La crisis política socava las libertades del espacio cívico

Asociación

En el contexto de la crisis política, económica y humanitaria que enfrenta Venezuela, las personas defensoras de los derechos humanos, líderes de la oposición y las organizaciones de la sociedad civil han sido objeto de acoso e intimidación por su oposición al gobierno o por denunciar violaciones de los derechos humanos. La ONG venezolana de derechos humanos, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), informó de redadas ilegales y amenazas contra líderes indígenas en el sur del país. Esta situación está provocando migraciones forzadas hacia Brasil. En San Antonio del Táchira, un pueblo en la frontera occidental con Colombia, algunas casas de los líderes de la oposición aparecieron marcadas con pintura roja en un acto de intimidación. En las ciudades septentrionales de Caracas y La Guaira también se informó de personas enmascaradas, presuntamente miembros de las fuerzas del Estado en alianza con grupos armados progubernamentales, que están intimidando a los ciudadanos que participaron en manifestaciones y protestas en gesto de represalia y para impedir que tomaran parte en otros actos de protesta.

Según Foro Penal, una organización de derechos humanos que ofrece asistencia jurídica gratuita, entre el 21 y el 31 de enero de 2019, el país alcanzó el mayor número de presos políticos de su historia. Durante los primeros meses de 2019, en el contexto de las manifestaciones contra el gobierno, la organización informó de la detención arbitraria de 1,069 personas, de las cuales 723 siguen en prisión, elevando el número total de presos políticos a 989. Durante este período, la organización también registró quince desapariciones forzadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por "el continuo hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos en Venezuela." Marco Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) fue acusado por un medio digital progubernamental de "promover y buscar extender la lógica del odio y la confrontación a los sectores populares de Caracas." Ponce ha sido objeto de una continua campaña difamatoria por parte de altos cargos públicos durante años, situación que condujo a que la CIDH le otorgara medidas cautelares de protección en 2015. Además, la página web del programa de televisión Con el mazo dando, habría acusado a las organizaciones de derechos humanos de estar financiadas por "el imperio" desde Colombia usando la ayuda humanitaria como pretexto.

El 15 de febrero de 2019, agentes policiales registraron las oficinas de la Fundación Mavid, una OSC local que brinda su apoyo a las personas que viven con el VIH/SIDA. Los oficiales incautaron computadoras y medicinas que la organización ofrecía a sus beneficiarios, y detuvieron a tres de sus representantes durante siete horas sin disponer de una orden de arresto.

Reunión Pacífica

El 23 de enero de 2019 se produjeron manifestaciones multitudinarias en Caracas y en varias ciudades del país, en una fecha en la que Venezuela conmemora el aniversario de los acontecimientos que pusieron fin al régimen militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Las manifestaciones las había convocado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, institución controlada por la oposición. Durante varios días, mientras los ciudadanos salían a las calles para exigir un cambio de gobierno, las autoridades hicieron un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Esto fue visto por las organizaciones internacionales de derechos humanos como "una escalada de la política represiva de las autoridades y como un medio para controlar al pueblo venezolano y, en particular, para castigar a los residentes de los barrios empobrecidos" por su participación en las manifestaciones. Los informes indican que en un período de cinco días, al menos 41 personas fallecieron durante las manifestaciones y más de 900 fueron detenidas arbitrariamente.

Un mes después, los días 23 y 24 de febrero de 2019, cuando algunas organizaciones internacionales intentaban enviar y entregar ayuda humanitaria en Venezuela a través de la frontera con Colombia y Brasil, las fuerzas armadas reprimieron duramente a los ciudadanos que exigían que se permitiera el acceso al país a los camiones que transportaban la ayuda. La comunidad indígena Pemón que habita en la frontera con Brasil fue la más afectada, ya que tres de sus miembros fueron asesinados durante las acciones represivas de las fuerzas del Estado y debido a su uso excesivo de la fuerza. Otros 295 ciudadanos resultaron heridos. El país tiene una creciente necesidad de ayuda humanitaria ya que se ha identificado una escasez del 90% de medicamentos, la cual afecta a pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes o el VIH. En respuesta, la CIDH otorgó medidas cautelares de protección a la comunidad indígena Pemón tras reconocer los riesgos inminentes que corren sus miembros y considerando los asesinatos de miembros del pueblo Pemón el 23 de febrero, así como las constantes amenazas de las autoridades contra sus líderes. 

Expresión

Durante las manifestaciones que tuvieron lugar en enero de 2019, la organización para la defensa de libertad de expresión Espacio Público informó de al menos quince casos en los que periodistas fueron agredidos o detenidos mientras cubrían dichas manifestaciones. Además, la organización documentó 69 violaciones de la libertad de expresión en enero de 2019. La organización afirmó que estos incidentes no son ataques aislados y que en Venezuela existe una política de Estado diseñada para restringir el flujo de la información. El principal proveedor de internet, la empresa estatal CANTV, bloqueó el acceso a varias redes sociales y plataformas de comunicación durante las manifestaciones. En febrero de 2019, Espacio Público documentó 27 casos de detención arbitraria de trabajadores de los medios de comunicación, en especial la de aquellos periodistas que cubrían la entrega de ayuda humanitaria en la frontera con Colombia y Brasil.