraba una animación de su asesinato. El mismo día, sus padres recibieron en su vivienda en Nicaragua una carta con amenazas de muerte y una memoria USB que contenía un archivo con la mencionada animación. En dicha carta los autores anónimos amenazaban con tomar represalias contra la familia de Chávez si no dejaba de informar sobre Nicaragua.
La iniciativa de Ley de Regulación de ‘Agentes Extranjeros’ supone una restricción inaceptable de la libertad de asociación y del derecho a defender derechos humanos en Nicaragua. Así lo expresamos +30 OSC en este comunicado:https://t.co/PpiXhkREVV pic.twitter.com/yTBAUA2VKr
— CEJIL (@cejil) September 25, 2020
Asociación
Legisladores progubernamentales proponen una ley sobre agentes extranjeros